Columna de opinión semanal
Lo que dejó el despido de Morelli para la industria.
El lunes 17 de febrero del 2020 el mandatario Iván Duque, junto con el Ministerio de Minas y Energía, declararon insubsistente al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Miguel Morelli. Alrededor de esta decisión se ha hablado sobre razones de peso entre las que se encuentra sus disentimientos con la ministra de la cartera, María Fernanda Suárez, temas relacionados con clientelismo, corrupción y la contratación de personas de dudosas competencias para algunos cargos dentro de la Agencia.
Actualmente, la Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar sobre supuestos sobrecostos, alrededor de 2.240 millones de pesos, correspondiente al canon de arrendamiento por 18 meses del edificio donde se encuentra la entidad. Según el organismo de control, el detrimento patrimonial alcanzaría los 1.302 millones pesos con una posible incidencia disciplinaria y fiscal.
A este caso se le suman los aumentos injustificados de 8 a 22 millones en los salarios devengados por algunos contratistas, el ascenso de Marcela Clavijo Pantaleón a directiva de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH), y otros nombramientos de personas con experiencia insuficiente. Además, existen otras denuncias por gastos excesivos de los eventos en diferentes regiones y una posible asignación “a dedo” de compañías para los planes de manejo ambiental en áreas de geología y geofísica para el subsuelo.
Lo preocupante de estas acciones es que dentro del sector, la ANH es conocida como “el aeropuerto”, “porque allí todo el mundo aterriza”, cuando esta institución es la encargada de promover y administrar una de las industrias más importantes del país, que representa 24 billones en solo regalías y el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Por otro lado, el detrimento patrimonial es alarmante, porque pone en tela de juicio todos los procesos que desde la Agencia se llevan si se tiene en cuenta que esta entidad maneja alrededor de 650.000 millones al año para su funcionamiento. El hecho de hacer contrataciones sin comparar cuáles serían las mejores opciones para la Agencia y asignar los sueldos de algunos contratistas por montos altos sin ninguna justificación, también hace dudar sobre la transparencia de los funcionarios al interior de la entidad y más cuando se piensa en los procesos de aprobación de estudios de tanta relevancia como el análisis de sísmica.
El despido de Morelli confirmó mucho rumores en el sector petrolero, como las discrepancias que tenía con la Ministra María Fernanda Suárez, quien se sentía incómoda por el respaldo político de parlamentarios de la Comisión Quinta del Senado al expresidente de la ANH. Según el diario El Tiempo, Suárez ya tenía conocimiento de los presuntos problemas de clientelismo y mal manejo de la entidad, por lo que decidió no asistir al consejo directivo de la ANH por más de un año.
Todo esto permite llamar la atención de los nuevos retos del próximo director de esta entidad que estarán enfocados en la realización de las subastas petroleras previstas para este 2020, así como el inicio de la exploración en yacimientos offshore, como el Pacífico. Por último, lo más primordial debe ser recuperar la imagen de la institución a través de una labor responsable, donde se garantice la transparencia en los procesos de contrataciones y el buen funcionamiento del trabajo que desde allí se hace para la armonización de las relaciones entre comunidades, Gobierno e industria.
Noticias
¿Es Colombia una potencia energética?
El pasado miércoles 19 de febrero, el Diario La República organizó un foro denominado “Colombia como potencia energética”, donde se trataron los temas de transformación energética, avances en el sector minero energético, retos y oportunidades gasíferas para el país, entre otros temas. Dentro de los ponentes se encontraban Diego Mesa, Viceministro de Energía; Felipe Bayón Pardo, Presidente de Ecopetrol; Alberto García Blanco, Country Manager de Drummond Energy ,y el Vicecontralor General, Ricardo Rodríguez Yee.
Diego Mesa manifestó que hay una correlación directa entre el Índice de Desarrollo Humano y la concentración energética, sin embargo, el tema energético aparte de ser importante a nivel social hace parte de un valioso rubro económico para el país, por lo que es pertinente tener espacios de discusión.
De acuerdo con el viceministro, a futuro el carbón y el crudo van a perder participación dentro de la matriz oferente, pero va a ganar contribución el gas y las energías renovables, además, para Mesa, este proceso más que catalogarse como una transformación energética será una adición energética, donde las nuevas fuentes entran a sumarse para abastecer la demanda nacional.
Por su parte, Felipe Bayón dentro de su intervención, resaltó los triunfos de Ecopetrol, en primera medida, la compañía opera en más de 330 municipios dentro de todo el territorio nacional, lo cual trae beneficios a nivel de regalías. En segunda medida, el Gobierno es el mayor accionista, con un 82 %, lo cual representa ingresos considerables para la nación; no obstante, hay más de 3 000 accionistas tanto nacionales como internacionales ,y como tercer punto, expresó que uno de las ventajas que ha traído la empresa a las comunidades es que más de 1 000 000 de personas tengan acceso al agua potable. Por último, señaló que uno de los retos es el de desplegar la innovación tecnológica dentro de los campos y las refinerías petroleras, hasta el momento se está llevando un proyecto piloto al respecto en Barranca.
Entre otras cosas, el vicecontralor General, Ricardo Rodríguez Yee dio cuenta de que el sector sólo recibe una denuncia semanalmente, con respecto a otros temas como los de educación o salud que reciben más de 7 por semana. Además, el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales Segovia, dijo que al ser el gas uno de los recursos predominantes para hacer la transformación energética, la alta demanda creará un mercado de gas creciente, lo cual es un incentivo para los inversionistas.
Con respecto al fracking, el presidente de la Junta Directiva de Acipet, Carlos Alberto Leal Niño, expresó que los yacimientos no convencionales pueden abrir la puerta a una gran oportunidad para el país en términos de exportación, pues los mismos pueden ofrecer una producción de entre 10 a 150 millones de terapies de gas.
Por último, una de las consultoras de la Misión de Transformación Energética, Carmenza Chanin Álvarez expuso que con respecto a las recomendaciones que hizo la Misión, hizo falta incluir la adaptabilidad de las industrias a los nuevos avances tecnológicos y a los retos que imponen estos gestores, además opinó que entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) con sus regulaciones no dejan nada de creatividad e independencia a los empresarios o tomadores de decisiones dentro de la industria.
Explosión de oleoducto en el Cesar deja daños ambientales
Los ataques contra la infraestructura petrolera se han incrementado en el país en lo que va recorrido del 2020. La carga explosiva fue detonada en el Oleoducto Ayacucha Galán entre Aguachica y Gamarra, donde se transportaban hidrocarburos desde Barrancabermeja hasta Cartagena, dañando la base del tubo de 14 pulgadas.
Esta explosión ha causado unas grandes pérdidas ambientales, producto del incendio forestal, extendiéndose hacia la zona boscosa, en especial con cultivos de yuca en la vereda Corrales.
El tubo afectado no transportaba en ese momento combustible, pero si contenía residuos acumulados que al parecer al tener contacto con las chispas de la detonación, originó la conflagración.
Ante la pérdida de esta cosecha, los dueños de los cultivos afectados, afirmaron que no podrán responder con la responsabilidad que tenían con el banco, ya que era la primera en este año.
El comandante de la Policía Alex Molina, anunció que están investigando el caso para determinar quiénes fueron los responsables y que tipo de explosivo fue el que utilizaron.
Vía Noticias RCN: Grave daño ambiental deja atentado contra Oleoducto en Cesar 02/24/2020.
I Foro por la Dignidad de los Trabajadores & Empresarios de Casanare
El pasado 22 de febrero en Yopal, Casanare se llevo a cabo el primer foro convocado por la Asociación de Trabajadores y Empresarios de Casanare (ASPEC), concejales, veedores laborales, representantes de la gobernación, el congresista César Ortiz Zorro y como ponente el Ingeniero de petróleos Oscar Vanegas, al espacio asistieron aproximadamente 200 personas provenientes de diferentes municipios del departamento.
La propuesta de ASPESC, líderes sociales y políticos asistentes al espacio estuvo orientada a la necesidad de priorizar la contratación de profesionales y empresarios casanareños en las actividades propias de la industria de hidrocarburos, pues según los organizadores el nivel de desempleo y la quiebra de las pequeñas empresas están en aumento. Lo anterior pone sobre la mesa una serie de invitaciones:
- A la industria petrolera, en especial a Ecopetrol, se invita a tener un diálogo específico en temas laborales, pero sobre todo un diálogo profundo y transparente en el que se conozca con precisión las ofertas laborales y de bienes y servicios para Casanare. En ese sentido, se busca que las condiciones de acceso y selección cumplan con la legislación (decreto 1668 de 2016), así como con los acuerdos entre industria y comunidad realizados hasta el momento. Finalmente, se invita a la industria a tener un alto grado de concientización y solidaridad en la asignación de oportunidades laborales, teniendo en cuenta esta acción como una medida de compensación a los impactos sociales que trae consigo los proyectos petroleros.
- A la ciudadanía por su parte le deja la tarea de estar informada, atenta a los procesos, de hacerse participe de los escenarios de concertación que se realicen y a especializarse y certificarse con entidades competentes para así aplicar a cualquier oferta con el lleno de los requisitos. En esta línea, el ingeniero Oscar Vanegas invitó a los asistentes a conformar un comité de auditoría a la contratación de mano de obra en el sector de hidrocarburos, la cual fue aplaudida y bien vista por los asistentes.
Finalmente, surgió durante el encuentro la invitación a crear una Política Publica Laboral. Esta propuesta la hizo Libardo Carreño coordinador de la veeduría por la Dignidad de los Trabajadores y Empresarios de Casanare a los concejales quien también sugirió que se debe buscar tener en cuenta entre otros aspectos:
“mayor publicidad de las vacantes (por diferentes medios, con un tiempo razonable y acorde al alcance de las comunidades en cuanto acceso a la información) y certificados de residencia más garantistas (8 a 10 años de residencia Vs 1 año)”.
Casanare es un territorio que no difiere en cuanto al tema de contratación laboral, de bienes y servicios de otros departamentos de Colombia que son influencia de la industria petrolera, siendo este tema una constante respecto a la conflictividad. Es así que el Foro por la Dignidad de los Trabajadores se constituyó en un espacio que convocó a los diferentes actores y propuestas por lo que se espera que facilite la llegada a acuerdos y se convierta en un punto que motive a las comunidades casanareñas a capacitarse y fortalecer sus habilidades de manera que reúna las competencias para la industria.
Minería y Regalías en el Cesar
El 20 de febrero tuvo lugar en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar (Cesar), el Foro “Minería, visión 2020: avances y retos de un sector que construye región” con la participación de la Directora de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib Daza; el Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías (Csir); el Secretario de Minas y Energía del departamento, Manuel Mejía Pallares y el Representante a la Cámara por el Cesar, Christian José Moreno.
Silvana Habib realizó una presentación donde expuso los avances del país con relación a la minería 4.0 que está basada en Big Data y acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia, automatización y digitalización e innovación. Con lo anterior, nace AnnA (Acceso al Alma Minera de Colombia) Minería como el nuevo catastro minero, un sistema geográfico que permite tener una trazabilidad y un claro conocimiento del ciclo minero, ayuda a gestionar los títulos, solicitudes y trámites eficientemente, permite a la ciudadanía verificar que las zonas donde se está desarrollando la actividad cuentan con la licencia ambiental requerida y muestra información sobre las comunidades indígenas presentes en las zonas de influencia del sector minero.
Así mismo, Astrid Navarro, secretaria técnica del Csir se encargó de la presentación relacionada con el manejo de las regalías en el Cesar. Entre los principales hallazgos del Comité con respecto a la inversión de los recursos de regalías en el departamento se encuentran problemas en la formulación, retrasos en las obras, fallas en la contratación y la dificultad en los municipios para formular y proponer proyectos ante los OCAD por falta de capacitación de los funcionarios públicos y de las comunidades.
Por su parte, Christian Moreno explicó el acto legislativo que modifica el Sistema General de Regalías y que surgió por la necesidad de la equidad en las inversiones. Lo que se ha analizado es que muchos de los proyectos financiados con estos recursos no han tenido un impacto social y económico para las regiones del país. Por ello, afirmó que con la modificación se buscaría una inversión en términos de pertinencia y calidad; además hizo un llamado para que los jóvenes del departamento tomarán un rol más participativo y activo con respecto a la supervisión de las inversiones con recursos de regalías.
En conclusión, que se generen estos espacios de socialización sobre la industria extractiva en las universidades resulta clave para que desde allí se despierte el interés, que en ocasiones parece perdido, por conocer los avances, retos e impactos que el sector genera en los territorios donde se desarrollan actividades de explotación de recursos no renovables. Además, es tiempo de que la academia tome un rol más analítico y participativo en las decisiones que se tomen con respecto a la inversión de las regalías midiendo la pertinencia y coherencia de los proyectos que se ejecutan en sus territorios.
En Colombia Ecopetrol anunció la construcción de parque solar en Castilla
Ecopetrol anunció el pasado miércoles 19 de febrero la creación del segundo parque solar en Colombia que cuenta con una capacidad de 50 MW, cuya finalidad es la de transportar hidrocarburos y en donde quedará la sede de su filial de transporte y logística: Cenit SAS. Según lo que informó la compañía petrolera, este parque está situado en el municipio de Castilla La Nueva, ubicado en el departamento del Meta, departamento destacado por tener un incremento en su desarrollo cultural y tecnológico a raíz de sus grandes reservas de petróleo.
Se espera que el parque haga apertura a mediados del 2020, entrará en operación en diciembre y su extensión será de 46 hectáreas, con la instalación de 100 paneles solares. Con el proyecto se busca autoabastecer la demanda de energía de las estaciones de bombeo de San Fernando y Apiay, así como de los campos petroleros de Castilla y Chichimene ubicados en los Llanos Orientales.
La capacidad instalada de la energía fotovoltaica del Grupo Ecopetrol, será de 70 megavatios en menos de dos años, es 100% renovable es un contrato de 15 años, y evitara 410.000 toneladas de dióxido de carbono sean liberadas a la atmósfera.
Indígenas de la Amazonía Colombiana exigen respeto por el Mandato Espiritual
La Semana por la Amazonia Colombiana “Vida, Territorio, Espiritualidad” llevada a cabo del 19 al 23 de febrero de 2020 en la ciudad de Bogotá, fue un espacio para dar a conocer las principales problemáticas de los 56 pueblos indígenas presentes en esta zona del país. Contó con la presencia de Parques Nacionales Naturales, La Coalición para la Promoción de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas Amazónicos y la Protección del Medio Ambiente, el Centro de Estudios para la Justicia Social, La Asociación de Ambiente y Sociedad, La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Rainforest Foundation Norway y DAUPARÁ.
Se llevaron a cabo círculos de la palabra sobre: las áreas estratégicas mineras, el industrialismo y el cosmos. Donde se manifestó que el Gobierno Nacional para el desarrollo de este tipo de proyectos no llevó a cabo procesos de consulta previa con población étnica que concluyeran en consentimiento previo, libre e informado; así como, la falta de estudios socioambientales que permitieran establecer la afectación real de los factores bióticos y abióticos, las alteraciones en el uso productivo del suelo, la importancia cultural del territorio para las comunidades y el impacto en las actividades económicas.
Razón por la cual, la comunidad le dice no:
- Al actual modelo de desarrollo extractivista colombiano
- La explotación minera y petrolera en el Putumayo y Caquetá
- La minería de oro, hierro, coltán y uranio en Vaupés y Guainía
- Las represas hidroeléctricas
- La ganadería extensiva y la agroindustria
- La militarización
- Las patentes y apropiación de conocimiento ancestral
- La creación de parques nacionales naturales
De igual manera, exigen la suspensión de proyectos de explotación minera e hidrocarburífera ya existentes y que el Gobierno se abstenga de realizar más en territorios con presencia indígena. A su vez, solicita que se respete su mandato ancestral y se realice un adecuado ordenamiento territorial en concertación con las autoridades locales que tome en cuenta la vocación y destinación productiva del territorio.
Pese a la importancia del evento, faltó la participación de la administración local de los departamentos afectados y que se diera un espacio de discusión sobre: los conflictos que se han creado u agudizado por los traslapes de resguardos indígenas debido a la presencia de bloques petroleros, considerando que en las áreas determinados como disponibles por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se encuentran 26 resguardos indígenas de los departamentos de Putumayo, Guainía, Caquetá y Guaviare; la deforestación y el impacto de los procesos de militarización.
Columna de opinión regional
Retorno del temor por desconocimiento
Un descontento del pasado parece volver a tomar fuerza dentro de la población indígena Inga de Villagarzón, Putumayo, quienes mediante una tutela presentada en 2015, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, por habitantes pertenecientes al resguardo San Miguel lograron detener en 2018 trabajos exploratorios de la petrolera canadiense Gran Tierra Energy en cerca de 46 000 hectáreas donde hay presencia permanente de esta comunidad.
Tanto la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dieron vía libre en 2009 a la adjudicación del área mencionada anteriormente a favor de la multinacional para que esta iniciara un proyecto conocido como APE-La Cabaña. Sin embargo, en aquel tiempo no se llevó a cabo el procedimiento adecuado, pues se dejó de un lado el mandato constitucional de Consulta Previa dentro de los habitantes indígenas de estas tierras. Hasta se llegó a desconocer su existencia por medio de la Resolución 0573 del 3 de abril de 2012 emitida por la entonces Dirección Nacional de Consulta Previa.
El fallo del alto Tribunal hace especial énfasis en el “derecho a la consulta previa como modalidad especial del derecho a la participación” y llamaba a que la ANLA verificará los procedimientos llevados a cabo para otorgar dicho licenciamiento. En su momento la Defensoría del Pueblo se presentó en el lugar confirmando la presencia de de comunidad indígena. Al año en curso, aún no se tiene conocimiento de la decisión del Gobierno central respecto a este tema, lo que sí viene manifestando la comunidad es que se pretenden retomar estas labores sin consentimiento y consulta previa.
La preocupación no está de más, pues la administración Duque reformuló, mediante el Decreto 2354 de diciembre de 2019, la estructura del Ministerio del Interior y dentro del mismo la Dirección de Consulta Previa que pasó a llamarse Autoridad Nacional de Consulta Previa (ANCP). Vale la pena aclarar que dentro del gremio empresarial petrolero se propende por tener mayor claridad acerca de este tema y los debidos procesos. La ex ministra Nancy Patricia Gutiérrez señalaba en un foro minero energético que: “la consulta previa de seguridad para la inversión” sería prioridad para el Gobierno.
Lo ideal no sería solo la seguridad para la inversión; trabajar por el crecimiento y desarrollo económico del país, además de su autosuficiencia energética, no debe ser sinónimo de desconocer a población y las herramientas con las que se pueden reclamar derechos constitucionales como lo es el mandato de Consulta Previa en territorios étnicos. Proteger las costumbres ancestrales, raíces y conocimientos que aún desconocemos también es compromiso de todos.
Resulta preocupante que se desconozca la existencia de una población que lleva más de 100 años habitando esta parte del Piedemonte Amazónico putumayense, personas que velan por mantener un equilibrio fundamental entre el hombre y las fuentes hídricas, para ellos, la vida en todo su esplendor. Queda esperar lo que resuelva la ANCP alrededor de esta preocupación que vuelve a aparecer con la preocupación de una necesaria consulta para este territorio y el pedido al Gobierno central de no tomarlos por invisibles.
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