El Pulso Petrolero de Crudo Transparente, mide mes a mes la conflictividad social, armada y ambiental asociada a la industria petrolera en Colombia
En abril el encuentro de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acabó la disputa petrolera entre Arabia Saudita y Rusia al acordar un recorte en la producción de crudo por el orden de 9,7 millones de barriles por día en mayo y junio.
Posterior a este anuncio, los precios del crudo subieron levemente: el Brent (referencia para Colombia) subió casi un 1 % cotizando en US$ 31,72 por barril y el WTI (referencia para Estados Unidos) aumentó 2 % quedando en US$ 23,20 por barril; sin embargo, esta última referencia presentó una caída preocupante. En abril el WTI cayó hasta -37,6 dólares dada la disminución en la demanda mundial de hidrocarburos y la dificultad de almacenamiento de Estados Unidos.
Este suceso no afectó a Colombia de manera directa; no obstante, el precio de la referencia para el país sigue perjudicando a la industria petrolera. El Brent, para entrega de junio, puede terminar alrededor de 19,07 dólares; es decir, 40 dólares por debajo de las proyecciones del Gobierno nacional. Esto implica una afectación fiscal de 12,1 billones de pesos por pago de derechos económicos y regalías.
Lo alarmante de esta coyuntura, según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), es que la inversión en exploración disminuirá 60% y en producción será del 50%, dado que no se recibirán los 1 200 millones de dólares pronosticados, sino 530 millones.
De igual manera, el gremio informó que con una caída del precio del barril por debajo de los 25 dólares, implicará una reducción de 100 000 barriles en la producción de crudo en el país. Esto se vería reflejado en el cierre de al menos 25 a 390 pozos en las zonas petroleras de los Llanos orientales, el Valle Medio del Magdalena y Putumayo. Lo anterior traerá menos pozos perforados, aplazamientos de proyectos offshore, ausencia de subastas de nuevas áreas petroleras y gasíferas, disminución del 65 % en las regalías para inversión social, entre otros.
Por otro lado, en abril continuaron los despidos de trabajadores tercerizados de Ecopetrol, debido a la cuarentena decretada por el Gobierno nacional y la variación de los precios internacionales del petróleo. Alrededor de 3 500 despidos registró Crudo Transparente durante marzo, para más información consulta: Mapeo Regional de Despidos Masivos En La Industria Petrolera Colombiana.
Información compartida por la dirección de asuntos jurídicos de la Unión Sindical Obrera (USO), indica que las decisiones tomadas por el Gobierno central para evitar los despidos en las empresas de este sector han sido insuficientes. En municipios como Castilla La Nueva, Acacías, Guamal, Villavicencio y Puerto López (Meta), los trabajadores no han recibido salarios y el pago de su seguridad social dada la coyuntura. Si la situación actual continúa, pueden aumentar los despidos masivos, perjudicando así mismo a todo el tejido social que rodea las actividades petroleras.
Desde otro ámbito, el Consejo de Estado continuó con la discusión del fracking después de la entrega de dos documentos por parte de un grupo interdisciplinario de la Universidad Nacional sobre la viabilidad de esta técnica en el país.
Uno de los documentos, de 460 páginas y en el que estuvieron de acuerdo 6 de los 9 investigadores asociados, es un peritaje relevante en temas desde lo regional, local y global sobre esta técnica; además de contener datos económicos, sociales, ambientales y de salud entre otros aspectos importantes a considerar. La principal conclusión, por parte de este grupo, es no recomendar el uso del fracking en el país al incumplir con las normas y exigencias técnicas para controlar los riegos que se derivan de esta actividad.
Para tal efecto, según analizó el grupo, las compañías encargadas del uso de la técnica no tienen la experiencia para identificar los riesgos de estas operaciones y tampoco en la formulación de los planes de manejo. Asimismo, afirman que los riesgos no solo están asociados a la geología o ingeniería; también impactan la salud humana y los ecosistemas.
Por otro lado, es importante resaltar que en abril la discusión acerca de las consultas previas volvió a estar en la agenda nacional. El ministerio del Interior planteó la posibilidad de realizar estos procesos a través de medios digitales con las poblaciones indígenas, negras afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom, debido a la cuarentena obligatoria.
La petición no fue bien recibida por parte de las comunidades indígenas, ambientalistas y líderes sociales, ya que la mayoría de los pueblos étnicos no cuentan con las herramientas tecnológicas para implementar estos procedimientos de manera virtual. Finalmente, esta medida fue derogada al considerarse una violación a los derechos fundamentales de los grupos étnicas. Cabe anotar que las consultas previas no se pueden poner en riesgo; el propósito es fortalecer estos procesos para evitar que las actividades del sector extractivo perjudiquen el bienestar y la supervivencia de las comunidades.
Vale la pena destacar que el Ejército de Liberal Nacional (ELN) puso fin al cese al fuego unilateral establecido en marzo. A pesar de varias peticiones de líderes campesinos, grupos sociales, gremiales y ciudadanos de mantener la medida ante la emergencia del Covid-19, el ELN decidió reanudar operaciones militares a partir de mayo. Esta situación pone de nuevo la preocupación en los habitantes de los municipios donde se ubica la infraestructura petrolera del país, pues el accionar violento contra estos complejos, afecta de manera directa los modos de vida de los ciudadanos e impacta gravemente los ecosistemas.
Con relación a las categorías de análisis del pulso petrolero de Crudo Transparente, se notificaron los siguientes sucesos: sobre conflictividad social, en Puerto Gaitán, Meta, se registraron una protesta pacífica en contra de Frontera Energy y un bloqueo de vías por parte de los habitantes del municipio.
Por último, respecto al medio ambiente para abril se presentó una fuga de gas en Yopal Casanare. En el tema de orden público e ilegalidad, en Tibú y El Carmen, Norte de Santander, se incautaron cinco refinerías ilegales para el procesamiento de combustible ilícito y en acciones contra el contrabando de hidrocarburos, se decomisaron 1 052 galones de combustible entre ACPM y gasolina en Norte de Santander y Magdalena.
Desde enero a abril del 2020 esta última categoría es la que más sobresale en el sistema de alertas de CT. A continuación, se muestra en detalle los departamentos destacados en este periodo.
Gráfico 1. Departamentos más impactos por hechos orden público e ilegalidad de enero-abril 2020
Como se muestra en el gráfico uno, Norte de Santander es el departamento que más hechos de orden público e ilegalidad presenta alrededor de la industria petrolera. Dentro de esta zona se notifican sucesos de contrabando de crudo, instalación de válvulas clandestinas, secuestro u homicidio de personal de empresa, ataque a infraestructura petrolera e incautaciones de refinerías ilegales.
En el gráfico también se destacan los departamentos de: Arauca en donde sobresalen los hechos de hostigamiento a infraestructura petrolera (cuatro en total contra Caño Limón-Coveñas); y en La Guajira, donde se desarrollaron actividades en contra del contrabando de hidrocarburo (total desde enero hasta abril 16 055 galones de crudo).
Los tres departamentos destacados en el gráfico se caracterizan por ser territorios fronterizos con Venezuela que históricamente ha sido una zona afectada por la presencia de grupos armados no estatales y con una alta actividad ilegal asociada al contrabando de combustible La primera coyuntura es más evidente en los territorios de Arauca y Norte de Santander, donde estos grupos en reiteradas ocasiones atacan el oleoducto Caño Limón Coveñas para instalar válvulas clandestinas para el robo de crudo.
El segundo fenómeno, el del contrabando de gasolina, recurrente en La Guajira, se ha convertido en una actividad que constituye un modo de subsistencia para muchas familias de este departamento y es parte fundamental del sostenimiento de estos grupos armados no estatales o bandas criminales que allí hacen presencia.
El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente. A continuación, se muestra en detalle los sucesos del mes.
CONFLICTIVIDAD SOCIAL
Protesta
En la vereda Planas, Puerto Gaitán, Meta, se llevó a cabo una protesta pacífica en contra de Frontera Energy, por parte de comerciantes que exigían a la compañía el pago de los servicios prestados en hotelería, alimentación, lavado de ropa, entre otros.
Según la ciudadanía, los operadores les deben más de $500.000.000 desde hace aproximadamente siete meses. A pesar de que se han llevado a cabo varias reuniones en las que se estipularon acuerdos de pago, aún no se ha cumplido lo pactado.
Por la propagación de Covid-19 y la caída de los precios del petróleo, las comunidades manifestaron que la empresa está sacando la maquinaria de la zona y por tal razón los habitantes sienten desconfianza por la falta de pronunciamiento de la compañía.
Bloqueo de vías
En la vereda Puerto Triunfo, Puerto Gaitán, Meta, se presentó un bloqueo en la vía de acceso al poblado, por parte de líderes comunales y algunos habitantes. La razón de lo anterior, es el incumplimiento de Frontera, Ecopetrol y Tecpetrol, sobre la contratación laboral local y los despidos masivos ocasionados por la cuarentena obligatoria.
La comunidad exige el pronunciamiento de las autoridades locales con el fin de dar cumplimiento al pliego de peticiones. Los puntos más importantes de esta reclamación es el respeto a la vinculación de la mano de obra local y aumento de los protocolos de bioseguridad del personal que ingresé al campo.
MEDIO AMBIENTE
Fuga de gas
En el barrio Villa Docente II, Yopal, Casanare, se presentó una fuga de gas natural que provocó un incendio de dos metros de altura. La empresa encargada, Cusianagas S.A, informó que la fuga fue por un conducto de servicio domiciliario la cual comprometió una línea principal de tres pulgadas y ocasionó la combustión.
La compañía llevó a su equipo técnico para la reparación y restauración del servicio de gas domiciliario e informó que el daño fue por manipulación de terceros.
ORDEN PÚBLICO E ILEGALIDAD
Refinerías ilegales
En la vereda El Porvenir, Tibú, Norte de Santander, el Ejército Nacional, incautó tres refinerías ilegales que contaban con tres equipos de destilación de fabricación artesanal, tres piscinas para el almacenamiento del crudo hurtado, 12 canecas metálicas y 350 galones gasolina de contrabando.
En otro operativo, las mismas autoridades, en las veredas Curales y Vega de Motilonia, de El Carmen, incautaron 500 galones de gasolina hurtada, 55 de amoniaco y 15 de ácido sulfúrico almacenados en dos depósitos ilícitos.
Contrabando
Con relación a las acciones contra el contrabando se adelantaron las siguientes labores en abril:
En Cúcuta, Norte de Santander, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en coordinación con el Comando de Policía Metropolitana de Cúcuta, incautaron 250 galones de ACPM, ingresados de manera ilegal al territorio colombiano. Por otro lado, en el sector de las Piedras, Magdalena, la Armada, el Ejército y la Policía, en el desarrollo de una operación conjunta, aprehendieron 802 galones de combustible de contrabando.
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