Por: Alejandro López

 

Introducción

 

La intención de este trabajo es, de una parte, presentar las principales características del bloque Capachos en Arauca, que adquirió notoriedad en el sector petrolero a raíz de un importante descubrimiento de crudo liviano y gas en junio de 2019. Operado por la compañía canadiense Parex, el bloque comenzó su reactivación a partir de 2017 después de haber estado improductivo durante casi un lustro. De otra parte, el objetivo de la investigación también es hacer un recorrido histórico del bloque el cual apareció en la escena petrolera del país en 1997, cuando se firmó el primer contrato para su exploración, y que posteriormente estuvo operado por la multinacional española Repsol hasta 2012 quien tenía además porcentajes de participación en otros contratos del departamento.

 

Además, se abordará la relación de Capachos con el resguardo indígena Angosturas, del pueblo U’wa, debido a la proximidad entre ambos y la ausencia de consulta previa con esta comunidad.  Este aspecto, como se verá, se puede entender a partir de lo sucedido con el renombrado pozo Gibraltar, en el extinto bloque Samoré, y la lucha que mantuvo este pueblo indígena en contra de la explotación de hidrocarburos en su territorio, en jurisdicciones de Boyacá, Norte de Santander y Arauca.

 

Para la elaboración de este trabajo, se consultaron múltiples fuentes bibliográficas y se realizó una visita al resguardo de Angosturas para obtener información de primera mano sobre la relación de sus habitantes respecto a la presencia de las diferentes compañías que han hecho presencia en la zona. El escrito divide la historia del bloque en dos periodos: el primero, cuando Capachos estuvo a cargo de Repsol y el segundo, cuando empezó su reactivación por parte de Parex. Un tercer apartado se centra en los antecedentes de dicho resguardo y aborda el tema de la consulta previa, así como el rol que jugó el Estado colombiano y las empresas sobre este aspecto.

 

Ubicación de Capachos y Angosturas

 

En términos generales, el bloque Capachos (ver mapa 1), ubicado en Tame, Arauca, es un área de producción de 25 930 hectáreas sobre la que existe un contrato de Convenio de Asociación entre Ecopetrol y la canadiense Parex Resources Inc, con una participación del 50 % cada una. El bloque tiene tres campos, Capachos, Andina y Andina-Norte, aunque los dos primeros son los realmente productivos y juntos registraron durante los meses de enero a mayo de 2020 un promedio de 6 372 BPDC, que representaron un incremento del 500 % respecto a lo producido en 2018 (1 062 BPDC) y del 44 % respecto del 2019 (4 419 BPDC) [1]. Este incremento en la producción se debe principalmente a un importante hallazgo de crudo liviano de 40° API (además de una importante reserva de gas natural) en junio de 2019 [2].

 

Mapa 1. Bloque Capachos en el departamento

Fuente: Geovisor ANH

 

Por otro lado, el resguardo indígena Angosturas del pueblo U’wa, fue creado mediante resolución del INCORA en julio de 1986 con una extensión de 3 282 hectáreas; está ubicado en jurisdicción de Tame y actualmente alberga a 64 familias, que representan 230 personas. La vía de acceso, desde la carretera principal Tame-Fortul, a la casa comunal y a la escuela del resguardo, es la misma para acceder al campo Capachos donde se encuentra el pozo productor Capachos-2.

 

En el mapa 2 se puede observar el área de la Licencia Ambiental Global (de color naranja con líneas transversal) otorgada por el Ministerio de Ambiente en 2005 para el desarrollo del bloque petrolero, y el área de Angosturas (delineado con morado al oeste de Capachos), que es el resguardo U’wa de menor extensión del departamento. El mapa también muestra parte del bloque exploratorio Catleya (delineado con rojo), en el que Repsol había adquirido participación del 50 % después de que la OXY cediera sus derechos a Ecopetrol, cuando el bloque Samoré se convirtió en los bloques Sirirí y Catleya.

 

 Mapa 2. Resguardo Angosturas y Área de Licencia Ambiental Global de Capachos

Fuente: Observatorio de Conflictos Ambientales-OCA

 

 

Periodo Repsol

 

La historia del bloque Capachos comienza en julio de 1997 cuando Ecopetrol y la compañía estadounidense Atlantic Richfield Corporation-ARCO firman un contrato de exploración petrolera. Al año siguiente, el entonces Ministerio de Ambiente le otorga una licencia ambiental a ARCO quien debía realizar un estudio de impacto ambiental que, de acuerdo con la ley, incluyera la consulta a las poblaciones indígenas asentadas en el área de influencia del proyecto. Fue así como la empresa  consultó al Instituto Colombiano de Antropología-ICAN y a la Dirección de Asuntos Indígenas-DAI del Ministerio del Interior, los cuales coincidieron en identificar los territorios tradicionales de las comunidades indígenas Angosturas (U’wa) y Puyeros (Macaguán), quienes debían participar en dicha consulta; sin embargo, ni a corto ni largo plazo esto ocurrió, por los siguientes motivos [3].

 

En el año 2000 aparece en escena la multinacional española Repsol Exploración Colombia, cuando comunica al gobierno colombiano que ARCO le ha cedido el contrato Capachos. La nueva empresa se dirige también al ICAN y a la DAI del Ministerio del Interior sobre el tema de la presencia de poblaciones étnicas en el área de exploración, pero por razones aún desconocidas, ambas instituciones negaron su existencia [4].

 

Así, con este panorama Repsol no tenía dificultades para finalizar su estudio de impacto ambiental y  no estaba obligada a realizar el proceso de consulta previa con los U’wa y al año siguiente, en 2001, el Ministerio de Ambiente le otorga la Licencia Ambiental. Como se ampliará más adelante en la tercera sección, este hecho está estrechamente ligado a lo ocurrido por la misma época con el pozo Gibraltar-1 y la creación del Resguardo Unido U’wa.

 

De acuerdo con las fuentes consultadas [5] hay un hecho que llama la atención,  y es que la licencia ambiental que le otorga el Ministerio de Ambiente a ARCO (Resolución 0157 de 1998) en la que se reporta la presencia de comunidades indígenas, tiene el mismo número que la licencia concedida a Repsol en 2001, donde ya no figura la existencia de las mismas. De modo que antes de continuar con los antecedentes históricos de Capachos, es preciso detenerse un instante para reseñar otras actividades de Repsol en Arauca.

 

Según el Observatorio de Multinacionales en América Latina-OMAL, el primer contrato firmado por Repsol en Colombia data de 1987 cuando adquirió una participación del 5 % en la Asociación Cravo Norte, la misma que explota el campo Caño Limón. No obstante, fue a partir de 1999 que empezó a expandir sus actividades en Arauca mediante la compra de las participaciones de la empresa ARCO en los contratos San Miguel y Capachos [6]. Aunque esta compañía amplió su presencia en el país entre 1999 y 2006 -asumiendo contratos de evaluación técnica, exploración y explotación tanto en los Llanos Orientales como en la Costa Atlántica-, sus operaciones se desarrollaron principalmente en Arauca, como por ejemplo su participación del 6,25 % en el bloque Rondón (donde se encuentra el campo Caricare); así como el 50 % en el bloque Catleya (área que estuvo incluida dentro del antiguo bloque Samoré, que fue objeto de la lucha del pueblo U’wa en contra de la OXY y Ecopetrol).

 

En su “Informe de Responsabilidad Corporativa” de 2012 y debido a un cambio de estrategia adelantada desde 2010 por la compañía, Repsol comunica que Capachos ha sido abandonado y por tanto desmantelan el campo y ceden a Ecopetrol la Licencia ambiental y las servidumbres [7]. De otra parte, también en 2010 el Ministerio de Ambiente ordena la apertura de una investigación a esta empresa para verificar si incurrió en alguno de los siete hechos imputados, entre ellos vertimientos de aguas residuales, quemas de gas sin autorizaciones, falta de monitoreo de la calidad de aire y ruido en el desarrollo de las pruebas de producción. Debieron pasar siete años para que la ANLA declarara en 2017 como responsable a Repsol por uno de los siete cargos formulados y le impusiera una sanción ambiental con una multa de $2.799 millones de pesos [8].

 

Periodo Parex

 

En mayo de 2014 la canadiense Parex Resources Inc. firma con Ecopetrol un acuerdo de Adquisición de Derechos para desarrollar en conjunto el bloque Capachos. En su primer informe trimestral de ese año, la empresa anuncia que “pagará el 100 % de los costos de dos pozos en el área clave de desarrollo Capachos, para reactivar el campo, obtener una participación activa del 50% y el derecho a ser operador” [9]. Solo es hasta marzo de 2018 cuando la ANLA autoriza, a favor de Parex, la cesión total de los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada en 2001, así como de la Licencia ambiental Global del 2005, que habían sido otorgadas por el Ministerio de Ambiente a la compañía Repsol para el desarrollo exploratorio de este bloque [10].

 

Solo es hasta marzo de 2017 cuando los medios de comunicación araucanos informan sobre la reactivación de este proyecto petrolero en Tame, lugar al que acudieron funcionarios de los ministerios de Minas y del Interior, junto con el presidente de Parex para Colombia, Lee DiStefano y algunos miembros de la embajada de Canadá [11]. El rol de Parex desde la reactivación del bloque ha estado enfocado al fortalecimiento de las relaciones con las autoridades y comunidades, además de gestionar la contratación de proveedores locales, los cuales considera puntos clave para generar confianza entre los grupos de interés frente a la operación de Capachos [12]. 

 

No obstante, Parex tuvo varios inconvenientes para dicha reactivación del bloque y el comienzo de sus operaciones se retrasó varios meses más de lo previsto, debido a la oposición de varias comunidades campesinas aledañas al proyecto, pero principalmente por la comunidad indígena U’wa de Angosturas. Incluso, entre octubre y noviembre de 2017, estuvo bloqueado el ingreso a las zonas productivas del campo Capachos, como medida de protesta en el marco de la movilización “Minga social por la Vida” que se adelantaba en ese momento en varios lugares del departamento, pero también para poner en conocimiento público que la nueva empresa petrolera no había realizado el proceso de consulta previa con las autoridades indígenas [13].  

 

Ahora bien, la empresa no estaba  obligada a realizar dicho proceso de consulta porque cuenta con la Certificación 1451 de 2014  de la Dirección de consulta Previa del Min.interior, según la cual “en el área del proyecto ‘Campo Capachos’ no se registra la presencia de comunidades indígenas” [14]. Tal y como ocurrió entre 2000 y 2001, con este documento la respectiva empresa avanza en los requisitos para obtener la licencia ambiental, ágilmente y sin los obstáculos o demoras que puedan surgir en un proceso de consulta previa.

 

Además, Parex operaba el campo en los términos y condiciones de la licencia dada por el MinAmbiente en 2001, que en su momento también contó con un certificado igual del Min.Interior sobre existencia de minorías étnicas en el bloque. Es decir, con esto las empresas y el Estado colombiano le dejan claro a los indígenas que Capachos y el resguardo son áreas que no se traslapan y por tal motivo no es exigible el derecho a la consulta previa.

 

Estos hechos fueron comunicados por Parex al cabildo del resguardo Angosturas y a los demás líderes indígenas que estaban respaldando a esta comunidad durante sus manifestaciones en octubre de 2017. Entonces, sin armas jurídicas para reclamarle a la empresa y continuar con sus exigencias, y además, en vista de que las comunidades campesinas habían “negociado” con la empresa, las autoridades U’wa del resguardo terminan por ceder ante la actitud conciliadora de la compañía, con quien llegan a una serie de acuerdos que se han venido materializando por medio de “aportes voluntarios”, vinculación laboral y donaciones de materiales educativos.

 

De modo que, superados los escollos, la compañía adopta una actitud generadora de confianza y abierta al diálogo, tanto con las autoridades locales como con las comunidades. Por eso establece acuerdos en aspectos laborales y de contratación de proveedores y fortalece su estrategia de responsabilidad social evidenciada en diferentes obras de inversión. Así por ejemplo, en Tame la empresa  entregó el primer proyecto de Obras por Impuestos en el país, el cual tuvo por objeto la dotación de mobiliario y equipos a seis instituciones educativas municipales; además, la empresa ha invertido $1200 millones para el mejoramiento y adecuación del sistema de acueducto veredal para la comunidad de Corocito, en Tame también y del cual se han beneficiado más de mil personas [15].  

 

 

 

Relación actual del bloque Capachos con Angosturas

 

De acuerdo con la entrevista realizada al gobernador del resguardo, Luis Fernando Plazas, así como a un mayor de la comunidad, Félix Alberto Vásquez, se conoció que entre 1998 y 1999 el cabildo del resguardo sostuvo algunas reuniones con la compañía ARCO que tenía que realizar la consulta previa para empezar sus operaciones en el bloque. Según cuentan, de manera inesperada esta empresa no regresó y con quien tuvieron de nuevo contacto fue con algunos representantes de Repsol entre los años 2000 y 2001, empresa que mostró una cara favorable en un principio, pero de la que pronto se enteraron que no iba a llevar una consulta previa con la comunidad indígena [16]; estos hechos son corroborados por las fuentes bibliográficas.  

 

Como ocurrió en todo el departamento, el conflicto armado tuvo su punto más álgido entre 2002 y 2005 y los habitantes de Angosturas no estuvieron ajenos a este flagelo. En estos años hubo intimidaciones, amenazas e incluso asesinatos de los líderes del resguardo y en general contra todos los líderes sociales, ambientales e indígenas de Arauca, por lo tanto, en ese contexto de miedo y violencia las autoridades U’wa no tuvieron cómo, ni a quién exigir su derecho a la consulta previa. Al contrario, lejos de poder manifestarse o levantar la voz, la comunidad ve restringida la movilidad en su territorio por la presencia de los diferentes actores armados, tanto estatales como ilegales, que en esa época protagonizaron continuos enfrentamientos.

 

Ahora bien, es preciso entender las razones por las cuales los pozos productivos de Capachos están a una distancia tan corta del área del resguardo angosturas, así como el hecho de que la consulta previa no se haya realizado, cuando en un principio se reconoció la presencia de minorías étnicas en el área de influencia del proyecto petrolero. Para este propósito, se debe recordar lo sucedido con el bloque Samoré y la lucha social y legal que protagonizó el pueblo U’wa entre los años 1995 y 2002, en contra de las actividades de exploración y explotación de la OXY y Ecopetrol dentro de su territorio; ya que este caso determinó las circunstancias en las que el bloque Capachos iba a ser explorado.

 

Aunque en el caso Samoré hay un complejo entramado jurídico que no se pretende abordar aquí, cabe resaltar dos aspectos importantes que se derivaron de esta controversia. En primer lugar, mediante el extinto INCORA el gobierno colombiano decidió en 1999 ampliar el territorio U’wa, el cual pasó de tener un área de 65 mil hectáreas, para delimitar así el Resguardo Unido U’wa con una extensión de 220 mil hectáreas (ver mapa 3).

 

Sin embargo, solo unos meses después de la constitución de este resguardo, el Ministerio de Ambiente le otorgó una licencia ambiental a la OXY para la perforación exploratoria del pozo Gibraltar-1, en el bloque Samoré, que modificó su área de exploración ajustándose a los linderos establecidos para el nuevo Resguardo Unido. Ante este hecho, las autoridades indígenas se sienten engañadas e interponen una acción de tutela en marzo de 2000, que en un principio se le concedió a los U’wa, pero que luego de la apelación se revocó el fallo y, finalmente, se dio vía libre a la exploración de Gibraltar-1, la cual ya no realizaría la OXY, porque en 2002 cede todos sus derechos a Ecopetrol quien, luego de perforar este pozo, solicita licenciamiento para la exploración de los nuevos bloques derivados de Samoré : Sirirí, Catleya y Mundo Nuevo [17]. 

 

Mapa 3. Resguardos U’wa de Arauca (83, 88, 68, 78, 63, 86) y Resguardo Unido U´wa (649)

 

Fuente: Geoportal IGAC.

 

El segundo aspecto derivado de este caso, fue la posición que adoptó el pueblo U’wa respecto a la consulta previa, que había sido reglamentada con el Decreto 1320 de 1998, expedido por el Ministerio del Interior, el cual generó controversias por aspectos de legalidad, legitimidad y ámbito de aplicación. El posicionamiento de los indígenas fue el rechazo a la consulta en los términos de dicho decreto, fundamentalmente por la restricción de su derecho al veto de este tipo de proyectos y porque con ese proceso se les imponía una posición tomada de antemano unilateralmente; de manera que para ellos esto “va en contra de su libre autodeterminación como pueblo y a los derechos de protección, posesión, dominio y propiedad ancestral de su territorio, que tienen la categoría constitucional y legal de ser un bien inalienable, imprescriptible e inembargable” [18].   

 

La postura del gobierno a partir de entonces, fue asumir jurídicamente que los U’wa habían renunciado al derecho de participación, el cual había sido definido por la Corte Constitucional como fundamental para la defensa de los intereses indígenas en este asunto. Así, después de concluir que los diálogos se habían agotado, el Consejo de Estado conceptuó que se habían surtido los trámites para la consulta y que, por tanto, la renuencia de los indígenas a participar del proceso no afectaba la legalidad del mismo. De acuerdo con la antropóloga Martha Delgado, “Al apartarse de este proceso, las razones de los U’wa quedaron relegadas a un limbo de ‘ilegalidad’, con cierto sabor a intransigencia, y de paso motivó a que las decisiones y gestiones gubernamentales se desarrollaran sin mucho inconveniente y con el cumplimiento de las directrices internacionales.” [19].   

 

Los dos aspectos que se acaban de exponer en el caso Gibraltar, están estrechamente relacionados con lo sucedido en el bloque Capachos. El hecho de haber delimitado un área de resguardo indígena por parte del gobierno permitió establecer claramente las zonas geográficas en las que se podía llevar a cabo los proyectos petroleros sin necesidad de realizar consulta previa.

 

De hecho, antes de la creación del Resguardo Unido U’wa en 1999, el antiguo bloque Samoré se traslapaba con varios resguardos legalmente constituidos antes de esta fecha, incluido Angosturas, pero con su delimitación y con la creación de los nuevos bloques a partir del 2002, tanto el pozo Gibraltar-1 como los pozos de Capachos quedaron por fuera de las tierras indígenas. Además, en ambos casos la DAI del Ministerio del Interior certifico que en esas áreas donde se requerían los licenciamientos ambientales no había presencia de comunidades étnicas.

 

Así las cosas, luego de que Repsol decide abandonar Capachos y cederlo a Ecopetrol para luego asociarse con Parex, la comunidad de angosturas se dio cuenta que no iba a ser posible lograr que la nueva compañía realizarse el proceso de consulta previa, lo cual quedó evidenciado después de su movilización a finales de 2017 cuando se reactivó el bloque.

 

De modo que su estrategia fue la de pactar con la empresa algunos beneficios, que a su vez estaba dispuesta a entablar relaciones cordiales y conceder algunas peticiones con tal de garantizar sus operaciones en el campo. Así por ejemplo, de acuerdo con el gobernador de Angosturas, la comunidad recibe desde 2017 unos “aportes voluntarios” que les ha brindado Parex en el marco de su programa de “inversión social en el territorio”; dichos aportes representan en promedio un monto cercano a los $ 200 millones anuales, que han sido invertidos por el cabildo de la comunidad en diferentes obras como la construcción de la casa comunitaria, la adecuación de vías y caminos de acceso, y el mantenimiento de puentes y alcantarillado a lo ancho de su resguardo [20].  

 

Conclusiones

 

De acuerdo con las fuentes consultadas sobre el tema del conflicto U’wa, se considera que la estrategia de los líderes indígenas de “levantarse de la mesa”, terminó siendo perjudicial para sus intereses por haberse apartado de la institucionalidad del proceso. De manera que que cualquier otra comunidad U’wa, independientemente del lugar en que se encuentre, y sin importar con qué empresa se esté relacionando, pierda legitimidad para exigir el proceso de consulta previa, tal y como sucedió con Angosturas.

 

Esto puede poner en riesgo los valiosos recursos naturales que estén dentro de sus territorios, aunque se encuentren en los bordes de los resguardos, donde queda en evidencia la diferente manera de concebir el espacio geográfico de uno y otro actor: para los indígenas, su territorio es más amplio que los resguardos que les han legalizado porque es de carácter ancestral, es decir, lo han ocupado amplia y antiguamente y por medio de el pueblo indígena reafirma su identidad cultural. Para el Estado y las empresas, en cambio, son “áreas productivas” que contribuyen con el progreso de la nación, según la lógica desarrollista del actual modelo económico.

 

Resulta paradigmático este caso de los U’wa para el Estado colombiano, porque se pone de manifiesto hasta qué punto está dispuesto a ceder y hasta dónde es posible negociar. Más allá del marco de referencia que ofrece la normatividad y la jurisprudencia sobre este asunto, queda claro que el control de los recursos naturales se encuentra en manos del Estado, quien estipula que éstos no son objeto de controversia ni de oposición. Además, se puede concluir que organismos como la DAI del Ministerio de Interior, e incluso también el ICAN, cumplen un débil papel de verificadores de la presencia o no de minorías étnicas en áreas de interés petrolero, y sólo intervienen para protocolizar las consultas en caso de que sea necesario adelantarlas. 

 

Finalmente, a pesar de que las empresas como Parex, y antes Repsol, no estaban obligadas a realizar dicha consulta, han optado en determinado momento por mostrar una cara amable y conciliadora con las comunidades aledañas a sus proyectos. No obstante, lejos de propiciar la participación comunitaria y favorecer la protección y autonomía de los indígenas sobre sus territorios, esta actitud benefactora de las compañías pone en riesgo la integridad cultural del pueblo indígena, puesto que contribuye veladamente a la pérdida de su identidad y lo inserta en dinámicas socio-económicas que resquebrajan su autodeterminación y su libertad para decidir sobre sus territorios.

 

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Referencias

 

[1]. Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). [Tomado de URL: https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/sistemas-integrados-de-operaciones/estadisticas-de-produccion].

[2]. Parex Resources. (10 de junio de 2019). Comunicado de Prensa. [Tomado de URL: https://parexresources.com/wp-content/uploads/2019/06/Parex-anuncia-descubrimiento-y-resultados-de-prueba-de-2.900-bppd-de-Andina-Norte.pdf].

[3]. Gavaldá, Marc. (2003). La recolonización: Repsol en América Latina: invasión y resistencias. Editorial Icaria. Barcelona.

[4]. Ibid.

[5]. Además del libro de Gavaldá citado anteriormente, también se consultaron las siguientes fuentes:

  – Observatorio de la Deuda en la Globalización. (2006). Dossier Repsol YPF. [Tomado de URL: https://cedib.org/post_type_documentos/dossier-repsol-ypf-082005/].

– Observatorio de Multinacionales en América Latina-OMAL. (2006). Colombia en el pozo. Los impactos de Repsol en Arauca. Asociación Paz con Dignidad. [Tomado de URL: http://omal.info/spip.php?article738].

– Observatorio de Multinacionales en América Latina-OMAL. (2007). Multinacionales españolas en Colombia. OMAL & Asociación Paz con Dignidad. [Tomado de URL: https://rebelion.org/docs/62852.pdf].

– Ramiro, Pedro; González, Erika & Pulido, Alejandro. (2007). La energía que apaga Colombia. Los impactos de las inversiones de Repsol y Unión Fenosa. Icaria Editorial, Barcelona, España.

[6]. OMAL. Op. Cit.

[7]. Repsol. (2012). Informe de Responsabilidad Corporativa 2012. [Tomado de URL: https://www.repsol.com/imagenes/global/es/responsabilidadcorporativa2012_tcm13-22484.pdf].

[8]. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA. (2017). Resolución 00414 de 17 de abril de 2017. [Tomado de URL: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_0414_17042017_ct_6934_ct_0329.pdf].

[9]. Parex Resources Inc. (12 de mayo de 2014). Comunicado de Prensa. Resultados del Primer Trimestre de 2014 y los Éxitos en Exploración. [Tomado de URL: https://parexresources.com/wp-content/uploads/2017/06/Parex_Resources_Anuncia_los_Resultados_del_Primer_Trimestre_de_2014_y_los_Exitos_en_Exploracion2.pdf].

[10]. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA. (2018). Resolución N° 00327 del 5 de marzo de 2018. [Tomado de URL: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_0327_05032018.pdf].

[11]. Kapital Stereo. (1 de marzo de 2017). Se va reactivar el proyecto petrolero de Capachos en Tame. [Tomado de URL: https://www.kapitalstereo.com/2017/03/01/se-va-reactivar-proyecto-petrolero-capachos-tame/].

[12]. Parex Resources Inc. (s.f.). Inversión social en territorio. [Tomado de URL: http://sostenibilidadparex.com/empresa-responsable/inversion-social-en-el-territorio/]

[13]. Trochando sin Fronteras. (3 de noviembre de 2017). Las razones de los indígenas de Arauca para unirse a la Minga por la Vida. [Tomado de URL: https://trochandosinfronteras.info/las-razones-de-los-indigenas-de-arauca-para-unirse-a-la-minga-por-la-vida/].

[14]. Ministerio del Interior. (2014). Certificación 1451 de 26 de septiembre de 2014. [Tomado de URL: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/ConsultaPrevia/CERTIFICACIONES2014/1451.pdf].

[15]. Parex Resources Inc. (s.f.). Inversión social en territorio.

[16]. Entrevista realizada en el Resguardo Angosturas, Tame, el 24 de julio de 2020.

[17]. Rodriguez, Amparo; Arcila, Claudia & Puentes, Alejandro. (2010). El laberinto jurídico de los u’was en ejercicio del derecho a la resistencia. Revista Diálogos de Saberes, N°32, 173-193. [Tomado de URL: https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18353].

[18]. Ibid.

[19]. Delgado, Martha. (2008). ¿Qué va a pasar con los U’was?. Le Centre tricontinental-CETRI. Bélgica. [Tomado de URL: http://www.cetri.be/spip.php?article526].

[20]. Entrevista. Op. Cit.