Columna de Opinión Nacional
¿Amazonía amenazada?
Yessica Prieto Ramos
La semana pasada la plenaria de la Cámara de Representantes hundió la posibilidad de prohibir la explotación de hidrocarburos en la amazonía colombiana, en medio del debate de un acto legislativo que busca establecer normas especiales para la protección de esta importante región del país y del mundo. Este hecho pone sobre la mesa, una vez más, la necesidad que tenemos como sociedad de adelantar un debate serio e informado sobre el tipo de desarrollo que se quiere y es posible para el país.
Según datos de La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, la amazonía es el bioma de selvas tropicales más grande del mundo con una superficie de 7.8 millones de km2, una de cada cinco especies de mamíferos, peces, aves y árboles del planeta se alojan en su territorio. Cerca del 20% del agua dulce superficial del planeta se produce en su cuenca hidrográfica y entre sus características más importantes, está que es el principal reservorio global de carbono, además de ayudar a la regulación climática, ya que esta área emite vapor de agua a la atmósfera, el cual circula en los ámbitos continental y global, permitiendo las precipitaciones dentro y fuera de su región.
Colombia es, junto a Bolivia, el cuarto país con mayor proporción de selva amazónica, 6.2 % del total, y de acuerdo al Instituto Sinchi, la amazonía colombiana abarca el 42.3 % del territorio nacional, con más de 440 mil kilómetros cuadrados de bosques, que cubre seis departamentos, parte de otros cuatro; seis cabeceras departamentales, 52 municipios y 20 corregimientos, en los cuales se asientan más de un millón de personas y un porcentaje significativo de la población indígena del país.
Pese a la importancia de este territorio, son múltiples los problemas que enfrenta como la ampliación de la frontera agrícola con monocultivos, la tala indiscriminada, los cultivos ilícitos, las construcciones urbanas e industriales, la minería ilegal, entre otros, que sumados a la escasa presencia estatal, representan una amenaza significativa para este importante ecosistema. De ahí que su ordenamiento territorial se constituya en elemento clave para su protección.
Debido a lo anterior, la inclusión, por parte de la bancada independiente y de oposición de la Cámara de Representantes, en cabeza de Juanita Goebertus, Harry González y Juan Carlos Losada, del parágrafo que prohibía la exploración y explotación de hidrocarburos en la amazonía, se convertía en un paso importante para blindar este territorio de la producción de petróleo y gas, pues el impacto que esta industria traería para el territorio sería incalculable e irreparable. No obstante, la plenaria de la Cámara, en un acto bastante reprochable, tumbó esta proposición y dejó abierta la posibilidad de permitir la actividad extractiva en el futuro, pese a que sus integrantes afirmen lo contrario.
Al ver el debate de la plenaria, se evidencia que no hay voluntad política de nuestros representantes, en especial de la bancada oficial, en cabeza del Centro Democrático, para proteger este ecosistema, ya que pese a que también se hundió su propuesta de permitir la explotación de los recursos naturales de la amazonía de manera sostenible, previa autorización de las comunidades que habitan este territorio, sostienen que el país debe continuar explotando sus recursos naturales pues aún no existe una industria capaz de proporcionar los recursos que el sector extractivo genera para las finanzas públicas.
Pese a que esta última afirmación es real, continuar con el modelo extractivista es primero, pasar por alto que existen territorios que por su importancia ecosistémica deben ser protegidos de toda actividad antrópica; segundo, no comprender la grave situación actual que vive el mundo por culpa del cambio climático; y tercero, seguir aplazando el debate y las decisiones serias de legislación y política pública sobre la transición energética.
Cabe entonces preguntarse cuál es la lógica detrás del gobierno de Iván Duque en torno a temas tan importantes como la conservación de la Amazonía. Hace menos de un año escuchábamos al presidente afirmar que debía generarse un pacto global por la protección de este importante bioma y no solo se cae la propuesta de prohibir la explotación de hidrocarburos en esta importante selva en la Cámara de Representantes, sino que también su partido político propone el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de esta región. A esto hay que sumarle que la ANH contempla, para el tercer ciclo del Proceso permanente de asignación de áreas, que se llevará a cabo a finales del 2020, ofertar bloques en los departamentos de Putumayo y Vichada, dos de los seis que conforman la Amazonía colombiana.
NOTICIAS
Rechazadas dos propuestas del acto legislativo para el Amazonas
El 21 de mayo, la Plenaria de la Cámara de Representantes rechazó la adicción de dos proposiciones al acto legislativo de Yenica Acosta, Representante a la Cámara por el Amazonas, que tenía como objetivo que ese departamento tuviera un régimen especial. El primer párrafo, planteaba la prohibición de toda actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en la región amazónica, mientras que el segundo sugería todo lo contrario.
Los representantes, Juanita Goebertus, de Alianza Verde; Harry González y Juan Carlos Losada, del partido Liberal Colombiano, solicitaban que, en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés no se realizará la extracción de hidrocarburos. Pese a que el enunciado había sido aprobado el 12 de mayo por la Comisión Primera, en esta ocasión fue rechazado tras obtener 88 votos en contra y 74 a favor.
No obstante, el Centro Democrático, principalmente el representante Gabriel Vallejo sugirió eliminar dicha preposición y sustituirla por una donde se permitiera aprovechar los recursos naturales de manera sostenible en la Amazonia. Este también fue negado con 78 votos en contra y 77 a favor. En consecuencia, la última palabra la tendrá el Senado de la República, en donde el acto legislativo proseguirá con sus últimos dos debates.
Varios representantes de la Cámara han manifestado sus reacciones entre ellos, Juan Carlos Losada aseguró que fueron vencidos por quienes quieren explotar el ecosistema más importante del planeta. En la esquina contraria, Gabriel Vallejo declaró que la extracción de dichos recursos reactivaría la economía. Adicionalmente, Yenica Acosta, representante del acto legislativo, afirmó que no buscaba abrir la puerta a ese tipo de actividades y lamentaba que la discusión se hubiese desviado.
Vía El Tiempo: Se cayó propuesta de aprovechar recursos naturales en la Amazonia 22/05/2020
Reactivación del proyecto exploratorio Puerto Parra bajo estrictas medidas de bioseguridad
En el municipio de Puerto Parra del departamento de Santander, Ecopetrol informó que después de la suspensión temporal de dos meses, reactivará sus operaciones del proyecto exploratorio Nafta-1 en los próximos días.
Según el Grupo Ecopetrol, las actividades se reanudarán de una manera progresiva y rigurosa, aplicando los protocolos de bioseguridad y las disposiciones legales expedidas por el Gobierno, así como los decretos y normas decretadas por la Alcaldía Municipal de Puerto Parra. Esto con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, ordenada por el Ministerio de Salud y Protección Social para la prevención del Coronavirus.
El protocolo de bioseguridad contempla medidas como: chequeos médicos, toma de temperatura, desinfección de áreas comunes, distanciamiento social, control para el ingreso de vehículos y pruebas PCR Covid-19 para trabajadores foráneos a quienes apliquen los criterios epidemiológicos impartidos por el Gobierno y los lineamientos de Ecopetrol.
Para la compañía, es muy importante proteger la salud y vida de los trabajadores y poblaciones aledañas, por eso la reactivación de sus operaciones se hará de forma gradual y controlada.
Ministerio del interior inhabilita Decreto 040 en Aguazul
El 21 de mayo, la alcaldesa de Aguazul, Johana Moreno responsabilizó al Ministerio del Interior por los casos de coronavirus que se puedan presentar en esta población, luego de que el decreto 040, el cual imponía medidas de bioseguridad frente a la reactivación de los sectores, fuera desautorizado por el Ministerio de interior.
Durante la conferencia estuvieron presentes la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP); delegados del Ministerio del Interior, de Minas y Energía; la alcaldesa de Aguazul y el personero, Henry Galvis quienes tenían como objetivo la socialización del decreto. El mandato 040, previamente aprobado por el Ministerio del Interior el 19 de mayo, consistía en enviar a la Secretaría de Salud del municipio la historia clínica y los protocolos de bioseguridad de las personas de otras ciudades y departamentos para laborar en la industria petrolera.
No obstante, una funcionaria del Ministerio desautorizó el decreto. El personero Galvis la respaldo y exigió saber el nombre de quién inhabilitó la ley, pero se le fue negado. La mandataria Moreno cuestionó que la entidad cambiará su decisión, responsabilizó al Ministerio del Interior sobre los posibles casos de Covid-19 que puedan presentarse en el municipio y de beneficiar los interese de las compañías petroleras por encima del cuidado de la comunidad
Ciudadanos de Soacha protestan por el alto aumento en las tarifas de gas natural
El pasado 22 de mayo los habitantes del municipio de Soacha, Cundinamarca, protestaron ante el aumento de las facturas de gas natural, ya que los valores de algunos recibos aumentaron más del 80%, los manifestantes argumentaron no tener para comer y mucho menos para el pago del recibo debido al aumento en los precios. Ante este hecho, los ciudadanos inconformes solicitan al Alcalde Juan Carlos Saldarriaga tomar medidas pertinentes frente al Grupo Vanti ya que este es el que el suministra el servicio de gas natural en Soacha.
Según relatos de los ciudadanos recibidos por el Sistema Integrado Digital, manifestaron que en los recibos se logra evidenciar un aumento en el costo, comparado con meses anteriores, es así, que existen casos donde el valor de consumo de un mes oscilaba entre 8.000 a 10.000, mientras que al día de hoy el mismo consumo llega facturado con un valor desde 24.000 hasta 80.000 pesos.
A causa de esto, el Grupo Vanti se pronunció argumentando que los cobros se hicieron teniendo en cuenta el promedio de consumo y que los operarios no tomaron la medida casa a casa como precaución ante el covid-19.
Vía LA FM: Crecen protestas por aumentos en cobros de tarifas de gas natural.22/05/2020
Vía Alerta Bogotá: Ciudadanos de Soacha protestan por aumentos en tarifas del gas. 22/05/2020.
El Grupo Ecopetrol inicia los sub proyectos 3 y 4 del Acueducto metropolitano
Se inicia ejecución de los subproyectos 3 y 4 del Acuerdo metropolitano Francisco de Paula Santander. El Grupo Ecopetrol informó que ya se firmó el acta correspondiente de iniciación de trabajos con la empresa SP Ingenieros, lo que permitirá dar apertura al proyecto.
La empresa SP Ingenieros es una compañía colombiana dedicada a la construcción de obras civiles con una experiencia de más de 35 años en proyectos como son: infraestructura vial, hidroeléctricas, operaciones de desarrollo sanitario y servicio petrolero entre otros.
En el transcurso de las primeras semanas la empresa SP abrirá convocatorias laborales a través del Servicio Público de Empleo del SENA, con el fin de contratar mano de obra calificada y no calificada, dependiendo los perfiles de cargo requeridos, se espera generar empleo para alrededor de 250 personas.
Los sub proyectos se estima que inicien en el mes de julio contando con los permisos inmobiliarios, ambientales y plan de bioseguridad previamente aprobados. Agregado a lo anterior, el subproyecto 3, contempla la ampliación de la planta de tratamiento El Pórtico de Cúcuta y el subproyecto 4 radica en la construcción del sistema de bombeo de agua potable en el barrio Las Cumbres, en municipio de Los Patios y en el barrio Primero de Mayo, en Villa del Rosario.
Columna de Opinión Regional
La imagen de la Oxy no mejora en Arauca
Alejandro López
Luego de tres meses de aislamiento preventivo en el marco de la actual emergencia sanitaria, en todo el territorio araucano las actividades económicas han cesado casi en su totalidad, menos la más importante: la producción y transporte de hidrocarburos. Es innegable que el petróleo producido en Arauca, que en los últimos años ha rondado el 6,3 % del total nacional, representa un aporte significativo al PIB del país; además, también es importante para el departamento porque los principales ingresos para sus entidades territoriales provienen de las regalías petroleras.
La riqueza generada por la industria extractiva en Arauca, no se ve reflejada en igual proporción con el desarrollo departamental, en gran medida porque precisamente las asignaciones del SGR no se han materializado de la manera más provechosa. Por ejemplo, su Índice de Pobreza Multidimensional-IPM (59,2 %) es superior al promedio nacional (49 %) y algunos de sus indicadores más críticos son los de acceso a fuentes de agua, aseguramiento en salud, analfabetismo y bajo logro educativo; asimismo, el manejo de las regalías ha derivado en periodos de onerosos despilfarros, como ocurrió al comienzo, y en redes sofisticadas de corrupción y carruseles de contratación.
A pesar de que campos petroleros como Caño Limón y Chipirón gozan a nivel nacional de un alto prestigio en el sector petrolero, al igual que los bloques Cosecha y Capachos debido a sus importantes hallazgos de crudo liviano, lo cierto es que al interior del departamento esta actividad extractiva tiene más detractores que defensores, por tres razones fundamentales. La primera tiene que ver con la mala imagen que tiene la Occidental de Colombia-Oxy, que está asociada a daños ambientales ocasionados sobre todo en la Laguna del Lipa, donde funcionan los mencionados campos.
La segunda está relacionada con el inconformismo de las comunidades, en especial las rurales, sobre el papel de la fuerza pública como cuidadora de oleoductos y campos petroleros en detrimento de la seguridad que deberían prestarle a los pobladores respecto a la presencia de grupos armados no estatales. Y tercero, porque los proyectos petroleros son vistos como generadores de conflictos sociales en las comunidades, sobre todo por los intereses asociados a la vinculación y estabilidad laboral, pero también por el impacto al tejido social derivado del encarecimiento de la calidad de vida y los altos niveles de delincuencia e inseguridad asociados a las oleadas migracionales que genera la industria extractiva en sus áreas de influencia.
Ahora bien, ninguna de estas razones había suscitado un descontento tan unánime en Arauca como la controversia que generó la Oxy hace dos semanas: un empleado foráneo de la empresa contratista Sodexo fue el primer registro de contagio por Covid-19 en el departamento. El mismo gobernador, Facundo Castillo, le reclamó directamente a la compañía por los fallos de sus protocolos de bioseguridad y le exigió ajustarlos y acordarlos con la Unidad de Salud, por ser la institución encargada de liderar la contención de la pandemia en el territorio araucano. Así lo comunicó poco después la misma empresa, que además informó haberle solicitado a todas sus empresas contratistas ajustar dichos protocolos y realizar pruebas obligatorias de detección a sus empleados cuando ingresan al departamento.
Dichos ajustes a las medidas de bioseguridad están relacionados directamente con las causas de reducción de personal en las empresas del sector. La USO en Arauca confirmó en un comienzo que declaración de emergencia sanitaria afectó directamente a más de 700 trabajadores de la industria petrolera, pero lo que no se sabe muy bien es de qué manera están siendo afectados. De acuerdo con varias conversaciones (telefónicas y por chat) que Crudo Transparente logró sostener con empleados o exempleados de estas empresas, desde hace 15 días ya se sabía que hay casos empleados que han aceptado trabajar en turnos de 21×21 con solo la remuneración de los días laborados, otros que solo están siendo contratados por un número de días al mes y otros más que han quedado a la espera de un “pronto llamado”. Lo que no se conocía era que muchos despidos y suspensiones temporales de los contratos se están haciendo con base en los nuevos protocolos, de manera que personas mayores de 60 años, o con sobrepeso, o con historial y riesgo de enfermedades respiratorias, son las primeras en la lista de prescindibles.
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