Columna Nacional de Opinión
Los candidatos presidenciales y la operación petrolera costa afuera
Sergio Córdoba, consultor externo de Crudo Transparente
A diferencia de los países vecinos, Colombia no es un país petrolero, esto quiere decir que la disponibilidad de crudo dentro del territorio nacional no es suficiente y tiende a agotarse en el mediano plazo. Según cifras de la ANH, el país cuenta con reservas probadas para 7,6 años, por lo que, ante una alta dependencia de las finanzas públicas a la extracción petrolera, es preciso buscar alternativas que reduzcan dicha vulnerabilidad estimulando la diversificación de la economía a través de una serie de estrategias que propendan por la transición energética.
Sin embargo, en el corto plazo es necesario sostener la operación petrolera en aras de garantizar el sostenimiento financiero del Estado colombiano. En esa medida, la ANH ha promovido la contratación costa afuera (Offshore) como una de las estrategias para extender las reservas de petróleo en el país. A 2021 se han suscrito 8 contratos de explotación de hidrocarburos offshore y cuatro más para la exploración, sin embargo se espera que la producción de dichos pozos comience recién hasta el 2026. Esto ha generado malestar en un sector de la sociedad, preocupada por los posibles impactos ambientales que dicha actividad pueda generar en los ecosistemas marinos. Ante este panorama, se hace necesario revisar y analizar las propuestas de los dos candidatos ganadores en la primera vuelta presidencial de Colombia.
Gustavo Petro, el candidato que recoge las banderas de un sector preocupado por los impactos ambientales ocasionados por la actividad extractiva, establece en su plan de gobierno que no se otorgarán más contratos de exploración, respetando los que están vigentes en la actualidad. Si bien no se menciona explícitamente qué sucederá con los contratos costa afuera, es posible inferir que no se otorgarán nuevos contratos offshore. Esto promoverá la defensa de los ecosistemas marinos, así como de las economías de subsistencia presentes en estos territorios, en coherencia con su plan de gobierno. En tal medida, es fundamental establecer un norte claro que le permita al país una transición energética justa enfocada en el sostenimiento financiero del país y la descarbonización de la economía.
Rodolfo Hernández, por su parte, menciona en su plan de gobierno la necesidad de seguir promoviendo la explotación y exploración petrolera pero sin descuidar el equilibrio ecosistémico. El candidato no menciona cuál será su decisión frente a las operaciones costa afuera, pero es posible deducir que se promueva la exploración y explotación offshore. Si bien tal decisión permite el sostenimiento fiscal del Estado colombiano, parece ir en contravía de la tendencia mundial de descarbonización y de transición energética. Se plantea en el programa de gobierno de Hernández la necesidad de invertir esfuerzos en la producción de energías limpias, no es claro cuáles son los mecanismos y estrategias que se implementarán para lograr el objetivo. La preocupación sobre los posibles impactos a los ecosistemas marinos generados por la operación petrolera offshore cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que una de las propuestas de dicho candidato es fusionar el Ministerio de Ambiente con el de Cultura, quitándole así peso a la gestión ambiental.
Es fundamental, por lo tanto, que el futuro presidente de Colombia tenga en cuenta todos los factores relacionados con la operación petrolera, especialmente la que se realiza costa afuera. Debe pensarse una sostenibilidad fiscal a largo plazo en el país sin descuidar los conflictos socioambientales que genera la exploración y explotación de crudo offshore. Se debe tener en cuenta las dinámicas y necesidades de las comunidades para fortalecer la gobernanza territorial.
NOTICIAS
Denuncian contaminación de hidrocarburos en Boyacá y Cundinamarca
Habitantes de Neira (Boyacá) y Ubalá (Cundinamarca) denunciaron que en fuentes hídricas como la de San Luis de Gaceno, han encontrado hidrocarburos por proyectos de exploración petrolera. La preocupación también es por el río Guavio, el cual registra altos niveles de contaminación que han generado la pérdida de flora y fauna.
A pesar de que la situación ha venido empeorando en los últimos meses, los líderes sociales de la zona señalan que han pedido por años la intervención de las autoridades ambientales con el objetivo de proteger la flora y fauna de los dos departamentos. No obstante, estos no han recibido respuesta.
Ante la situación, los pobladores de la zona tomaron muestras de agua en las quebradas de Neira, Boyacá para someterlas a una serie de análisis, los cuales fueron enviados a un laboratorio en Houston, Estados Unidos.
Según la veedora, los resultados arrojaron que hay “expulsión de un químico que tiene que ver con hidrocarburos” Asimismo resaltó que, al no adoptarse medidas por parte de las autoridades ambientales, el Piedemonte Llanero de Boyacá sufrirá de daños irreparables.
Fuente: RCN. Denuncian contaminación de afluentes por exploraciones petroleras.
Fenalcarbón responde ante las propuestas de Gustavo Petro
La Federación Nacional de Productores del Carbón (Fenalcarbón) se pronunció ante la propuesta de Gustavo Petro, en la cual especifica que el Estado compraría cinco millones de carbón para guardarlo. El presidente de la federación resaltó que es una medida inviable y sin sentido.
Hace una semana, el candidato a la presidencia tuvo un encuentro con los mineros de carbón en Boyacá en donde trajo a colación que “si se acaban las demandas de carbón térmico porque eso va a ocurrir, se plantean dos alternativas. Las actividades complementarias donde se pongan paneles solares o cultiven papas, maíz y tengan lazos con el Gobierno mientras eso se fortalece. Dos, compramos el carbón. El Estado compraría el carbón para guardarlo”.
Con el anterior pronunciamiento, Carlos Andrés Cante, presidente de Fenalcarbón, explicó que si cumplen estas propuestas, la situación provocaría el fin de la generación energética y se apagarían las plantas de generación de carbón, las cuales proveen entre el 8 % y 10 % de la energía que consumen los colombianos.
Asimismo, Cante mencionó que no le ve sentido a la propuesta de la compra, ya que al Estado le costaría $ 4,5 billones sumados a los $ 36 billones del reemplazo de la generación de energía con paneles solares.
Fuente: RCN. Fenalcarbón responde a Gustavo Petro por una de sus propuestas en este sector.
La transición energética solo logró que entraran en funcionamiento 180 megavatios en el 2021
A pesar de que la administración Duque visualizó un gran paso a la transición energética, el ingreso de proyectos ha sido mínimo. En 2021 se esperaba que entraran al sistema 1 800 megavatios pero tan solo se logró un 10 %.
A esto se le suma los proyectos solares y eólicos que fueron ganadores en las dos subastas que se realizaron en 2019, sin embargo no han entrado en operación. Estos proyectos entrarían a funcionar en enero de 2022 y los contratos tienen derecho a dos años de prórroga para el funcionamiento de estos, lo que significa que tienen hasta 2024 para hacer efectiva el inicio.
No obstante, las compañías están en la obligación de responder por la energía y los precios pactados en la subasta, los cuales equivalen a $95 por kilovatio hora. En 2019 el ministerio de Minas y Energía prometió que a este precio, la energía sería un 30 % más económica, pero esto no sería posible, según expertos.
De acuerdo con el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas de Energía (Andeg), Alejandro Castañeda, el estancamiento reside en el tema social. Según Castañeda a pesar de que la ANLA ha mejorado sus procesos de licenciamiento, los trámites en la consulta previa y el licenciamiento ambiental siguen teniendo inconvenientes.
Fuente: Semana. ¿Se estanco la transición energética? la entrada de proyectos en el 2021 fue minima
La propuesta para cubrir el saldo del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible
El ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ecopetrol presentaron un esquema para cubrir el saldo que registró el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) a marzo del 2022. El déficit radica en los $14,1 billones de pesos.
De acuerdo con el Ministerio, el plan tiene dos acciones concretas. En primer lugar, 7,3 billones de pesos de recursos de caja y 657 000 millones de los dividendos de Ecopetrol del 2021 serán destinados para sanar la deuda.
En segundo, el dividendo adicional lo aportarán los más de 250 000 accionistas minoritarios; estos aportarían $168 dólares por acción. Según el plan del Ministerio y Ecopetrol se liberará una parte de la reserva ocasional que se constituyó y la cual sería distribuida como dividendo extraordinario. Con ello, se busca pagar los 6,9 billones restantes del déficit.
La propuesta y el pago del dividendo dependerá de lo que se decida el 17 de junio en una asamblea extraordinaria de Ecopetrol. Si todo es aprobado, los titulares de las acciones de la petrolera recibirán el pago por dividendo más alto en la historia.
Fuente: Ecopetrol pagará $448 de dividendo, el más alto de su historia.
RESEÑAS
¿Al fin qué con el fracking?
El nueve de junio de 2022, La Silla Vacía, realizó una conversación titulada “¿Al fin qué con el fracking?” En la que participó Mauricio Cabrera, coordinador de temas mineros de WWF y Katherine Casas, investigadora de Crudo Transparente. Esta fue moderada por la periodista Elisa Castrillón.
La periodista de La Silla Vacía realizó un resumen en el que contextualiza la situación del fracking en Colombia. En primer lugar, señaló el papel de la corporación Afrowilches como activista, donde el colectivo reclamó al gobierno nacional por la licencia ambiental de los proyectos, la cual no incluyó a la comunidad ni se realizó en los tiempos establecidos por la ley.
La organización interpuso una tutela que impedía a la petrolera desarrollar los pilotos; sin embargo, un tribunal administrativo tumbó la tutela a principios de junio.
Siguiendo con las preguntas preparadas, se cuestionan ¿cuáles son los argumentos de existen por parte de la comunidad ante los proyectos? Y de igual manera ¿cuál es la puja de las empresas petroleras y del Estado para decidir que los proyectos se deben realizar pronto?
Cabrera argumentó su respuesta con tres factores: el primero es el rechazo del fracking a nivel mundial, seguido de la poca institucionalidad y la rigurosidad de los estudios en Colombia y por último, la contradicción de transitar a una matriz energética limpia pero querer desarrollar la práctica hidráulica. En el otro caso, se hace énfasis en la dependencia fiscal al petróleo en Colombia.
Teniendo en cuenta el contexto actual de la tutela se les preguntó a los invitados ¿si creían que la decisión del tribunal iba a ser definitiva? Casas respondió que todo dependería del gobierno que entraría en los próximos meses. Sin embargo, no lo ve como algo definitivo. El coordinador del WWF agregó que no había certeza de lo que pasaría, sabiendo que por experiencia, las afirmaciones cambian de campaña a gobierno, como pasó con Duque y el fracking.
Asimismo se les preguntó a los expertos ¿cuál sería el papel de las comunidades en el nuevo gobierno en temas medio ambientales o con el mismo fracking? A la pregunta respondió la representante de Crudo Transparente señaló que el rol de la comunidad será fundamental en la agenda política y el medio ambiental, dentro de los aspectos a considerar está la descarbonización, la transición, el acuerdo de paz y más temas fundamentales para estos próximos años. Para finalizar agregó que el tema de medio ambiente será más notorio en este próximo gobierno debido al llamado mundial.
Entrando a las últimas preguntas, Castrillón preguntó ¿cuál es el costo- beneficio de promover el fracking? Los dos invitados resaltaron que el costo de realizarlo es demasiado alto tanto en los ámbitos medioambientales, sociales e internacionales.
Con la iniciativa de explicarle a los espectadores un posible desenlace, se cuestionó ¿cuáles son las herramientas judiciales quedan para las comunidades ante la consulta previa? Cabrera mencionó la oportunidad de abrir espacios de diálogos, seguir con las manifestaciones en el territorio y a nivel nacional y el último recurso sería la judicialización en espacios internacionales.
La conversación finalizó con dos preguntas del público, las cuales son: ¿cuánto tiempo se demorará en materializar la transición y si el fracking lo retrasaría? Los dos expertos respondieron que sí habría un retraso evidente en la transición si se realiza el fracking.
Columna de opinión regional
Alerta sobre la actividad industrial en las comunidades y ecosistemas del Rincón del Bubuy y veredas aledañas en Aguazul, Casanare, Colombia
Junta de Acción Comunal de la vereda del Rincón del Bubuy
El territorio comprendido en la sabana suroriental del municipio de Aguazul, Casanare, ha sido testigo del impacto innegable de la actividad industrial generada por el tratamiento de RESPEL principalmente fruto de los procesos de producción de crudo en otras zonas del país. A raíz de esto, desde 2009 los ecosistemas presentes, el recurso hídrico y el suelo, han recibido miles de toneladas, pues solo en 2019, según el IDEAM Aguazul gestionó más de 70 000 toneladas de residuos peligrosos, entre lodos, borras, aguas residuales industriales, salmueras, material contaminado y recientemente algunos residuos hospitalarios.
Tras la manera en que el Estado colombiano, mediante las instituciones competentes permite y regula la disposición final de estos residuos, se han mantenido en el tiempo los impactos negativos ambientales y humanitarios en las poblaciones donde se realizan estos tratamientos. Fundamentados en: la experiencia de ser parte del territorio, en el registro de antecedentes y situaciones históricas de vulneraciones ambientales y los Derechos Humanos, compartimos y argumentamos el panorama actual e histórico del tratamiento de RESPEL en esta zona del país. Frente a las magnitudes de actividad industrial, se expondrán brevemente puntos clave para comprender, dimensionar y analizar finalmente, el resultado de esta actividad incesante en los llanos orientales del país.
Es pertinente situar el rol de Aguazul en la generación de recursos económicos para el país en consecuencia de la explotación de sus recursos naturales. Adaptándose al modelo de desarrollo que llegó al territorio respaldado en el crudo como moneda de cambio, Aguazul desde hace más de 40 años fue obligado a ceder los recursos del subsuelo siendo un actor fundamental en la producción de petróleo y la generación de gas. Produciendo actualmente, más de la mitad del gas domiciliario del país.
Los ecosistemas que se han visto inmersos en esta masiva explotación industrial, han sido principalmente los situados en la cordillera oriental y el pie de monte llanero. Sin embargo, al otro costado del municipio en las sabanas inundables, desde hace más de 13 años se ha venido afectando también, la riqueza natural de los ecosistemas nativos de los llanos, como morichales, esteros y garceros. La fauna y la flora que el soporte empírico sustenta se han visto mermadas de manera incalculable. La alerta sobre la continuación de afectaciones seguirá en aumento, pues recientemente, se encontró un yacimiento de petróleo y gas liviano que augura una nueva oleada de boom petrolero, en la que ya se están iniciando actividades. Por último, Aguazul y sus sábanas siguen recibiendo los RESPEL generados en estos procesos, mientras la población rural aún está sumergida en las afectaciones a la salud y las condiciones de vida de las personas, animales y ecosistemas.
En cifras del IDEAM, en los últimos dos informes de gestión de RESPEL del país, entre los mayores generadores, Aguazul se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional. En 2016, al territorio le entraron 25 674 toneladas, pero en 2019 fueron 70 400 toneladas, el 11 % del total nacional. Frente a esto, las plantas de tratamiento que reportan estas cifras, operan en un radio no mayor a 2 km, bordeando la cuenca baja del río Cusiana y amparadas en la legitimidad del Estado.
Las instituciones competentes a la actividad industrial de RESPEL, se desprenden desde MinAmbiente, donde la ANLA, emite la licencia a la compañía multinacional que genera los residuos, para posteriormente realizar su disposición final en otro lugar, donde será las Corporaciones Autónomas Regionales (CARS) quienes emiten la licencia de la empresa que realiza el tratamiento, pero además, vigile y sancione el cumplimiento de estos procesos industriales.
Así, CORPORINOQUIA también ha sido el mayor generador de licencias ambientales para el tratamiento de RESPEL. Sin embargo, entre la incompetencia de las instituciones y la evasión normativa de la responsabilidad social y ambiental sobre los productores de estos residuos, han quedado plasmadas una serie de violaciones, como el certificado erróneo de uso del suelo y el incumplimiento histórico a las medidas sanitarias y ambientales expuestas dentro de la licencia ambiental y a los Derechos Humanos. Como si fuera poco, hasta hoy no hemos visto ninguna medida retributiva que intente revertir las afectaciones sociales y ambientales de estos procesos en el territorio.
Por otro lado, la comunidad que se ha visto constantemente afectada, pertenece en su mayoría a la vereda el Rincón del Bubuy. Entre más de 200 personas censadas en la zona, se ha configurado el desarrollo del debilitamiento de la estructura del tejido social a causa del relacionamiento con las empresas.
Frente a este panorama de ruptura de intereses e identidad, las luchas sociales en contra de estos proyectos industriales en el territorio, han estado representadas en la asociatividad y la unión campesina, que desde varias organizaciones hemos sostenido la trayectoria de resistencia y reclamaciones por el impacto negativo de las empresas en el territorio. Además, el desarraigo cultural y el cambio de relación con la tierra, son variables que se desprenden de la empleabilidad y el sustento de la mano de obra local en estas empresas.
Desconocemos las consecuencias en la salud de los trabajadores que llevan ya más de 10 años removiendo estos residuos. Desconocemos el alcance de la toxicidad y los efectos en el cuerpo humano por la permanente exposición de la población a estos materiales. Constantemente se han denunciado las afectaciones a la salud por el consumo de agua subterránea contaminada, olores ofensivos hasta el punto de dormir con tapabocas, emisión permanente de ruidos nocturnos, contaminación lumínica y alteraciones al paisaje, pero solo hemos visto como cada día aumentan las vulneraciones a los derechos humanos.
En materia ambiental, el componente biótico es finalmente el más afectado, ya que los ecosistemas que rodean las plantas, son catalogados como áreas ambientalmente frágiles. Dentro de la zona de operación y según el Estudio de Impacto Ambiental de una de las licencias, se estima qué: “Se consideran áreas ambientalmente frágiles los esteros, lagunas, madre viejas, garceros, morichales, nacederos y aquellas que presentan degradación antrópica insostenible como es el caso de los bosques de galería. En el área de influencia directa (6.039 Ha) se registraron áreas sensibles que corresponden a esteros (6), morichales (2), nacedero (1), madre viejas (1) y garcero (1)”.
En consecuencia, las características naturales de este territorio, no logran sanar las heridas que en el tiempo estas empresas han generado. Por lo tanto, a pesar de que han sido emitidas sanciones por parte de CORPORINOQUIA y la Procuraduría Ambiental de Casanare, (ECOPLANTA en 2010-2011-2017, BIOINTECH 2014, TECECOR 2015 e INGECOLEOS en 2017), la manera en que han sido resueltas se fundamenta en la reparación económica dada al ente regulador. Por más de 10 años, las afectaciones han sido permanentes y aún desconocemos el alcance en la salud humana y el desequilibrio de los ecosistemas naturales. En nuestro territorio, se encuentran animales con malformaciones, han surgido abortos masivos en las ganaderías aledañas, así como un balance negativo histórico por la calidad del pasto y agua del que se alimentan los semovientes. Incluso, hay sospecha de que enfermedades natales como macrocefalia en humanos se desprendan del consumo y exposición permanente con metales pesados y residuos tóxicos.
La alerta y el llamado a la comunidad internacional es inminente. Las instituciones públicas y la empresa privada han trabajado por años bajo el apego del interés económico y el cómodo clima de corrupción que han demostrado tener los funcionarios de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA. La tercerización de la responsabilidad sobre la generación de RESPEL agudiza la resolución de conflictos y la violación a los derechos humanos de la población, mientras el suelo y el recurso hídrico se contaminan por la actividad industrial en el municipio.
Por las personas que a diario consumimos el agua subterránea de nuestras tierras, por los animales que han muerto y quedado en el olvido de los procesos jurídicos, por las alteraciones constantes al suelo y la capa vegetal. Por todas las razones ya expuestas, exigimos y alzamos el llamado a ser escuchados y acompañados en la lucha por la defensa de la naturaleza y los ecosistemas, así, como el cumplimiento a los D.D. H.H. de la población aledaña.
*Se precisa que las columnas de opinión pertenecen a sus respectivos autores/autoras y por ende, no comprometen a Crudo Transparente, ni a sus financiadores
Sin comentarios aún