Columna de Opinión Nacional
¿Cómo se ven afectadas las comunidades indígenas por la explotación de petróleo en Colombia?
Natalia Puentes Cortés
En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el censo del 2018 dio a conocer que en la actualidad existen 115 pueblos indígenas en el país con una población de 1 905 617 nativos y con una participación del 4,4 % en el territorio Nacional. La mayor parte de ellos se concentran en los departamentos de Amazonas, La Guajira, Putumayo, Cauca y Nariño.
La industria petrolera colombiana en las últimas décadas ha basado su economía en la extracción de petróleo con el fin de posicionarse como un actor importante dentro del sector minero-energético a nivel internacional, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el 2019 la producción alcanzó la cifra de 885.881 bpd, a su vez presentó un crecimiento del 2,4 % respecto al 2018. Sin embargo, para alcanzar este objetivo ha generado grandes afectaciones a las comunidades ancestrales que se han visto amenazadas por exploración y explotación.
Uno de los casos más llamativos, es la comunidad U’wa, este pueblo se encuentra ubicado en los departamentos de Norte de Santander, Boyacá, Santander, Arauca, Casanare y se extiende sobre Venezuela, en la actualidad su territorio alcanza una extensión aproximada de 220 275 hectáreas. Dentro de este resguardo se destaca la extracción petrolera de Ecopetrol, Meta Petroleum Corp, Hocol S.A, Vetra Energy, entre otras, quienes ejecutan sus operaciones en 9 municipios.
Esta comunidad indígena ha vivido los efectos negativos de la exploración y explotación de petróleo desde los años 90 hasta la fecha, tiempo en que ha ejercido una lucha constante, pero que no han encontrado una forma de frenar esta problemática. El caso de los U’wa y la intervención de sus tierras, ha contado con ciertas irregularidades en la ejecución de la consulta previa por parte del Estado, que ha otorgado los permisos para dar inicio a la búsqueda y extracción del llamado “oro negro”, según estudios a partir del año de 1995 el Gobierno y empresas multinacionales camuflaron el mecanismo de participación en reuniones de carácter informativo.
Para el pueblo U’wa las consultas que se han venido desarrollando han estado envueltas en varias inconsistencias que concluyen en la violación de los derechos constitucionales, como es el caso del artículo 330 de la Constitución Política donde se menciona que “los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades”, y el artículo 76 de la ley 99 de 1993 que establece que “la explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas”.
La lucha del pueblo U’wa durante más de una década ha permitido que en la actualidad las comunidades indígenas en Colombia asuman una posición protectora a raíz de este hecho, que les ha servido para afrontar batallas no solo de resistencia sino también jurídicas. En este sentido es indispensable que los organismos del Estado como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo dentro de su agenda entren a verificar la correcta aplicación de la consulta previa, a partir de los antecedentes que se han presentado con el pueblo U’wa desde el año 1995, para así evitar la vulneración de sus derechos, y tal como lo menciona la Constitución Colombiana se brinden los derechos y garantías a las minorías culturales, con el fin de que se sientan plenamente reconocidas dentro de un Estado Social de Derecho participativo y pluralista.
Para el Gobierno será un reto que los procedimientos de participación involucren las partes interesadas con el objetivo de establecer aspectos importantes como el análisis de su cultura y la realidad socio-económica, cuyo fin será evaluar los posibles efectos generados por la realización de dichos proyectos en territorios indígenas.
NOTICIAS
Colombia: el país más peligroso para líderes y lideresas ambientales
El 29 de julio, Colombia fue clasificado como el país con mayor número de asesinatos a líderes y lideresas ambientales en el 2019, según el informe “Defendiendo el Mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente” de la ONG británica Global Witness.
El documento indicó que durante el 2019, en Colombia hubo 64 asesinatos de personas que trabajaban en la protección del medio ambiente. La organización señala que 45 de estos asesinatos ocurrieron por la oposición de los líderes y las lideresas ante grupos armados no estatales contra el uso de los territorios para actividades que irían en contravía del hábitat natural. Mientras que, 14 homicidios son de personas que apoyaron y fomentaron la sustitución de cultivos ilícitos.
Por otro lado, Global Witness señala que un tercio de los asesinatos ocurridos el año pasado fueron cometidos por grupos armados no estatales. Al tiempo, la organización advirtió que el petróleo, el gas, la minería y los agronegocios son los principales motores que promueven este conflicto y el cambio climático.
El listado ubicó a Filipinas como el segundo país más peligroso para defensores del medioambiente, puesto que en el 2019 se dieron 43 asesinatos a líderes ambientales. No obstante, otros países latinoamericanos están en la lista como Brasil con 24, México con 18, Honduras con 14 y Guatemala con 12 asesinatos a defensores de la tierra.
Vía Vanguardia: Colombia, primer lugar en asesinatos de líderes ambientales 31/07/2020
Vía El Tiempo: Colombia, primer lugar en el mundo por líderes ambientales asesinados 29/07/2020
Se canceló proyecto exploratorio en Bosque Galilea en el Tolima
El pasado martes 23 de julio, la multinacional Petrobras informó, mediante un comunicado, que ya no adelantará actividades exploratorias en el proyecto Bosque Galilea, ubicado en el municipio de Villarrica, Tolima. La petrolera llevaba alrededor de dos años realizando la intervención del pozo exploratorio Himalaya 1 localizado en la jurisdicción de los municipios de Dolores y Villarrica en las Veredas Galilea, Palmira, El Piñal y Riachón.
Según el mandatario Julio César Pérez la decisión se tomó luego de que el programa socioambiental de la Corporación Podion, radicará ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), una solicitud para que las autoridades ambientales reconozcan que la licencia que fue concedida al proyecto Área de Interés de Perforación Exploratoria (AIPE) – Villarica Norte, perdiera todos sus efectos jurídicos con ocasión de la declaración del Parqué Nacional Regional de Tolima (Cortolima) y la Procuraduría General de la Nación.
Es de aclarar que la pérdida ejecutoria, conocida también como decaimiento administrativo, es una excepción a la obligatoriedad de los actos administrativos que opera cuando desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho que dieron lugar a su expedición.
Finalmente, esta noticia se percibe como positiva para la región, especialmente en aquellas localidades que se veían directamente impactadas con las actividades exploratorias. El Bosque Galilea se caracteriza por ser un bosque de niebla y es reconocido como la estrella hídrica del Suroriente del Tolima, también considerada la mayor zona boscosa natural del departamento, hábitat y área clave para la permanencia de especies emblemáticas como el Oso de Anteojos, Puma, Monos, especies de Palmas, entre otras.
Vía elolfato: Petrobras desistió de exploración en bosque Galilea.30/07/07.
Requieren la ayuda de Ecopetrol para estudios de impacto ambiental
Jorge Eliécer Castro líder cívico, social y comunitario del corregimiento El Morro,Yopal, Casanare, solicita a la empresa Ecopetrol que asuma los costos para desarrollar un estudio de impacto ambiental, con el fin de realizar un seguimiento de las operaciones y proyectos de la industria petrolera en el sector.
El líder comunal en el derecho de petición del 6 de julio, muestra diferentes puntos que inquietan a la comunidad y uno de los más importantes está relacionado con los altos niveles sonoros que causan los motores de la petrolera,. especialmente en horas de la noche. Según la comunidad, el ruido excesivo está interrumpiendo la tranquilidad en la zona.
Adicionalmente, la comunidad manifiesta que la empresa de generación de energía, Termoyopal que maneja 14 tractomulas que transportan más de 20 toneladas, las cuales generan vibración que produce agrietamiento en las viviendas aledañas. Por tal motivo, proponen que estos vehículos de transporte pesado tomen las vías de acceso con las que cuenta la empresa, más no el centro poblado.
Finalmente, el líder social y los habitantes del corregimiento El Morro solicitan que Ecopetrol instaure una mesa de trabajo en compañía de las autoridades ambientales y con las comunidades de las zonas de influencia ambiental con el objetivo de que sean revisadas las acciones ordenadas en la Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental y las actas de acuerdos planteados.
En 30 años la infraestructura petrolera del país ha sufrido cerca de 3.600 ataques
Durante 30 años, grupos armados al margen de la ley perpetraron 3 659 ataques contra la infraestructura petrolera, que a su vez causaron 4 455 afectaciones al medio ambiente y a la población civil. Según lo indicó el estudio titulado “Verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado”, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en conjunto con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) que fue entregado a la Comisión de la Verdad el 30 de julio en el Foro virtual Verdad y Empresas.
El informe señala que el 76,8 % de esas acciones armadas se realizaron en los departamentos de Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Santander. Al mismo tiempo, la fundación indicó que los oleoductos Caño Limón Coveñas y Trasandino fueron las áreas de influencia que mayores ataques sufrieron. El documento señala que los responsables son los grupos armados no estatales que utilizan explosivos, armas de fuego para atacar y quemar bienes de la industria petrolera.
El foro contó con la presencia de María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP; Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad; Alberto Consuegra, vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol; Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) y Astrid Martínez, investigadora senior asociada a Fedesarrollo. Llorente, declaró que el informe busca establecer un diálogo entre la Comisión y el sector privado para entender lo que pasó durante el conflicto armado. A su vez, Martínez resaltó la importancia de esclarecer las causas estructurales que explicarían los ataques armados contra esta infraestructura en el país.
Si bien Francisco Lloreda, presidente de la ACP, felicitó el informe, resaltó que espera que la Comisión de la Verdad comparta una serie de relatos plurales que permitan a las víctimas hablar; seguidamente señaló que el sector de hidrocarburos también ha sido afectado por el conflicto.
Sin embargo, a la Comisión de la Verdad le queda un largo camino por recorrer, pues pese a que durante tres años el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, ha logrado pequeños avances en la confianza de la población civil; otros sectores como el empresarial, los políticos conservadores, los líderes religiosos y militares se muestran escépticos ante el trabajo que ha venido realizando la Comisión de la Verdad en el país.
Por ejemplo, el exministro de Defensa, Juan Carlo Pinzón, publicó un trino, a mediados de julio, en donde acusaba a la Comisión de tener afinidad ideológica o nexos con grupos armados no estatales. Mientras que el mayor retirado del Ejército y comisionado de la Verdad, Carlos Guillermo Ospina envió una carta a sus colegas reclamando una supuesta censura por haberle impedido realizar un simposio para debatir el concepto de “persona protegida”, el viernes 24 de julio.
Por medio de este informe la FIP le recomienda a la Comisión de la Verdad seguir realizando investigaciones sobre la relación entre el conflicto armado y la industria de hidrocarburos, así como las afectaciones ocurridas a las comunidades y el medio ambiente. Así mismo, la Fundación declaró que la Comisión tiene el rol de visibilizar la multiplicidad de actores afectados durante el conflicto armado en Colombia.
Para encontrar toda la información relacionada con el informe “Verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado” haz clic aquí.
Cae el petróleo en un 8,8% en los seis primeros meses del año
El Ministerio de Minas y Energía informó el miércoles 29 de julio, que la producción de petróleo en el primer semestre de 2020 disminuyó en comparación al mismo periodo de 2019. Asimismo, la baja en la producción de petróleo en junio se presentó en campos localizados en los departamentos del Meta, Casanare, Santander y Bolívar, debido al cierre temporal de pozos por los precios internacionales del crudo, la emergencia sanitaria producto del Covid 19 y algunos factores de orden público.
Según el comunicado, la producción de crudo en el primer semestre de 2020, llegó a los 812 927 barriles promedio por día, mientras que en el primer semestre de 2019 se mantuvo en un promedio de 892 338 barriles por día, lo que significa una disminución del 8,8%.
El Ministerio explica que la producción de petróleo en junio de 2020 fue de 729 905 barriles promedio día (bpd), en tanto que en mayo de 2020 fue de 732 120, es decir, descendió un 0,30%. La producción de junio de 2019 fue de 892 188 bpd, disminuyó un 18,1%, poniendo en riesgo el sector petrolero debido a la situación actual.
De otra parte, la producción de gas comercializado en Colombia en junio de 2020 fue de 1 096 millones de pies cúbicos por día (mpcpd), un aumento del 16,7% respecto al registrado en mayo, que fue 938,7 mpcpd. Los campos que registraron un aumento de producción en junio, debido a una mayor demanda, están localizados en los departamentos de Casanare, Guajira y Córdoba.
Debido a las grandes bajas del barril de petróleo presentadas en el primer periodo de 2020, que están poniendo en riesgo el sector, se espera una recuperación o por lo menos una estabilidad para encontrar el equilibrio de los hidrocarburos.
Columna de Opinión Regional
¿Cómo está impactando la cuarentena al contrabando de combustible en Nariño?
Elizabeth Perea
La reglamentación para controlar el contrabando de combustible en Nariño, especialmente en los municipios de frontera, no han generado los resultados esperados y por el contrario, permite que esta actividad se relacione con otros actos delictivos como la fabricación de cocaína. Solo en el 2019, el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de la Policía Nacional, logró la incautación y neutralización de 2 899 753 galones de hidrocarburos, señalando como lugar recurrente a la vereda Candelilla en el corregimiento de la Espriella, en el municipio de Tumaco. Allí, se concentran aproximadamente 32 000 hectáreas de coca que corresponden al 80 % que se produce en toda Colombia y que se vincula con el contrabando de gasolina.
Este acto delictivo ha presentado una disminución de aproximadamente el 20 %, gracias a las restricciones para evitar la propagación del Covid-19 y al incremento de controles por parte de las entidades estatales y con ello, una reducción en elaboración de estupefacientes debido al agotamiento de combustible. Según la información del Pulso Petrolero, desarrollado por Crudo Transparente, entre enero – junio de 2019 se incautaron 4 541 galones de combustible y se llevaron a cabo 9 ataques al oleoducto Trasandino, OTA, en Nariño; mientras que, para el mismo semestre del 2020 solo se confiscaron 909 galones de gasolina procesada y 10 hostigamientos al OTA.
El incremento de los ataques contra la infraestructura petrolera de Nariño, está relacionada con la presencia en el territorio del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual no prolongó el cese al fuego unilateral y pretende posicionar su agenda frente a la explotación de hidrocarburos y demostrar poderío militar durante el aislamiento preventivo.
Debido a lo anterior, el director de Seguridad Ciudadanía de la Policía General, Jorge Luis Vargas, manifestó que la cuarentena y la labor de la Fuerza Pública generó un cambio en las modalidades de producción – distribución. Esto ha provocado una caída de la demanda y aumento del precio de la cocaína , así como, la aparición de nuevas rutas o modalidades para el ingreso ilegal de combustible y para la exportación de este alucinógeno. Este planteamiento sugiere que el ingreso ilícito de hidrocarburos a Nariño no ha tenido un comportamiento decreciente.
Otro aspecto importante, es la aprobación del Plan de Abastecimiento de Combustibles, Gasolina y Diésel para Nariño, el cual abarata el costo de ambos en aproximadamente 9 %. Esta iniciativa puede minimizar el agotamiento de hidrocarburos generado por el desvío de este en al menos 30 municipios de Nariño y evitar que en momentos de escasez de gasolina se venda a precio nacional.
Pese a lo anterior, la investigación “Nariño: fenómeno del contrabando de combustible y su relación con el tráfico de drogas”, elaborada por CT, sugiere que existe una conexión entre las Estaciones de Servicio de Automotriz (EDS), los laboratorios de cocaína y los cultivos ilícitos en el Pacífico sur; bajo Cauca antioqueño; Catatumbo y Meta; identificando que en un radio no mayor a 20 kilómetros de las E.D.S se encuentran refinerías y cristalizadores que al parecer se abastecen del desvío de hidrocarburos y podrían beneficiarse de la aplicación del plan, gracias a la reducción del precio de venta.
En definitiva, la problemática del departamento en torno al empleo de combustible ilegal requiere un análisis detallado de las causas, consecuencias y la pertinencia de las estrategias que se han desarrollado hasta el momento. A su vez, se debe identificar el vínculo de este con otras actividades ilícitas y así, crear nuevas alternativas que refuercen las ya existentes y que permitan el fortalecimiento de la inclusión laboral que es una de las razones que promueve esta práctica y que se ha sido afectada por El Covid-19 y la caída de los precios del petróleo.
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