Por: Katherine Casas Pérez
Introducción
Desde el 2017 Crudo Transparente (CT), a través del seguimiento mensual del Pulso Petrolero, ha informado y analizado los principales sucesos de medio ambiente, conflictividad social y orden público e ilegalidad asociados a la industria petrolera en Colombia.
Gracias a un sistema de alertas mensual, el barrido de noticias regional y nacional; comunicados oficiales de empresas y de organizaciones de la sociedad civil; las denuncias de las comunidades aledañas a las zonas con extracción petrolera; la información oficial de las fuerzas armadas y públicas (Ejército Nacional, Armada
Nacional y Policía Nacional) y las denuncias realizadas por la ciudadanía en de redes sociales, CT ha logrado compilar y comunicar sucesos como: derrames de petróleo, protestas en contra de las compañías petroleras, ataques a los oleoductos del país, entre otros hechos.
De tal manera, el presente documento hace un análisis sobre las dinámicas sociales, armadas y ambientales asociadas a la industria de hidrocarburos en el país en el periodo 2017 a 2021. Por medio del siguiente balance se observa el año más impactado por estos hechos; los departamentos más afectados; la actividad ambiental, social y armada más destacada; las empresas con más denuncias de manifestaciones sociales y ambientales; los presuntos actores armados involucrados en los sucesos de orden público; la razón principal de las protestas por parte de la ciudadanía y otros aspectos destacables en este periodo.
Asimismo, es importante mencionar el comportamiento de los aspectos más relevantes en torno a la industria petrolera que sucedieron en el 2021, dado que luego de la pandemia de la COVID-19 y la reactivación económica temas como la implementación del fracking, las rondas petroleras y la transición energética tuvieron cambios en el año en mención.
¿Qué pasó con el fracking en 2021?
Durante el 2021, el Gobierno Nacional adelantó la presentación de un segundo Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII) llamado Platero que se realizará en Puerto Wilches, Santander. Cabe destacar que, en diciembre 2020, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) celebró el primer contrato (Kalé) con Ecopetrol para estos pilotos. El proyecto está programado para realizarse en el predio La Belleza, del corregimiento Kilómetro 8, del mismo municipio.
El Estudio de Impacto de Kalé ya fue radicado ante las entidades competentes y se espera que Platero se radique antes de finalizar el primer trimestre del 2022. Esto podría agilizar el inicio de las operación de los pilotos.
Las adjudicaciones de esta clase de proyectos han sido motivo de movilización ciudadana por los posibles impactos sociales y ambientales que estos traerían a los territorios; además, La Alianza Colombia Libre de Fracking informó las amenazas que han sufrido los jóvenes que pertenecen al colectivo AguaWil (Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio) en Puerto Wilches. De igual forma, los pescadores de este municipio realizaron protestas y caravanas fluviales durante 2021 para demostrar su descontento con la práctica del fracking.
Es importante señalar que, durante el primer semestre del año, el proyecto de ley en contra del fracking se hundió en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes por falta de quorum; es decir, de los 20 representantes que debían asistir tan solo se presentaron ocho para votación. No obstante, en la nueva legislatura (2021-2022) que comenzó en agosto, se presentó por tercera vez.
Cifra de producción
Según el último informe de la ANH, la producción de crudo fiscalizado durante el periodo enero – octubre de 2021 fue de 740 000 barriles por día (bpd). En el 2021, se identificó una reducción de 41 000 barriles aproximadamente en comparación al 2020, que fue 781 300 bpd.
Cabe resaltar que la disminución en la producción se presentó principalmente en los campos: Rubiales (Puerto Gaitán, Meta); Yariguí-Cantagallo (Cantagallo, Bolívar); Platanillo y Cohembí (Puerto Asís, Putumayo); Chichimene (Acacías, Meta); Floreña Mirador, y Pauto Sur (Yopal, Casanare); y Cicuco (Cicuco, Bolívar) debido a fallas eléctricas, mecánicas y por orden público.
Por otro lado, la producción comercializada de gas en el país fue de 1 127 millones de pies cúbicos (mpcd) en octubre de 2021, lo que representó un aumento del 4,16 % en comparación al 2020, que alcanzó los 1 082 mpdc. El incremento se registró, principalmente, en los campos Cupiagua (Aguazul, Casanare); Mamey (Ovejas, Sucre); Ballena (Manaure, La Guajira); Cañahuate y Aguas Vivas (Sahagún, Córdoba); Níspero (San Marcos, Sucre); y Sucumbíos (Ipiales, Nariño).
Reservas probadas de petróleo y gas
Frente a las reservas probadas de petróleo en Colombia, las últimas cifras afirman que el país posee 6,3 años de crudo. Cabe destacar que, desde el 2015 al 2021 esta cifra oscila en 1 900 millones de barriles (mbl), y los últimos datos arrojan que para el 2021 las reservas de crudo estaban en 2 036 mbl.
No obstante, un estudio realizado por el Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, para la ANH, indica que en un escenario optimista el potencial de petróleo recuperable en yacimientos convencionales en Colombia, alcanzaría los 430 000 millones de barriles.
Desde otro ámbito, el gas natural tiene una proyección de producción para 7.7 años, según el Ministerio de Minas y Energía. Esta cifra viene disminuyendo progresivamente desde el 2019.
Sin embargo, cabe resaltar que Canacol Energy contradice la afirmación anterior, dado que en julio del 2021 anunció que Colombia le quedan aproximadamente 15 años de reservas. La empresa agregó que el Gobierno Nacional sólo está contemplando los pozos existentes, y todavía hay proyectos de exploración de gas en desarrollo periódicamente.
Proceso de Asignación de Áreas (PPAA) y Ronda 2021
Fuente de imagen: Agencia Nacional de Hidrocarburos.
En octubre del 2021 la ANH anunció que el proceso PPAA se desarrollará en cinco etapas: divulgación e información, habilitación de interesados, presentación de solicitudes, validación de ofertas y asignación de áreas. En ese mismo año, la Agencia concluyó la denominada Ronda Colombia 2021, la cual se desarrolló en distintas zonas del país como: Santander, Norte de Santander, Meta, Casanare, Córdoba, Sucre, Vichada, Cundinamarca, Arauca, Atlántico, Magdalena, Cesar, Boyacá, Huila, Cauca y Tolima.
Igualmente, durante ese cuarto ciclo del PPA se adjudicaron 30 áreas a siete empresas que son Ecopetrol, Parex Resources, Lewis Energy, Frontera Energy, CNE Oil &; Gas, Hocol, Maurel & Prom Amérique Latine. Según anunció la ANH, esta Ronda tuvo un éxito del 56 %, dado que de 53 áreas ofertadas se adjudicaron
más de la mitad con inversiones por US 148, 5 dólares.
Avances en la técnica del offshore
En el 2021 los proyectos offshore tuvieron una gran relevancia en Colombia por la disminución en la producción (en todo el 2020, la producción alcanzó los 781 300 barriles promedio día, lo que muestra una reducción del 11,8 % frente al mismo periodo de 2019, cuando se tuvo una producción de 885 850 barriles día) dado el
contexto de la pandemia.
Por tal razón, el Gobierno le está apostando al desarrollo de estos campos y en el 2021 la ANH aseguró que $3 000 millones de dólares de inversiones serán destinados a este tipo de obras; sobrepasando los montos de los proyectos onshore.
Por su lado, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, afirmó que se destinarán $300 millones de dólares para el segmento de gas durante el 2022 y 2023 con el objetivo de explorar y desarrollar un potencial de hasta 50 terapies cúbicos de gas (TPC) a través de proyectos en el Piedemonte Llanero, el Caribe colombiano y enlos proyectos piloto de investigación integral de yacimientos no convencionales.
Cabe recordar que, la ANH y Shell suscribieron en marzo de 2019 dos contratos de exploración y producción (E&P) costa afuera (offshore) con compromisos de inversión por cerca de US$100 millones en la primera fase para los bloques COL-3 y GUA OFF-3 y la multinacional anunció en el 2021 que iniciará con una fase exploratoria para los bloques Fuerte Sur, Purple Angel y COL-5.
Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú es un tratado Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica y que entró en vigencia el pasado 22 de abril.
En Colombia, el Acuerdo ha sido nombrado reiteradas veces en discursos por el Gobierno Nacional y a pesar de fue presentando con mensaje de urgencia en el 2019 por el presidente Iván Duque, no ha sido discutido en las plenarias del Congreso. En octubre del 2021 se presentó la radicación del proyecto y hasta el 20 de diciembre se trasladó a la Comisión Segunda del Senado.
La postergación del Acuerdo ha sido tema de debate para algunos congresistas, entre ellos el Senador Antonio Sanguino, del Partido Alianza Verde, que especificó lo siguiente: “Con el receso legislativo sólo quedarían escasos tres meses para que se vote en las dos comisiones segundas de Cámara y Senado y en las respectivas plenarias, tiempo suficiente como para que esta iniciativa de nuevo naufrague”.
En diciembre del 2021, Duque le hizo un llamado al Congreso de la República para no dejar hundir este tratado. Sin embargo, hasta esa fecha la iniciativa no está radicada oficialmente ante la Comisión Segunda del Senado.
Avances en la transición energética
En el 2021, el país avanzó en los procesos de búsqueda de fuentes alternativas de energía y se fijó metas en relación a la reducción de los gases efecto invernadero. Según el último informe del ministerio de Minas y Energía, el país
cuenta con 15 granjas solares generadoras de 1,13 millones KW/día de energía por hora y un potencial de producción total de 236 MW y que suministra energía a más de 196.070 usuarios.
Además, de acuerdo con los datos de la cartera minero energética, actualmente hay siete de autogeneración a gran escala y más de 1 500 proyectos solares fotovoltaicos de autogeneración a pequeña escala que aportan un total de 304 MW, el equivalente a suministrar energía a 283 606 familias.
En cuanto a avances concretos del 2021, la Costa Caribe siguió siendo protagonista en el desarrollo de estas tecnologías. Actualmente, se viene trabajando alrededor de 121 proyectos de energía solar y eólica en los
departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba y La Guajira.
El Magdalena Medio en el 2021 también se vio involucrada en los temas de transición. En esta región se desarrollarán proyectos de energía solar, con iniciativas fotovoltaicas en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander, Caldas y Tolima. Según información del Gobierno Nacional, los niveles de radiación en este territorio son casi iguales en intensidad a los de La Guajira que alcanza 6KW, lo que es 66 % superior al promedio mundial.
Cambios en la reforma al SGR
En 2021 la reforma al SGR, aprobada por el Congreso en 2020, entró en vigencia y significó un nuevo reto para los entes territoriales en cuanto al manejo de recursos y la capacidad institucional. Además, los temas de planeación y contratación fueron un desafío, ya que la desaparición de los OCAD de orden regional le entregó a las alcaldías y gobernaciones la función de aprobar y viabilizar las inversiones hechas con la renta petrolera y explotación de
hidrocarburos y minerales.
Otro aspecto que diferencia sustancialmente el actual SGR del anterior es la aparición de las Mesas de Participación Ciudadana. Una figura que busca mejorar la intervención para las comunidades en los temas de planeación y aprobación proyectos; esta instancia está en cabeza de los alcaldes y gobernadores, y aunque en el segundo semestre de 2021 se vieron algunos avances, se espera que en el 2022 su funcionamiento y rol dentro de la gestión pública comience a ser más activo.
Por último, en cuanto a los proyectos aprobados la actividad no fue la mejor en los primeros y últimos meses del 2021; sin embargo, entre mayo y julio hubo un avance en este aspecto. Vale la pena destacar, que el OCAD Paz por medio del Ministerio de Minas y Energía, en la mayoría de casos, y el del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación han tenido un rol protagónico ayudando en gran medida a la viabilización exitosa de proyectos en diferentes zonas del país.
Análisis de la conflictividad ambiental, social y armada desde 2017 al 2021
Ahora bien, durante el periodo de análisis la conflictividad social, armada y ambiental relacionada con el sector petrolero se concentró en los siguientes temas: afloramiento, contaminaciones ambientales, derrames de crudo, protestas en contra de las compañías petroleras, bloqueos, atentados contra los oleoductos, instalación de válvulas ilícitas, amenazas a líderes sociales, contrabando de crudo, entre otros.
Desde el 2017 al 2021 el sistema de alertas de CT recolectó en total: 1 108 sucesos entre medio ambiente, conflictividad social y orden público e ilegalidad. Como se observa en la gráfica número 1 el año con más hechos fue el 2020 seguido por el 2021.
Gráfica 1: Total de hechos de Medio Ambiente, Conflictividad social y Orden Público e ilegalidad del 2017 al 2021
Fuente: elaboración propia datos proporcionados por la base de datos de Crudo Transparente.
La cifra de registro anual del 2017 al 2021 osciló entre 200 a 250 eventos; es decir, un promedio de un suceso por día. Durante el periodo de análisis, Colombia se caracterizó por acontecimientos políticos, económicos y ambientales que influyeron en la industria petrolera. Por ejemplo, en mayo de 2018 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales para el periodo 2018 – 2022, que dio como ganador al actual presidente Iván Duque Márquez.
Desde su campaña electoral y periodo de mandato, el Presidente Duque priorizó el desarrollo de la industria minero energética dado que lo consideraba como el motor de la economía colombiana. En su gobierno buscó promover los procesos extractivos a través del offshore y fracking (técnica la cual se oponía en su campaña electoral), continuar con la explotación y exploración de yacimiento convencionales, logró reglamentar los cambios en el Sistema General de Regalías e inició una hoja de ruta para empezar los proyectos de transición energética.
Sin embargo, su gobierno también tuvo limitados avances en aspectos relevantes para la industria petrolera; ejemplo, la claridad en la reglamentación en los procesos de participación ciudadana con las comunidades aledañas a las actividades extractivas, y la falta de interés para iniciar un proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Asimismo y como se observa en la gráfica número 1, el 2018 y el 2019 fueron años en los cuales se mantuvo una tendencia frente a los hechos de conflictividad ambiental, social y armada de la industria petrolera; la cifra osciló entre 200 y 205 eventos. Ya para el 2020, los sucesos aumentaron significativamente ya que se
contabilizaron 250.
Es de recordar que en el 2020, la industria petrolera colombiana estuvo enmarcada por la propagación del virus Covid-19 y la disminución drástica en los precios del crudo registrada en marzo de ese año. Específicamente, la pandemia llevó a decretar una cuarentena obligatoria en Colombia, lo que generó una desaceleración de la economía, y en el caso específico del sector de los hidrocarburos, se registró una baja demanda de crudo y con ello una caída de los precios.
Las repercusiones del 2020 se vieron también evidenciadas en las denuncias y manifestaciones sociales de las principales regiones extractivas del país, como lo son Meta, Casanare y Santander. De tal forma, en ese año los ciudadanos denunciaron injusticias laborales en aspectos contractuales, despidos injustificados, incumplimientos salariales, falta de contratación local entre otras reclamaciones. Por tal razón, al ser un año con tantas dinámicas sociales y económicas fue el periodo con más registro en la base de datos de CT, como lo muestra el gráfico número 1.
Medio ambiente
Según el sistema de alertas de CT, los hechos relacionados al medioambiente son los de menor ocurrencia; es decir, del 2017 al 2021 se contabilizaron anualmente 25 hechos; siendo el derrame hidrocarburo el suceso más destacado. En la gráfica 2 se ve en detalle:
Gráfica 2: Hechos relacionados al medio ambiente: comparativo 2017-2021
Fuente: elaboración propia datos proporcionados por la base de datos de Crudo Transparente.
Como se muestra en la gráfica 2 el hecho más registrado es el derrame de crudo. Desde el 2017 al 2021 se contabilizaron 54 derrames en departamentos como: Santander, Boyacá, Nariño, Huila entre otros territorios. En esta categoría, los responsables de estas acciones contaminantes fueron las compañías petroleras y la razón principal, según información de las empresas, se debió a fugas en las tuberías de las líneas de producción de diferentes pozos.
Cabe resaltar el afloramiento de crudo del pozo Lisama 158, ubicado en el corregimiento La Lizama, zona rural que limita con Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí, en Santander. En esta emergencia ambiental se derramaron 550 barriles de petróleo, gas y lodo, la mancha tuvo un recorrido de casi 30 kilómetros, llegó a cuerpos hídricos del Magdalena medio, perjudicó las labores de los pescadores y sus familias y afectó a más de 2 400 animales entre peces, aves y mamíferos.
A cuatro años de esta tragedia, las comunidades afirman que todavía hay presencia de hidrocarburos en los sedimentos y en las orillas de los ríos. Igualmente, Ecopetrol se ha encargado de la recuperación del ecosistema y en la actualidad continúa con los monitoreos para verificar la calidad del agua superficial, subterránea, sedimentos y aire en La Lizama. En el 2021 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) multó por $3.863.918.267 a la Estatal por los daños generado tras el afloramiento.
Por otro lado, como se puede notar en el gráfico anterior, el 2019 es el año en donde más se contabilizaron estas actividades contaminantes que a su vez generaron impactos a las economías regionales de las comunidades, problema la salud de la ciudadanía y afectaciones a cotidianidad de las poblaciones.
En el 2019 el suceso que más se destacó en medios fue el registrado en febrero en el río Piñuña Blanco, Puerto Asís, Putumayo. La comunidad indígena Siona, ubicada en la selva del Putumayo, denunció la contaminación del afluente mencionado que desemboca en el río Putumayo, como consecuencia de la explotación petrolera que se realizó en el Bloque Platanillo, por parte de la compañía Amerisur Exploración Colombia Ltda, (empresa filial de la británica
Amerisur Resources plc.).
La población, que se encuentra en el bajo Putumayo, notificó que el pozo Platanillo expulsa aguas contaminadas y ha afectado la salud de los 600 habitantes de la reserva indígena. Para el 2020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca falló a favor de la comunidad indígena y frenó la exploración petrolera en su territorio.
Por otra parte, durante los años de análisis, Santander fue el departamento que más registró hechos de medioambiente; seguido por Norte de Santander y Casanare. En Santander se notificaron: derrames de crudo (12) , afloramientos de crudo (5) , fugas de gas (2), contaminación de fuentes hídricas y de tierras (6) .
De igual forma, dentro el sistema de alertas de CT, los municipios que más se destacaron en esta categoría fueron: Barrancabermeja, Puerto Wilches y Carmen de Chucurí; territorios caracterizados por tener una importante actividad petrolera.
Imagen 1: Departamentos más impactados por hechos de medioambiente:
2017-2021
Según información de prensa, durante los años 2017 al 2021 en Barrancabermeja las comunidades realizaron denuncias de acciones contaminantes en veredas y corregimientos como: El Palmar, La Fortuna y El Centro. Igualmente, en infraestructuras petroleras como el oleoducto Ayacucho-Galán y el campo La Cira-Infantas los habitantes de las zonas aledañas del municipio han reiterado que los cuerpos de agua y capa vegetal han presentado contaminaciones por las actividades petroleras.
Para el 2021 de nuevo la comunidad del corregimiento La Fortuna informó sobre un nuevo derrame de petróleo en la quebrada la Lizama. Esta vez la afectación se relacionó con una línea de producción del pozo Lisama 19 que recorrió tres kilómetros de largo en el corregimiento mencionado.
Según información proporcionada por los habitantes, líderes, ecologistas y organizaciones ambientales del Magdalena Medio, se han registrado en la región alrededor de 366 emergencias ambientales en los últimos tres años.
Con respecto a Puerto Wilches, desde el 2018 los pescadores del municipio han denunciado que las manchas de petróleo llegan al río Sogamoso y que continuamente afectan sus actividades de pesca. Asimismo, desde el 2019 la ciudadanía y la Asociación de Pescadores de Puente Sogamoso afirman en medios de comunicación que desde la emergencia en el pozo Lisama 158, en el 2018, los residuos de crudo siguen perjudicando los afluentes de la zona y a su vez sus labores.
Otra denuncia importante en el 2021 en Puerto Wilches, fue la implementación del fracking en el municipio. La ciudadanía vio como una amenaza los pilotos de fracking aprobados por la ANH y están en contra que se desarrollen estas actividades en sus territorios. Y aunque el octubre del 2021, Ecopetrol presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Piloto de Investigación Integral Kale, que arrojó resultado positivos en las condiciones ambientales, sociales y económicas del área de influencia, sectores políticos y organizaciones ambientales como Aguawil se oponen a estos proyectos, dado que denuncian que afectará la biodiversidad en la zona; especialmente las ciénagas de Paredes y Yariguí.
Por último, el sistema de alertas de CT arrojó que la compañía con más denuncias por actividades contaminantes fue Ecopetrol. En total del 2017 al 2021 se contabilizaron 204 de estos sucesos y la Estatal estuvo involucrada en 106; es
decir, que la empresa fue responsable en más de la mitad de estas actividades. Igualmente las cinco compañías más denunciadas fueron: Hocol, Amerisur, Mansarovar, Lewis Energy y Parex Resource. En la imagen 2 se ve en detalle:
Imagen 2: Departamentos impactados por hechos de medioambiente y empresas responsables:2017-2021
Vale la pena mencionar las denuncias registradas en el Pulso Petrolero desde el 2017 por parte de las comunidades de Boyacá en contra de Mansarovar Energy; petrolera que venía explotando hidrocarburos hace más de 15 años en el
departamento, en los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Nare y Cimitarra.
Mansarovar realizaba labores crudo en los alrededores de la ciénaga Palagua, un emblemático embalse natural de Puerto Boyacá que se caracteriza por su ecosistema y es uno de los centros pesqueros más importantes del Magdalena Medio. La ciudadanía de la zona ha denunciado desde el 2015, que sus predios ganaderos están contaminados de residuos de hidrocarburos tras las labores de la empresa.
De tal forma, la salida de la multinacional en el 2021 no fue bien recibida por los pobladores de los municipios de Boyacá, dado que la petrolera tiene una serie de deudas ambientales; a tal punto, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) tiene actualmente abierto cinco expedientes sancionatorios y 14 cargos en contra de esta petrolera por el ocultamiento de información, inadecuado manejo de residuos contaminados y derrames de hidrocarburos en los campos (Jazmín, Girasol, Underriver, Nare, Moriche, Abarco y Chicalá) que tenía
a su cargo y que desde noviembre del año anterior fueron recibidos por Ecopetrol.
Conflictividad social
Al revisar el sistema de alertas de CT, se pudo observar que los hechos de conflictividad social no presentaron una tendencia para el periodo en mención. De esta manera, en el 2017 se contabilizaron 65 de estas manifestaciones sociales; sin embargo, llama la atención que, para los años 2018 y 2019 estas se redujeron a más de la mitad. Posteriormente, en los años 2020 y 2021 se registraron 78 y 54 respectivamente.
En el gráfico 3 se muestra en detalle cuáles fueron los sucesos que más destacaron desde el 2017 al 2021:
Gráfica 3 Hechos relacionados a conflictividad social: comparativo 2017- 2021
Fuente: elaboración propia datos proporcionados por la base de datos de Crudo Transparente.
Como se puede observar en la gráfica 3, los hechos que más se destacan desde el 2017 son las protestas y los bloqueos de vías. Para los años 2020 y 2021 estos tuvieron un aumento de más del 50 %.
De tal manera, en el 2020 se cuadriplicó (77) el número de estos sucesos frente al 2019 y el 2018. La razón de lo anterior, se debe principalmente a los despidos masivos e injusticias laborales que se presentaron durante la cuarentena decretada por la Covid-19. Según datos proporcionados por la USO, empresas como Ecopetrol y sus contratistas prescindieron de los servicios de cientos de trabajadores en las refinerías de Barrancabermeja y de Cartagena y en algunos campos petroleros en el Magdalena Medio y el sur del país. La compañías y prestadoras de bienes y servicios manifestaron que estos recortes laborales se debieron por las cuarentenas decretadas y la baja en los precios internacionales del petróleo, que para el caso del Brent fue del 40 %.
Principalmente, el sindicato manifestó en el 2020 que por lo menos 5 000 trabajadores de la industria petrolera en el Meta fueron despedidos sin justa causa, dado la crisis de los precios del petróleo en marzo del mismo año y de la
propagación de la pandemia. También, Santander fue impactado por estos fenómenos, ya que se registraron 1 710 despidos y 300 contratos suspendidos, al igual que Huila y Tolima que denunciaron 235 y 500 despidos respectivamente. Lo anterior contabilizado en el Mapeo Regional de Despidos Masivos de Crudo Transparente.
El 2021 también se caracterizó por ser un año en que se registraron manifestaciones sociales en contra de la industria petrolera. Cabe resaltar que en abril del 2021, se inició las protestas nacionales en oposición a la ReformaTributaria del presidente Iván Duque.
A pesar que la Reforma fue retirada por las comisiones conjuntas de Cámara y Senado en mayo, aún existía un descontento acumulado desde noviembre del 2019. Y junto a la crisis económica tras la pandemia de la Covid-19, se generó en el 2021 un Paro Nacional en Colombia en la que se fueron sumando diferentes sectores; incluyendo trabajadores de la industria petrolera.
De tal forma, durante el periodo del Paro Nacional, en el Pulso Petrolero, el equipo regional de CT registraron más de una manifestación social semanal, entre las que destacan: protestas, marchas y bloqueos de vías.
Cabe destacar que durante esas movilizaciones sociales en contra de la industria petrolera, también se notificó el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública. Esto se evidenció en mayo del 2021, en Villagarzón, Putumayo, en inmediaciones del campo Costayaco, operado por Gran Tierra Energy*. Un bloqueo pacífico terminó en enfrentamientos con la Fuerza Pública y la ciudadanía; el hecho dejó varios heridos y el fallecimiento de Yordan Rosero Estrella, campesino y estudiante del municipio.
Imagen 3: Departamentos impactados por hechos de conflictividad social y empresas responsables:2017-2021
Por otro lado, según el sistema de alertas de CT los departamentos con más
manifestaciones sociales son: Meta, Santander y Casanare; territorios caracterizados por tener alta actividad extractiva. Según los datos de la ANH, Meta sigue siendo el principal departamento productor del país, ya que para el 2021 produjo 371 531, 7 (BPDC); es decir, el 52 % total del país.
En Meta, la USO, los trabajadores y la ciudadanía denunciaron sistemáticamente despidos sin justa causa, incumplimientos contractuales, trabajos sin remuneración económica y algunas ocasiones los operarios se quedaron sin seguridad social.
Asimismo, según lo analizado por CT los municipios más perjudicados fueron: Castilla La Nueva, Guamal, Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán.
Cabe resaltar que la ACP, en conjunto con empresas como Ecopetrol, Frontera, Tecpetrol, Hocol y Cepsa, vienen trabajando desde hace un año con las comunidades indígenas y campesinos de Puerto Gaitán, un proceso de diálogo sobre temas laborales, bienes y servicios, inversión social y ambiental en el territorio.
A estas jornadas de diálogo social, han asistido las autoridades indígenas, la Alcaldía de Puerto Gaitán, la Gobernación del Meta, los ministerios de Minas y Energía y del Trabajo, la Unidad del Servicio Público de Empleo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Cormacarena y la ANH.
Sin embargo, a pesar de esos espacios, en abril del 2021 se produjo un bloqueo por parte de las comunidades indígenas en el campo petrolero Sabanero, a cargo de Frontera Energy. Después de esas movilizaciones sociales, la ACP denunció saqueos y tomas violentas dentro del campo y las comunidades decretaron un paro en contra de la empresa para exigir sus derechos.
Otro departamento que también se vio impactado por hechos de conflictividad social fue Casanare. Comunidades campesinas de las veredas de municipios como Aguazul, Orocué y Yopal, realizaron manifestaciones sociales en contra de empresas como: Ecopetrol, Hocol y Frontera Energy. Las movilizaciones fueron en su mayoría por el incumplimiento de acuerdos de inversión social y contractual, falta de contratación de mano de obra local y riesgos ambientales en las zonas.
Por último, como muestra la imagen 3 y según el sistema de alertas de CT la ciudadanía, la USO, las comunidades indígenas, los grupos ambientales y sociales protestaron en contra de compañías como Ecopetrol, Amerisur y Canacol y al igual que en los hechos de medioambiente, la Estatal de Colombia fue la empresa con más registró de protestas del 2017 al 2021. En total se contabilizaron 255 sucesos y la Estatal estuvo involucrada en 147 de estas manifestaciones sociales; más de la mitad de estas dinámicas. Igualmente, según el registro de CT las cinco empresas con más protestas fueron: Amerisur, Canacol Energy, Drummond, Emerald Energy y Geopark.
Orden Público e ilegalidad
Los hechos de orden público e ilegalidad fueron los que más sobresalieron desde el 2017 al 2021 en torno a la industria petrolera. De un total de 1 108 registrado en el sistema de alertas CT, en los sucesos de ilegalidad se contabilizaron 770; es decir, más de la mitad.
En la gráfica 4, se puede observar que la actividad relacionada al contrabando de crudo es la que más registro tiene durante el periodo en mención; específicamente, de 770 datos recopilados de orden público en la base de datos de CT, el 441 correspondió a esta actividad ilegal.
Gráfica 4 Hechos relacionados a orden público e ilegalidad: comparativo
2017-2021
Fuente: elaboración propia datos proporcionados por la base de datos de Crudo Transparente.
Como se representa en la gráfica 4, los sucesos que más se destacaron fueron: contrabando de crudo, ataque a infraestructura petrolera e incautaciones a refinerías ilegales. Además, se puede observar que los años con más actividad fueron el 2018 y el 2019.
Asimismo, la instalación de las válvulas ilícitas a partir del 2019 viene en aumento y en comparación del 2017 y 2018 se triplicó el montaje de estas pegas ilegales. Según información de Ecopetrol, este fenómeno se ha venido presentando, dado que para ese año se identificaron 747 conexiones ilegales y para el 2020 se retiraron 900 de estos artefactos; siendo Norte de Santander y Nariño los departamentos más afectados por estas pegas.
Según información del Ejército Nacional y Ecopetrol, esta tendencia viene en aumento por la alta presencia de grupos armados no estatales como el ELN y los Pelusos y grupos ilegales como los “Pategrillos”, que utilizan el crudo como cadena delictiva para el financiamiento, comercio ilegal y procesamiento de hoja de coca. También, estas mafias y grupos armados no estatales, usan estas “pegas” para formar conductos en dirección a complejos energéticos improvisados e ilícitos.
Los oleoductos Caño Limón Coveñas y Trasandino son los más impactados por estas actividades ilegales. Por ejemplo, en información proporcionada en los reportes de Ecopetrol y las denuncias del Ejército Nacional, en la región del Catatumbo se extraen miles de barriles de hidrocarburo, que luego son usados para el procesamiento de coca.
El robo de hidrocarburos en los sistemas de transporte del país es la tercera fuente de financiación de los grupos armados no estatales, después del narcotráfico y la minería ilegal, según información de la
Fuerza Pública.
Otra problemática que viene en aumento dentro de la categoría de orden público e ilegalidad, es la incautación de las refinerías ilegales. Estas son estructuras utilizadas para el procesamiento del petróleo hurtado y posteriormente para el procesamiento de cocaína. Es importante mencionar, que el conteo de estos complejos ilegales, es gracias a lo informado por los medios de comunicación nacional y regional; es decir, es un suceso que está empezando a sobresalir en prensa por las implicaciones sociales y ambientales que estas generan.
La Fuerza Pública ha informado que estas infraestructuras ilegales tienen de ganancias para los grupos armados no estatales, especialmente para el ELN, alrededor de 7 500 dólares mensuales. Además, según el sistema de alertas de
CT los departamentos más afectados son: Norte de Santander y Nariño, territorios donde se concentran el 84 % del área total de coca en el país junto con Cauca y Antioquia.
Desde otro ámbito, otro hecho para destacar en la categoría de ilegalidad son los hostigamientos a la infraestructura petrolera del país. En la imagen 4 se muestra en detalle los departamentos más afectados por las voladuras y los años con más registro.
Imagen 4: departamentos con más ataques del 2017 al 2021
Fuente: elaboración propia datos proporcionados por la base de datos de Crudo Transparente.
Como se puede observar en la imagen 4, el 2019 es el año con más hostigamientos a los oleoductos petroleros del país; en total se contabilizaron 46. Igualmente, en el sistema de alertas de CT, se enumeraron 142 hostigamientos; siendo las infraestructuras Caño Limón Coveñas y Trasandino las más atacadas, con 92 y 41 voladuras, respectivamente.
Los departamentos que más presentaron estos sucesos violentos fueron: Norte de Santander, Arauca y Nariño. Vale la pena mencionar que, en el 2019 el Gobierno Nacional se levantó de la mesa de negociación con el ELN, después del atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en Bogotá, atribuido por este grupo.
Desde entonces (2019), los avances para reiniciar los diálogos de paz con este grupo armado no estatal y el Gobierno Duque han sido mínimos; igualmente, la confluencia donde existe actividad petrolera y tiene presencia el ELN se ha venido incrementando.
Esta situación se ve acrecentada en Arauca, uno de los departamentos donde se ubica el Caño Limón Coveñas, e históricamente ha sido impactada por estos hostigamientos; según informes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) solo entre 1986 y 1997, el ELN fue responsable de 129 ataques en este departamento, de un total de 138 contabilizados en el país.
Actualmente, Arauca sigue inmerso en este contexto de violencia por el ELN y los ataques al Caño Limón Coveñas; en el conteo en la base de datos de CT desde el 2017 al 2021 se registra un total de 47 voladuras al tubo, y el 2019 es el año con más ataques.
Aunque es importante remarcar que en esta zona, al igual que en Norte de Santander, ejercen presencia disidencias de las extintas FARC y grupos delincuenciales dedicados a la fabricación de estupefacientes y al contrabando. Actores que según la FIP y lo registrado por CT, son también responsables de los ataques a los oleoductos del país.
Por otro lado, el segundo sistema de transporte más importante del país, el Trasandino, también se ha visto impactado por estas acciones violentas en el periodo en mención. Desde el 2017 al 2021, se contabilizaron 41 hostigamientos en los departamentos de Nariño y Putumayo. Vale mencionar que, en esta región del país las Guerrillas Unidas del Pacífico, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN son los grupos armados no estatales que poseen mayor presencia en esta zona, según informa La Fundación Paz y Reconciliación.
De tal manera, estos grupos armados están dedicados al narcotráfico, al contrabando de crudo, y se estima que controlan el 90 % del cultivo de coca. Por tal razón, los ataques en contra del Transandino, tienen como fin obtener el producto de manera ilegal para desarrollar sus actividades ilícitas.
Es relevante hacer la siguiente acotación: dentro del conteo de Crudo Transparente y Ecopetrol de los hostigamientos registrados por años, existe una diferencia entre las cifras publicadas. De tal forma, el 2018 fue el año en el cual se evidenció esta disparidad, dado que la Estatal contabilizó 107 de estos ataques y CT 25.
Para el 2019, la empresa colombiana anunció un total de 71 de estos actos violentos y CT 46. Por último, para el 2020 Ecopetrol informó 51 ataques y Crudo Transparente 32. Cabe resaltar que Crudo Transparente ha solicitado aclarar esta disparidad con Ecopetrol para temas de transparencias en las cifras; sin embargo, la empresa no ha respondido este requerimiento.
Cabe mencionar que, a parte de los oleoductos Caño Limón Coveñas y Trasandino también las infraestructuras San Miguel de Orito, Bicentenario, Costayaco, Mansoya y los campos de Tibú, Casanare y Barrancabermeja se vieron afectados por estas voladuras. Es más, el ELN se atribuyó los dos últimos hostigamientos, en septiembre y octubre del 2021, en los campos de la Cira Infantas que provocaron incendios de grandes proporciones.
Por último, como muestra la imagen 4 los departamentos más afectados por hechos de orden público son: Norte de Santander, Arauca, Nariño, La Guajira, Cesar y Putumayo. Es importante señalar que Norte de Santander durante el periodo de análisis es el departamento con más sucesos en esta categoría. En total se contabilizaron 218 eventos en la región del Catatumbo.
Imagen 5: departamentos impactados por hechos de orden público e ilegalidad comparativo :2017-2021
Norte de Santander al ser un territorio fronterizo, presenta una serie de escenarios, tensiones y conflictos que se han venido acrecentando después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Una de sus mayores problemáticas es la presencia de disidencias y grupos armados no estatales que se disputan el territorio para actividades ilegales, según reveló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en su informe “Los focos del conflicto de Colombia”.
Este departamento, junto con Santander, Cauca, Meta y Nariño, es una de las regiones que más concentra actividades armadas internas en el país. Asimismo, Norte de Santander, al confluir actividad petrolera y presencia de grupos armados ilegales, registra actividades ilegales en torno a la industria petrolera que se convierte en su fuente de financiación. Ejemplo: el robo de hidrocarburo por medio de válvulas ilícitas y el contrabando de gasolina hacía Venezuela.
Desde otro punto de vista, en la región del sur de Colombia, departamentos como Nariño y Putumayo también registraron actividades de orden público e ilegalidad en el periodo 2017-2021, según el sistema de alertas de CT. Para estos dos departamentos, el contrabando de hidrocarburos es uno de sus principales fenómenos por su condición de frontera con Ecuador que también se ha visto impactado por esta actividad ilegal.
Según un estudio preliminar del Ministerio de Energía Ecuatoriano, solo entre el 2019 y 2020 se perdieron USD 106,8 millones por el contrabando de Diesel en las zonas fronterizas de Colombia y Perú. Igualmente, según reveló el informe y la Fuerza Pública de Ecuador, el hidrocarburo ilegal es trasladado por el perfil costanero de Esmeraldas hasta Tumaco (Nariño) y es utilizado por los grupos ilegales para el procesamiento de cocaína.
Contrabando
El contrabando de hidrocarburo es la actividad que más se contabilizó dentro de los hechos de orden público e ilegalidad y asimismo es el suceso que más se registró del 2017 al 2021. A continuación se ve en detalle los departamentos con más incautaciones y el total decomisado por departamento:
Imagen 6: Conteo por departamento de hidrocarburos incautado del 2017 al 2021
Fuente: elaboración propia datos proporcionados por la base de datos de Crudo Transparente.
Desde el 2017 al 2021 los tres departamentos con más decomiso de gasolina fueron Norte de Santander, La Guajira y Cesar; regiones caracterizadas por su condición de frontera con Venezuela y con presencia de infraestructura petrolera.
Desde el 2017 al 2021, Norte de Santander fue el departamento con más incautación; sin embargo, a partir del 2018 el conteo fue disminuyendo y el registro pasó de 88 871 galones a 24 260 galones al 2021. A pesar de esta disminución, desde el 2019 hasta la fecha en esta zona de frontera se ha presentado un fenómeno de contrabando a la inversa. Es decir, por primera vez y por la escasez de gasolina en Venezuela, los vendedores informales
venezolanos se proveen del hidrocarburo colombiano.
La zona fronteriza con Venezuela siempre ha estado afectada por esta actividad ilegal y a pesar del cierre de la frontera en el 2015, este sigue siendo un gran problema por los caminos clandestinos e ilegales denominados “trochas”. Aunque se han incrementado los operativos en departamentos como Norte de Santander y La Guajira, las autoridades han denunciado que hay mafias que controlan el negocio y revenden el combustible colombiano entre 2 dólares y 3 dólares el litro; según informa El Ministerio de Petróleo de Venezuela y la compañía Petróleos de
Venezuela, PDVSA.
Lo preocupante de esta situación, es que la escasez del hidrocarburo en el vecino país, llevó a que se paralizara el funcionamiento de sectores tan importantes como el de transporte. Los conductores de los municipios fronterizos, se han visto obligados a realizar largas filas en las estaciones de servicio por la gran demanda de los vehículos venezolanos, que llegan a buscar el crudo colombiano para seguir funcionando.
Ante esta situación en diciembre del 2021 el ministerio de Minas y Energía, informó acerca de una nueva metodología del combustible subsidiado en La Guajira. La cartera minero energética anunció un incremento del 92 % del combustible subsidiado; es decir, alrededor de unos cinco millones de galones que podría cubrir las necesidades del departamento.
Aunque está decisión puede ser vista de manera positiva para frenar las largas filas en las estaciones de servicios en los departamentos fronterizos como La Guajira, y responder a la demanda del producto que escasea en los primeros cinco días del mes, se debe tener en cuenta que los fenómenos en torno a esta actividad, como el contrabando y la fabricación de alcaloides, se pueden acrecentar.
Por otro lado, departamentos ubicados en el sur del país como, Nariño, Putumayo y Amazonas también se han visto afectados por esta actividad de contrabando de gasolina; zonas que a su vez se ven impactadas por el conflicto armado interno, y el uso del combustible ilegal es utilizado para el procesamiento de coca por los grupos armado no estatales y grupos criminales.
Para finalizar, según lo contabilizado por el sistema de alertas de CT desde el 2017 al 2021 se decomisaron 920 710 galones entre gasolina y ACPM. De igual manera, el año con más operaciones en contra de actividad fue el 2018; no
obstante, a partir de ese año la cifra fue disminuyendo y ya para el 2020 se redujo hasta la mitad.
Imagen 6: Total de incautado desde el 2017 al 2021
Igualmente, es importante resaltar que el Ejército Nacional, quien a través de su página web publicaba todas las operaciones al respecto, redujo sustancialmente la emisión de esta información desde la posesión del Gobierno de Iván Duque. Por esa razón, la información acerca de estas incautaciones se recopiló a través de los
medios regionales.
*Nota aclaratoria: Gran Tierra Energy, ha solicitado que se incluya su versión sobre los hechos ocurridos en Putumayo durante las protestas del paro nacional de mayo de 2021. en el siguiente link podrá encontrar el comunicado oficial que la compañía remitió a Crudo Transparente el pasado 10 de febrero de 2022
Comunicado Gran Tierra Energy sobre los hechos del paro nacional de mayo de 2021. 10/02/2022
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