Columna de Opinión Nacional
La constitución de 1991 y los derechos ambientales
Otty Patiño, Director de Crudo Transparente
Se ha escrito que la Constitución de 1991 es una constitución ecológica, pero eso es una exageración. Hace 31 años, el tema ecológico apenas se estaba abriendo paso en el mundo como uno de los pilares del desarrollo, se hablaba de “ambiente sano”, el mismo concepto primario planteado en el decreto-Ley 2811 de 1974, pero aún no tenía la gran importancia que tiene ahora en un mundo amenazado por las catástrofes asociadas al cambio climático. Solo hasta septiembre de 2015, las Naciones Unidas formularon su agenda 2030 en la cual propone para todas las naciones 17 objetivos y 169 metas conexas con el propósito de un “desarrollo sostenible”.
En esa misma década se estaba abriendo paso el concepto de “derechos planetarios”, siendo el profesor mexicano José Covarrubias uno de sus teóricos e impulsores más destacados.En Colombia, el artículo 79 es el centro de toda la doctrina ecológica de orden constitucional. Dicho artículo dice así: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. Por supuesto, es difícil definir “ambiente sano” y su interpretación estaría mucho más ligada a la vida humana saludable que a la preservación de los ecosistemas. Pero mencionar la frase “ambiente sano” como un derecho abrió una puerta importante para la protección de los derechos colectivos ambientales.
Hay otros 8 artículos relacionados con el tema ambiental:
-El artículo 8, en el capítulo de Principios, establece como un deber del Estado y de las personas, la protección de las riquezas naturales y culturales de la nación. Es decir, se plantea que los bienes naturales son un bien común y como tales deben ser protegidos y preservados. El concepto de “riquezas naturales” se refiere seguramente a los bosques, a la flora y fauna silvestre, a las corrientes de agua dulce, a los humedales, lagos y lagunas.
-El artículo 49 establece que el saneamiento ambiental (asociado a la salud) es un servicio público y por dicha razón le compete al Estado la organización, dirección y reglamentación de dicho servicio.
-El artículo 58 es bien interesante porque establece obligaciones de carácter ecológico a la propiedad privada. Significa un nuevo avance con relación a las limitaciones de los propietarios. El primero de ellos ya había sido enunciado en la reforma constitucional de 1936 cuando estableció la “función social de la propiedad”.
-El artículo 63 establece que los bienes de uso público, los parques naturales y los bienes de las comunidades étnicas son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Este es, quizás, el artículo más violado por quienes han atropellado a las comunidades para la expansión económica de sus industrias, de sus rutas o de sus explotaciones.
-El artículo 80 es un desarrollo del artículo 8. Habla de la planificación para el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su preservación, restauración o sustitución.
-El artículo 88 establece que uno de los mecanismos para la protección del medio ambiente sano, entendido este como un derecho colectivo, son las acciones populares. Sin embargo, la tutela y otros mecanismos garantistas de derechos fundamentales como la salud, bien pueden ser instrumentos subsidiarios para la protección del medio ambiente. Y más eficaces.
-El artículo 95 es otra reiteración del artículo 8, aunque en este caso descarga más la responsabilidad en las personas.
Por último, el artículo 330 les da potestad a las comunidades indígenas de velar en sus territorios por el uso del suelo y la preservación de los recursos naturales.
Una rápida comparación entre el mandato constitucional y la realidad colombiana con relación a los derechos ambientales, nos muestra un panorama desalentador: no siendo la constitución de 1991 todo lo ecológica que se quisiera, la sociedad política y el Estado colombianos no han estado a la altura de los ordenamientos constitucionales en este aspecto. Por fortuna, la conciencia ambiental en los ciudadanos, en las comunidades y en otras naciones está cada vez más despierta.
NOTICIAS
Juez suspende la licencia ambiental del proyecto Kale por violar el derecho fundamental a la consulta previa
La decisión de la jueza del Circuito de Barrancabermeja, Blanca Martinez, ante la tutela impuesta por La Corporación Afrowilches fue suspender la licencia ambiental al Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII) Kale. La tutela estuvo respaldada por Corporación Podion, ONG que enfatiza el análisis y reflexión sobre el desarrollo y la convivencia pacífica a partir de la defensa y respeto por los derechos humanos; el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Alianza Colombia Libre de Fracking.
La decisión dispone tanto la suspensión de la licencia del proyecto Kalé como la de Platero; la cual está en trámite. Además, se resalta que el proceso podrá continuar hasta que se garantice el proceso de consulta previa por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en todas sus etapas.
El juzgado ordenó a Ecopetrol S.A, la ANLA y a la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior que dentro de las 48 horas siguientes al fallo, las dependencias adelanten de forma coordinada las acciones administrativas pertinentes para la realización de los procesos de consulta previa.
Según la Alianza Colombia Libre de Fracking, este es un logro para las comunidades afrocolombianas de Puerto Wilches y de las organizaciones ambientales que han llevado una lucha de años por evitar la contaminación del agua y el ambiente.
Cabe resaltar que, la licencia se aprobó en medio de graves amenazas y hostigamientos en contra de líderes ambientales del territorio. Asimismo, el Gobierno Nacional le quitó la protección al representante legal de la Corporación Afrowilches, Pedro Carballido, el mismo día que la licencia fue aprobada.
La Comisión Segunda del Congreso de la República debatirá nuevamente el Acuerdo de Escazú
Los congresistas Iván Cepeda (Polo Democratico), Antonio Sanguíneo (Partido Verde) y Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indigena y Social) apelaron al Estatuto de Apelación en la Comisión Segunda para revivir el debate en torno al Acuerdo de Escazú. Esta norma reconoce a los partidos opositores el derecho a establecer el orden del día.
Frente a la petición de la oposición, la presidenta de la comisión, Paola Holguín, aseguró que se han dado las garantías para el trámite de la iniciativa. De esta forma, el martes 26 de abril el proyecto será discutido por la Comisión Segunda del Senado.
Posteriormente, Cepeda indicó en su twitter: “Con Estatuto de la Oposición, logramos junto a @AntonioSanguino y @FelicianoValen que Comisión II discuta la próxima sesión ratificación del Acuerdo de Escazú. Su ratificación ha sido reiteradamente eludida por el gobierno y su bancada, a pesar del compromiso de Duque ante la ONU”.
La oposición ha manifestado que no ha existido una verdadera voluntad política por aprobar el Acuerdo de Escazú, el cual es de vital importancia para la defensa de los líderes ambientales, el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales en Latinoamérica.
Finalmente, La Mesa de Sociedad Civil Para La Transparencia de las Industrias Extractivas, lanzó un comunicado de prensa en el que se señala la urgencia de ratificar el Acuerdo. Para más información se puede consultar en el siguiente hipervínculo Pronunciamiento de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas sobre el Acuerdo de Escazú. 25/04/2022
Las exportaciones de petróleo en Colombia aumentaron en un 97 % en su valor
Debido a la subida de los precios que se ha registrado en el barril Brent (referencia para Colombia) en el último año, se registró un incremento del 97 % en las ventas externas del petróleo crudo. Para el corte de febrero del 2021, el valor de las exportaciones alcanzaron $641 millones de dólares, mientras que para este mismo mes del 2022 se registraron ventas por $1 261 millones USD.
De igual manera, las ventas al exterior de otros productos de la industria de hidrocarburos publicaron sus ventas, y éstas pasaron de $2 939 millones de dólares en 2021 a $4 202 millones este año.
Según las cifras del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, se evidenció que la cantidad de hidrocarburos vendidos también aumentó un 32 %. En febrero del 2021 se vendieron 14.7 millones de barriles de petróleo y durante este mes del 2022 se vendieron aproximadamente 47 millones.
Fuente: Portafolio. Las exportaciones de petróleo nacional aumentaron un 97 %. 18/04/2022
El petróleo sube a causa del cierre del campo petrolero más grande de Libia
Las protestas en contra del primer ministro de Libia, Abdul Hamin Dbeibah, cerraron “Sharara”: el campo petrolero más grande del país. los manifestantes obligaron a dos puertos a dejar de cargar mercancía y a detener la producción del yacimiento “el Feel” pozo que abastece 65 000 barriles diarios.
Libia hace parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), es el país con más reservas de petróleo en África y el noveno en el mundo.
La situación ha generado preocupación en la Unión Europea, que es uno de los mayores compradores de crudo de este país. Cabe resaltar que, la misma integración supranacional ha mostrado el interés de prohibir las importaciones de crudo ruso debido al conflicto con Ucrania, lo cual dejaría con pocas alternativas a Europa para abastecer su demanda de recursos.
El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, aseguró que si más naciones se suman a la prohibición de las importaciones de este país, los precios podrían “superar significativamente” los máximos históricos.
La OPEP aseguró que el país africano perdió el miércoles 20 de abril 550 000 barriles diarios de producción debido a los bloqueos
RESEÑA
Primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú COP1
Por: Nicoll Quintero Arias
El evento auspiciado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se celebró durante el 20, 21 y 22 de abril en la sede central de la Comisión Regional de las Naciones Unidas en Santiago, Chile, en formato híbrido.
La COP1 es el órgano de decisión del Acuerdo de Escazú; tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. La primera intervención estuvo dirigida por el nuevo presidente chileno, Gabriel Boric.
En su discurso dio un mensaje al Congreso de Chile en donde dice que los parlamentarios han dejado pasar mucho tiempo para tomar acción con el Acuerdo de Escazú. Asimismo, recalcó la responsabilidad qué hay de todos los Estados por abordar el medio ambiente como un principio en el que “nos salvamos todos o nos hundimos”
Por su lado, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Mario Cimoli, destacó la importancia del Acuerdo como el primer tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe. El ponente señaló que “El hecho que la región se reúna acá, nos tenga acá discutiendo un Acuerdo que parte de una base ambiental de derechos y ciudadanía es un gran paso, lo cual nos debe hacer sentir orgullosos”.
Por otro lado, durante el primer día, los países que firmaron el Acuerdo de Escazú intervinieron en la asamblea para dar a conocer los avances que se han realizado en sus países en materia de medio ambiente.
En el caso colombiano, la delegación de Colombia estuvo dirigida por Guillermo Botero, embajador del país en Chile. El representante mencionó que para Colombia es prioritario el fortalecimiento de las políticas internas y la consolidación de mecanismos efectivos para el goce de derechos de los ciudadanos Igualmente, mencionó que la firma en diciembre del 2019 se debe unir a los esfuerzos de la normativa interna vigente sobre la materia de a medio ambiente.
Asimismo, Botero señaló que cómo parte de las acciones decididas en pro de la ratificación del Acuerdo, Colombia a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en coordinación con la Presidencia de La República, ha impulsado diversos espacios institucionales de diálogo y educación ambiental con tal de cerrar las brechas de la desinformación sobre el alcance de este tratado. Por último, el embajador agregó que se está a la espera de poder lograr los avances legislativos que se necesitan para la ratificación.
En el caso de Perú, la intervención estuvo dirigida por la Viceministra de Gestión Ambiental , Elizabeth Silvestre Espinosa, en donde se compartieron los avances. Entre ellos: la aprobación de la ONU del primer tratado vinculante para frenar la contaminación por plásticos, la aprobación del informe nacional del estado del ambiente y la plataforma “El Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)” en la cual se puede acceder a todo el contenido pertinente, reglamento de sistema de información nacional ambiental, construido de forma participativa con enfoque a los DDHH, el registro de emisiones y contaminantes, la creación de un grupo especial de protección a los defensores del medio ambiente y derechos humanos.
La intervención del público resaltó la participación ciudadana en los procesos de información de diferentes maneras. En México las organizaciones de sociedad civil crearon actividades como lo son webinars, cursos, discusiones y publicaciones.
En el caso de Ecuador, las acciones para incentivar la participación, las respaldo el Centro Internacional para la Investigación del Ambiente y el Territorio de la Universidad Hemisferios, esta iniciativa inició por parte del Plan de Gobierno Abierto con la colaboración del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Las actividades fueron en dos campañas relacionadas a la divulgación del Acuerdo de Escazú a través de medios radiales y un espacio web. En Argentina se realizó un taller dirigido a los oficiales de la judicatura, el cual llevaba de título “La implementación del Acuerdo de Escazú en el campo judicial”.
Vale la pena mencionar que, durante las jornadas de la COP1 se presentaron eventos en simultáneo. Para el 21 de abril se realizó el primero, a cargo de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR Perú) y el Programa de Defensores y Defensoras Indígenas. El conversatorio tuvo de nombre “Integrando las Voces Indígenas de la Amazonia en la COP”
El evento se realizó debido a que las organizaciones sintieron que no hubo una suficiente representación de los pueblos indígenas en la reunión central de las partes. Dentro de los participantes se encontraba Miguel Guimares, vicepresidente de La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), él cual señaló la importancia de hacer esfuerzos que contribuyan llegar a acuerdos puntuales que integren las comunidades indígenas que están en la primeria línea de la defensa del territorio.
Asimismo, Eileen Cunningham, integrante del secretariado de América Latina para los Pueblos Indígenas, la cual brindó los comentarios sobre las propuestas expuestas de los mecanismos de participación. La representante mencionó que los mecanismos plasmados en el Acuerdo parecían ser un gran avance para la conservación del territorio, sin embargo, en este punto se debe pasar del papel a la acción, y es por eso que es vital la integración de COICA en la mesa directiva de la COP Escazú. Esto significaría el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas en sus territorios.
Cunningham recalcó la poca visibilización de los diferentes actores que han estado luchando para que se dé la ratificación en los países y mostró oposición ante la decisión de la COP de llamar a los actores involucrados como “público” ya que esto invisibiliza a las comunidades, minorías, indígenas y organizaciones de sociedad civil.
Dario Mejía, Miembro del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de la ONU, mencionó que el cuidado del medio ambiente para los indígenas es algo principal que se ha llevado por generaciones. Asimismo y como integrante de la comunidad indigena reiteró que el pueblo conoce los conflictos que se pueden desarrollar por proyectos como las hidroeléctricas, la implementación de la política de transición energética y la situación en la Amazonia que ha generado un desconocimiento de las comunidades
Por último, la jornada del 22 de abril del COP1 terminó con una rueda de prensa convocada por la Red Regional Escazú, la COICA, y DAR. Las intervenciones empezaron con Natalia Gómez, integrante de EarthRights International. En donde señaló que el público, es decir los actores involucrados en el Acuerdo, serán de gran ayuda dentro del comité de apoyo y cumplimiento para que se realice la debida implementación del mismo. Se especificó que para la próxima COP la cual será celebrada en Argentina, se escogerá a los miembros de este comité.
Carmen Capriles, representante de la Red Regional de Escazú, destacó lo difícil que ha sido avanzar en las negociaciones por ciertos Estados como lo hizo Bolivia. Debido a ello se hizo un llamado al gobierno para abrir un diálogo con las organizaciones de sociedad civil, la cual se priorice una conversación inclusiva que plantee propuestas en la que todos se beneficien.
Dentro de las intervenciones, Óscar Daza, coordinador de derechos humanos de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), invitó a los países firmantes, y que aún no han ratificado Escazú, (como lo es Colombia) que lo hagan todo en pro de darle una voz a las comunidades indígenas.
Johana Mendoza, representante de la Plataforma Escazú en Perú y comunicadora de DAR retomó el tema de los defensores haciendo énfasis en el aumento de crímenes en contra de los líderes en la región.
Para finalizar, la Rueda de Prensa acabó con Carmen Capriles. La representante resaltó que dentro de las próximas discusiones debe haber un enfoque de género, el cual evidencie la participación de mujeres y defensoras y se priorice los temas la justicia ambiental y climática.
Cabe resaltar que la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se celebró el 22 de abril, el día internacional de la tierra.
*Se precisa que las columnas de opinión pertenecen a sus respectivos autores/autoras y por ende, no comprometen a Crudo Transparente, ni a sus financiadores
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