Columna de opinión semanal
¿Existe un “Plan B”?
El pasado fin de semana el mundo presenció una debacle en los precios del crudo que tiene su precedente más cercano en 1991, cuando la guerra del golfo daba inicio. En esta oportunidad, la explicación puede ir en 2 sentidos, la propagación de virus Covid-19, y principalmente, las diferencias entre Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), en los acuerdos de disminución en la producción petrolera.
A nivel global, este fenómeno ha marcado una caída en los indicadores de Wall Street, Dow Jones en un 5,83 % y Nasdaq en 7,12 %. Además, ante la negativa rusa de reducir su producción, con el fin de que Estados Unidos no se siga posicionando como el principal productor, la guerra de precios contra Arabia Saudita ha llevado a que el WTI se posicione en 31,5 dólares por barril, mientras que el Brent, referencia para Colombia, se ubica 34,8 dólares por barril.
Este fenómeno global, inesperado y con difícil panorama, no solo marcará la agenda mundial, sino que, como productor y dependiente del petróleo, Colombia debe revisar los efectos de esta coyuntura en 4 ejes: cuenta corriente, política fiscal, situación de Ecopetrol e inflación.
En el caso de la cuenta corriente, la disminución de la demanda de petróleo, como consecuencia de la propagación del coronavirus en China (principal consumidor del commodity) puede significar un aumento en su déficit, ya que estamos hablando del bien de exportación más importante, que va a dejar de ser comercializado en la magnitud deseada, y que, con su precio, a pesar del incremento del dólar, difícilmente logre compensar el déficit.
Desde el punto de vista fiscal, ante las proyecciones hechas por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en las que se hicieron cálculos con el barril Brent a 67 dólares y la tasa de cambio frente a la divisa estadounidense a 3 300 pesos, el panorama es crítico, ya que, aunque siempre el Marco Fiscal de Mediano Plazo pareció excesivamente optimista, nunca se vio una corrección por parte del gobierno, y se llega a un escenario donde la renta petrolera para el país va a ser muy pequeña, y el vacío fiscal será difícil de llenar.
Al hablar de Ecopetrol, ante la caída de su acción en la bolsa colombiana en un 20,5%, es necesario saber cómo la compañía afrontará la crisis teniendo en cuenta que su presidente, Felipe Bayón, aseguró que en las proyecciones 2020 se tienen ganancias con un barril a 30 dólares, cercano al precio actual, por lo que el margen de maniobra se disminuye. Un mal ejercicio financiero de la estatal, más una predicción por parte de Goldman Sachs, que ubica el Brent a 20 dólares, significaría otro desajuste fiscal para la Nación.
Un aumento inesperado y sin precedentes, como el de tener un promedio de la negociación del dólar en 3 800 pesos, puede impactar en la economía interna colombiana, generando inflación alta y no predecida, que obligaría a una intervención de tasas de interés por parte del Banco de la República, algo que no ocurre desde hace 21 meses, y que, junto a los niveles de desempleo, pérdida de poder adquisitivo y desigualdad social, entrega un futuro cercano muy difícil para la ciudadanía.
Es necesario esperar cómo transcurren los días, y ver si la crisis es coyuntural, y aunque el mundo esté mejor preparado que hace 5 años ante la caída de los precios, la preocupación debe ser grande para el gobierno, ya que su manejo económico hasta el momento ha sido discutible y esto lo empeoraría aún más.
No es claro si existe un “plan b” por parte del gobierno para manejar la economía, pero se espera al menos que la lección esté aprendida, y se entienda que en el mundo actual es peligroso depender en el sector externo y en las finanzas públicas únicamente de los hidrocarburos. Por tal motivo, habrá que evaluar cómo se manejarán temas como las regalías, fundamental para los ingresos territoriales, la transición energética que se hace necesaria y la pertinencia de adelantar la explotación de yacimientos no convencionales, ante la disminución de la demanda y el precio del crudo.
Noticias
¿Cómo acelerar la transición energética en Colombia?
El pasado martes 3 de marzo, Crudo Transparente asistió al espacio organizado por el Ministerio de Minas y Energía, en el marco de la conversación nacional, buscando que ciudadanos pertenecientes a diferentes organizaciones, expusieran sus ideas en torno a la forma en la que el país debe encarar el desafío de lograr la transición energética.
El evento, que fue conducido por la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste y el profesor del CESA, Daniel López, comenzó con la intervención de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, en la que entregó cifras importantes sobre el sector y resaltó que los desafíos más grandes en el país, con respecto a la transición, son diez:
Electrificar la economía, intensificar las energías renovables, combatir la deforestación, lograr cambios en el proceso productivo del sector agropecuario, controlar la demanda hídrica en algunas industrias y hogares, buscar alternativas económicas al sector hidrocarburos, moderar el consumo de energía, utilizar el gas como medio para iniciar el proceso, asegurar el abastecimiento de energía y propender por una fuente de generación limpia.
La metodología utilizada fue la de organizar mesas de trabajo, con 4 ejes específicos: generación energética, liderada por Ricardo Sierra, presidente de Celsia; movilidad sostenible, encabezada por Camilo Prieto, vocero del Movimiento ambientalista colombiano, eficiencia energética, coordinada por Carlos Salcedo, experto en el tema y relación entre economía y energía, moderada por Ana Maiguashca, codirectora del Banco de la República.
Los consensos a los que se llegaron giran en torno a lo que la ciudadanía considera necesario en el panorama energético actual, los principales puntos son:
- Lograr generar energía de manera eficiente y limpia, incentivando la implementación de paneles solares, aprovechando el potencial eólico que tiene el país, principalmente en La Guajira, utilizar gas como combustible para todo el transporte pesado e investigar sobre la posibilidad de producir hidrógeno.
- Renovar el parque automotor, dando incentivos desde el punto de vista tributario para el uso de vehículos eléctricos, que, junto con medidas como el etiquetado y eliminación de pico y placa para híbridos, permitirá reducir la contaminación y los problemas de salud derivados.
- Promover consumo responsable de energía tanto en industria como en hogares, para asegurar eficiencia y menor impacto.
- Encontrar un mecanismo que ayude a sustituir los ingresos fiscales provenientes de la actividad, junto con una mejora en el sector externo de la economía, que, además, permita la transición no sólo energética, sino también de modelo productivo y de movilidad en la mano de obra.
El cierre estuvo a cargo de la ministra, que resaltó la importancia de escenarios como este, ya que, a pesar de la diversidad de los asistentes se llega a consensos, que dan como resultado insumos pertinentes para formular políticas públicas con participación ciudadana.
El fracking: Una opinión desde Barrancabermeja y Yondó
El pasado 05 y 06 de marzo se llevó a cabo en Barrancabermeja, Santader, y Yondó, Antioquia el foro: Fracking, agua y toxicidad. Además, se hizo el lanzamiento del libro: “La inviabilidad del fracking frente a los retos del siglo XXI”. En el marco del Foro, que se ejecutó en ambos municipios se contó con la intervención de expertos como: Juana Hofman, abogada ambientalista de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia; Andrés Gómez, ambientalista, agricultor ecólogo e ingeniero de petróleos; Estefany Grajales, defensora del agua; Jorge Sánchez, ingeniero químico; y Oscar Puerta, ingeniero civil y especialista en hidrología.
Barrancabermeja, Santander
La socialización del libro se realizó mediante un conversatorio donde miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking mostraron sus preocupaciones respecto al Decreto 328 de 2020 que permitirá la realización de los proyectos pilotos integrales de investigación (PPII). Dichas preocupaciones están fundamentadas en que el documento no contiene menciones relacionadas con la licencia social y los canales de participación de los ciudadanos no están claramente definidos. Aunque este decreto tiene el aval de todos los ministerios, no cumple con la mayoría de las restricciones del Consejo de Estado. Asimismo, surgen inquietudes en torno a la falta de seguimiento de los impactos que genera la radiación de la explotación convencional. De igual manera, se resalta la debilidad de instituciones como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para hacer monitoreo a los riesgos químicos e implicaciones ambientales de la explotación no convencional.
Yondó, Antioquia
Dentro de los temas a destacar que se presentaron en el foro estuvieron las diferencias monetarias en las inversión que recibe un municipio categoría 6, como Yondó, frente a la inversión que se la dará a los proyectos de fracking. La primera ronda en 24 000 millones de pesos, mientras que la segunda es de 80 000 millones; dineros que podrían ser destinados en otras iniciativas, pero que los intereses estatales y empresariales opacan con argumentos incompletos sobre las consecuencias sociales y ambientales que pueden darse a largo plazo.
Asimismo, se dio cuenta de la influencia histórica de la industria, que desde 1941 ha explotado los yacimientos convencionales, lo que ha dejado a su paso una crisis ecológica. Para Andrés Gómez manifestó que está comprobado que en la última década los yacimientos no convencionales en el tercer año pierden casi el 80% de su producción lo cual no justifica el intervencionismo que se planea hacer.
Según Jorge Sánchez, los riesgos e impactos se pueden catalogar de tres formas, globalmente son los gases de efecto invernadero y el gas metano que las perforaciones emanan a la atmósfera, regionalmente el peligro se da por los compuestos orgánicos volátiles y localmente será la gran movilidad de carrotanques o volquetas con agua o gas, por lo que el ambiente va a estar más contaminado. Juana Hofman mencionó que los daños que ocasionaría el fracking se relacionan directamente con la violación de derechos como el agua o la vida, teniendo en cuenta que hay ecosistemas muy vulnerables que con una sola falla podrían destruirse totalmente.
Al respecto, las comunidades en ambos municipios mostraron un interés por conocer los impactos que puede traer la técnica a sus territorios y su preocupación sobre las promesas de ofertas laborales que pueden desestimular la contratación local. Afirmaron que la falta de conciencia ambiental y la ausencia de oportunidades laborales hacen que el mismo pueblo esté en contra de los líderes comunitarios que defienden los ecosistemas. Por ello, la invitación de la Alianza fue a realizar actividades donde se hable de la importancia de la conservación de los recursos naturales, la economía local y el análisis de los costos que pagan los ciudadanos por la industria extractiva.
Finalmente, quedaron varios interrogantes: primero, sobre si la recolección de las líneas base de los territorios para los PPII las recogerán los contratistas; la debilidad institucional para hacerle frente a los riesgos; tercero, la flexibilización de la legislación a favor de las empresas sobrepasando el principio de precaución. Así que, varios actores de la sociedad como líderes sociales, profesores de colegios y universidades ,y concejales mostraron interés por llevar a cabo manifestaciones colectivas y de presión para evitar que tanto Barrancabermeja como Yondó hagan parte las iniciativas de los pilotos de fracking. El reto, para la Alianza, es buscar estrategias para prohibir la implementación de los pilotos y apoyar la resistencia de todos los municipios del Magdalena Medio con potencial de yacimientos no convencionales; de hecho, los ambientalistas promovieron un paro nacional ambiental del 2 al 5 de junio y una manifestación en Bogotá el 16 de marzo.
Vichada: En la mira por convertirse en departamento con potencial petrolero
Por medio de la promoción de bloques como Áreas de Evaluación Técnica (TEA), con la posibilidad de conversión a contratos de exploración y producción (E&P) en un mediano plazo, el departamento de Vichada será el nuevo foco de la industria petrolera de Colombia.
Desde noviembre del 2019, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) venía realizando una búsqueda de inversionistas extranjeros con el objetivo de explorar nuevas áreas en el país que tengan grandes reservas de petróleo. Una de las zonas que la entidad estaba ofreciendo era el departamento de Vichada debido a que esta región alberga grandes reservas de crudo.
El Comité Estratégico de la ANH propone que a través de la promoción de bloques como Áreas de Evaluación Técnica, Vichada pueda aportar como mínimo 200 000 barriles por día (bpd) a la producción proveniente de la cuenca hidrocarburífera Llanos Orientales (LLAO), de la cual forma parte junto con Meta, Arauca y Casanare, para así aumentar la producción total a más de 700 000 bpd. Sin embargo, la entidad aclara que dicha propuesta todavía se encuentra en etapa de análisis, y se llevará a cabo por medio del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA).
No obstante, deben haber mejoras en la gestión de producción de petróleo proveniente de la región de los Llanos Orientales, puesto que en el territorio existen varios bloques a la espera de desarrollo, los cuales pueden representar un buen futuro para los yacimientos del país, esto según el presidente ejecutivo de la Cámara de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), Germán Espinosa.
El director ejecutivo destaca que, por el momento, el departamento de Vichada no ha tenido producción de crudo durante los últimos 10 años tras la perforación de aproximadamente 14 pozos exploratorios. Sin embargo, el medio de comunicación, Portafolio determinó, por medio de funcionarios de la ANH, que se registra actividad petrolera en el departamento, específicamente en un campo operado por New Granada Energy Corporation, el municipio de Santa Rosalía, bajo el contrato de Las Garzas.
Vía Portafolio: Vichada entraría en el radar de la operación petrolera 04/03/2020
El Acuerdo de Escazú en la protección de los derechos de los defensores ambientales en Colombia
El pasado 4 de marzo, Crudo Transparente realizó un cubrimiento del primer evento sobre el Acuerdo de Escazú que fue realizado por la Asociación Ambiente y Sociedad, y la alianza del Foro Nacional Ambiental (FNA), en la sede de la Universidad del Rosario. Este acuerdo regional trata asuntos referentes a la protección de los derechos humanos y ambientales en Latinoamérica.
Aunque los líderes sociales en Colombia son amenazados, continúan trabajando por la protección del medio ambiente y de los derechos humanos, algunos de elles también luchan por proyectos de desarrollo, de infraestructura, y de minería e hidrocarburos. Aún así, Colombia es considerado el segundo país con mayor número de asesinatos de líderes sociales, según el informe Global Witness.
El acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe fue liderado el 4 marzo del año 2018 por Costa Rica, este tratado contiene 25 artículos que buscan garantizar los derechos de las defensores ambientales, el acceso a la información y la participación ciudadana.
En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de septiembre del 2008, el Acuerdo de Escazú, fue abierto a la firma de 33 países en América Latina y el Caribe, este Acuerdo al día de hoy ha sido firmado por 16 naciones.
Lo más importante de este Acuerdo es que sirve como una herramienta para la protección de los defensores del medio ambiente y de derechos humanos, ya que la impunidad de los crímenes es lo que más afecta a la democracia ambiental.
El presidente Iván Duque firmó el 12 de diciembre del 2019, el Acuerdo Escazú y se espera en el mes de marzo de este año se de inicio al proceso de ratificación, para poder así implementar este Acuerdo.
Vía: ‘Guía Colombia y el Acuerdo de Escazú’.Gómez Natalia(2018).Colombia y el Acuerdo de Escazú.Democracia ambiental en el derecho Internacional. una presentación sobre el Acuerdo Regional de América Latinas y el Caribe que regula el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.Bogotá, Colombia: Asociación Ambiental y Sociedad.
Columna de opinión regional
Despidos masivos en Puerto Boyacá: ¿Es este el reflejo de otras realidades?
La multinacional Mansarovar Energy fue creada en 2006 tras la unión de dos grandes compañías asiáticas, la estatal india ONGC-Videsh, con participación en cerca de 40 activos petroleros en 20 países del mundo, y la estatal china Sinopec, la segunda empresa química más grande a nivel global. En el país llevan desarrollando labores desde 2007, actualmente tiene bajo su operación el campo Jazmín, en Puerto Boyacá, el cual hace parte del contrato de asociación Nare bloque B, junto con los campos Girasol, Under River, Nare Sur y Moriche, lo que representa el 80% de los ingresos de la compañía.
El pasado 19 de diciembre, la multinacional solicitó ante el Ministerio de Trabajo la autorización de despido masivo para más de 230 empleados en Puerto Boyacá, debido a la terminación del contrato de asociación Nare suscrito entre Ecopetrol y Texas Petroleum Company quien luego cedió sus derechos a Ommex de Colombia, hoy Mansarovar Energy de Colombia Ltda. No obstante, de acuerdo a lo estipulado por la Resolución 0583 del 10 de febrero de 2020 del Ministerio de Trabajo, la empresa no cuenta con las condiciones para realizar tal fin, pues bien, no se encuentra en la necesidad de modernizar, suspender o absolver los procesos, equipos o sistemas de funcionamiento que busquen aumentar la productividad (Ley 50 de 1990), a pesar de eso, la empresa petrolera tuvo 10 días para apelar la decisión, pero no lo hizo.
Aunque, el 10 de febrero la autoridad competente negó la autorización gracias a la presión realizada por congresistas, el alcalde Jincly Mutis, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética y los trabajadores, luego de casi 3 reuniones en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), expusieron la situación y la vulnerabilidad en la que se encontraban los empleados de aprobarse la solicitud. Pese a esto, para los habitantes del municipio la preocupación no acaba allí, pues a la multinacional asiática se le vence el contrato de asociación el próximo año, por lo que para los residentes de Puerto Boyacá, el convenio lo debe tomar la estatal petrolera Ecopetrol en el marco del mecanismo de sustitución patronal, eso sí, bajo todas las garantías laborales que se logren antes de que se venza el mismo.
Así pues, hechos como estos pueden ser el reflejo no solo de lo que sucede en Puerto Boyacá, sino en varios territorios del país donde la industria petrolera ha llegado para establecerse como una de las fuentes de empleo más robustas y viables gracias a los beneficios salariales y de oportunidades que ofrece para los que logran hacer parte de su fuerza laboral.
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