El Pulso Petrolero de Crudo Transparente, mide mes a mes la conflictividad social, armada y ambiental asociada a la industria petrolera en Colombia
Marzo estuvo marcado por la inestabilidad de la industria petrolera a nivel mundial, debido al efecto negativo en la economía por culpa de la propagación del virus Covid-19 y las diferencias entre Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por los recortes de la producción de crudo.
En este contexto mundial, el precio del barril Brent, de referencia para Colombia, cayó por debajo de 30 dólares, pasando de U$ 45 a US$ 22,7; un desplome que no se producía desde hace casi 30 años. Esto afectó, entre otros temas, los indicadores Wall Street, Dow Jones y Nasdaq. Además, impactó negativamente la estabilidad de economías dependientes del petróleo, como la de Colombia, ya que este hidrocarburo es su principal fuente de ingresos de divisas.
Por lo anterior, Ecopetrol se vio en la necesidad de tomar medidas para afrontar la situación, tales como: recortes en 1 200 millones de dólares en su plan de inversiones para el 2020, reducción en 2 billones de pesos en los costos y gastos en actividades operativas y administrativas y cambios en la distribución de sus dividendos.
También, debido al coyuntura y a las medidas de cuarentena decretadas en el país a raíz del Covid-19, personal de empresas contratistas de Ecopetrol, como Rampint (Santander), Sinopec (Meta) y Confipetrol (Huila), han denunciado despidos masivos. Según cifras recopiladas por Crudo Transparente, a través de entrevistas a miembros de sindicatos petroleros, presidentes d juntas de acción comunal y a la información recopilada de medios regionales, alrededor de 2 500 trabajadores fueron despedidos sin justa causa o se les interrumpieron sus contratos durante la última semana del mes. Se espera que la Estatal tome medidas para garantizar la empleabilidad en estos territorios, para así contribuir a reducir la incertidumbre que se presenta por la pandemia mundial de salud.
Por otro lado, en marzo Ecopetrol recibió de Equión los campos Floreña y Pauto en Yopal, Casanare, cuya producción actual asciende a 56 000 barriles de petróleo diarios. Durante casi 30 años, Equión, realizó operaciones de exploración y producción en el departamento. La Estatal tiene como su principal reto el de ejecutar una estrategia de operación integrada con todos los campos del Piedemonte Llanero. También, tendrá que afrontar la conflictividad social que se presenta en la zona.
Desde otro ámbito, el fracking estuvo de nuevo en el debate público, ya que en marzo, a través del Decreto 328 de 2020, el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer las condiciones y lineamientos que tendrán que cumplir las empresas que desarrollen los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), en yacimientos no convencionales. Dichos proyectos se llevarían a cabo en las cuencas geológicas de mayor potencial como: el Valle Inferior, Medio y Superior del Magdalena; Sinú San Jacinto; César Ranchería; Catatumbo; Cordillera Oriental y Caguán Putumayo.
El Decreto reúne 600 observaciones hechas por parte de la ciudadanía, academia, expertos y entidades públicas y privadas, sobre la ejecución de los pilotos en sus tres fases: previa, durante y posterior. Adicionalmente se quiere realizar ajustes normativos en materia técnica y ambiental.
Ahora, después de la firma de este documento, el trabajo va estar enfocado en la creación de normas complementarias, la realización de estudios de impacto ambiental y el cumplimiento de los trámites exigidos por la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla); aunque se debe tener en cuenta que aún está vigente la suspensión, por parte del Consejo de Estado, de las normas técnicas para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Por tal razón, organizaciones como la Alianza Colombia Libre de Fracking consideran que este Decreto no satisface las condiciones exigidas por el Alto tribunal y lo consideran como un desacato.
Con relación a las categorías de análisis del pulso petrolero de Crudo Transparente, se notificaron los siguientes sucesos: sobre conflictividad social, se registraron dos marchas y tres bloqueos de vías en los departamentos de: Bolívar, Casanare y Meta. Para destacar, CT estuvo presente en la reunión entre las comunidades de El Retiro, corregimiento de Magangué (Bolívar), y Ecopetrol para trabajar conjuntamente en la creación de una hoja de ruta direccionada a superar los problemas de conflictividad social asociados a temas laborales y de inversión en la comunidad.
La ciudadanía manifestó las siguientes peticiones: la mano de obra calificada debe ser del 80 % del corregimiento y la no calificada del 100 %, incentivar la rotación del personal de cafetería de la Estación El Retiro y crear espacios de socialización de los proyectos extractivos que se realicen en las áreas de influencia.
En conclusión se estableció lo siguiente: Ecopetrol se comprometió a dar mayor prioridad en la contratación de personas de la comunidad para laborar en la subestación de bombeo El Retiro, el porcentaje de participación será proporcional a las vacantes disponibles. A través de la contratista Operación y Mantenimiento Integral de Activo Colombia SAS (OMIA), se logró definir la rotación por cada seis meses del nivel obrero; además, OMIA informó que vendrán más proyectos y oportunidades de contratación laboral para la población. Por último, se mantendrán las rotaciones yles dará prioridad a las mujeres.
Ambas partes se comprometieron a seguir dialogando y avanzar en el cumplimiento de los compromisos; para esto, la población propuso establecer una veeduría permanente que sea garante del proceso. Vale la pena rescatar que a raíz del Covid-19, las reuniones entre los actores han quedado suspendidas hasta tanto se decrete el fin de las medidas de cuarentena en el país.
Con respecto a medio ambiente para marzo se presentó un derrame de hidrocarburo en Aguazul, Casanare. Por otro lado, a final del mes los habitantes del corregimiento Castillogrande, Cartagena, denunciaron la aparición de una mancha de combustible en la bahía. Según manifestó el presidente de la JAC, Jesús Puello Chamié, la primera hipótesis indica que la contaminación fue ocasionada por un derrame de queroseno de una embarcación. Hasta el momento este suceso sigue siendo motivo de investigación.
Por último, con relación a la categoría de orden público e ilegalidad, se notificaron un ataque a la infraestructura petrolera, la instalación de una válvula ilícita, actividades de contrabando y el asesinato de un líder social. Para resaltar, ante la emergencia por cuenta del Covid-19, organizaciones sociales, gremiales y ciudadanos les hicieron un llamado a los grupos armados no estatales, en el que se encuentra el ELN, para que cesen sus actividades de violencia.
Este grupo publicó que a partir del 1 de abril, y hasta final de ese mismo mes, suspenderá sus ataques. Adicionalmente, solicitó volver a sentarse con el Gobierno para reanudar las conversaciones en La Habana, Cuba, con miras a llegar a un cese bilateral y continuar las negociaciones que permitan lograr un acuerdo de paz entre las partes.
Es importante destacar que en marzo fue asesinado Marco Rivadeneira, en el corredor Puerto Vega-Teteyé en Puerto Asís, Putumayo. Rivadeneira era defensor de derechos humanos de la región y presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís; además defendía los derechos de los trabajadores de las empresas petroleras. Desde Crudo Transparente hacemos un llamado sobre esta preocupante situación, desde 2016 entre 300 y 500 activistas han sido asesinados. Rechazamos estos hechos en contra de la vida e integridad de las personas, de los líderes y lideresas defensoras de sus territorios.
Para terminar, en acciones contra el contrabando de hidrocarburos, se incautaron 37 290 galones de combustible entre ACPM y gasolina en los departamentos Cesar, Chocó, Guajira y Magdalena. Solamente en Aguachica, Cesar, la Policía y Ejército incautaron 30 000 galones de combustibles, por un valor comercial que supera los 300 millones de pesos.
El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente. A continuación, se muestra en detalle los sucesos del mes.
MEDIO AMBIENTE
Derrame
En el CPF de Cupiagua, Aguazul, Casanare, se presentó una emergencia ambiental debido al goteo de un producto conocido como mercaptano (gas incoloro compuesto de carbono, hidrógeno y azufre, de fuerte y desagradable olor que sirve para detectar fácilmente una fuga de Gas Licuado de petróleo).
Según habitantes de la zona, el olor llegó a algunas viviendas aledañas al CPF, perjudicando sus actividades diarias. Ecopetrol activó un plan de contingencia y controló la emergencia; además, trasladó personal de primeros auxilios para verificar el estado de salud de los pobladores.
Hasta el momento, la Estatal no ha confirmado la causa del derrame y mantiene su presencia en el sector con atención permanente a la ciudadanía.
CONFLICTIVIDAD SOCIAL
Marchas
Las comunidades de 18 veredas en el corregimiento de El Morro, Yopal, Casanare, realizaron una marcha pacífica en contra de Ecopetrol, nueva operadora de los campos Pauto y Floreña, para reclamar participación laboral, respeto a los derechos humanos y contratación de bienes y servicios en el departamento. La manifestación fue apoyada por la Alcaldía del municipio y los presidentes de Asojuntas del corregimiento.
Con esta manifestación las comunidades del El Morro buscaban establecer una mesa de concertación con la Estatal para que se diera un espacio de negociación, principalmente en oportunidades laborales para los residentes de estas zonas de influencia de los proyectos. La empresa informó, a través de medios locales, que ratifica su apertura al diálogo con los habitantes para llegar acuerdos que contribuyan al desarrollo del territorio.
Por otro lado, en la zona industrial de Mamonal, Cartagena, Bolívar, los habitantes de los corregimientos Policarpa, Villa Barraza, Villa Rosa, Puerta de Hierro, Arroz Barato, Membrillal y Albornoz realizaron una protesta en contra de Ecopetrol y la Refinería de Cartagena, donde denunciaron que Ecopetrol está incumpliendo la ley, en la medida que ha excluido la mano de obra local de los procesos de contratación, empleando a personas que vienen de zonas como Medellín, Bogotá y municipios de Córdoba, Barranquilla y Buenaventura.
Los manifestantes también se pronunciaron rechazando el trámite que se está llevando a cabo para ampliar la licencia ambiental que tiene la Refinería, debido a que se han presentado contaminaciones ambientales que no han sido atendidas.
Bloqueo de vías
En los 15 puntos de acceso a las operaciones de los campos Castilla, Chichimene, Pompeya y Apiay ubicados en Acacias, Villavicencio, Guamal y Castilla La Nueva, Meta, se presentó un bloqueo por parte de los trabajadores del gremio de conductores encargados del transporte de personal y carga de empresas contratistas de Ecopetrol.
La razón de la manifestación fue exigir mejores condiciones laborales, ya que los trabajadores denunciaron que la Estatal está desconociendo derechos tales como: salarios, prestaciones y garantías de acuerdo con el régimen convencional vigente.
Vale la pena mencionar que la protesta fue liderada por la subdirectiva Meta de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, que en diferentes ocasiones ha denunciado esta problemática laboral. Aunque Ecopetrol propició espacios de diálogos para llegar a un acuerdo con el gremio de conductores, los habitantes de la zona mantuvieron las vías de hechos durante el mes.
Desde otro ámbito, la Estatal informó que en el Campo de Producción Cantagallo, ubicado entre los departamentos de Santander y Bolívar se presentaron bloqueos y acciones en contra del campo que perjudicó la operación en siete pozos inyectores y en 68 pozos productores.
Según informó la Estatal, estos bloqueos afectaron a más de 129 trabajadores que no pudieron ingresar a realizar sus labores, repercutiendo en la producción y en el suministro de gas para las comunidades de Cantagallo, San Pablo, Brisas Bolívar y Patico. Además, reportó que debido a estas acciones se generaron pérdidas alrededor de 687 millones de pesos.
Por último, la Estatal notificó que miembros del Resguardo Indígena del Alto de Unuma ingresaron al Campo Rubiales, Puerto Gaitán, Meta, para apagar y bloquear el acceso a la planta de disposición de agua no. 6. Debido a esta situación, el personal de las instalaciones no pudo ingresar y más de 100 trabajadores se vieron afectados. La petrolera manifestó que se puso en riesgo la integridad del personal y que a raíz de esto se apagaron 109 pozos productores que producen aproximadamente 16 500 barriles diarios.
Las comunidades indígenas de este territorio denunciaron que no se han desarrollado las consultas previas para poder adelantar actividades de exploración y explotación en el territorio. Sin embargo, Ecopetrol afirmó que cuando se iba a realizar este proceso en febrero del 2019, las autoridades indígenas solicitaron aplazarlo por la muerte de un líder social y la cercanía de las elecciones regionales de ese año.
ORDEN PÚBLICO E ILEGALIDAD
Ataque a la infraestructura petrolera
En marzo se registró un ataque al oleoducto Trasandino en la vereda San Jorge, en Mallama, Nariño. El atentado no produjo derrame de hidrocarburo, ya que la explosión solo generó una abolladura en el tubo.
Ecopetrol reportó el evento al departamento y solicitó el apoyo del Ejército Nacional para la seguridad del personal técnico y las comunidades de la vereda. Hasta el momento, la empresa y la fuerza pública no han confirmado los responsables de estos ataques; no obstante, en las zonas ejerce presencia el ELN.
Instalación de válvula clandestina
En el corregimiento de El Llanito en Barrancabermeja, Santander, se registró la instalación de una válvula ilícita que dejó sin servicio de gas a estas comunidades durante un día. También llegó afectar a los habitantes de las zonas rurales de Puerto Wilches (Santander).
Según el comunicado de Ecopetrol la conexión ilegal fue instalada en la línea que transporta el gas producido en los campos Llanito y Cantagallo de Ecopetrol, hacia las zonas del Magdalena Medio. La compañía informó que dispuso de personal técnico para el monitoreo de la zona, y con el apoyo del equipo de contraincendios de la empresa, aseguró el área para la protección e integridad de las personas aledañas a los campos.
Asesinato de líder social
El 19 de marzo en horas de la tarde, después de salir de una reunión con la comunidad del corredor Puerto Vega-Teteyé en Puerto Asís, Putumayo, el líder social Marco Rivadeneira fue asesinado por desconocidos. Rivadeneira era defensor de derechos humanos y presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís, también velaba por la debida ejecución de los recursos en el departamento provenientes del posconflicto y le exigía al gobierno central un urgente y necesario cese al fuego con el ELN.
Rivadeneira fue, vocero de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (Coerupa)., y sus labores estuvieron enfocadas en la defensa del territorio amazónico e indígena, donde, en reiteradas ocasiones, se presentan problemáticas con las grandes petroleras que hacen presencia en el departamento.
Contrabando de crudo
En Maicao, Guajira, la policía departamental incautó 50 galones de gasolina que venían en un carro de procedencia venezolana. En el mismo departamento, en Riohacha, la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, decomisó 100 galones de combustible que viajaban en un automotor.
En Cértegui, Chocó, la Policía, en coordinación con el Ejército, logró aprehender 72 galones de ACPM encontrados en canecas plásticas que eran llevadas en un vehículo.
Por otro lado, en El Juncal, jurisdicción de Aguachica, Cesar, se decomisaron 30 mil galones de combustible que fueron encontrados en cuatro camiones durante una operación ejecutada por la Policía Nacional y el Ejército. Igualmente, en el corregimiento de Villas de San Andrés del mismo municipio, las autoridades lograron confiscar 3 400 galones de combustible.
De la misma manera en Gamarra, Cesar, en coordinación entre las tropas de la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se incautaron 3 388 galones de combustible transportados de manera ilegal.
Por último, en la vereda las Tinajas, Santa Marta, Magdalena, la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, en un operativo llevado a cabo se logró como resultado la aprehensión de 280 galones de hidrocarburos.
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