Investigación por: Pablo Suárez Villareal

Introducción

El siguiente texto pretende brindar un cercano panorama respecto a lo que podría acontecer en Putumayo y Amazonas durante 2020 alrededor de la industria petrolera y su marcada presencia, sobre todo en el primer departamento, teniendo en cuenta que este año empiezan a consolidarse las nuevas administraciones (alcaldías y gobernaciones). Durante casi setenta años la actividad hidrocarburífera se ha desarrollado en terreno putumayense, generando así una gran expectativa en cuanto a desarrollo y avance de las comunidades, sin embargo, es uno de los lugares del país con rutas de acceso en deterioro y problemáticas sociales complejas como son la siembra de cultivos ilícitos, corrupción y conflictividad armada.

Asimismo, será importante hacer seguimiento al cumplimiento de la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia mediante la Sentencia T-622/2016 del 5 de abril de 2018, donde se reconoce a la amazonía colombiana como sujeto de derechos [1]. Sobre el papel, los nuevos gobernantes deberán estar al tanto de las buenas prácticas ambientales dentro de sus jurisdicciones; hacer frente a la deforestación, que tiene como objeto principal la siembra de cultivos ilícitos con fines de narcotráfico, ganadería extensiva, la mega minería y la exploración & producción (E&P) de hidrocarburos.

En Putumayo se impuso la coalición entre el partido Alianza Social Independiente, ASI, y Cambio Radical, con Buanerges Rosero Peña, 38 951 votos un 29,16 % del electorado putumayense [2]. Dentro de su Plan de Desarrollo y gobierno departamental, así como en viajes de su campaña a gobernación, Rosero se comprometió a velar por el cuidado del suelo amazónico y pedir al Gobierno central retroceder en la decisión que perfila al departamento como Distrito Especial Minero, además de hacer una fuerte crítica a la actividad petrolera y acoger las denuncias de putumayenses por malos manejos de residuos tóxicos por parte de las empresas. Los anteriores temas se ligan directamente con las diferentes consultas previas que se piden por parte de comunidades indígenas como los Ingas en Villagarzón, entre otras referentes que se mencionan más adelante.

Por su parte, en Amazonas ganó la coalición ‘Juntos por el Amazonas’ conformada por el partido Centro Democrático y los Conservadores, con el ya posesionado gobernador Jesús Galindo Cedeño, con 11 992 votos y un 42.01 % [3]. El nuevo mandatario tiene como reto principal hacer frente a los problemas de deforestación y contrabando de combustible, maderero y de fauna silvestre, que hace presencia en el departamento. Adicionalmente, Galindo también deberá tener en cuenta la firma de El Pacto de Leticia, septiembre de 2019, entre Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil, documento que alinea las acciones a emprender por estos países que comparten Amazonía.

Vale la pena resaltar, por supuesto, el análisis en cuanto al Sistema General de Regalías (SGR) para los departamentos, partiendo de los cambios presentados por el Gobierno en su reforma al mismo donde uno de los puntos principales fue el aumento de catorce puntos porcentuales (11 % a 25 %) a las regiones productoras. En Putumayo hay producción en los siguientes municipios: Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Valle del Guamuéz, Orito, San Miguel y Mocoa. Por otro lado, en Amazonas no se presenta exploración o producción; sin embargo, el departamento recibe dineros de regalías.

Así las cosas, el texto se desarrolla con base en los hechos protagonistas de 2019 y que son precedente para lo que se podría llegar a suscitar durante este 2020, teniendo en cuenta, por ejemplo en Putumayo, que los mayores descontentos se generan por presuntos incumplimientos del Gobierno en cuanto a la sustitución de cultivos de uso ilícito y la erradicación forzosa por parte de las fuerzas militares, entre otros temas.

Putumayo

La producción fiscalizada del departamento para 2019 registró 10.4 millones de barriles de crudo, una producción de 28 839 barriles promedio diarios [4]. Como se puede deducir, Putumayo no es de los que más aporte a las cifras anuales en cuanto a productividad del recurso no renovable. No obstante, la prospectividad de la Cuenca Caguán-Putumayo hace atractiva la zona para que las empresas que llevan a cabo labores de exploración y producción mantengan su interés de reactivación petrolera y contribuyan en la búsqueda de la autosuficiencia energética del país.

En esa misma línea, durante la segunda subasta del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA) impulsado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el 7 de noviembre de 2019 se ofertaron cinco bloques ubicados en la Cuenca Caguán-Putumayo. Ecopetrol junto con multinacionales de marcada presencia en el departamento como Gran Tierra Energy, Amerisur (adquirida recientemente por GeoPark), Emerald Energy, buscaban ampliar su participación en la zona y aprovechar la posible prospectividad de la Cuenca. Se ha hablado aproximadamente de tres mil millones de barriles de crudo, según estudios académicos [5].

De los Bloques mencionados anteriormente, se adjudicaron tres (dos a Gran Tierra Energy PUT-21 y PUT-33; uno a Amerisur PUT-36) [6]. En cuanto se firmaron los contratos, dentro de los mismos se generó un compromiso estimado de inversión por las empresas, para los bloques en poder de Gran Tierra se vislumbra un posible capital de 21 119 242 millones de dólares; por otro lado, Amerisur, ahora GeoPark, contempla una probable inversión de 46 612 332 millones de dólares [7]. Lo anterior podría reafirmar la importancia de la región como potencial reserva de crudo, pues no se buscaría seguir trabajando en terreno donde, por ejemplo, Gran Tierra cuenta con varios descontentos provenientes de las comunidades indígenas, y GeoPark no habría efectuado la compra de los bloques desarrollados por Amerisur, además del Oleoducto Binacional, y junto con ellos constantes reclamos de pobladores, algunos casos se mencionan a continuación.

En la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica sus pobladores ganaron una demanda, por medio de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Amerisur al parecer, no actuó  adecuadamente ante el derrame de crudo que afectó fuentes hídricas, plantas y vegetación en general, producto de un atentado a un carrotanque que transportaba hidrocarburo de la compañía británica, entre otros descontentos. Hacer seguimiento al manejo que le de Geopark a las discrepancias entre el antiguo operador y la comunidad será fundamental.

Vale aclarar, que el Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales ordenó congelar tres millones de libras esterlinas, a Amerisur, por daños ambientales después de diez años de presencia en Putumayo [8]. Un paso importante para los integrantes y habitantes de la zona de reserva, ya que si bien las empresas realizan esfuerzos para minimizar los impactos ambientales alrededor de sus áreas de trabajo, las reparaciones reales llegan un poco tarde, Amerisur tenía poco más de diez años en el país.

En cuanto a Gran Tierra Energy, la compañía se encuentra en la búsqueda de ampliar su producción e influencia en la cuenca Caguán-Putumayo, ya que como se mencionó anteriormente cuenta con una alta prospectividad. Hacia mediados de 2019 la empresa promedió cerca de 36 000 barriles de crudo en sus reportes de producción, trimestralmente [9], lo que involucra campos operados en el departamento como son: Moquetá, Toroyaco, Nancy, Cumplidor, Pecarí, Pomorroso, Costayaco, Juanambu y Vonu. Con los nuevos bloques PUT-21 y PUT-33, sumado a la reactivación de otros pozos también en el departamento y el país, se espera que el incremento productivo por trimestre llegue a los 40 000 barriles [10].

La multinacional canadiense espera obtener el mencionado aumento en su producción como lo indicó en su más reciente informe con resultados de toda la operación en 2019 y las proyecciones para 2020. Se busca llevar a cabo el programa de perforación en cinco pozos, tres en el campo Costayaco y dos en Cohembi, dichas labores se proyectan para marzo del año en curso, se hace especial énfasis en los bloqueos que se presentan en el departamento por parte de campesinos que exigen al Gobierno cumplimientos respecto a la sustitución de cultivos [11], ya que dichos paros obligatoriamente detienen la operación de carga y movilidad tanto de maquinaria como personal de trabajo.

En cuanto a problemáticas a tener en cuenta, cabe recordar el proceso que lleva la canadiense con la comunidad indígena Nasa presente en Putumayo, una investigación realizada también por Crudo Transparente denominada Cuenca Caguán-Putumayo: una prospectividad por encima del cuidado ancestral [12], evidencia los distintos reclamos que ha reportado esta población en contra de la empresa y los diferentes encuentros que se han pactado para lograr consensos. Sin embargo, al día de hoy la comunidad no ha recibido la visita de la compañía, y posiblemente se tarde un poco más debido al cambio en la vicepresidencia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, una fuente en Canadá que brindó la información habló con el nuevo vicepresidente, Diego Pérez Claramunt, quien le manifestó que por temas de orden público en el corredor Puerto Vega-Teteyé se propondrá el encuentro en Puerto Asís

En el mencionado corredor, la problemática radica en la pausada implementación por parte del Gobierno Duque en los planes de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca y el pedido para que no se continúe con la erradicación forzada de la misma pues esto genera enfrentamientos con la Fuerza Pública y la suspensión temporal de actividades [13], incluyendo el paso de carrotanques petroleros, hasta que se atiendan sus peticiones. El reclamo de los pobladores se traslada también a la protección que presta el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) a los vehículos que transportan crudo y el paso que le abren a estos.

Las empresas deberán seguir fortaleciendo sus procesos de comunicación con las comunidades, llegar a puntos de encuentro en los que los habitantes vean atendidas sus peticiones, pero sobre todo la protección de sus territorios, fuentes hídricas y el cuidado de Putumayo como amazonía colombiana. De acuerdo con Zona Informativa, un medio de la región y un comunicado de la Organización Zonal de Pueblos Indígenas del Putumayo (OZIP) el electo gobernador Buanerges Rosero y autoridades indígenas no han avanzado en lo prometido por el mandatario en cuanto a la consulta previa en la participación y formulación del plan de desarrollo departamental [14].

Lo anterior abre el camino para tocar un tema igualmente fundamental en el departamento como lo es la consulta previa e informada, el cual es un mecanismo fundamentado en el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se coordina desde la hoy renovada Autoridad Nacional de Consulta Previa (ANCP), sobre derechos de pueblos indígenas o tribales, en Colombia también para comunidad negra, afro, raizal y palanquera [15]. El objetivo principal de dicha herramienta es verificar si existe presencia o no de comunidades étnicas, siempre que empresas pretendan realizar trabajos de exploración y producción minera o petrolera.

El caso de Putumayo no es la excepción, los enfrentamientos jurídicos que se han suscitado en el departamento, en contra de petroleras y sus exploraciones, han dejado decisiones con diferentes interpretaciones. Hacia septiembre de 2019 la comunidad Siona del resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco, en zonal rural de Puerto Asís, logró detener, mediante la Sentencia SC-1908-2102 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la exploración de sísmica que realizaba la británica Amerisur Exploración Colombia y la cual, de acuerdo al fallo, vulnera el derecho a la vida y a la consulta previa [16].

Un interpretación que se desarrolla es el por qué no se realizó desde un principio la Consulta Previa en esta zona la cual llevó a la comunidad indígena hasta estrados judiciales para hacer respetar su territorio; así mismo, en muchas ocasiones se tilda a la empresas como las principales culpables ya que son las que materializan los proyectos, pero hay un paso que, al parecer, no se está cumpliendo a cabalidad dentro de los requisitos para hacer una Consulta Previa.

Para el primer paso la empresa necesitará: descripción del proyecto, coordenadas geográficas, plano, área de influencia y descripción de actividades a realizar dentro y fuera del polígono; lo segundo, un concepto de la ANCP el cual se revisan bases de datos para saber si hay presencia de comunidad étnica; lo tercero, una verificación de terreno, siempre que el paso anterior no haya sido lo suficientemente claro, donde se presenta el solicitante (la empresa) y autoridades de las comunidades [17].

El posible fallo en el que se estaría incurriendo tendría su origen en los pasos 2 y 3, pues habría población no registrada en las bases de datos de la ANCP, como por ejemplo el desconocimiento que ha denunciado comunidad Inga de Villagarzón con más de 100 años habitando esta zona del Piedemonte Amazónico  putumayense. Al igual que las comunidades, las empresas han sido reiterativas en tener mayor claridad respecto al proceso de Consulta Previa con las poblaciones para no tener descontentos y tener que detener operaciones ya adelantadas.

En diciembre de 2019 autoridades indígenas de Orito se reunieron con delegados de la ex gobernadora Sorrel Aroca, presentando sus inconformidades con la contratación de la obra conocida como Construcción del Colector Sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, que costaría quince mil millones de pesos. Todo parece indicar que para empezar no se realizó la respectiva consulta alrededor de las comunidades que habitan cerca a la quebrada el Sábalo, por lo cual los habitantes de la zona informaron que de seguir con el proceso de licitación acudirían a la tutela para garantizar sus derechos, y como último recurso entrarían a paro indefinido en el municipio [18].

Como los casos anteriormente mencionados, se encuentran otros en proceso de estudio mediante un informe que está estructurando el Senador Alberto Castilla y su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) después de una Audiencia pública senatorial realizada en Puerto Asís el 12 de abril de 2019, donde se trataron temas minero-energéticos y cómo está afectando la continua exploración y producción al departamento. Crudo Transparente logró hablar con una de las personas de la UTL del senador, quien indicó que aún se está trabajando en dicho documento y recogiendo las inconformidades de las comunidades en Putumayo.

Será importante hacer seguimiento a los resultados que vaya arrojando el documento derivado de la audiencia y el accionar por parte del único representante del departamento en el Senado de la República. Será necesaria la opinión y comunicados que emitan las empresas presentes en el territorio, pues como se dijo anteriormente, estas buscan claridad y procesos adecuados para materializar sus trabajos, pidiendo al Gobierno Nacional que despeje las dudas suscitadas alrededor de las Consultas Previas.

Otro de los temas que será relevante para el departamento será la nueva distribución de Regalías que presentó el Gobierno de Iván Duque y que se aprobó al finalizar la legislatura pasada en el Congreso de la República. Lo que sobre el papel sería beneficioso para el departamento y sus municipios productores, pues se debe tener en cuenta que en Mocoa, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuéz, Villagarzón y San Miguel se extrae crudo. De acuerdo con la producción fiscalizada de la ANH, la producción de estos siete municipios rondó los 346 075 barriles de petróleo [19].

De acuerdo con el Índice de Impacto de los Proyectos de Regalias 2012-primer semestre de 2019 desarrollado por Crudo Transparente, en el departamento se han aprobado 611 proyectos, con un puntaje de ejecución 3.99 en el puesto 7; desempeño económico de 3.04 puesto 21; legalidad 3.52 ocupando el puesto 17 en esta materia también a nivel nacional. Actualmente, el Índice ubica al departamento en un nivel medio, cercano al alto, con una ejecución del 79,9 % [20]; sin embargo, existen retrasos en proyectos de vital importancia como la construcción del hospital de segundo nivel el cual a día de hoy sigue sin complementarse su construcción que estaba prevista para finales de 2017. De ello se habló también en una investigación de Crudo Transparente: Análisis de proyectos financiados con recursos de Regalías en Mocoa, Putumayo [21].

Del 26 al 28 de febrero se realizó el Congreso Nacional de Municipios donde la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, confirmó el aumento de 40 mil millones de pesos por Incentivos a la Producción, adicionales a los 175 mil millones disponibles para este mismo fin [22]. El dinero que por supuesto también está destinado a Putumayo por las razones anteriormente mencionadas en tanto a los municipios productores, enfrenta diferentes retos, pues para contar con una ejecución cercana al 80 % el departamento aún cuenta con retrasos en materia vial y desarrollo agrícola.

En términos de proyectos llevados al campo, quedan aún por materializar por el inconveniente de las siembras de hoja de coca con fines ilícitos, lo que va ligado a los denunciados incumplimientos, por parte del campesinado e indígenas putumayense, por parte del Gobierno Nacional. Al parecer con el nuevo impulso que da el ministerio de Minas a las regiones productoras el dinero estará disponible, hará falta entonces el acompañamiento y supervisión del gobierno local para que los montos que entren a Putumayo sean bien administrados y se disminuya el tema de corrupción en su mínima expresión.

En cuanto a comunidades indígenas, son 15 pueblos los que habitan territorio putumayense: awás, korebajus, emberas, embera-katíos, ingas, kamtsás, kofans, nasas, sionas, muruis, pastos, kichwas, yanaconas, pijaos y misaks. En la actualidad se desprenden 52 resguardos con más de 10 000 habitantes [23], quienes mantienen sus costumbres a pesar de las constantes amenazas recibidas por el cuidado de sus territorios.

De acuerdo con Alberto Brunori, representante en Colombia de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las amenazas que reciben estas poblaciones alrededor de la minería ilegal, cultivos ilícitos, explotación de hidrocarburos y grupos armados no estatales son constantes. En ese sentido, piden al Estado y gobierno local que los impactos ambientales generados por labores de multinacionales mineras y petroleras sean de menor impacto, también que se vean recompensados ambiental y económicamente por los probables daños ocasionados.

Igualmente, se suma el cuidado del departamento como una de las entradas hacia la amazonía ya que, por ejemplo, cuenta con el Parque Nacional Natural La Paya (422 000 hectáreas protegidas) [24]. No hay que olvidar, esta es una de las banderas del gobernador Rosero, quien lo ha recalcado en distintas oportunidades. De hecho, uno de los puntos en su programa de gobierno dice: “Desarrollar estrategias, planes y programas contundentes a preservar los recursos ambientales, primordialmente el agua” [25]. Asunto de vital trascendencia para la población putumayense pues cuentan con el 85 % de su territorio perteneciente a la Llanura Amazónica.

Será también relevante seguir este 2020 el comportamiento que se de en el departamento en materia de seguridad a la infraestructura petrolera, pues los atentados a la misma afectan cotidianidad de los pobladores y por supuesto el ecosistema amazónico. La base de datos de  CT registró 7 hechos relacionados a hostigamiento o ataques, 4 en Orito, 1 en Puerto Asís, Villagarzón y Valle del Guamuéz; del mismo modo, proteger la vida de líderes sociales, campesinos, afro e indígenas, ya que diferentes actores armados no estatales se han fortalecido por el aumento paulatino de cultivos ilícitos y narcotráfico presentes sobre todo hacia el bajo Putumayo cerca a la zona de frontera.

Otro problema de gran preocupación en común con los que se enfrenta el gobernador Rosero, la comunidad putumayense y las empresas es la presencia de disidencias Farc con acciones hostiles de los frentes 32 y 48 quienes se disputan desde hace un año aproximadamente, junto con bandas delincuenciales como “La Constru” y “Mafia Sinaloa” [26], el control social y las rutas de narcotráfico en territorio putumayense que salen y entran por las fronteras con Ecuador y Perú.

El factor principal por el que se suscitan estas disputas en el departamento son las condiciones que hay en su tierra para el crecimiento de la hoja de coca, denominado como motor económico para los grupos armados no estatales presentes y desde luego los incumplimientos por parte del Gobierno, pues los dueños de tierras en muchas ocasiones optan por obtener rentabilidad de sus territorios con estas labores ilícitas. El registro en Putumayo de cultivos de coca se ubicó en las 26 408 hectáreas para diciembre de 2018, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC (por sus siglas en inglés) [27].

Cultivos de coca por departamento (hectáreas), 2010-2018

Se puede observar que Putumayo se encuentra en el top 3 de los departamentos con mayor cantidad de cultivos ilícitos en el país, pero también que se ha presentado una disminución (11 %) de diciembre de 2017 al mismo mes en 2018, un total de 3 181 hectáreas han sido erradicadas, en su mayoría, de manera voluntaria por las familias que se acogen al plan de sustitución con productos como cacao, pimienta y sacha inchi. Cerca de 20 331 familias se han inscrito en el programa de sustitución de las cuales el 20 %, es decir, aproximadamente 4 000 de ellas participan activamente el la erradicación.

Para 2020 será relevante seguir los impactos y afectaciones a la industria petrolera derivados de cultivos ilícitos y el negocio de narcotráfico por el que luchan grupos armados no estatales en el departamento, puesto que viene creciendo la presencia de estos actores que por ejemplo en otras zonas del país, donde también hay actividad petrolera, secuestran los carrotanques de transporte de crudo, se dan a la tarea de derramar el mismo en las carreteras o sobre capa vegetal y fuentes hídricas.

Sobre el papel lo ideal sería el cumplimiento en cuanto a la sustitución de cultivos por parte del Gobierno y no argumentar falta de recursos que permitan llevar a buen puerto estas promesas y la aplicación adecuada del Acuerdo de Paz firmado en la Habana con la extinta guerrilla de las FARC-EP. Este tipo de retrasos son los que elevan las posibilidades para la reaparición de cultivos y abonan terreno para la desmoralización de la comunidad.

Amazonas

En Amazonas se registra la existencia, de acuerdo con la gobernación, de 26 etnias. De estas sobresalen los Ticuna, Huitotos, Yaguas, Cocama, Yucunas, Mirañas, Matapíes, Boras y Muinanes. A su vez, se desprenden cerca de 30 resguardos con poco más de 30 000 habitantes [29]. En esta parte del país se torna delicado el tema de preservación y cuidado, tanto de comunidades milenarias como de biodiversidad ya que se afectarían 110 000 km2 de superfície amazónica.

Sumado a lo anterior, está también la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Gobierno, mediante la Sentencia T-622/2016, “frenar la deforestación que es la principal causa del cambio climático en Colombia” [30]. Si bien se toma en cuenta a toda la amazonía colombiana, es fundamental que el departamento sea monitoreado constantemente, tal y como se puede evidenciar en las alertas tempranas del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam).

Para efectos de este análisis se van a tener en cuenta los tres boletines de detección temprana emitidos por el Ideam en 2019, primer trimestre (enero-marzo); segundo trimestre (abril-junio); y tercer trimestre (julio-septiembre). Donde se puede observar un inicio de año con el 57 % de persistencia en detecciones de deforestación en la región Amazonía, los daños no llegaron hasta el departamento, pero sí en territorios vecinos como Guaviare 24,34 %, Caquetá 13,21 % y Putumayo 2,30 % [31].

En cuanto a problemáticas o intenciones de exploración y producción petrolera en Amazonas, como departamento, no se tiene conocimiento hasta el momento. Una de las preocupaciones que salta a la vista son las cifras de deforestación si bien no se ha impactado el departamento, la pérdida paulatina de estos bosques cercanos al mismo amenaza la vida de las diferentes comunidades indígenas y el equilibrio de los bosques y parques naturales como el Parque Nacional Natural Río Puré y sus 999 880 hectáreas protegidas.

Conclusiones

Una de las primeras conclusiones que se obtiene de este análisis buscando abarcar las principales problemáticas comunes que enfrentan Putumayo y Amazonas, tiene en cuenta el inicio de nuevas administraciones políticas esperando que estas lleven a buen puerto los objetivos descritos dentro de sus planes de desarrollo departamentales; sin embargo, en Putumayo se presenta una actividad mayormente marcada en varios aspectos. Como segunda conclusión el tema del posible fortalecimiento de la violencia y grupos armados no estatales, adicional a esto la presencia de mafias que buscan quedarse con el negocio del narcotráfico y todo el procesamiento de los cultivos ilícitos en zonas rurales hacia el Bajo Putumayo (Puerto Asís, Valle del Guamuéz y La Dorada), llegando a agitar la tranquilidad no solo de la población, sino de la diferentes empresas presentes.

Como tercera interpretación se encuentra la presencia de infraestructura petrolera y las empresas encargadas de llevar a cabo la exploración y explotación. No parecería un tema controversial teniendo en cuenta que el desarrollo de esta industria se viene dando desde los años 50 del siglo pasado, lo que sí se vuelve incómodo para la población es la falta de oportunidades que se generan para sus habitantes y el desarrollo de sus ciudades. Medios de comunicación, líderes sociales y políticos contactados por Crudo Transparente en el departamento hacen especial énfasis en la falta de mantenimiento de vías teniendo en cuenta los dineros que se invierten para llevar a cabo todas las labores de las petroleras. Un ejemplo de lo anterior son los nuevos recursos que se brindarán por parte del ministerio de Minas y Energía para los municipios productores, como ya se detalló a lo largo del texto.

Como cuarta conclusión, y no menos importante, está el tema de Consulta Previa, por el cual velan tanto empresas como las comunidades étnicas sobre todo en Putumayo, quienes esperan, más que agilidad en los procedimientos, que este se cumpla a cabalidad, lo que conduce a la nueva Autoridad Nacional de Consulta Previa y la reformulación a la que fue sometida por parte de la administración Duque con la finalidad de hacerla más eficiente. Las compañías, por un lado, presionan para que esta cuestión sea más llevadera y concertada. Las comunidades por su parte, no quieren ser desconocidas y tachadas de invisibles para el Estado al momento de adjudicar áreas de exploración o explotación.

Queda un tema pendiente por desarrollar, el contrabando de hidrocarburos, teniendo en cuenta que los dos departamentos comparten fronteras con Ecuador y Perú, Putumayo y Brasil y Perú, Amazonas, al parecer los casos reportados son hechos aislados como los 1 100 galones incautados el pasado 16 de febrero en Puerto Ospina, jurisdicción putumayense y los 500 galones aprehendidos en un lugar conocido como La Playita, en Amazonas [32]. Realizando la búsqueda en la página de la Policía Fiscal y Aduanera, no se encontraron hechos relacionados a incautaciones en todo el 2019, únicamente a contrabando de materiales para construcción y fauna silvestre.

Entrando en el tercer mes de 2020 apenas se ve la reactivación de la actividad petrolera en Putumayo y Amazonas y en el país con los reportes de las empresas y también por parte del Gobierno Nacional. Los retos en cuanto a operatividad de las empresas, sobre todo en Putumayo, pues la adjudicación de nuevos bloques a Gran Tierra Energy y GeoPark, las consultas previas en territorios con presencia indígena y la conflictividad social y armada por la que vuelven a pasar los putumayenses, se vislumbra en el horizonte de este nuevo año.

Por otro lado, estará a la orden del día el tema de deforestación que afecta a los departamentos que comparten amazonía, lo cual amenaza con una entrada inminente a Amazonas como departamento. La siembra de cultivos ilícitos y la ganadería extensiva parecen ser los causantes principales de esta preocupación y por la cual se han suscitado críticas al Gobierno, ya que se encuentra el compromiso del Pacto de Leticia y la promesa de campaña de proteger la amazonía colombiana.

Bibliografía

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