Columna de Opinión Nacional
China en Colombia: la consulta ciudadana brilla por su ausencia
Samantha Moreno
La República Popular China (RPCH), principal socio estratégico de América Latina, concentra sus inversiones en infraestructura y extracción ubicándose en zonas como la Amazonía y los Andes. Hasta aquí nada parece sorprendente, sin embargo, resulta necesario poner la lupa en la incursión que la presencia china genera para pueblos indígenas y minorías étnicas que habitan las zonas de Loreto, Perú: el departamento con mayor población indígena y Manaos, Brasil: la ciudad más afectada por el Covid-19, en donde existe la extracción de petróleo y minería, al tiempo que hay escasez de servicios básicos y deterioro ambiental expresado en la degradación de suelos, deforestación, y amenazas a la vida de comunidades locales.
El interés que comenzó en los años ochenta de parte de China por materias primas como la soja, y el cobre que se encuentran en suelos latinoamericanos, se transformó transcurridos los años en alianzas políticas e inversiones en el sector minero-energético. Para el caso colombiano, esta materialización sucedió con dos procesos: la firma y entrada en vigor de compromisos como el Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), firmado en 2008 entre la RPCH y Colombia, y el Memorando de Entendimiento para la Realización del Estudio Conjunto sobre la Factibilidad de un Tratado de Libre Comercio, firmado en el 2012.
Ambos acuerdos tienen en común la ausencia de diálogo o mecanismos garantes de participación de organizaciones civiles y comunidades locales en los proyectos de inversión como es el bloque petrolero El Nogal, en el Piedemonte Amazónico, o la hidroeléctrica Ituango en el departamento de Antioquia. Estos proyectos cuentan con graves faltas en temas de derechos humanos e impactos ambientales, para los cuales las autoridades chinas no han hecho pronunciamientos públicos. Según el informe del Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura, “El Rol de América Latina y el Caribe en la Iniciativa de la Franja y la Ruta” (GREFI, 2019), los diálogos China-Colombia se dan principalmente Gobierno a Gobierno y dejan por fuera a actores clave de la sociedad civil. A pesar de esa situación, no se han incluido mecanismos de consulta previa en acuerdos más recientes. La efectiva participación ciudadana es de vital importancia dados los antecedentes de Colombia como el segundo país más peligroso para líderes y lideresas defensores del medio ambiente, y dada la debilidad legislativa para la conservación y ampliación en cobertura de áreas protegidas del bioma amazónico.
Cabe entonces cuestionar la razón por la cual a pesar de continuar irrumpiendo en el histórico duopolio Estados Unidos-Colombia y de haberse de ese modo convertido en el segundo socio más importante para nuestro país, China continúa vendiendo la imagen de promotor “verde”con energías renovables, al tiempo que aparta la vista de las implicaciones socioambientales en su explotación energética evidentes en Colombia y en vecinos países como Ecuador y Perú; los cuales el 22 de mayo durante el Día Internacional de la Diversidad Biológica se pronunciaron con la preocupación de que los Gobiernos latinoamericanos por reactivar sus economías pasada la pandemia del COVID-19, ejercerán presión para continuar intensificando la actividad extractiva.
“Latin America needs a green stimulus. Will it come from China?” fue el titular del China Dialogue el pasado 29 de mayo, única organización independiente bilingüe dedicada a “promover un entendimiento común de los retos socioambientales urgentes para China”. Dadas las condiciones actuales, la respuesta a esa pregunta está en veremos… Una China amigable con el medio ambiente y con la energía renovable pareciera ser parte de un engranaje publicitario que desestima los impactos directos de la ausencia de participación y transparencia comunicativa para la planeación e inversión de proyectos extractivos. En especial, cuando al día de hoy no se conocen a profundidad las consecuencias de acciones como la compra en diciembre del 2019 de una mina de oro por la compañía Zijin Mining Group Co Ltd en Buriticá, Antioquia, una de las minas más grandes del mundo. Lo que sí se conoce y resulta aterrador, es que Zijin Mining Group fue acusado hace una década de sobornar periodistas para encubrir un derrame de aguas residuales de 9,100 metros cúbicos en el río Ting y fue responsable de la muerte de 3.78 millones de kilogramos de peces, causando una grave contaminación ambiental en regiones vecinas a la provincia de Fujian.
La presencia china en Colombia desvela la falta de voluntades políticas que deberían en un escenario coherente y justo garantizar el ejercicio y protección de los derechos humanos que son también derechos indígenas, de comunidades afrocolombianas, y pueblos que viven alrededor de las zonas de extracción y que sufren vulnerabilidades diferenciadas. Bajo este panorama, la responsabilidad política se queda en firmas y acuerdos a lo que, en un acto aleccionador, responde la puesta en marcha de iniciativas como la de La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA, en su Fondo de Emergencia para la Amazonía que tiene por objetivo canalizar la respuesta rápida de alimentos, comunicaciones de emergencia y la protección y seguridad para los guardianes forestales y resiliencia comunitaria. Lo que hace COICA se puede interpretar como una contestación al “silenciamiento instrumentado por las instituciones del Estado, la comunidad política tradicional y mayoritaria” que se resume en el concepto de Ecogenoetnocidio empleado por Santiago Arboleda Quiñonez, investigador asociado del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi de Cali, y que se refiere a lo sucedido a comunidades étnicas resultante de una fragmentación y descontextualización de lo que representan sus voces.
Es así como el llamado es a gestar una responsabilidad compartida no solo entre los Gobiernos de China y Colombia, sino también entre el Estado, las organizaciones y comunidades étnicas en las regiones Andina y Amazónica, para de esta manera terminar con un silenciamiento y reduccionismo sobre lo que pueda definirse como el territorio, la vida y el medio ambiente.
NOTICIAS
El ELN se atribuyó el secuestro de dos contratistas de la empresa Boreths
El pasado 2 de mayo, dos trabajadores de la empresa petrolera Boreths, Compañía que presta servicios en el sector petrolero relacionados con el suministro, instalación y monitoreo, fueron interceptados y secuestrados en la vía entre Tame y Fortul, exactamente en el sector del Mordisco, en el departamento de Arauca.
El ELN confirmó mediante un video revelado como prueba de supervivencia, el secuestro de Pedro León Pérez Rivera y Oscar Javier Rodríguez Olmos. El hecho fue atribuido a uno de los frentes que opera en el departamento fronterizo.
El video fue grabado en una zona boscosa, donde únicamente se observa el plano de los trabajadores. Los contratistas manifiestan que han recibido un buen trato por parte de este grupo no estatal y enviaron un mensaje a sus familias.
La compañía Boreths Services Ltda., sucursal Colombia, rechaza rotundamente el secuestro de los contratistas que laboran para su empresa, a su vez, la Defensoría del Pueblo exige la pronta liberación de ambos trabajadores.
Vía Petrolera de Arauca rechazó secuestro del ELN a sus trabajadores.07/06/2020.
El Grupo Ecopetrol ejecutará proyecto de inversión social en Arauca
Ecopetrol informó, en un comunicado de prensa el pasado 4 de junio, que iniciará la ejecución de un proyecto de inversión social para lo cual destinará alrededor de $2.845 millones, bajo el mecanismo de obras por impuestos, en el departamento de Arauca.
Estos programas beneficiarán a instituciones educativas oficiales para el mejoramiento del entorno escolar y facilitar el aprendizaje con la entrega de 10.660 elementos de dotación. Estos planes según la estatal favorecerán a más de 2.410 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en cinco municipios de Arauca.
Así mismo, los municipios que hacen parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), como Saravena, Arauquita, Arauca, Fortul y Tame recibirán bicicletas, sillas, tableros, mesas, casilleros, camas, y elementos para la cocina entre otros.
Se espera que las entregas de los elementos escolares por parte de Ecopetrol se ejecuten para el mes de noviembre del presente año, con el fin de seguir motivando a los alumnos a culminar sus estudios en un ambiente sano.
Vía Grupo Ecopetrol: Ecopetrol ejecutará nuevo proyecto en Arauca bajo
el mecanismo de Obras por Impuestos.04/06/2020.
Fendipetróleo informa sobre posible desabastecimiento de combustible en Colombia
La Federación Nacional de Distribuidores de Combustible y Energéticos (Fendipetróleo) alertó, mediante una carta enviada al presidente de la República, Iván Duque, del desabastecimiento de combustible en Colombia tras cumplirse 70 días de aislamiento obligatorio por la emergencia del Covid-19. La venta de combustible ha caído en un 80%, lo que ha generado una crisis económica, debido a esto, las estaciones de gasolina podrían terminar en una escasez.
En Colombia operan más de 6 500 estaciones de servicio y de estas, el 20% se encuentran sin recursos para la compra de combustible a causa de la disminución de las ventas. Sumado a esto, los pequeños empresarios no tienen flujo de caja para poder pagar a sus trabajadores la mano de obra, situación que empeoraría las tasas de desempleo.
Según la Federación, la mayoría de las estaciones de servicio son un negocio familiar, en donde el 90% son mipymes y 3.415 pertenecen a propietarios con una sola estación. En el mes de abril, el sector de distribución minorista de combustible tuvo pérdidas económicas por más de $1,8 billones, de los cuales $370 mil millones correspondían a ingresos fiscales para la Nación.
Finalmente, la organización gremial Fendipetróleo,manifiesta que el sector ha venido adelantando reclamaciones contra el margen minorista determinado por el Ministerio de Minas y Energía, exponiendo su inconformidad con los costos medios de operación, administración y mantenimiento a las estaciones de servicio.
Vía Dinero: Fendipetróleo alertó desabastecimiento de combustibles en Colombia.04/06/2020.
En abril, el consumo de combustibles disminuyó un 60%
La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), en su más reciente informe publicado el 4 de junio, determinó que en el mes de abril la demanda de combustibles líquidos tuvo un declive de 60% como consecuencia del confinamiento decretado por el Gobierno desde marzo. También, señaló que esto afectaría el recaudo de impuestos a nivel nacional, de manera que a los fondos del Estado ingresarán 1.7 billones de pesos colombianos menos en comparación con el 2019.
Según la entidad, el Jet A1, combustible utilizado en la aviación, registró una caída en la demanda de un 90 %, debido a las medidas de cierre de fronteras y restricciones de vuelos nacionales. Por otro lado, el consumo de la gasolina se redujo un 70 % y el de diésel disminuyó en un 50 % en abril. Sin embargo, en el documento se evidencia que, a partir de mayo, debido a la apertura de ciertas actividades comerciales, el consumo de estos últimos recursos empezó a recuperarse, pues la demanda aumentó un 40 %, a excepción del jet fuel utilizado en la aeronáutica.
El Presidente Ejecutivo de la agrupación, Francisco José Lloreda, declaró que ve con optimismo el incremento en el consumo de los productos del sector, pues se percibe como una señal de la reactivación económica del país. Al mismo tiempo, aseguró que seguirá insistiendo para reducir aún más las tarifas en el transporte y distribución de hidrocarburos por oleoductos.
Se alarga el acuerdo de la OPEP para reducir la producción de petróleo
El 6 de junio durante una videoconferencia, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en conjunto con sus aliados, acordaron continuar con los recortes de producción del crudo en 9,7 millones de barriles diarios (mbd) durante el mes de julio, con el objetivo de hacer frente a las consecuencias del Covid-19.
No obstante, en esta ocasión México estará exento del pacto durante el mes de julio debido a que el país considera que no puede ajustar más su producción. Pero Rocío Nahle, Secretaría de Energía de dicho país aseguró que el Gobierno mantiene su disposición al diálogo y postura frente al acuerdo firmado en el mes de abril. Igualmente, países socios de la organización como Venezuela, Irán y Libia están eximidos del compromiso debido a las caídas de sus industrias causadas por crisis internas y sanciones.
Cabe resaltar, que el 12 de abril se acordó un plan entre la OPEP y 10 productores independientes, el cual consistió en tres etapas; se previó durante mayo y junio una reducción de 9,7 mbd, de 7,7 mbd el resto del año y entre enero 2021 y abril de 2022 un recorte de 5,8 mbd. Sin embargo, este plan está sujeto a ajustes o variaciones conforme vayan avanzando los meses.
Vía Semana: Opep prórroga reducción de producción de petróleo hasta finales de julio 06/06/2020
Vía La FM: Mexico queda exento por un mes del recorte de petróleo en la OPEP, según Irán 06/06/2020
Columna de Opinión Regional
¿Cómo va el manejo del fondo Jorge Santos Nuñez?
Elizabeth Perea
El 27 de marzo, la Junta Directiva de la Unión Sindical Obrera, USO, tomó la decisión de crear un fondo solidario de 1 000 millones de pesos, con el ánimo de ayudar en la crisis sanitaria producto de la pandemia por COVID-19 y la caída de los precios del petróleo. Para ello, se les propuso a los trabajadores del sector petrolero donar un día de salario o realizar aportes voluntarios; los cuales, fueron recolectados por cada subdirectiva y enviados al Comité del Fondo Solidario y Humanitario “Jorge Santos Nuñez”, el cual hace honor al ya fallecido ex presidente del sindicato.
Los recursos del Fondo son destinados a ayudas únicamente en especie y se distribuyen así: el 50 % para los afiliados al sindicato, trabajadores de empresas contratistas y que su situación laboral se haya visto afectada desde el 20 de marzo del 2020 en adelante; a su vez, el comité decide los casos en que aplique para las personas que no hayan podido trabajar en el último año. El 40 % para la comunidad donde la USO hace presencia a través de las organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario y social y el 10 % restante favorece las iniciativas universitarias e institucionales para la elaboración de investigación o compra de insumos médicos.
En el primer paquete de ayudas humanitarias a corte del 30 de abril de 2020, se entregaron 2 500 mercados de $ 100 000 c/u, de los cuales, 150 fueron para los trabajadores del municipio de Neiva. Sin embargo, integrantes de la subdirectiva opita, manifestaron mediante las redes sociales que los mercados hasta el 05 de mayo no habían sido entregadas y afirmaron estar en “disputa” con el presidente del sindicato, Edwin Palma. Situación que contradice lo expuesto en el comunicado emitido por la Junta Directiva, donde se muestra un desembolso correspondiente al 50 % por $ 250 millones de pesos distribuidos en las 21 subdirectivas y $ 15 millones de pesos al Hospital Regional Magdalena Medio, en elementos de protección para el personal de salud.
Cabe resaltar que los presidentes de cada subdirectiva realizaron convenios con los supermercados locales y enviaron la documentación correspondiente, para así, lograr el desembolso del dinero. La demora en este proceso implicaba un retraso en la adquisición de los paquetes. Por ende, la situación de la subdirectiva de Neiva, requiere un pronunciamiento de Edwin Palma y de los presidentes que puedan respaldar o desmentir las afirmaciones realizadas por sus compañeros, con el fin de evitar la difusión de información que pueda entorpecer el desarrollo de las actividades.
Al mismo tiempo, en la página oficial del sindicato, exactamente al costado derecho, se presentan evidencias fotográficas de la entrega de las ayudas humanitaria en Santander, Tolima, Meta y Putumayo, dejando de lado el resto de las zonas. Por esta razón, es necesario que se recopile y publique una mayor cantidad de pruebas como videos, listado de los beneficiarios con nombre completo y cédula, convenios, testimonios, entre otros, que permitan realizar un efectivo control social y garantizar la transparencia que requiere este tipo de actividades, cumpliendo con los principios de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad.
Es importante tener claro, que las ayudas humanitarias no serán suficientes en cantidad y disponibilidad para atender a toda la población, pero permiten aliviar parcialmente las necesidades de los más vulnerables.
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