Investigación octubre 2019

Por: Diego López Díaz

Introducción

Por su gran producción de crudo y su importancia económica para el país, así como los efectos socio-ambientales que ha generado su actividad, el Bloque Cubarral y todo el bloque CPO-09 en su conjunto, es un referente nacional en el sector de hidrocarburos del país. A continuación se hará un recuento sobre los antecedentes históricos y de productividad del bloque y se pondrá en contexto la importancia biogeográfica del área donde se encuentra ubicado. Posteriormente abordará la relación entre el proceso de licenciamiento ambiental y las acciones colectivas legales de la comunidad para exigir su cumplimiento, que como se verá, determinaron los mecanismos de manifestación social en el territorio junto con la respuesta estatal  correspondiente.

Antecedentes del bloque

A inicios del siglo XX, por encargo del terrateniente llanero Sergio Convers Codazzi, la empresa estadounidense Engineering & Exporting Company hizo los primeros hallazgos de petróleo en la Intendencia del Meta. Después, en 1945 la multinacional anglo-holandesa Shell arribaría al caserío de Castilla la Nueva (todavía no era municipio) para empezar la perforación el primer pozo: San Martín 1; a la par, la estadunidense Chevron Petroleum Company hacía lo propio en el pozo Castilla 1.

Más adelante, en 1960, la Shell instala comienzan las perforaciones en el nuevo pozo Chichimene, el cual perfilaba la zona como un importante potencial de reservas de petróleo, gracias a la innovación de tecnología de exploración sísmica. Estos hallazgos generaron la firma del Contrato de Asociación Chevron-Cubarral en 1973, entre Ecopetrol y la compañía norteamericana, que consistía en concederle a la multinacional la posibilidad de desarrollar el proyecto Cubarral con una división porcentual de 50/50 centre ambas empresas. [1]

Posteriormente, en 1976, comenzó la producción del pozo Castilla con una producción de 10 mil barriles en promedio diarios, que durante la década siguiente se elevaría a 20 mil BPD y durante los 90 se mantendría en 25 mil BPD. Por su parte, el pozo Chichimene comienza a su actividad en 1985 y mantuvo una producción de 6,5 mil BPD en los 15 años que fue operado por la compañía. En 1988 Ecopetrol perforar el pozo Castilla-Norte-1 y se extiende el campo hacia el extremo nororiental. En total, durante los 27 años de explotación del bloque (los campos Chichimene y Castilla juntos), Chevron perforó más de 100 pozos que produjeron en conjunto  un promedio de 28 mil BPD, equivalente a 80 millones de barriles. [2]

En el año 2000 culmina el contrato de operación de Chevron, en ese momento Ecopetrol suscribe un contrato de prestación de servicios por seis meses con esta compañía, a la que le otorga el 7% de la producción, con el fin de administrar el bloque y facilitar la transición. Después de ese periodo el bloque retorna en su totalidad al Estado colombiano para ser operado, en principio por la Superintendencia de Operaciones Apiay y posteriormente por la estatal petrolera, quien suscribe en 2005 un contrato con la ANH para la extracción de crudo en los campos asociados al bloque; sin embargo, no es claro bajo qué figura legal se operaron estos campos entre el periodo 2000 – 2005 [3].

En 2010 varios medios de comunicación anunciaron que Ecopetrol había encontrado una nueva ‘joya de la corona’, esta vez no era en el campo Rubiales sino en el piedemonte: la ampliación del Bloque Cubarral, la cual lograría una producción estimada de 1 millón de barriles. Para ello se creó el Bloque de Crudos Pesados de Oriente (CPO) de 208 mil hectáreas (ver mapa 1), el cual obtuvo su primera licencia ambiental en mayo de 2012 con la que Ecopetrol podía intervenir el Área de Perforación Exploratoria (APE-CPO-9), de 65 mil hectáreas, que es una de las seis sub-áreas en las que se encuentra dividido el bloque exploratorio CPO en el que Ecopetrol posee una participación del 55% y Talisman, filial de la española Repsol, el restante 45%. Como se puede ver en el mapa 2 (en blanco el bloque Cubarral), dicha división la componen las APE: Taray, Socay, Guarupayo, CPO-10 Norte, CPO-Sur y la mencionada APE-CPO-09, su explicación está en que las empresas deben pagar menos regalías por unidades de producción inferiores a los 80.000 barriles diarios de petróleo [4].

Cabe resaltar que desde hace más de una década se han impulsado proyectos de recuperación  secundaria en los campos Castilla y Chichimene con el propósito de incrementar su producción, después de mucho tiempo de actividad. Este objetivo ha exigido una profunda transformación tecnológica y territorial que se ha evidenciado con la perforación masiva de pozos, que ha dado lugar a una agresiva ocupación territorial. En el 2104 existían 150 pozos en todo el bloque Cubarral [5], en 2018 el número se elevó a 800 [6].

Con un área de 23 mil hectáreas, el bloque Cubarral se ubica en jurisdicciones de los municipios de Acacías y Castilla la Nueva, en donde existen alrededor de 870 pozos que produjeron en 2018 alrededor de 181 mil BPD de petróleo, equivalente al  21% del aporte a la producción nacional que ese año fueron 865 mil BPD. Como se puede ver en la tabla 1,  la producción de estos dos campos constituye para el país un aporte significativo respeto a la producción nacional, en los últimos seis años lo que produjo el Bloque es casi la quinta parte del petróleo colombiano, de ahí que represente una pieza fundamental de la locomotora minero-energética nacional.

Además de la importancia económica para el país, la actividad petrolera del Bloque Cubarral y las áreas del CPO-9 han adquirido notoriedad mediática por las denuncias y protestas que las comunidades han hecho debido a las afectaciones ambientales derivadas de las operaciones en los campos de producción. Dichos reclamos y denuncias han generado un escenario de conflictividad social, con un entramado legal particular. Allí, los actores afectados por la industria petrolera se han valido de unos mecanismos de participación colectiva que, por una parte,  les ha servido para visibilizar y cuestionar cómo se han transformado sus territorios con la actividad extractiva, pero por otra, su injerencia en los proyectos petroleros ha sido mínima y han visto vulnerados sus derechos fundamentales.

Importancia geográfica y panorama socio-ambiental

La subregión del piedemonte llanero, donde se encuentran ubicados los bloques petroleros en cuestión, es un área de gran importancia geográfica y con una enorme biodiversidad. Es además un hábitat más fértil y con más precipitación durante la época seca que los Llanos, por eso sus bosques son más densos y tienen más especies de plantas y animales en comparación con los bosques de galería de la sabana. Otro de sus aspectos importantes es la riqueza hídrica, ya que de la vertiente de la cordillera bajan las aguas que drenan la cuenca del río Meta, al norte, y la del río Guaviare al sur.

De manera más concreta, el bloque CPO-09 se encuentra, de una parte, en la cuenca del río Ariari, importante por su producción agrícola para el abastecimiento departamental y nacional, y por otra, en la cuenca del río Humadea, relevante no solo por su vocación agropecuaria sino por ser un referente turístico muy apreciado y motor económico de los pobladores locales.  Además, la sub-cuenca de este río tiene una especial relevancia porque  recibe la humedad que desciende de la cordillera oriental y por eso es muy rica en aguas dulces subterráneas y superficiales, lo que permite que sea una reserva inmensa de acuíferos y zona de amortiguación de los páramos de Chingaza y Sumapaz [7].

Estos atributos bio-geográficos del lugar se han visto amenazados por la contaminación de los acuíferos, y el posterior desabastecimiento de agua generados por la industria, lo cual se ha convertido en el principal motivo de conflictividad socio-ambiental en las veredas La Esmeralda y Chichimene, del municipio de Acacías, en las cuales se han presentado las más importantes manifestaciones de la comunidad. Además de la contaminación del agua,  se ha denunciado también la contaminación atmosférica y del suelo por la inadecuada disposición de lodos aceitosos. Así por ejemplo, comunidades de la vereda la Esmeralda denunciaron que esta industria ha dejado inservibles 38 ‘jagüeyes’ o pozos profundos que tenían en sus casas –de donde tradicionalmente garantizado el acceso al agua-, debido a la contaminación con sustancias asociadas a la extracción de crudo [8].

De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, el agua de estos pozos que anteriormente era apta para el consumo humano, desde el año 2011 presenta coloración oscura, mal olor y presencia de partículas. Por su parte, Ecopetrol ha dicho que la contaminación de los aljibes se ha ocasionado debido a que los acuíferos que los alimentan han sufrido una pérdida de nivel, probablemente asociada a mayores consumos de la población y la agroindustria. En cambio, la población, organizaciones sociales y académicos aducen que el problema de contaminación radica en que existen pozos que han sido mal cementados en el proceso de cierre y por esto permitieron la filtración de crudo hacia los acuíferos. Incluso se denunció también que la exploración sísmica, en la que se utiliza el explosivo sismigel, fue el causante de la contaminación de 26 pozos más [9].

Otra expresión del conflicto se ha presentado en el tránsito del río Acacías, en las veredas Chichimene y también La Esmeralda, donde los pobladores han denunciado que los vertimientos de la de los campos están dejando trazas de contaminación por petróleo, al igual que en varios caños y quebradas que desembocan en este río, donde se han presentado varios derrames en el último años, de los cuales el último fue en abril de este 2019 y afectó el caño Los Laureles, vereda Chichimene [10]. Incluso los habitantes han recogido muestras físicas y han registrado en videos y fotografías, que las aguas de estos vertimientos son de color negro y de textura espesa con altas temperaturas; el lecho del vertimiento se observa de color negro al levantar las piedras, las algas expelen un olor pútrido, y se han encontrado animales muertos aparentemente intoxicados por petróleo [11].

Por otro lado, alrededor del pozo Lorito-1 del APE-CPO-9, en el municipio de Guamal, también se han generado múltiples manifestaciones por su cercanía al río Humadea a escasos 100 metros, que a pesar de la construcción de su plataforma en 2012 su perforación no ha sido posible por el bloqueo de las comunidades para la entrada del taladro. El primer aspecto que generó tensión fue el hecho de afectar la bocatoma que surte de agua al acueducto del Centro Poblado  Turístico de Humadea y peligrosamente cerca de los tanques desarenadores del acueducto del municipio de Castilla La Nueva. El segundo, es el rechazo de la comunidad por los antecedentes de degradación ambiental en el área geográfica del bloque exploratorio CPO-9.

Licencias ambientales y acciones colectivas

En el mismo año 2011 cuando se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se emitieron cuatro autos en los que se les permite a los ciudadanos volverse actores reconocidos, bajo la figura de terceros intervinientes, para ser parte por iniciativa propia de procedimientos administrativos de un trámite ambiental. Es así como en abril de 2012, a través de esta figura se realizó la primera audiencia pública ambiental para conocer el proceso de licenciamiento del APE-9, a la que asistieron más de 1500 personas [12].

En la licencia definitiva que otorgó un mes después la ANLA para esta área (Resolución 0331 de 2012), quedaron consignadas las principales preocupaciones que la comunidad manifestó en la audiencia, en cuanto a los riesgos por escasez de agua para los pobladores, contaminación de acuíferos, rebosamiento de piscinas de lodos de perforación y quema de gases en cada pozo. Por lo tanto, la Autoridad  otorga una concesión de agua de 3 litros por segundo sobre el río Ariari, que s de mayor caudal que los ríos Acacías, Guamal y Orotoy, pero que está a 34 kms de la APE-9, lo que obliga a la empresa a transportar el liquida por medio de líneas de conducción y/o carrotanques. Aunque evade el tema de los rebosamientos y quema de gases, la licencia no otorga permiso de disposición de aguas residuales porque Ecopetrol no aporta información sobre los procedimientos correspondientes [13].

De esta manera, tanto la empresa como los terceros intervinientes interpusieron un recurso de reposición. Por un lado, Ecopetrol solicita la concesión de aguas en los puntos indicados y el permiso de vertimientos a otros operadores, pero la ANLA responde  negando dichas concesiones pero duplica la del río Ariari  hasta 6 litros por segundo y mantiene la negativa de los vertimientos. Por su parte, los terceros solicitaron respetar las zonas de exclusión, proteger las fuentes de agua y revocar los permisos de vertimientos, dados los peligros para la salud humana por la exposición a aguas contaminadas; por tanto, la Autoridad exige a Ecopetrol que incluya en sus Planes de Manejo Ambiental (PMA) un inventario del 100% de los cuerpos de agua en un radio de 200 metros desde los bordes de cada locación.

En noviembre de ese mismo 2012, Dora Marlén Arévalo, habitante de Guamal, interpuso una acción de tutela por el derecho al agua, que consideraba amenazado por la construcción de la plataforma Lorito-1 a 50 metros del río Humadea y no a 100 metros, como lo exigía la licencia inicial.; no obstante, la tutela fue negada en primera y segunda instancia porque se adujo que los argumentos de la demandante se basaban en suposiciones. Lo que sucede entonces es que por medio de Resoluciones y Autos, junto con el mencionado inventario de acuíferos, la ANLA pasó a considerar al río Humadea como un caño, para justificar que la plataforma Lorito-1 estaba dentro de los rangos establecidos de distancias mínimas de preservación. [14]

Ante esta situación, el alcalde y el personero municipal de Castilla La Nueva, una tercera interviniente y la ONG local CORPOHUMADEA, interpusieron un recurso de reposición para solicitar la exclusión del pozo Lorito-1 del bloque CPO-09. Alegaron el cambio de la naturaleza del río Humadea, la existencia de más de 400 pozos con una producción de más de 100.000 barriles de petróleo al día en la zona, la omisión de las preocupaciones de las comunidades que fueron respaldadas con firmas de más de 1.500 personas y el incumplimiento de la normatividad ambiental nacional. Pero la Autoridad rechazó este recurso en mayo de 2013 aduciendo, entre otras cosas, que la interposición de los terceros ya había caducado y que tanto personero, alcalde y ONG no tenían legitimidad para intervenir.

Esta respuesta fue vista por las comunidades de Guamal, Humadea y Catilla como un acto de violencia jurídica, por lo que iniciaron un plantón sobre el puente del río Guamal que bloqueó el tránsito de vehículos de asociados a la actividad de la plataforma Lorito-1 durante 240 días. Mientras permaneció esta manifestación colectiva, CORPOHUMADEA y un ciudadano de Acacías interpusieron una acción popular en la que solicitaban medidas cautelares para la suspensión de la construcción de la plataforma Lorito 1, las cuales les fueron otorgadas por el Tribunal Contencioso del Meta, que falló a favor de la comunidad y le otorgó esas medidas cautelares. Aunque el Ministerio de Minas interpuso un recurso a esta acción popular y logró que el Consejo de Estado suspendiera las medidas cautelares en enero de 2014, el caso no se ha fallado de fondo [15].

El debate por la defensa del agua frente a la industria petrolera llegó también a las cortes, de manera que la Corte Constitucional revisa la tutela interpuesta, por Marlén Arévalo en 2012, y emite la Sentencia T-652 de septiembre de 2013, con la que falla a favor de la ciudadana para exigir la suspensión inmediata de la plataforma del pozo Lorito-1, bajo el argumento de principio de prevención y el derecho fundamental al agua. Sin embargo, en abril de 2016 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo manifestó públicamente [16] que tanto el ANLA y Ecopetrol han omitido los pronunciamientos de la Corte Constitucional porque continuaron con el trámite de licenciamiento ambiental para Lorito-1, de manera que a pesar de la suspensión temporal del Consejo de Estado, la sentencia T-652 sigue vigente. Por lo tanto, el Colectivo de Abogados exigió las garantías necesarias y suficientes para que sean protegidos los derechos de las comunidades, amenazados por este proyecto.

Después de varios meses, la comunidad volvió a quedar sorprendida cuando en agosto de 2017 Ecopetrol informó que daba inicio a las obras civiles del pozo exploratorio Lorito-1, “de acuerdo a la programación establecida y en cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la autoridad ambiental”[17]; y en marzo de 2018 la estatal confirmó públicamente que este pozo tiene gran potencial de crudos pesados (8 grados API y 60 mts de espesor) que incrementará la producción del departamento [18].

Pero las obras no eran solo allí, también en el pozo Trogón ubicado en la vereda Pio XII del municipio de Guamal, que para la estatal petrolera es otra “joya de la corona” porque puede llegar a reemplazar a los campos Rubiales y Castilla cuando lleguen a su madurez. El problema es que en este nuevo pozo las obras se empezaron a realizar sin contar con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por el ANLA y del cual Cormacarena no posee información alguna, además de que no hubo la oportuna socialización con las comunidades [19].

Así las cosas, la Procuraduría solicitó suspender el proyecto por el incumplimiento de varios puntos, entre ellos el mencionado inventario de los acuíferos alrededor de los pozos. Aunque se desconoce el alcance que tuvo esta solicitud, lo cierto es que en noviembre de 2017 Ecopetrol anunció que el pozo Trogón no presenta potencial para producir hidrocarburos y por tanto se procederá a la fase de abandono y restauración [20].

Manifestaciones sociales y respuesta estatal

Al interior del bloque CPO-09, coexisten otros sectores productivos ligados a la agroindustria de la palma de aceite y el arroz, a la ganadería extensiva, la producción de peces y aves; así como al turismo, las empresas de tipo familiar y la economía campesina. De allí que sean usuales las disputas por el acceso al agua, dada la demanda intensiva del recurso por parte de los sectores dominantes (el petrolero y el agroindustrial), en detrimento de los demás y de las comunidades más vulnerables. Así, en la medida en que avanzan los nuevos proyectos, crecen las tensiones, y para controlar a las poblaciones no vinculadas con estas economías extractivas, la intensificación del modelo petrolero se ha impuesto con el uso de la fuerza y, en algunos casos, la militarización de los territorios, las cuales son expresiones locales de la actual “geopolítica de la energía”, en la que surge una contienda por las fuentes vitales en donde confluyen interés políticos, económicos y sociales de diferentes actores [21].

Así por ejemplo, antes de que surgieran las primeras manifestaciones y medidas de hecho por las afectaciones ambientales, las comunidades locales del área de influencia del Bloque Cubarral ya estaban en alerta desde abril de 2009 por un derrame accidental de petróleo que afectó 20 kms del río Orotoy, en Castilla La Nueva, el cual causó una gran mortandad de peces y el desabastecimiento de agua. Lo que en su momento fue solo un “incidente”, para Ecopetrol y Ministerio de Ambiente, debido a un error en el proceso de mantenimiento de la tubería, para los pobladores era una de las peores tragedias de los últimos años, dada la importancia ambiental y social que tiene el río para ellos [22].

El hecho fue luego investigado por el mismo Ministerio de Ambiente y concluyó que en efecto la empresa había incurrido en varias fallas de ejecución del PMA. Meses después la CGR también se pronunció en ese mismo sentido al informar que reconocía las faltas a la normatividad ambiental, como respuesta a una demanda interpuesta por l organización Cabildo Verde, quien acusaba a la firma estatal de contaminar los ríos del Meta. Solo hasta noviembre de 2015 se cerró el caso  cuando la ANLA ratificó los cargos contra Ecopetrol, pero en la resolución se declaró que no se podía sancionar a la empresa porque sus facultades para hacerlo habían caducado en 2012 [23].

Desde el mismo momento que las comunidades supieron que el Bloque Cubarral se ampliaría y que se realizarían exploraciones  sísmicas en el piedemonte,  varios líderes locales se interesaron por indagar cuál era el peligro ambiental que esto conllevaría, porque ya tenían como antecedente lo sucedido en 2009 en el río Orotoy. Luego de varias acciones de participación ciudadana en las veredas y municipios aledaños al bloque, se llevó a cabo en 2013 la primea marcha ambiental en contra de la exploración sísmica y con este movimiento nació la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero, como un espacio comunitario de conversación y trabajo coordinado por la defensa del territorio. Sin embargo, las organizaciones consideran que no ha existido respaldo de los entes competentes, que han desconocido y desacreditado sus demandas y reclamaciones porque han minimizado los efectos ambientales de la industria y han calificado como suposiciones carentes de demostración científica los peligros de la exploración sísmica [24].

Además de las afectaciones ambientales, existen otros factores que han influido en las movilizaciones sociales en la zona, como incumplimiento de acuerdos, condiciones de vinculación laboral y estigmatización de la protesta. En consonancia, frente a este panorama adverso a la participación ciudadana, en 2014 las comunidades optaron por crear mesas interinstitucionales para buscar espacios de acercamiento con entes locales, departamentales y nacionales, así como con ONG, Defensoría del Pueblo y Ecopetrol. Con esta iniciativa buscaron exponer y registrar los impactos socio-ambientales de los campos Cubarral y CPO-09, las estrategias de la empresa y del estadoalrededor del CPO-09, así como la manera arbitraria en que se han tomado las decisiones.

De otra parte, cuando en Ecopetrol anunció que buscaría reactivar la perforación en los campos Castilla y Chichimene con tecnología moderna y menor requerimiento de mano de obra, se generó un descontento popular. Fue así como entre mayo y junio de 2016 la región presenció una oleada de protestas y disturbios que ocasionaron daños severos a la infraestructura de los pozos aledaños y decenas de personas heridas. A pesar de todo, el proyecto de Ecopetrol siguió su camino pero no dio los resultados que la empresa esperaba, ya que la producción de petróleo no creció y se mantuvo por debajo de lo esperado. Este bajón productivo, sumado a la crisis laboral y al descontento de la población, sirvió para reflexionar que tal vez hay más problemas y daños que beneficios derivados del desarrollo petrolero.

Por último, vale la pena resaltar el papel de ciertos líderes sociales en concreto y las dificultades que han tenido por ejercer su derecho legítimo de la protesta. Tal y como lo expresa un miembro de la Mesa Hídrica del Piedemonte, la única salida que han tenido para defender su territorio ha sido el liderazgo ambiental, a pesar de que hayan sido víctimas de amenazas, atentados, señalamientos y detenciones arbitrarias, como es el caso de Luis Guevara, Marlén Arévalo y Gustavo Carrión, representantes de las comunidades de Acacías, Guanal y Castilla La Nueva, respectivamente. 

Además del cubrimiento sesgado que algunos medios de comunicación han hecho de los plantones y protestas, lo más preocupante ha sido el señalamiento del mismo Estado a través del Ministerio del Interior. En un documento titulado “Estrategia Territorial de Hidrocarburos de 2015”, creado entre el Ministerio de Minas, el Ministerio del Interior y la ANH, con respaldo de la Presidencia y financiación de Ecopetrol, se expusieron los nombres de líderes y organización locales expuestos púbicamente como enemigos de la explotación petrolera [25]

La Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto, en su trabajo investigativo de documentación de la historia de estos líderes, consultaron vía derecho de petición al Ministerio del Interior y a Ecopetrol por la elaboración y publicación de ese documento. Las respuestas fueron, por una parte, que nunca fue un documento oficial y que quien lo elaboró fue un contratista del PNUD como material interno de trabajo; en cuanto a la empresa, su respuesta fue evasiva y solo se limitó a señalar que su intención es mejorar las condiciones para la búsqueda de soluciones de las problemáticas en los territorios [26]. De cualquier manera, para los líderes de la zona este documento es una evidencia clara de estigmatización del Estado a quienes ejercen un liderazgo en aras de defender sus derechos colectivos, afectado por la manera en que se ha realizado la actividad petrolera en la región.

Conclusiones

La tensión entre Estado/empresas y las comunidades/organizaciones en el caso de los bloques Cubarral y CPO-9 ha visibilizado dos cosas relevantes: la primera es el impacto sobre los medios de vida campesinos, la seguridad alimentaria y la concepción del territorio como territorio hídrico de alta vulnerabilidad y de importancia estratégica para el mantenimiento de la biodiversidad. La segunda, la impotencia de la gestión comunitaria, a través de diferentes mecanismos de participación, para exigir la protección ambiental como responsabilidad del Estado y la protección de sus derechos humanos y colectivos.

La legislación ambiental colombiana es estricta en el papel aunque muy frágil en la práctica, ya que interés económicos se sobreponen a los ambientales y sociales lo cual dejan vulnerable  la biodiversidad y los recursos naturales de la región. De manera que se torna imprescindible generar un debate nacional sobre el licenciamiento ambiental, el cual no puede estar supeditado a las consideraciones del gobierno de turno

Las dinámicas sociales actuales en los territorios y las perspectivas del negocio en el sector extractivo demandan un nuevo tipo de relacionamiento entre empresas, comunidades e instituciones. Ahora más que antes las poblaciones locales están mejor informadas en muchos aspectos y tienen más determinación para reclamar sus derechos.

Recomendaciones

Es necesario desarrollar una política que establezca un ordenamiento en la producción de hidrocarburos a partir de las dinámicas territoriales en torno al agua, lo cual le permitiría a Ecopetrol y las demás empresas dos cosas concretas: primero, contribuir con el cuidado y protección del recurso hídrico desde sus programas de responsabilidad social empresarial; segundo, generar confianza entre las comunidades locales para evitar nuevos conflictos, lo cuales generan pérdidas para ambas partes. Una nueva política en este sentido implicaría un esfuerzo de innovación de las prácticas actuales, en controles más estrictos, en el uso de nuevas tecnologías que abarquen todo el ciclo: captación uso, re-uso y vertimiento.

Es recomendable que re renueven las estrategias de gestión institucional, ya que existe un escenario de instituciones débiles y comunidades empobrecidas económicamente que esperan la ayuda de la empresa acaudalada. Es decir, la presencia de Ecopetrol genera expectativas en la población que esperan que la empresa les ayude a resolver problemáticas que las instituciones no han podido solucionar por su debilidad, de ahí las exigencias y solicitudes. Como Ecopetrol no puede remplazar los entes públicos, debería contribuir con su gestión interinstitucional al mejoramiento de la inversión social, lo cual podría aportar a estrechar lazos de confianza y facilitar el logro de sus objetivos empresariales.

Las instituciones creadas con el fin de proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales deben tener independencia política y económica. Es fundamental aumentar los recursos del ministerio de Medio Ambiente, de las corporaciones regionales y también de la ANLA, con el fin de que puedan realizar idóneos procedimientos de seguimiento y control.

Se sugiere que se formulen e implementen políticas públicas que fomenten el sector agro-turístico regional, basadas en el equilibrio sustentable entre recursos naturales y desarrollo socio-económico de las comunidades locales.

Bibliografía

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[2]. Ibíd.

[3]. Ibíd.

[4]. Roa, Ma. Cecilia & Rosas Ma. Elena (2017). En los ríos Acacías y Humadea. Usos de tácticas legales para el control del agua y el territorio. En: Tatiana Roa; María Roa, Jessica Toloza & Luisa Navas (Coord.) Como el agua y el aceite. Conflictos socioambientales por las extracción petrolera. Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo (CENSAT) Agua Viva. Bogotá. [Tomado de URL: https://censat.org/es/publicaciones/como-el-agua-y-el-aceite-conflictos-socioambientales-por-la-extraccion-de-petroleo]

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[6]. Periódico El Universal. 12 de febrero de 2018. [Tomado de URL: https://www.eluniversal.com.co/colombia/ecopetrol-cierra-operaciones-de-tres-campos-petroleros-por-vandalismo-272081-GCEU386514].

[7]. Guarnizo, María. (2018). Análisis de la dinámica de conflictos socioambientales generados por la exploración de hidrocarburos en el área de influencia del pozo Lorito 1, vereda Montecristo, municipio de Guamal (Meta). Trabajo de grado en Ingeniera Ambiental, Facultad de Ingeniería, Universidad Santo Tomás. Villavicencio. [Tomado de URL: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/13671/2018mariaguarnizo.pdf?sequence=1&isAllowed=y]

[8]. Manrique, Dania & Vargas, Yessika. (2018). Análisis de los conflictos socioambientales generados por las Actividades de explotación petrolera del bloque Cubarral en la Vereda la esmeralda del municipio de Acacías-Meta. Trabajo de grado de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería, Universidad Santo Tomás. Villavicencio. [Tomado de URL: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/12098/2018daniamanrique.pdf?sequence=1&isAllowed=y]

[9]. Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA), Univerdidad Nacional de Colombia [Tomado de URL: https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/env_problems/map/21]

[10]. La FM. [Tomado de URL: https://www.lafm.com.co/colombia/emergencia-por-derrame-de-crudo-en-acacias-meta-fue-controlada]

[11]. OCA-U.N. Op. Cit.

[12]. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). [Tomado de URL: http://portal.anla.gov.co/noticias/primera-audiencia-publica-ambiental-autoridad-nacional-licencias-ambientales-anla].

[13]. Roa & Rosas. Op. Cit.

[14]. Arévalo, Marlén. (2017). Uno defiende la vida con lo que engendra más vida. Testimonio de la defensa del río Humadea. En: Tatiana Roa; María Roa, Jessica Toloza & Luisa Navas (Coord.) Como el agua y el aceite. Conflictos socioambientales por las extracción petrolera. Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo (CENSAT) Agua Viva. Bogotá. [Tomado de URL: https://censat.org/es/publicaciones/como-el-agua-y-el-aceite-conflictos-socioambientales-por-la-extraccion-de-petroleo]

[15]. Roa & Rosas. Op. Cit.

[16]. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 8 de abril de 2016. [Tomado de URL: https://colectivodeabogados.org/Ecopetrol-pretende-explorar-pozo-en-Meta-incumpliendo-fallo-de-Tutela]

[17]. Prensa Libre Casanare, 14 de agosto de 2017. [Tomado de URL: https://prensalibrecasanare.com/industriapetrolera/26342-ecopetrol-comenzu-obras-civiles-para-pozo-exploratorio-lorito-1-en-el-meta.html].

[18]. Ecopetrol, 12 de marzo de 2018. [Tomado de URL: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/boletines-2018/boletines-2018/Pozo-Lorito-confirma-crudos-pesados-Meta].

[19]. El Espectador, 4 de septiembre de 2017. [Tomado de URL: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-procuraduria-pidio-frenar-el-pozo-estrella-de-ecopetrol-articulo-711519].

[20]. Periódico del Meta, 10 de noviembre de 2017. [Tomado de URL: https://periodicodelmeta.com/ecopetrol-sella-su-pozo-estrella-no-tiene-potencial/].

[21]. Roa (2015). Op. Cit.

[22]. Gamba, Silvia. (2017). Siete décadas de petróleo en la cuenca del río Orotoy. En: Tatiana Roa; María Roa, Jessica Toloza & Luisa Navas (Coord.) Como el agua y el aceite. Conflictos socioambientales por las extracción petrolera. Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo (CENSAT) Agua Viva. Bogotá. [Tomado de URL: https://censat.org/es/publicaciones/como-el-agua-y-el-aceite-conflictos-socioambientales-por-la-extraccion-de-petroleo]

[23]. Ibíd.

[24]. Entrevista realizada en septiembre de 2019 a un miembro de la organización Cabildo Verde, de Villavicencio.

[25]. Vokaribe, 18 de enero de 2019. [Tomado de URL: https://www.vokaribe.net/index.php/2019/01/18/liderazgo-ambiental-en-riesgo/].

[26]. Liga Contra el Silencio, 19 de enero de 2019. [Tomado de URL: https://ligacontraelsilencio.com/2019/01/16/meta-petroleo/].