Columna de Opinión Nacional
Es cuestión de prioridades
Daniel Castillo Camacho
Ante las crisis de salubridad generada por el virus COVID-19 y la recesión económica originada por la disminución en la demanda y la guerra de precios del petróleo, el gobierno nacional anunció el pasado 21 de marzo el Decreto 444 de 2020 por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que tiene como objetivo solucionar las dificultades de atención en salud, combatir los efectos adversos que ha traído la caída en la actividad productiva y lograr que la economía sea capaz de garantizar empleo y crecimiento.
Este nuevo fondo contará con 15 billones de pesos, de los cuales 12.1 billones saldrán del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) creado en 2012 junto con el Sistema General de Regalías (SGR) y que durante los últimos 7 años ha recibido directamente el 20 % de las regalías generadas en el país; 2.7 billones se tomarán del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) establecido en 1999, que desde la creación del SGR ha tenido asignado recursos equivalentes al 7 % del total de regalías. La suma restante provendrá del Presupuesto General de la Nación o de cualquier otra fuente de la que pueda disponer el Gobierno.
Cabe recordar que Fonpet tiene el objetivo de cubrir el pasivo pensional de los entes territoriales y que su saldo actual ronda los 50 billones de pesos, mientras que el FAE busca lograr estabilidad fiscal y macroeconómica en momentos en que los ingresos provenientes del sector extractivo son bajos, con criterio de equidad distributiva.Su saldo es cercano a los 15 billones de pesos.
La polémica que ha generado el decreto ha surgido por la posibilidad que plantea el Gobierno de apoyar con liquidez a las entidades financieras, ya que varios alcaldes, como es el caso de Claudia López y gobernadores como Carlos Caicedo, consideran que estos recursos son de propiedad territorial y no deberían destinarse al soporte de compañías que nada tienen que ver con la estabilidad en las regiones.
Sin embargo, el ministro Alberto Carrasquilla aclaró que los bancos comerciales no podrán acceder a estos mecanismos de ayuda; solo tendrán la posibilidad de hacerlo las entidades financieras estatales que componen el holding Grupo Bicentenario, tales como Bancoldex, Findeter o el Banco Agrario.
El FOME también busca atender directamente las necesidades del sistema de salud por lo que la cantidad de recursos que vayan para cada rubro dependerá de la prioridad del Gobierno, si cree que lo más importante en este momento es solucionar las dificultades médicas que afronta el país desde hace años, asegurar ingresos a las entidades territoriales u otorgar liquidez a las instituciones financieras estatales.
Ante recesiones económicas como la que atraviesa el mundo, es normal que los gobiernos recurran a todas las posibles fuentes de financiación e intenten ayudar a los sectores económicos que mayores ingresos generan, para mitigar los efectos adversos; sin embargo, en este momento es evidente que lo más importante es controlar la propagación del coronavirus asegurando atención inmediata, eficiente y de calidad.
Esta ayuda saldrá de los fondos con la figura de préstamo al Gobierno, por lo que se espera que el dinero utilizado regrese lo más pronto posible, si se tiene en cuenta que la reforma al SGR aprobada en 2019, quedó estipulado que Fonpet no recibirá recursos directos provenientes de las regalías y que el FAE verá disminuido su porcentaje pasando del 20 % al 4,5 % del total.
Por último, teniendo en cuenta lo anterior, también es cuestión de prioridades saber qué se hará con los recursos de estos fondos en un futuro ante un panorama de desahorro y ausencia de fuentes que lo sigan financiando. Por eso habrá que decidir el momento preciso para cubrir los pasivos pensionales y si el FAE se encargará de subsanar los vacíos fiscales territoriales, financiar la transición energética, ser apoyo para incentivar actividades económicas diferentes a la extractiva, o seguir perpetuando los hidrocarburos como base económica para Colombia.
ELN declara cese al fuego por el COVID-19 en lo que cataloga un ‘gesto humanitario’
Reconocido como el último grupo armado no estatal tras la firma del acuerdo de paz en el 2016, el ELN difundió hoy un comunicado en el que expresa que iniciará, a partir de este miércoles, un cese unilateral al fuego, el cual tendrá una duración de un mes, hasta el 30 de abril, evocando el llamado de la ONU al cese de conflictos en el mundo.
A pesar de eso, el grupo aclaró que durante este periodo se reservará el ‘derecho’ a defenderse de los ‘ataques’ que provengan de fuerzas estatales y de las bandas pertenecientes al narcotráfico. Un fragmento del comunicado expresa que este es un “…gesto humanitario del ELN con el pueblo colombiano, que padece la devastación del Coronavirus (…), así mismo afirma que “En Colombia el gobierno de Duque ha aprovechado esta crisis para aumentar la militarización del país. En forma descarada ha favorecido los intereses de los grandes conglomerados económicos y capitales extranjeros y ha sacrificado la salud pública…” y además pide entre otras cosas:
- Que el Gobierno descongestione las cárceles, ordenando el excarcelamiento inmediato de los presos políticos, las personas presas por pertenecer o colaborar con los grupos guerrilleros, los condenados a menos de 10 años y a las personas mayores de 60 años.
- Que el Gobierno suministre, de forma gratuita, el test de confirmación del contagio, el material sanitario y los medicamentos para evitar la expansión del Coronavirus.
Por otro lado, el ELN reiteró al gobierno nacional la invitación para reactivar los diálogos de paz con su delegación en La Habana para dar un “alto al fuego bilateral y temporal”. Este es un llamado también a contar con la presencia de países garantes. Como muestra de su interés de retomar las conversaciones, el grupo armado liberó, esta semana, a 3 secuestrados en el Cauca con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja; los secuestrados prestaban sus servicios a la empresa Energizar S.A.S.
El cese al fuego decretado da un poco de tranquilidad a ciudadanos que se ven directamente impactados diariamente por la violencia de este grupo que con 2 300 combatientes abarca un 10 % de los 1 100 municipios de Colombia, por lo que esperan que el resto de actores armados tomen medidas similares incluyendo al Ejército Nacional que ha aumentado su presencia a raíz de la emergencia sanitaria.
Vía El Espectador: ELN decreta cese unilateral al fuego por el nuevo coronavirus 29/03/2020.
Vía La FM: El ELN liberó a tres civiles secuestrados en Cauca 26/03/2020
El Consejo de Estado debate puntos clave de fracking en Colombia
Un panel de seis expertos interdisciplinares de la Universidad Nacional entregó al alto tribunal en un documento de 460 páginas un peritaje técnico, en el cual buscan dar respuesta a las dudas en torno a la viabilidad del fracking en Colombia. Este análisis es una de las pruebas determinantes junto con el informe de la comisión de expertos del Gobierno, que le permitirá al Consejo de Estado debatir la demanda que pide tumbar los actos administrativos con los que se autorizó la explotación de yacimientos no convencionales.
El grupo de peritaje de la universidad analizó 7 ítems relacionados con la técnica: El panorama general, el contexto en Colombia, la situación a nivel local, impactos regionales, impactos nacionales, impactos globales y, resoluciones y decretos demandados del fracking. Entre los hallazgos está el incumplimiento en el que el país incurriría hacia sus obligaciones internacionales, así como el gasto de recursos que supera las ganancias de inversión. Adicional a esto el documento abarca discusiones de tipo ambiental, de salud, y cambio climático, entre otros.
El estudio se le hizo a doce bloques de yacimientos no convencionales que desde julio del 2019 fueron asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en los que se encontró que hay cruce con siete resguardos indígenas y con ecosistemas como el bosque seco tropical, bosque húmedo y humedales. Igualmente, se previó que habría competencia entre empresas y comunidades debido al consumo de agua, en donde se utilizan aproximadamente 60 000 metro cúbicos por pozo, habiendo riesgo, según el peritaje, de que el agua contaminada vuelva a la superficie y a otras fuentes de consumo.
Se examinaron las normas demandadas reguladoras del fracking, como son el Decreto 3004 del 2013 y Resolución 90341 de 2014 para las que el informe determina son insuficientes ya que no prevé todos los riesgos ni su mitigación. Concluyeron que:
“Debido a las afectaciones al medioambiente, a la salud, a los sistemas de producción agrícola y ganadera y a la forma de vida de las comunidades, además de daños en la red nacional de carreteras y mayores gastos de los gobiernos locales en salud educación y administración de justicia, los beneficios económicos y sociales para el país se ponen muy seriamente en duda”.
Para el próximo 22 de abril se citó una audiencia para hacer reparación pública del peritaje que daría cierre a la fase de pruebas; sin embargo, con la crisis sanitaria del coronavirus se espera que haya un aplazamiento con lo que la decisión última se retrasaría.
Vía El Tiempo: ‘Fracking’: prueba clave que llegó al Consejo de Estado abre debate 29/03/2020
Preocupación nacional por caída del precio del petróleo Brent
La mañana de hoy 30 de marzo, el precio del petróleo Brent volvió a caer un 9,19 % con respecto al viernes 27 de marzo, quedando a un precio de $25,35 dólares. No obstante, la preocupación en Colombia aumentó ya que si ese precio se mantiene por un largo periodo de tiempo, Ecopetrol no podrá entregar utilidades el próximo año.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) señaló que por cada dólar menos por barril que recibe el país hay una pérdida de aproximadamente $0,5 billones de ingresos fiscales. Estos cálculos se verían agravados si se tiene en cuenta que el Gobierno colombiano está realizando esfuerzos para mitigar los efectos del desempleo a raíz del COVID-19, a través de subsidios y programas sociales.
Según Andrés Moreno, analista bursátil, teniendo en cuenta que ya han pasado tres semanas desde que el precio del barril se mantiene por debajo de los $30 dólares, se considera que la crisis ya no es transitoria. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la demanda del crudo ha bajado debido a la pandemia del COVID-19.
Si el precio del barril Brent sube cerca de los $30 dólares, puede que haya un cierto alivio para el país, afirma Moreno. Sin embargo, señala que hay un problema en la industria petrolera a nivel mundial, en el que uno de sus protagonistas, Arabia Saudita, está esperando a que sus rivales no puedan competir en el mercado contra su precio de barril por debajo de los $15 dólares.
Se prevé que al haber una menor demanda de crudo, por la situación extraordinaria que está viviendo el mundo, empresas como Ecopetrol se vean fuertemente afectadas, pues contrario a empresas de Arabia Saudita, esta no podría mantener su producción a unos precios tan bajos como los que se manejan hoy en día en el mercado.
Vía El Universal: Petróleo cae por debajo de US$20 a precios de hace dos décadas 30/03/2020
Vía Portafolio: Petróleo cae de nuevo por impacto de la pandemia en la demanda global 30/03/2020
Trabajadores de Ecopetrol denuncian despidos masivos por motivo del COVID-19
Al menos 1.500 personas que trabajaban en una refinería de Barrancabermeja fueron despedidas ilegalmente por Ecopetrol, por un supuesto recorte de personal, por otro lado, Edwin Palma, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), quien se apropio de este problema, asegura que la empresa se está aprovechado de la coyuntura que está viviendo el país debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, afirma que, “es muy grave y es un error que Ecopetrol haya ordenado a sus tercerizadoras el despido, sin autorización ni verificación del ministerio de Trabajo de las causas de fuerza mayor”. Además, Palma expresó su descontento por la decisión tomada por la petrolera, y la calificó como “una masacre laboral” pues “lanza al hambre a más de 5 000 familias en municipios, en los que su ingreso es trascendental para otras miles de personas”.
El temor de quienes se suman a las filas de desempleo del país a causa de la pandemia y de sus directivos es que Ecopetrol haga lo mismo con otros 3 500 trabajadores que están en las mismas condiciones laborales en diferentes zonas del país. Por esta razón, con una carta dirigida a los directivos de Ecopetrol, Palma les pide diálogo y solidaridad para enfrentar este problema, además, reitera que no pueden aceptar las decisiones apresuradas por parte de la compañía en medio de la crisis que el mundo atraviesa, y que no los pueden despedir justificando que es por el virus, ya que esto es ilegal.
Por su parte, Ecopetrol manifestó a través de un comunicado lo siguiente: “Hemos tomado medidas para proteger al empleo y la salud durante esta cuarentena. No hemos desvinculado a ningún trabajador directo, ni en Ecopetrol ni en las filiales” y añaden “mantenemos los beneficios y las condiciones de nuestros colaboradores. Nuestro objetivo es sumar esfuerzos y salir adelante juntos” y también, recomendaron a sus aliados proteger a sus trabajadores con las medidas de protección, y dicen que su propósito es que todos aporten, para así, mantener el empleo.
Para finalizar, la USO y decenas de trabajadores hicieron una protesta virtual en contra de Ecopetrol, de ahí que el día 27 de marzo, se realizara una reunión por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja, representantes de Ecopetrol, del sindicato y del Ministerio del Trabajo para esclarecer el problema. Sin embargo, el futuro es incierto para quienes ven sus contratos suspendidos o terminados sin previo aviso.
La comunidad de Puerto Wilches le teme al Fracking
Los habitantes del Terraplén en Puerto de Wilches, en el departamento de Santander, tienen temor por lo que suceda con sus fuentes de agua y los efectos que deriven de los proyectos piloto de investigación para el fracking que se tienen planeados.
La petrolera estadounidense ExxonMobil, ubicada a menos de 500 metros de ese poblado, es quien realizará la extracción de petróleo y gas por medio del fracking. En el área denominado Manatí Blanco 1, con una extensión de 15.462 hectáreas. En este campo se podrían perforar hasta unos 12 pozos. Sin embargo, hay habitantes como Ciro Salvador Ruiz, líder comunal de Terraplén, que se oponen a permitir a la realización de ese tipo de actividades en sus territorios.
Según Ruiz, la comunidad nunca ha estado de acuerdo con que se realice fracking en esa localidad. Porque las grandes empresas se aprovechan de ellos, por sus bajos niveles socioeconómicos y altos índices de corrupción dentro de las entidades públicas.
A pesar de que el Ministerio de Minas asegura que Puerto Wilches se ha visto beneficiada de las regalías obtenidas de la actividad petrolera desarrollada en esa región. Los habitantes del Terraplén prefieren conservar tanto sus tierras como aguas sanas.
Vía Semana Sostenible: Fracking: la comunidad invisible del Terraplén en Puerto Wilches 29/03/2020
Columna de Opinión Regional
En jaque el sector salud araucano por Covid-19
Alejandro López
La emergencia sanitaria que se vive actualmente en el país por el brote de COVID-19 ha puesto en evidencia las deficiencias del sistema de salud colombiano para enfrentar la pandemia de este coronavirus. Las drásticas medidas que el Gobierno ha implementado para contener la expansión del contagio, obedecen a una razón principal: evitar que el sistema de salud colapse porque no tiene la capacidad de atender a miles de enfermos a la vez, lo cual generaría una calamidad enorme por el costo de vidas humanas que conlleva.
Dado que este sistema, además de padecer de escasez de recursos en los últimos años, es bastante fragmentado (conformado por varias EPS, cientos de IPS y muchos profesionales, proveedores y operadores logísticos), y que cada servicio prestado se deriva de procesos de contratación y transmisión de la información entre actores diferentes; se configura un escenario muy desfavorable a la hora de atender una pandemia porque lo que se necesita es agilidad en los trámites y fluidez informativa.
Las Empresas Sociales del Estado-ESE y los hospitales de Arauca no son la excepción a esta realidad, puesto que estas instituciones también están inmersas dentro de una red pública hospitalaria debilitada por la situación financiera. En situaciones de emergencia, los hospitales y centros de salud araucanos deben usar recursos extraordinarios que les permitan mantener como mínimo su inventario de medicamentos e insumos para no limitar la atención. El Ministerio de Salud y Promoción Social identificó en 2019 al menos 165 ESE con riesgo financiero alto o medio, entre las cuales se encuentra una de las 3 que tiene el departamento: la ESE Jaime Alvarado y Castilla.
Hasta el momento (30 de marzo) en Arauca no hay registro del primer contagio por COVID-19, pero en caso de que esto ocurra lo que más se necesitaría para la atención de estos pacientes en estado crítico son unidades de cuidados intensivos (UCI). No obstante, de los 3 hospitales que existen solo el San Vicente de Arauca cuenta con este tipo de unidad, (estrenada el pasado 18 de febrero); el de Tame no posee y para Saravena apenas este año fue aprobado el proyecto para su creación. Esto quiere decir que el departamento no tiene la capacidad de atender una eventual emergencia y habría el riesgo de poner en peligro a los pacientes que lleguen y evitar así el creciente número de muertes por esta pandemia.
Ahora bien, la precariedad de los hospitales y centros de salud araucanos se debe principalmente a la poca priorización de proyectos y el manejo inadecuado de los recursos públicos. Por ejemplo, entre 2012 y 2019 se aprobaron en el OCAD departamental y municipal 16 proyectos del sector salud, de los cuales solo 4 estuvieron encaminados a fortalecer la infraestructura o la dotación de insumos de los centros de salud y ESE de los municipios de Arauca y Tame. En estos 4 proyectos se invirtieron tan solo $6.495 millones de los $16.724 millones que fueron aprobados por cualquier tipo de OCAD en el sector durante esos 8 años, es decir que se destinó sólo el 38 % de los recursos aprobados para el fortalecimiento de la atención en las instituciones de salud araucanas.
La actual pandemia pone al descubierto las enormes falencias del sistema de salud a nivel nacional, las cuales son aún más profundas en las regiones más apartadas del país como es el caso de Arauca, en donde queda también expuesta la gran contradicción de ser el tercer departamento más productivo de petróleo de Colombia, haber recibido durante muchos años ingentes cantidades de dinero por la regalías generadas, pero tener deficientes hospitales y centros de salud precarios que se muestran vulnerables ante una emergencia como la que se está viviendo en estos momentos.
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