Por: Elizabeth Perea   

 

Introducción

 

La reforma al Sistema General de Regalías pretende agilizar el proceso de viabilización y aprobación de proyectos mediante la eliminación de los OCAD Departamentales. De esta manera, se tendría como figura al Departamento Nacional de Planeación para que acompañe al gobierno local, pues esta figura adquiere mayor libertad en la ejecución de los recursos del SGR. 

 

Debido a lo anterior, Crudo Transparente realiza un análisis sobre el accionar del  OCAD departamental del Huila que fue, en este caso, el que recibió mayor cantidad de recursos del sistema durante el periodo 2012-2019. Identifican los sectores y subsectores económicos hacia donde se focalizan gran parte de los recursos; las entidades ejecutoras; el estado de los proyectos, su avance físico y financiero, la cantidad de beneficiarios, los casos de corrupción y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Los resultados de ello permiten identificar el impacto que traería consigo la posible desaparición y tener un balance de su proceder durante el desarrollo de sus funciones.

 

Recursos, proyectos y sectores

 

El OCAD departamental del Huila aprobó desde el año 2012 hasta el 15 de diciembre del 2019 un total de 307 proyectos [1], por un valor de $ 593 270 millones de pesos, los cuales incluyen las inflexibilidades, que son las obligaciones del 2012. En la región es el segundo órgano colegiado con mayor número de proyectos, después de los municipales donde se concentra el 25.65% del total de los recursos (cuadro 1). El OCAD Centro-Sur registra el 30.47% de los recursos del departamento y el  11% a nivel nacional, seguido por el Eje Cafetero y Cormagdalena. 

 

Cuadro 1. Cantidad de proyectos por tipo de OCAD (cifras en pesos)
Tipo de OCAD	Cantidad de proyectos	Valor SGR	Participación (%)
Centro Sur	68	507.975.438.724	30,47
Departamental del Huila	307	593.270.683.022	35,59
Municipios del Huila	342	427.661.628.209	25,65
Ciencia y Tecnología del Huila	22	103.764.306.640	6,22
Paz del Huila	4	34.395.066.134	2,06
Total	743	1.667.067.122.729	100

Fuente. Elaboración propia con datos del SMSCE

 

Al analizar el comportamiento del OCAD ( gráfico 1) se evidencia una tendencia decreciente en la aprobación de proyectos desde el 2015 hasta el 2019; existe una disminución del 24.43 % en la totalidad de estos . El comportamiento volátil está relacionado con la entrada en funcionamiento del sistema (2012), la finalización de los planes de gobierno (2015) y el inicio de las administraciones territoriales, donde se destinó el primer semestre a la elaboración de los planes de desarrollo (2016). 

 

 

De la inversión admitida, $ 332 231 millones de pesos, es decir el 56% se dirige a  transporte 29.32%, vivienda (19.59%), educación (10.42%) y deporte y recreación (7.82%) (figura y cuadro 2). El restante se concentra en los sectores rezagados en términos de desarrollo económico y social y por ende inciden de manera directa en las necesidades más sentidas de la población (carencias habitacionales referentes a las condiciones de vivienda, escasa cobertura de servicios públicos a nivel rural, hacinamiento crítico, dependencia económica, ausentismo escolar y poca especialización relativa de la región) como son: agua potable y saneamiento básico, salud e inclusión social, agricultura y desarrollo rural, entre otros. Sin embargo, estas inversiones no logran un avance significativo que influya en el cumplimiento de los objetivos del sistema, los cuales pretenden generar equidad, competitividad regional y fortalecer la participación ciudadana,  ya que operan priorizando el gasto hacia ciertas finalidades que en su mayoría están relacionadas con el mejoramiento de la infraestructura vial (cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Proyectos por sector económico en el Huila
Sector	Cantidad de proyectos	Valor SGR
Transporte	90	210.206.054.720
Vivienda	60	40.239.276.048
Educación	32	40.490.063.917
Deporte y recreación	24	41.296.040.747
Agua potable	17	15.844.875.925
Agricultura	17	37.155.021.461
Inflexibilidades	16	104.198.035.846
Salud	12	26.178.508.130
Planeación	10	31.058.874.103
Cultura	8	19.755.650.898
Ambiente	7	8.750.163.724
Comercio, industria y turismo	5	5.397.200.000
Inclusión social y reconciliación	3	3.790.231.127
Defensa	3	5.717.766.281
Minas y energía	2	2.692.920.092
Ciencia, tecnología e innovación	1	500.000.000
Total	307	593.270.683.022

Fuente. Elaboración propia con datos del SMSCE.

 

 

 

 

De igual manera, dentro de estos sectores se encuentran subsectores económicos que son los principales destinos de inversión (figura 3). Para el caso del transporte donde se han aprobado 90 proyectos por $ 210 206 millones pesos, cerca del 52 % de los recursos se dirige al mejoramiento de la red urbana, seguido de las vías terciarias 29 % y vías secundarias 19 %.

 

En materia de vivienda, se ha hecho énfasis en la construcción de viviendas urbanas (53.33%) y rurales (47%). Entre los proyectos se destaca la construcción de la ciudadela Luis Alberto Osorio en el municipio de Gigante por $ 1 019 millones de pesos aprobada el 16 de noviembre del 2018 durante la gobernación de Carlos Julio González Villa. A su vez, para generar mayor cobertura en el sistema educativo se han desarrollo 30 proyectos en el nivel preescolar (94%) y 2 en nivel superior (6%); uno de estos se enfoca principalmente en el fortalecimiento de la infraestructura, suministro de alimentación y transporte escolar. 

 

 

En el sector deporte y recreación se cuenta con 24 proyectos por un valor de $ 41 296 millones de pesos, destinados al fomento de la recreación, actividades físicas y deporte (58.3%), infraestructura deportiva (37.5%) y la formación de deportistas (4.2%). En agricultura se han priorizado escasamente 17 proyectos por casi $ 37 155 millones de pesos, principalmente para asistencia técnica (41%), distritos de riego (29%), desarrollo rural (18%), control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera (6%) e incentivos (6%); pese a la intención del Gobierno local de consolidarlo como líder nacional de productos agrícolas. Según la Encuesta Nacional de Agricultura, realizada por el DANE, el departamento cuenta con 79 392 unidades productivas y 1 368 042 hectáreas con uso del suelo en actividades agrícolas. A su vez, es líder en producción de café (209 336 toneladas), tabaco (9 243 toneladas) y granadilla (29 854 toneladas) y posee los mejores rendimientos en la producción de limón, arroz y pitahaya. Por ende, la cantidad de recursos destinados  a este sector no es suficiente. 

 

Del mismo modo, en el sector agua potable y saneamiento básico se tienen 17 proyectos en los municipios del departamento  por $ 15 844 millones de pesos para el mejoramiento del acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento (70.6%) y la recolección o procesamiento de los residuos sólidos (29.4%).

 

Al sector salud y protección salud,  fueron $ 26 178 millones de pesos, para la  adquisición o reposición de equipos (66.6%) y a mejoras en la prestación del servicio de salud (33.4%), como por ejemplo la construcción de la nueva infraestructura de la E.S.E. Santa Rosa de Lima del municipio de Paicol por $ 3 292 millones de pesos aprobada el 5 de octubre del 2018.  

 

El 49% del total de los proyectos aprobados por el OCAD del Huila se ha ejecutado por los municipios, con un costo de $107 032 millones de pesos, seguido por el departamento con 38%. No obstante, este último utilizó durante los 7 años del periodo de estudio $ 403 271 millones de pesos, es decir, 4 veces más de lo destinado por los municipios (Cuadro 2). Esto se debe principalmente a que sus proyectos fueron de mayor envergadura y a la mayor capacidad técnica. 

 

Cuadro 3. Tipo de ejecutor
Ejecutor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total	Valor SGR
Departamento	17	11	16	35	6	11	9	11	116	403.271.851.241
Municipio	23	39	14	45	1	4	12	13	151	107.032.052.724
Otros	0	5	3	22	0	3	4	3	40	82.966.779.057
Total	40	55	33	102	7	18	25	27	307	593.270.683.022

Fuente. Elaboración propia con datos del SMSCE.

 

 

Cabe resaltar que los principales municipios ejecutores son Gigante y Campoalegre, hacia donde se han destinado el 10.10 % del total de los proyectos, seguidos por Algeciras, Palestina y Tarqui. A su vez, existen dos entidades estatales, Aguas del Huila S.A y el Banco Agrario de Colombia, donde se concentra el 6 % de los proyectos (figura 4). La primera desarrolló 9 proyectos encaminados hacia mejoras en el alcantarillado, acueducto y plantas de trabajando y en su mayoría aprobados durante el 2015 en algunos municipios del departamento; la segunda, ejecutó 8 proyectos enfocados hacia la adecuación de viviendas rurales y todos aprobados en ese mismo año. 

 

 

Gráfico 4. Entidades ejecutoras 

Nota. Se excluye el departamento y las entidades con un solo proyecto

 

El  ÍNDICE DE IMPACTO DE LOS PROYECTOS DE REGALIAS 2012 – primer semestre 2019 [2], expuso que este departamento ha desarrollo a cabalidad aproximadamente el 83 % de los proyectos financiados por el SGR, y a su vez ha cumplido con las fechas de entrega estimadas. No obstante, para el OCAD se encontraron 213 proyectos terminados, que corresponden al 69 % de participación dentro del estado de los proyectos; una cantidad de 10 proyectos desaprobados (3%) perteneciente a comercio, industria y turismo, educación, inclusión social y reconciliación,  transporte , vivienda, agua potable, cultura, educación y salud; 49 en estado de ejecución; 19 sin contratar y 16 inflexibilidades. 

 

 

Gesproy calcula la cantidad de beneficiarios con base en el índice poblacional de las zonas donde se ejecutan los proyectos; en este caso, los 213 terminados tienen en total 8 569 237 personas vinculadas de manera directa y están relacionados en gran medida con los sectores de salud (35%), transporte (27%) y ambiente (20%). Sin embargo, los recursos se focalizan (sin contar transporte) hacia el deporte y la recreación, mejoramiento de vivienda, agricultura, salud y protección social (figura 6) y estos no generan el mayor flujo de beneficiarios. 

 

 

Es importante resaltar la existencia de 7 proyectos terminados que presentan un enfoque diferencial, es decir, van conforme con el fin del SGR de promover la inclusión, participación y desarrollo integral de las comunidades étnicas. De los cuales 4 corresponden a la adecuación de vivienda rural para la población de los resguardos indígenas La Gaitana (Argentina), Picket IKA (La Plata) y el cabildo indígena Yacuas (Palestina); un proyecto de cultura que consiste en los estudios y diseños para la construcción de malocas con un costo de $126 millones de pesos; otro de mejoramiento de la vía mediante el uso de la placa huella para el acceso a la institución etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna en Palestina por $ 746 millones de pesos y el último pretende incrementar la productividad en fincas de la Asociación Nasa Agrícola del Resguardo del municipio de Iquira por $ 450 millones de pesos. Pero, existe una ausencia de criterios para establecer que un proyecto tenga un enfoque diferencial, más allá de la directriz de ser presentado por alguien de la comunidad étnica.

 

Corrupción y presuntas irregularidades

 

Al corte del 15 de diciembre del 2019 se notificaron 130 eventos de alertas relacionadas con el reporte de información al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación ,SMSCE, por parte de entidades ejecutoras de los 317 proyectos: 19 por presentar información incompleta, 55  información inconsistente y 56 por la ausencia de esta, donde el 2019 mostró la mayor cantidad de casos. Del mismo modo, se puede apreciar que son aproximadamente 10 advertencias por año. Según funcionarios de la Secretaría de Planeación, se han presentado demoras a la hora de hacer llegar la información y los  cambios en la administración no han permitido agilizar este proceso debido a la generación de nuevos criterios. 

 

Por otra parte, los procesos de contratación [3] de las entidades territoriales muestran ciertas debilidades en cuanto a la selección de los contratistas.  Como se muestra en el cuadro 4, la contratación directa representa el 19% y los concursos (méritos, selección abreviada, mínima cuantía y licitación pública) corresponden al 79%. Los último en su mayoría se realizan con un único oferente o no se publica su  convocatoria, situación que para la Contraloría General de la República genera riesgos de corrupción y baja calidad de los bienes – servicios contratados [4].

 

Cuadro 4. Distribución de la contratación según modalidad 2012- 2019
Modalidad de la contratación		Número de contratos	Valor SGR	%
Concurso	Concurso de méritos (ley 1150 de 2007)	133	21.409.140.419	6%
	Selección abreviada (ley 1150 de 2007)	49	36.652.124.394	10%
	Licitación pública (Ley 1150 de 2007)	171	240.518.253.977	63%
	Minima cuantia (Decreto 734, Decreto 1510 de 2013)	62	1.864.571.435	0%
	Subtotal concurso	415	300.444.090.225	79%
Directa	Contratación directa (Ley 1150 de 2007)	122	44.854.463.219	12%
	Contratación con entidades sin Ánimo de Lucro (Decreto 777 de 1992 y art 355 de la C.P)	2	1.160.000.000	0%
	Entidad Pública – Régimen Privado	73	27.449.585.153	7%
	Subtotal directa	197	73.464.048.372	19%
Sin modalidad de contratación		2	5.421.281.794	1%
Total		614	379.329.420.391	100%

Fuente. Elaboración propia con datos del Gesproy.

 

Durante el mismo periodo, el Huila tenía en total 35 contratos suspendidos que suman $72 430 millones de pesos y que corresponde a contratos de obra pública (18), interventoría (16) y convenios con entidades sin ánimo de lucro (1). Estos contratos hacen parte de 19 proyectos por valor de $77 342 millones de pesos. De igual manera, existen 4 contratos sin ejecución por $ 727 millones de pesos y que corresponden a 3 proyectos. La mayoría está relacionado con el sector transporte, específicamente son 18 contratos por $54 725 millones de pesos. Uno de ellos tiene que ver con la construcción en pavimento flexible de la vía que conduce del municipio de Oporapa, por $ 19 119 millones de pesos, cuyo contratista es el Consorcio Vías para el Huila.

 

De igual manera, se presentaron 7 proyectos críticos [5] que suman $13 250 millones de pesos y que pertenecen a los sectores de vivienda (2), agua potable (2) y cultura (2). El primero de ellos es el mejoramiento de 60 viviendas del casco urbano del municipio de Nátaga por $189 millones de pesos y que fue determinado como crítico desde el 31 de marzo del 2016 por presentar insuficiencias técnicas graves relacionadas en gran parte con los acabados, obras recibidas por parte de la interventoría sin haber sido ejecutadas e informes de obras avaladas sin información detallada y ausencia de informes de supervisión. A su vez, posee los contratos liquidados desde el 10 de marzo del 2015 y acto administrativo de cierre con Resolución No. 355 del 29 de octubre del mismo año.

 

El segundo es la construcción de 27 cocinas y 29 baterías sanitarias en el municipio de Villavieja por $ 223 millones de pesos. En este se evidenciaron fisuras, mala instalación, vigas y placas aéreas con acero expuesto. Tampoco se presentaron informes de supervisión y en los de la interventoría pese al concepto favorable emitido, no se realizaron pruebas a los materiales empleados con su respectivo aval de cumplimiento, cronograma actualizado de las obras y el registro fotográfico de los avances. A la fecha el proyecto se encuentra cerrado según resolución 004 del 4 de febrero del 2016 y con contratos liquidados.

 

El tercero es la ampliación del acueducto de potrerillos las veredas La Guandinosa y los Altares en Gigante por $355 millones de pesos. Presenta irregularidades en su ejecución, principalmente por la oposición de la comunidad del Centro Poblado Potrerillos en permitir la instalación de la tubería.Esta situación se debió a la reducción del caudal de la quebrada “Las Vueltas”que nutre el acueducto veredal y la que consideran es insuficiente para también nutrir a las  veredas Los Altares y La Guandinosa. Esta situación conllevo a que los presidentes de las Juntas de Acción Comunal fueran sancionadas con una sanción cuantiosa por impedir la culminación de las obras. 

 

En un principio se proyectó con fecha de culminación el 26 de febrero del 2014, no obstante, fue suspendido en 7 ocasiones por 1551 días y contó con una prórroga de 45 días. Actualmente cuenta con un avance físico del 88% y financiero del 77%.

 

Fuente. Foto tomada por habitante de la comunidad.

 

El cuarto es la construcción de la primera etapa del sendero de interpretación arqueológico y del macizo colombiano en el municipio de San Agustín por $4 726 millones de pesos. El proyecto no garantiza su continuidad y funcionalidad, ya que por ser una vida nacional se requiere que el Concesionario Aliadas para el Progreso otorgue el permiso de intervención vial para poder iniciar obras en el sendero. Fue suspendido en 2 ocasiones por 9 meses debido a deficiencias en los diseños iniciales y trámites de permiso de interventoría vial y los contratos se encuentran suspendidos desde el 29/12/2017; sin embargo, la entidad manifiesto que los componentes del sendero y ciclo ruta no podrán ser ejecutados, por lo que se procederá a liberar los recursos (aproximadamente $2 000 millones de pesos) en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

El quinto es la construcción de unidades sanitaria con sistema de tratamiento en la zona rural del departamento por $ 5 657 millones de pesos. El cual presenta una falta de sostenibilidad, funcionalidad y operatividad que está relacionada con la disminución en el componente del Sistema de Tratamiento para los 47 beneficiarios, teniendo en cuenta que el 10,20% ya construyeron su unidad sanitaria y solo requieren la instalación del sistema.

 

Fuente. Mapa de regalías.

 

El sexto es la construcción del centro de eventos deportivos y culturales del municipio de Villavieja por $1 016 millones de pesos, con un avance físico del 6.88 % y financiero del 99.35 %. Actualmente se encuentra suspendido de acuerdo con el acta de suspensión 04 del 24 de octubre del 2017. El proyecto no cuenta con plan de contingencia y reprogramación para superar el retraso en la ejecución y presenta insuficiencias técnicas graves, ya que la acometida eléctrica y algunas cajas de inspección se construyeron en el lote ubicado en predio de propiedad de la Curia.

El último hace referencia a la construcción de la casa de la cultura en el municipio de Colombia por $1 083 millones de pesos. Se considera que la entidad ejecutora no garantizó que el proyecto cumpliera con su objetivo y alcance, teniendo en cuenta que se realizó un ajuste en tiempo y recursos para lograr completar las actividades indispensables para su ejecución. 

 

 

Del mismo modo, los informes de auditoría realizados por la Controlaría General de la República en el 2018 [6] y 2019 [7] reportaron 5 proyectos con incidencias fiscal, disciplinaria y administrativa, donde los hallazgos fiscales suman $37 millones de pesos. Cabe resaltar que en el proyecto “Construcción en pavimento rígido de la vía que conduce del municipio de Pitalito al Tecnoparque Yamboró, categorizado como crítico, la entidad realizó las reparaciones en lugar del pago por el detrimento patrimonial. 

 

 

Cuadro 5. Hallazgos con presunta incidencia fiscal, administrativa, disciplinaria y penal 2012- 2019
Detalle del proyecto			Hallazgos
Nombre del proyecto	Sector	Valor SGR	Fiscal	Disciplinario	Administrativa
Construcción primera etapa de sendero de interpretación arqueológica y del Macizo colombiano en el municipio de San Agustín	Cultura	4726350607	1.798.655.630.	x	x
Construcción de pavimento en placa huella de la vía Timaná Cosanza L = 4.00 KM en el municipio de Timaná	Transporte	4470500607	1.194.705.987		x
Construcción en pavimento rígido de la vía que conduce del municipio de Pitalito al Tecno parque Yamboró	Transporte	16962652463	37.064.217
Construcción de puente vehicular sobre el río magdalena en la vía cruce a Guacacallo La laguna, municipio de Pitalito	Transporte	4598337837		X
Traslado y construcción de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero municipio de Saladoblanco	Educación	4625950063	80.188.406		x
Total		35383791577	37064217

Elaboración propia con datos de la Contraloría General de la República

 

Esta situación va de la mano con los escándalos que han propiciado los gobernadores del departamento, tal y como lo nombra la investigación desarrollada por Crudo Transparente, Manejo de las regalías en el departamento del Huila [8], donde se resalta el caso de la ex gobernadora Cielo González Villa a quien inhabilitó la Procuraduría General de la Nación durante 11 años por el manejo irregular de $12 mil millones de pesos de regalías, durante su ejercicio como alcaldesa de Neiva en el año 2007. Otro fue lo ocurrido con Luis Guillermo Vélez Cabrera quien se desempeñó como gobernador encargado durante el 2013 y fue sujeto de investigación disciplinaria por haber nombrado, al parecer, una comisión conformada por personas (funcionarias, Diana Marcela Ávila Cárdenas y Amparo Cardozo Cañizales) de la Superintendencia de Sociedades para que desempeñarán labores dentro de la Gobernación estando imposibilitadas para hacerlo con un posible detrimento patrimonial. Finalmente, se expone a Carlos Mauricio Iriarte quien estuvo implicado en varios escándalos entre los cuales se encuentran las obras incumplidas para la rehabilitación de las vías Neiva-Tello-Baraya y Neiva-Palermo por mantener al contratista pese a su mal desempeño. 

 

Transparencia

 

Otro aspecto importante es la participación ciudadana en la presentación de proyectos mediante los comités consultivos y en el ejercicio de rendición de cuentas. Para entender esta dinámica se analizaron las 86 actas de sesión del OCAD Huila desde el 2012 2019  [9] disponibles al público y se evidenció la falta de claridad sobre el concepto emitido por el comité. Por su parte, se menciona la participación de las comunidades indígenas y afrocolombianas principalmente en la exposición de proyectos con enfoque diferencial manifestando que “en cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1530 del 2012, se dio participación remitida por la Secretaría Técnica del OCAD a los Honorables Senadores y Representantes y a los representantes de las comunidades indígenas y afrocolombiana existentes en el departamento y reconocidas ante el Ministerio de Gobierno, para que participaran en la sesión del OCAD”.

 

No obstante, Alexis Arce, Director de la Asociación Afrocolombiana del Huila (AFROHUILA), manifestó mediante entrevista que los representes de la comunidad afro hicieron caso omiso a la invitación, ya que durante los cuatro bienios  no se les aprobó ningún proyecto con enfoque diferencial; no obstante, en sólo 3 actas se afirma no haber recibido ningún tipo de respuesta por parte de esta comunidad. 

 

A su vez, la rendición de cuentas [10] que se lleva a cabo con el fin  de dar a conocer los resultados de su gestión a la comunidad y que se realiza semestralmente mediante un informe público desde el año 2015 (Acuerdo 033 de 2015) carece de un análisis a fondo sobre la situación de los proyectos y su impacto; lo que se convierte en un resumen que no es eficiente para realizar el ejercicio de vigilancia y control. 

 

Conclusiones

 

Durante los siete años del periodo de estudio se logró identificar que la gestión del OCAD departamental del Huila presenta unos problemas que no han permitido el cumplimiento a cabalidad de sus objetivos. Primero, predominan los proyectos de poca envergadura donde el valor promedio es de $1900 millones de pesos y una tendencia al desarrollo de proyectos del sector transporte, vivienda y educación, dejando a un lado los sectores que inciden en gran media en las necesidades de la región, por ejemplo, en agricultura como fuente principal de sustento económico; lo anterior, hace énfasis en la falta de articulación con los planes de desarrollo para lograr una adecuada inversión a nivel local.

 

Segundo, el proceso de aprobación de los proyectos se ha caracterizado por su dilatación debido a reiteradas devoluciones por errores técnicos, demoras en las respuestas y rotación del personal que va de la mano con el cambio de criterios de evaluación.

 

Tercero, se presenta una lentitud en la ejecución de los proyectos por parte de las entidades territoriales, pues el 90 % se demora más de un año después de su aprobación en terminarse, lo que incrementa el riesgo de corrupción. A su vez, la mayoría presenta un mayor avance financiero que físico, lo que podría estar relacionado con el giro de recursos pese a demoras en su culminación.

 

Cuarto, se identifican alrededor de 130 alertas por parte del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, SMSCE, por información incompleta, inconsistente o ausencia de esta. Esto genera un retroceso en la ejecución de los proyectos e incrementa la posibilidad de ser clasificado como crítico.

 

Quinto, todos los proyectos críticos presentan insuficiencias técnicas graves relacionados con los acabados, informes avalados sin información detallada y sin supervisión e irregularidades en la ejecución.

 

Sexto, existen riesgos en materia de contratación. A pesar de que la directa representa el 19 % y los concursos (méritos, selección abreviada, mínima cuantía y licitación pública) corresponde al 79 %, en su mayoría se realizan con único oferente.

 

Séptimo, los mecanismos de rendición de cuentas no informan sobre la situación real de los proyectos que se están ejecutando. Los informes semestrales carecen de análisis sobre las características de estos lo que dificulta el control social como herramienta de buen gobierno. De igual manera, se identifica la falta de canales de comunicación sistemáticas desde la alcaldía y gobernación hacia la ciudadanía.

 

Octavo, tan sólo el 2 % de los proyectos presentan un enfoque diferencial y todos son para beneficio de las comunidades indígenas, desconociendo los 8 375 afrocolombianos certificados por el Ministerio y que viven en su mayoría en la zona rural en malas condiciones. A su vez, la reglamentación para definir este tipo de proyectos es procedimental y tan solo exige que sea presentado por una comunidad étnica.

 

Todo anterior demuestra que se ha invertido una cantidad considerable de recursos para la ejecución de proyectos que hasta el momento no cumplen con los objetivos del SGR y que al analizarse no se consideran sostenibles por problemas en materia de calidad y planeación o han sido objeto de auditoría por parte de la Contraloría General de la República evidenciando detrimentos fiscales, administrativos y disciplinarios. A su vez, su ejercicio se ha visto interrumpido por casos de corrupción de sus dirigentes a nivel municipal y gubernamental. Por esta razón, el alcance  de este órgano se ha visto limitado no sólo por sus acciones internas, sino por problemáticas a nivel global que generan un retroceso en materia de transparencia, eficiencia, eficacia y buen gobierno; por ende, su eliminación podría agilizar el proceso de priorización y de esta manera tener un mayor impacto a nivel regional de la mano con el plan de desarrollo del departamento, evitando la focalización hacia uno o dos sectores y con ello, lograr que se disminuyan los riesgos en ejecución y corrupción. 

 

---

Bibliografía

 

[1] Departamento Nacional de Planeación. (2020). Sistema de Monitorea, Seguimiento, Control y Evaluación SGR. Obtenido de Proyectos aprobados: https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/AvancesOCAD.aspx

[2] Asociación CT Crudo Transparente. (2019). Índice de impacto de los proyectos de regalías 2012 – primer semestre 2019. Obtenido de https://crudotransparente.com/2019/10/31/indice-de-impacto-de-los-proyectos-de-regalias-2012-primer-semestre-2019/

[3] Departamento Nacional de Estadística. (2020). Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del SGR. Obtenido de Relación de Contratos: https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/AvancesOCAD.aspx

[4] Contraloría General de la República. (2017). Los OCAD y la gestión por proyectos. Obtenido de https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Publicaciones/Los%20OCAD%20y%20la%20gest%C3%B3n%20por%20proyectos.pdf

[5] Departamento Nacional de Planeación. (2019). Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación SGR. Obtenido de Listado de proyectos críticos : https://www.sgr.gov.co/SMSCE/SeguimientoSGR.aspx

[6] Contraloría General de la República. (2018). Informe de Auditoría de Cumplimiento AT. Obtenido de https://www.contraloria.gov.co/web/regalias/home?inheritRedirect=true

[7] Contraloría General de la República. (2019). Informe Actuación Especial de Fiscalización AT N° 10 – 2019. Obtenido de https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/regalias/auditorias-regalias-liberadas-ano-2019/-/asset_publisher/b5mCbBCyUQ8V/document/id/1566420?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%3A443%2Fresultados%2Fproceso-auditor%2Fauditorias-liberadas%2Fregalias%2Fauditorias-regalias-liberadas-ano-2019%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_b5mCbBCyUQ8V%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_ssfLRJBnaAvd__column-1%26p_p_col_count%3D1  

[8] Asociación CT Crudo Transparente . (2019). Manejo de las regalías en el departamento del Huila. Obtenido de https://crudotransparente.com/2019/10/23/manejo-de-las-regalias-en-el-departamento-del-huila/

[9] Gobernación del Huila. (2019). OCAD Departamental del Huila. Obtenido de Actas y Acuerdos OCAD: https://www.huila.gov.co/publicaciones/6097/actas-y-acuerdos-ocad/

[10] Gobernación del Huila. (2019). OCAD Departamental del Huila. Obtenido de Rendición de cuentas: https://www.huila.gov.co/publicaciones/3211/rendicion-de-cuentas-sgr/