Crudo Transparente presenta su informe anual sobre orden público e ilegalidad, medio ambiente y conflictividad social relacionado con el sector de hidrocarburos a lo largo de 2019; esfuerzo que se deriva del seguimiento y análisis mensual de nuestro Pulso Petrolero regional, que tiene en cuenta los 32 departamentos del país, en especial las regiones que presentan mayores cifras de productividad petrolera y gasífera. A modo general la industria presentó los siguientes hechos:
A corte de noviembre del 2019 la producción de petróleo aumentó 2,7 % en comparación al 2018. El Ministerio de Minas y Energía informó que finalizando el año anterior se registraron 886 181 barriles promedio día, mientras en el mismo periodo del 2018 fue de 862 924. Este incremento se debió a la producción de crudo en los campos Quifa (Meta), La Cira (Santander), Castilla y Castilla Norte (Meta) y Akira (Casanare).
En cuanto a reservas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) entregó el balance de autosuficiencia energética, mostrando las siguientes cifras: en materia petrolera, el país aumentó sus reservas probadas de crudo un 9,9% entre 2017 y 2018, pasando de 1 782 a 1 958 millones de barriles, incrementando en vida útil cinco meses, equivalente a 6,2 años. En contraposición, las reservas de gas registraron una caída de 2,9% y las reservas probadas pasaron de 3 896 a 3 782 giga pies cúbicos (gpc).
Durante el 2019 el gremio gasífero y el Gobierno alertaron acerca de la autosuficiencia de este hidrocarburo, ya que, según manifestaron, la disponibilidad de gas natural para el país pasó de 11,7 a 9,8 años. El Ministerio de Minas y Energía informó que, de mantenerse esta tendencia, el país perdería, por primera vez en cuatro décadas, la capacidad de autoabastecimiento y se vería obligado a importarlo, lo que podría provocar que el costo de este servicio se duplique en los hogares colombianos.
Por otro lado, el fracking fue otro tema que sobresalió en el 2019. Cronológicamente tuvo este comportamiento:
En febrero se publicó el documento emitido por la Comisión de Expertos para el Estudio del Fracking sobre la fase exploratoria de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales (YNC) con recomendaciones positivas para el desarrollo de exploraciones en este tipo de yacimientos y la realización de proyectos piloto de investigación.
El grupo concluyó que en el Magdalena Medio se podrían hacer los pilotos de exploración, ya que en esta zona se han realizado labores de investigación para la implementación de esta técnica y se cree que están las mayores reservas de hidrocarburos, entre los 2 mil y 7 mil millones de barriles.
Para marzo, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) negó el recurso de reposición interpuesto por las compañías Conocophillps y Canacol Energy para obtener la licencia ambiental de los proyectos piloto en el valle del Magdalena Medio. El principal argumento de esta entidad fue que no existe la información completa para una evaluación adecuada de esta técnica, especialmente en los manejos y disposición de las aguas de producción y flujos de retorno, la evaluación ambiental y el plan de contingencia.
A mediados del 2019, se realizó la protesta nacional en contra de la implementación del fracking y lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde se dio vía libre para que el Ministerio de Minas y Energía realizará procesos de exploración de crudo en los YNC. Este evento se llevó a cabo en 70 municipios de cinco departamentos, contó con la participación de alrededor de 300 000 personas, entre estudiantes, líderes ambientales, organizaciones y colectivos sociales, de los que se destacaron el Movimiento Nacional Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking.
Los protestantes llegaron a las inmediaciones del Consejo de Estado en Bogotá, en donde se realizaba la audiencia pública en el proceso que suspendió el marco normativo de esta técnica en Colombia. En este contexto, el Alto Tribunal ordenó a la Universidad Nacional crear una nueva comisión de expertos, diferente a la nombrada por el Gobierno Nacional en noviembre 2018, para resolver las dudas sobre el uso de este procedimiento; no obstante, autorizó la realización de los pilotos.
Finalizando el 2019 el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, informó que la empresa tiene programado iniciar en el segundo semestre de 2020, los Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) para la implementación de esta técnica en Colombia. Con estas pruebas se pretende obtener información sobre los impactos de este procedimiento y su posible viabilidad en el país.
Lo anterior deja claro que la discusión sobre la implementación del fracking sigue abierta y las posiciones por parte del Gobierno, gremios petroleros y grupos sociales siguen estando divididas. Es de gran importancia crear espacios de debate sobre estos procedimientos, donde se incluya a los ciudadanos de las regiones directamente afectados por este tipo de actividades, ya que, como bien lo señaló la Comisión de Expertos en su informe, aún no se cuenta con la licencia social para ejecutar este tipo de actividades.
Otro aspecto que estuvo presente en la agenda petrolera del 2019 fue la operación offshore. Ecopetrol, junto con la ANH, firmó el convenio de exploración y producción costa afuera para la reactivación de la actividad extractiva en los mares colombianos. El bloque de gas COL 5, que pertenece 100 % a la Estatal, está ubicado en aguas del Caribe colombiano, y cuenta con una extensión de 400 mil hectáreas y una inversión de 250 millones de dólares. A la fecha hay seis contratos para estas exploraciones y para este 2020 se perforará el pozo más profundo de offshore en el Caribe colombiano.
En relación a las consultas populares, en agosto del 2019 la Corte Constitucional falló sobre los acuerdos municipales con respecto al desarrollo de las actividades extractivas. La nueva sentencia, T-342, determinó que los instrumentos de participación van en contravía de la precedente jurisprudencia de la Corte en la sentencia SU-095 del 2018 del mismo tribunal. En la del 2018 se estableció que el Estado es el propietario de los bienes del suelo y subsuelo; por tal razón, ni los entes territoriales ni los ciudadanos pueden decidir sobre la extracción de estos recursos naturales.
Adicionalmente en ese mismo acto, la Sala Tercera de Revisión revocó la sentencia 2017-02389 de 05 de abril de 2018, declarada por el Consejo de Estado, que daba la posibilidad de que los concejos municipales pudieran realizar acuerdos para prohibir las actividades mineras y petroleras.
Por último, el Gobierno Nacional elaboró el proyecto de ley 052 2019 de coordinación y concurrencia entre la Nación y las entidades territoriales. Lo anterior con el propósito de llevar a cabo los proceso de titulación en las agencias de minería e hidrocarburo; sin embargo, este proyecto no es un mecanismo para vetar las actividades de exploración y producción, ya que la SU-095 determinó que los municipios no tienen esa competencia.
Actualmente este proyecto de ley se encuentra radicado en el Congreso, pero en la Comisión Primera del Senado no se ha adelantado el primer debate, pese a que siempre estuvo en el orden del día.
Otro tema para resaltar en el 2019 fue las modificaciones al Sistema General de Regalías (SGR). En abril del 2019 se radicó el proyecto de acto legislativo y después de ocho debates, cuatro en el Senado y cuatro en la Cámara, se aprobó la Reforma al SGR por medio de la modificación del artículo 361 de la Constitución Política.
Entre las modificaciones principales se destacan los porcentajes de los ingresos que se distribuirán de la siguiente manera: 20 % para los departamentos y municipios donde se adelante la explotación de recursos naturales no renovables; 15 % para los municipios más pobres; 34 % para los proyectos de inversión regional de los departamentos; 1 % para la conservación de las áreas ambientales estratégicas; 10 % para la inversión en ciencia, tecnología e innovación; 2 % para el funcionamiento de la fiscalización de exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y el 1 % para la operatividad del sistema de seguimiento del uso eficaz de los recursos. El remanente se destinará al ahorro y pasivo pensional y al ahorro para la estabilización de la inversión.
Ahora bien, durante el 2019 la conflictividad social y ambiental relacionada con el sector petrolero se concentró en los siguientes temas: atentados contra los oleoductos, instalación de válvulas ilícitas, amenazas a líderes sociales, derrames de crudo, afloramientos, contaminaciones ambientales, protestas en contra de las compañías, contrabando de hidrocarburos, entre otros.
Grafica 1.1 Comportamiento mensual de la conflictividad asociada al sector de hidrocarburos en el 2019
En la gráfica anterior se muestran los siguientes temas: orden público e ilegalidad, conflictividad social y medio ambiente. Sobre la primera categoría los hechos más sobresalientes fueron los 46 hostigamientos registrados en el 2019 en contra la infraestructura petrolera, en los oleoductos Caño Limón Coveñas y Trasandino, en los departamentos de: Arauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo [1]. Durante los 12 meses del año se registraron atentados; siendo enero y julio en donde ocurrieron el 76% de estos sucesos.
Como se puede evidenciar en la gráfica 1.1, enero y febrero fue el bimestre que registró el mayor número de hechos en materia de ilegalidad. Dentro de este periodo se contabilizaron 12 atentados en contra de la infraestructura petrolera; mientras que durante resto del año se contabilizaron 3 atentados por mes.
Para finalizar, como se puede notar en la gráfica diciembre es el periodo donde menos se registraron sucesos en la actividad petrolera. En promedio, durante el año se notificaron 17 hechos por mes, pero en diciembre esta cifra solo llegó a hacer una tercera parte de esto.
En detalle, en Mallama, Nariño, se presentó una emergencia ambiental debido a un ataque en contra el oleoducto Trasandino. Ecopetrol activó su plan de contingencia para limpiar el crudo; igualmente, la Estatal y el departamento notificaron que no hubo ningún cuerpo de agua perjudicado.
Por último, en este periodo del año se decomisaron 6 230 galones de combustible entre gasolina y ACPM en los departamentos de: Arauca, Guajira, Norte Santander y Magdalena.
Lo más preocupante del aumento de los hostigamientos a la infraestructura es la afectación a los ecosistemas y a las labores realizadas por las comunidades que habitan las zonas donde ocurrieron los sucesos. Además, se perjudicó fuertemente la producción petrolera del país, como fue el caso ocurrido en septiembre donde se suspendieron las operaciones del Campo Tibú y la planta de gas de Sardinata (Norte de Santander) debido a las protestas y disturbios ocasionados por la banda “ pategrilleros”, que se dedica al hurto de crudo en la región.
Tras los ataques presentados en esta región, se paralizó la operación de 76 pozos de producción de petróleo y 61 pozos inyectores. A corte de julio 2019, se habían suspendido 432 contratos laborales y 60 contratos con proveedores locales que facturaban alrededor de 1 200 millones de pesos mensuales por la prestación de bienes y servicios a Ecopetrol. Además, se dejaron de producir 26 500 barriles de petróleo por día y 6, 3 millones de pies cúbicos de gas.
Con referencia a los ataques, vale la pena mencionar que en enero del 2019 el gobierno nacional se levantó de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), después del atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en Bogotá, atribuido por este grupo.
El fin de estas negociaciones dejó, nuevamente, en vilo a la industria petrolera y a los ciudadanos, debido a que las regiones donde se encuentra los principales oleoductos del país cuentan con una alta presencia de este grupo armado no estatal y que dentro de su accionar histórico está el ataque sistemático a la infraestructura energética. Aunque también es importante remarcar que en estas zonas ejercen presencia disidencias de las FARC y grupos delincuenciales dedicados a la fabricación de estupefacientes y al contrabando.
Ahora bien, los temas de medioambiente tuvieron presencia en la agenda durante todo el año. Al respecto, se registraron derrames de crudo, afloramientos y la contaminación de fuentes hídricas. En el 2019 se cumplió un año del afloramiento de crudo del pozo Lisama 158, ubicado en el corregimiento La Lizama, zona rural que limita con Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí, en Santander. Para más información revisa: Desastre ambiental la Lizama, un año después.
En esta emergencia ambiental se derramaron 550 barriles de petróleo, gas y lodo, la mancha tuvo un recorrido de casi 30 kilómetros, llegó a cuerpos hídricos del Magdalena medio, perjudicó las labores de los pescadores y sus familias y afectó a más de 2 400 animales entre peces, aves y mamíferos. A un año de esta tragedia, las comunidades afirman que todavía hay presencia de hidrocarburos en los sedimentos y en las orillas de los ríos.
Aunque Ecopetrol ha ejecutado labores de reparación en el corregimiento y ha realizó esfuerzos para el reintegro de las familias a sus hogares, la comunidad sigue manifestando que las compensaciones económicas, sociales y ambientales no han sido suficientes.
Con referencia al factor de conflictividad social, en el 2019 se adelantaron protestas, huelgas y plantones en contra de las compañías petroleras, en los siguientes departamentos: Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Norte de Santander, Meta y Santander. La mayoría de estas acciones fueron en contra de la Estatal petrolera, Ecopetrol. Aunque vale la pena mencionar que en abril y mayo las comunidades y trabajadores de Arauca realizaron un bloqueo de vías en contra de la petrolera Occidental de Colombia INC.
Durante esos meses los trabajadores, junto con las asociaciones comunales del sector y la subdirectiva de la Unión Sindical Obrera (USO), protestaron para exigirle a la empresa mejores condiciones laborales, aumentos salariales e inversión social en el departamento.
Adicionalmente sobresalió en junio del 2019, los bloqueos realizados por las comunidades de Arauca y Norte de Santander a las plantas Banadía y Gibraltar respectivamente. Estas manifestaciones fueron en contra de las empresas Cenit y Ecopetrol, para exigir mejores condiciones laborales y salariales, además de denunciar el incumplimiento de la convención colectiva y la falta de inversión social en la región. Las manifestaciones se extendieron en seis puntos del oleoducto Caño-Limón Coveñas en Arauca, Norte de Santander y Boyacá.
A continuación, en la gráfica 1.2. se exponen los departamentos en donde la industria petrolera tuvo mayor conflictividad:
Grafica 1.2 Compartimiento general de la conflictividad relacionada con el sector por departamento en el 2019
Como se muestra en la gráfica, Norte de Santander fue el departamento en el que más hechos ocurrieron durante el 2019. A pesar de ser la zona que presentó más conflictividad social, ambiental e ilegalidad en el sector petrolero, tan solo generó 19 754 barriles de enero a octubre de 2019; equivalentes al 0,44 % de lo que produjo Meta que fue, y ha sido, el mayor productor del país con 4 446 625 barriles durante el mismo periodo.
En esta región se presentaron derrames, hostigamientos a la infraestructura petrolera, instalaciones de válvulas ilícitas, bloqueos de vías, contrabando, entre otros. Medios de comunicación y Ecopetrol han manifestado que esta región es la más vulnerable con relación a la actividad extractiva por la presencia de diferentes grupos armados y el oleoducto Caño Limón Coveñas.
Especialmente se publicaron hechos relacionados a la instalación de pegas clandestinas para el hurto de hidrocarburos, que según reportó la petrolera a corte de diciembre del 2019 se notificaron 130 en este oleoducto. Adicionalmente, según el seguimiento de Crudo Transparente, en este departamento se registró el mayor número de atentados, con un total de 15.
En Arauca también se registraron importantes sucesos. En esta región la afectación a la industria estuvo ligada a acciones de contrabando de crudo y 11 atentados al tubo Caño Limón Coveñas.
Como se muestra en lo anterior y se especificará más adelante, según nuestro análisis la zona fronteriza con Venezuela fue la más afectada por los hechos de orden público y conflictividad social por hostigamientos a la infraestructura petrolera, acciones contra el contrabando de crudo y protestas contra las empresas (gráfica 1.2).
El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente. A continuación, se mostrará en detalle los sucesos del 2019 por cada una de las temáticas establecidas:
MEDIO AMBIENTE
Grafica 2.1 Hechos con relación al medio ambiente 2019
Con relación al medioambiente, como se muestra en la gráfica 2.1., se presentaron en total 21 hechos: 17 derrames, un afloramiento y tres contaminaciones de fuentes hídricas. Las empresas involucradas según la información analizada fueron: Ecopetrol, Amerisur Exploración Colombia Limitada, Conyser, Nickoil Energy Corp, Ocensa y Georpark Colombia. Según los datos, la Estatal incurrió en el 62 % de estos hechos, siendo la mayor responsable y los departamentos afectados fueron: Antioquia, Boyacá, Casanare, Huila, Nariño, Meta, Magdalena y Santander. El suceso que más se destacó en medios fue el registrado en febrero en el río Piñuña Blanco, Puerto Asís, Putumayo.
La comunidad indígena Siona, ubicada en la selva del Putumayo, denunció la contaminación del afluente mencionado que desemboca en el río Putumayo, como consecuencia de la explotación petrolera que se realizó en el Bloque Platanillo, por parte de la compañía Amerisur Exploración Colombia Ltda, (empresa filial de la británica Amerisur Resources plc.)
La comunidad, que se encuentra en el bajo Putumayo, notificó que el pozo expulsa aguas contaminadas y ha afectado la salud de los 600 habitantes de la reserva indígena. La compañía negó la acusación y resaltó que cumplió con las regulaciones ambientales y reiteró que en años anteriores en los trabajos explotación, no se habían presentado o denunciado algún tipo de contaminación ambiental. Vale la pena recordar, que esta empresa se dedica al desarrollo de proyectos petroleros en el país desde el 2003 y en septiembre del 2018 seguía realizando labores de exploración en el pozo Pintadillo-1 localizado al norte al bloque Platanillo. Para más información revisa: Influencia de la actividad petrolera en el Putumayo 2016-2019
Grafica 2.2 Departamentos afectados en materia de medio ambiente 2019
Como muestra la gráfica 2.2. los departamentos más afectados por las contaminaciones ambientales fueron: Boyacá, Meta y Santander. La gráfica muestra que el mayor perjudicado fue Meta. En esta última zona se encuentra La Estación Chichimene en Acacias, según los datos compilados por CT, la comunidad denunció en el 2019 dos contaminaciones hídricas y dos derrames de hidrocarburo; en todos estos sucesos Ecopetrol fue el presunto responsable.
Con respecto a Boyacá, durante el 2019 las comunidades denunciaron irregularidades de las empresas y las contaminaciones de los cuerpos de agua, tal es el caso de las 40 familias de San Luis de Gaceno afectadas por la explotación de hidrocarburos de la empresa Nikoyl Energy.
Por su lado, en Santander, los habitantes de San Vicente de Chucurí, en febrero 2019 hicieron un llamado a las autoridades ambientales y nacionales por las contantes contaminaciones ambientales, debido a los afloramientos de petróleo. Según la ciudadanía durante ese mes se presentaron 17 manaderos de hidrocarburo que estarían amenazando fuentes hídricas como el río Cascajales que abastece la población de este municipio. En ese momento, la USO indicó que esta clase de hechos han ido aumentando en este sector y las autoridades no las habían controlado.
CONFLICTIVIDAD SOCIAL
Gráfica 3.1 Hechos alrededor de Conflictividad Social 2019
Como queda evidenciado en la gráfica 3.1., se presentaron 11 protestas, 7 bloqueos de vía, un cese de actividades y un uso excesivo de la fuerza. Estas acciones fueron en contra de las siguientes empresas petroleras: Ecopetrol, Emerald Energy Colombia, Occidental de Colombia y Gran Tierra Energy. Específicamente el 55 % de los hechos relacionados con esta categoría estuvieron relacionados con la petrolera Estatal: siete protestas, tres bloqueos de vías y un cese de actividades.
Gráfica 3.2 Comportamiento departamental del 2019, con respecto a conflictividad social
Como se puede evidenciar en la gráfica 3.2 los departamentos que más estuvieron afectados en temas de conflictividad social fueron: Arauca y Meta. Vale la pena recordar que en abril las organizaciones sociales, campesinos y trabajadores de las áreas de influencia de los campos petroleros de Caño Limón, entre Arauca, Arauquita, Tame y Saravena (Arauca), realizaron bloqueos de vías y protestas en contra de la Estatal por las condiciones laborales, el Plan de Desarrollo del Gobierno y el rechazo de la industria petrolera en el departamento.
También en Arauca las comunidades protestaron en contra de la empresa Occidental de Colombia, en el campo de explotación petrolera Caricare, donde paralizaron el paso de los trabajadores en esta aérea. Principalmente, estas manifestaciones se dieron para solicitar a la empresa realizar modificaciones al Plan Voluntarios de Gestión Social (PVGS) paras las vigencias 2018 y 2019 que incluían: construcciones de 180 viviendas, construcción de un salón comunal, mejoramiento en las escuelas entre otras actividades a favor del beneficio de la ciudanía.
Por su parte, en Meta, a principio del 2019, trabajadores de la empresa contratista de Ecopetrol, Mecánicos Asociados MASA, protestaron en contra de la Estatal para exigir soluciones ante los despedidos injustificados. Las manifestaciones se extendieron durante más de una semana y tuvieron el apoyo de la USO.
Por último, es importante resaltar que para marzo del 2019 la subdirectiva Meta de la USO, inició una jornada de protesta para exigirle a Ecopetrol el cumplimiento de la convención colectiva 2018-2022 que busca el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y beneficios salariales.
ORDEN PÚBLICO E ILEGALIDAD
Gráfica 4.1 Comportamiento de Orden Público e Ilegalidad 2019
El factor de orden público e ilegalidad fue el tema que más sobresalió en el 2019 para la industria petrolera. En la gráfica 4.1. se muestra que el 53 % de los datos recopilados hizo énfasis a los hechos relacionados con el contrabando de crudo. Adicionalmente, el 28 % de la información hizo referencia a los hostigamientos a la infraestructura petrolera, 12 % a la instalación de válvulas ilícitas, 3 % amenaza y extorsión a líder social y el 1 % amenaza y extorsión a empresas o personal.
Con relación a las válvulas ilícitas en el 2019 la instalación de estas para el hurto de hidrocarburo, se triplico en comparación del 2018, según lo recolectado por nuestra base de datos. Para corte de diciembre del 2019 la petrolera reportó 130 válvulas ilegales solamente para el Caño Limón Coveñas y según información de la compañía, solo en la región del Catatumbo se retiraron 904 válvulas ilícita de enero a octubre del mismo año.
Otro ámbito para resaltar, según lo analizado por CT en el 2019 desde abril a noviembre se presentaron cinco amenazas en contra de líderes sociales cuya labor está relacionada con el sector de hidrocarburos; siendo el año en el que más se registraron estos hechos en comparación del 2017 y 2018. Esto corrobora la grave situación que vive actualmente el país respecto a las intimidaciones y asesinatos de los defensores de los derechos humanos, el medio ambiente, los territorios, las formas tradicionales de vida, entre otras causas.
Gráfica 4.2 Departamentos afectados por hechos de orden público e ilegalidad 2019
En la gráfica 4.2. se evidencia que Norte de Santander fue la región donde más hechos de orden público e ilegalidad se registraron, con el 26 % del total compilado. Fue el departamento que presentó el mayor número de instalaciones de válvulas clandestinas encontradas en el oleoducto Caño Limón Coveñas; también, la actividad del contrabando de hidrocarburo y los ataques a infraestructura petrolera perjudicaron esta región en el 2019.
En Arauca, ocurrieron el 34% de los hostigamientos contra la infraestructura, siendo el más alto indicador del país. En esta zona se encuentra parte el oleoducto Caño Limón Coveñas que pasa por los municipios de: Arauquita, Tame y Saravena. Estos ataques en su mayoría causaron derrames que contaminaron los cuerpos de agua y la capa vegetal de estos sectores.
La gráfica siguiente muestra los departamentos afectados por estos hostigamientos y la totalidad de ataques registrados en nuestro análisis en el 2019:
Gráfica 4.3 Departamentos afectados por hostigamientos del 2019
Como se mostró en la gráfica 4.1., los hostigamientos en contra de la infraestructura petrolera fueron la segunda variable más destacable de estos hechos; en total, nuestra base de datos registró 46 en el 2019 en los oleoductos Caño Limón Coveñas, Trasandino, San Miguel de Orito, Bicentenario, Costayaco, Mansoyá y en el Campo Tibú.
Cabe resaltar que, durante el 2018, en la base de datos de CT, se contabilizaron 25 ataques en contra la infraestructura petrolera, es decir que en el 2019 aumentaron casi al doble estos hostigamientos. Como se evidencia en la gráfica 4.3, son menos los departamentos afectados por este hecho; sin embargo, para este año fueron más constantes los ataques por mes, tanto así que se registraban más de dos de estos sucesos por periodo analizado.
Como muestra las gráficas, el 59 % de los hostigamientos registrados ocurrieron en los departamentos de: Arauca y Norte de Santander, en contra de Caño Limón Coveñas, Campo Tibú y el oleoducto Bicentenario. El 25 % de estos ataques se presentaron en Nariño donde se encuentra en el oleoducto Trasandino y el 16 % corresponde a Putumayo, por donde también pasa el tramo de este oleoducto.
Si bien en los departamentos que registran estos ataques existe presencia del ELN y grupos armados no estatales, no se conoce los autores materiales de estos hechos. No se puede olvidar que disidencia de las FARC y grupos como el Clan de Golfo también tienen influencia en estas regiones.
CONTRABANDO
En total en el 2019 gracias a los publicado por medios locales y nacionales el sistema de alertas de CT registró un total de 111 207 galones de combustible entre gasolina, diésel y ACPM. En comparación con el 2018 esta actividad se redujo a más de la mitad ya que para ese año se contabilizaron 250 433 galones de combustible. Es importante resaltar que el Ejército Nacional, quien a través de su página web publicaba todas las operaciones al respecto, redujo sustancialmente la emisión de esta información desde la posesión del Gobierno de Iván Duque. A continuación, se muestra en detalle el consolidado por departamento.
Las acciones en contra de esta actividad ilícita estuvieron concentradas en las regiones fronterizas y de presencia de infraestructura petrolera del país. El 64 % de la incautación ocurrió en la zona limítrofe con Venezuela principalmente en los departamentos de: Arauca, Norte de Santander, Guajira y Cesar; este último, representa la mayor zona de aprehensión de contrabando de hidrocarburo con un total de 27 891 galones de combustible ilegal.
La zona fronteriza con Venezuela siempre ha estado afectada por esta actividad ilegal e irónicamente a pesar del cierre de la frontera en el 2015, este sigue siendo un gran problema. Aunque se han incrementado los operativos en departamentos como Norte de Santander y Guajira, las autoridades han denunciado que hay mafias que controlan el negocio y revenden el combustible colombiano hasta por 100 mil pesos la pimpina de gasolina. Lo preocupante de esta situación es que la escasez del hidrocarburo en el vecino país llevó a que se paralizara el funcionamiento de sectores tan importantes como el de transporte; los conductores se han visto obligados a realizar largas filas en las estaciones de servicio por la gran demanda de los vehículos venezolanos que llegan a buscar crudo colombiano para seguir funcionando.
Otro sector afectado por esta actividad ilícita es la región del Caribe, departamentos como Magdalena, Guajira y Bolívar representaron el 21 % del total de la incautación del 2019. La Guajira es el segundo departamento donde se decomisó más hidrocarburo de contrabando con una cifra 19 858 galones. En esta zona del país esa actividad es recurrente ya que constituye un modo de subsistencia de muchas familias y contribuye al mantenimiento de los grupos armados no estatales o bandas criminales.
Por tal razón, un hecho para destacar fue que las autoridades de La Guajira y los vendedores ilegales de gasolina de contrabando, suscribieron un compromiso en el 2019 para una reconversión laboral y la búsqueda de soluciones conjunta para esta problemática.
Para finalizar, otro uso que tiene este combustible de contrabando se relaciona con el procesamiento de coca. Como lo manifiestan las autoridades departamentales y la Fuerza Pública en la información recopilada, grupos armados no estatales y grupos criminales utilizan el crudo para la fabricación de estupefacientes, en departamentos como: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, zonas altamente afectadas por el conflicto armado.
Nota [1] Es importante aclarar que esta cifra se deriva del seguimiento que hace CT a la situación tanto en prensa nacional como regional y con fuentes locales. La cifra entregada por la Ecopetrol de los ataques al Caño Limón- Coveñas en el 2019 difiere con la CT. La Estatal reportó 42 y CT 26.
Sin comentarios aún