Por: Sergio López

 

INTRODUCCIÓN

 

Según Fedesarrollo, uno de los principales centros de pensamiento en temas económicos y sociales en Latinoamérica, el sector de los hidrocarburos permite el mejoramiento de las condiciones de trabajo en zonas alejadas de los centros urbanos, vía el aumento de la oferta de empleos formales. Teniendo en cuenta esto, los salarios devengados dentro de esta industria  son significativamente más altos que las demás actividades en los territorios; situación que ha generado álgidos conflictos sociales. Por lo anterior, las comunidades locales reclaman y exigen la adjudicación prioritaria de los empleos a la mano de obra local, ya que los salarios más altos también pueden impulsar procesos migratorios desde zonas con peores condiciones económicas [1].

 

De acuerdo con el diagnóstico de conflictividad social elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio del Interior, Ecopetrol y el Ministerio de Minas y Energía en el 2016, la conflictividad se concentra principalmente en temas de empleo y más específicamente en la intermediación laboral en la que en ocasiones es fácil superar la línea de legalidad en estos esquemas.

 

Siguiendo esta línea, los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres, en la zona del Magdalena Medio del departamento de Santander, son ejemplo de estas disputas, dado que son municipios productores y altamente dependientes de las rentas petroleras.

 

Ante esto, el Gobierno Nacional ha intentado dar solución en la última década a los conflictos de contratación y aspectos sociales que se generan en la industria por la intermediación, tercerización e ilegalidad en los procesos. La Ley 1636 de 2013 se creó con la finalidad de estructurar una política encaminada a la reinserción laboral y la reducción del desempleo, creándose el Servicio Público de Empleo (SPE) como herramienta para la gestión de los procesos de oferta y aplicación a las diferentes vacantes de empleo. Además, con la expedición del Decreto 1072 de 2017 se crearon reglas de juego para facilitar el acceso al empleo en las regiones donde se presentaba explotación de hidrocarburos.

 

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer la situación que viven las comunidades, el inconformismo y problemas que se han generado con base a los diferentes decretos y leyes que desde el gobierno central se han decretado para buscar una mayor transparencia y resolver la problemática en cuanto a la contratación de mano de obra en la industria de hidrocarburos.

 

POLÍTICAS TOMADAS POR PARTE DEL GOBIERNO ANTE LA INTERMEDIACIÓN

 

 

Con el fin de disminuir el conflicto social, el Estado ha desarrollado diferentes decretos y leyes en los últimos diez años que buscan mejorar y dar mayor claridad a los procesos de vinculación de personal, los cuales se presentan brevemente en la tabla 1.

 

Tabla 1. Políticas tomadas desde el 2012

Ley – Decreto – Resolución	Año	Contenido
Ley 1551	2012	El artículo 29 dicta normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios dentro de las cuales se incluye la expedición de permisos de residencia para las personas que se encuentren en áreas con influencia de exploración o explotación petrolífera o minería en general. Tales certificados se deben expedir con base en los registros electorales, el Sisbén o los registros de afiliados de las JAC por parte de la alcaldía municipal [2].
Ley 1636	2013	Por medio de la cual se crea el denominado mecanismo de protección al cesante, su artículo 31 señala la obligatoriedad que tienen las entidades públicas de ofertar todas sus vacantes a través del Servicio Público de Empleo en busca de una mayor transparencia al momento de ofertar puestos de trabajo [3].
Decreto 1072	2015	El Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, contiene disposiciones especiales relativas a la vinculación de mano de obra local en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Buscando que la contratación de personal sea priorizada  residentes del municipio o el área de influencia de los proyectos, se establece que: “La totalidad de la mano de obra no calificada contratada en los términos de lo establecido en esta sección, deberá, en principio, ser residente del municipio y con prioridad del área en que se encuentre el proyecto de exploración y producción de hidrocarburos.”  [4]
Decreto 1668	2016	Modifica el Decreto 1072 de 2015, en primer lugar, amplía la norma para todos los municipios del país donde se lleven a cabo proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. En segundo lugar, se establecen criterios para la contratación de mano de obra, para el caso de la mano de obra no calificada el 100% debe ser residente del área de influencia, en cuanto a la mano de obra calificada se debe cumplir con el 30 % [5].
Resolución 2616	2016	Se adoptó una estandarización ocupacional para actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Permitiendo que se ofrezcan vacantes estandarizadas entendiéndose como formación técnica, tecnológica y profesional y la los perfiles no estandarizados aquellos que no necesitan ninguna formación anteriormente mencionada [6].

 

De esta manera, se ha buscado una regulación que permita resolver las problemáticas que se presentan en las regiones y la insatisfacción que se ha generado entre las comunidades en lo relacionado a la contratación con empresas de la industria de hidrocarburos.

 

En este sentido, según los datos proporcionados por el SPE, se ofertaron 16 145 vacantes para el sector de explotación de minas y canteras en Santander entre los años 2015 y 2020; siendo 2019 el año en el cual se registró el mayor número dada la recuperación gradual en la industria desde la crisis de precios del 2015 y que en 2020 se estancó a causa de la pandemia de la Covid-19, con lo cual los empleos no presentaron una disminución significativa.

 

Gráfico 1. Vacantes registradas por el sector de explotación de minas y canteras de Santander en el SPE

 

        

 

Las vacantes publicadas por este sector representan el 5,3 % del total de empleos ofertados en Santander, ubicándose en el puesto séptimo, siendo de los que menos contribuye al empleo en la región, donde las actividades que encabezan la lista corresponden al Comercio al por mayor y menor y Servicios Profesionales.

 

PANORAMA DEL EMPLEO EN EL SECTOR PETROLERO EN BARRANCABERMEJA, PUERTO WILCHES Y SABANA DE TORRES

 

 

En términos de empleo, se encuentra que Barrancabermeja, su ciudad capital, presenta una tasa de desempleo mayor a la de Bucaramanga, con registros superiores al 20 % en los últimos dos años y una estructura de empleos que gira en torno al sector servicios y al sector minero. Los demás municipios de la provincia reparten sus actividades entre la minería y la agricultura [7].

 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, los municipios de Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches hacen parte del clúster del petróleo en el departamento de Santander junto con la ciudad capital de Bucaramanga, que presta servicios complementarios y sirve como centro de negocios. Este clúster se divide en tres micro clúster:  el metalmecánico, de obras civiles y los servicios de ingeniería, que en total agrupan 897 empresas de bienes y servicios que constituyen un 12 % de las compañías de la región y que generan cerca de un quinto de los empleos en esta [8].

 

El clúster vincula directamente a 4 616 empleados, los cuales se distribuyen 55 % en el microcluster de obras civiles, 25 % en el microcluster de servicios de ingeniería y 21 % en el microcluster metalmecánico. El clúster se constituye como uno de los más grandes proveedores de Ecopetrol ya que aporta el 43 % de las contrataciones directas de la petrolera en el Magdalena Medio y el 53 % de los bienes y servicios que consume [9].

 

De acuerdo a estudios adelantados por el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio (CER) sobre la dinámica laboral en la región, los empleos más demandados están relacionados con: obreros y ayudantes de producción en pozos de petróleo o de gas natural; instructores de formación para el trabajo; soldadores y remachadores; montaje de estructuras metálicas y finalmente ayudantes y obreros de construcción.

 

En términos del tipo de vinculación durante 2017, el 21 % de las personas contratadas fueron vinculadas directamente por la empresa, cifra que en el 2018 se ubicó en 18 %. Según la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), esto permite evidenciar que la mayoría de las contrataciones laborales en el sector se realizan de manera indirecta; lo cual se asocia al nivel de vinculación que se lleva a cabo a través de las empresas contratistas que desarrollan labores específicas, de acuerdo con las necesidades de la operación [10].

 

Al observar la contratación discriminada por tipo de mano de obra, la ACP señala que durante el 2017 se emplearon 6 429 empleados calificados y 3 496 no calificados. En los empleos calificados el 73 % correspondía a residentes y el 27 % a no residentes, superando ampliamente la cuota del 30 % establecida por la ley. En el caso de la mano de obra no calificada, el 98 % correspondió a residentes y 2 % a no residentes, cifra que si bien no corresponde a la cuota del 100 %, puede corresponder a contratos previos al cambio en la regulación.

 

Para el año 2018, se emplearon 8 411 empleados calificados y 7 950 no calificados. La mano de obra calificada se compuso en un 76 % por locales y un 24 % por no locales, manteniendo la misma tendencia del año anterior pero con un aumento del 30 % en el número de empleos. Para el caso de la mano de obra no calificada, el 95 % de los empleos correspondió a trabajadores locales, en tanto que el 5 % se adjudicaron a trabajadores no locales. Esta cifra se explica por el cambio en la metodología de medición de la ACP, que pasó a incluir una empresa de transporte de gas y derivados, actividad que no cubre la regulación introducida por la Resolución 2616 del 2016 [11].

 

Lo anterior, deja entrever que los oficios relacionados con la explotación de hidrocarburos son los más demandados en los portales de empleo de Santander, por lo que son los que más pasan por los intermediadores, asunto que es objeto de controversia dentro de estos entornos laborales por el aprovechamiento de vacíos legales a la hora de aplicar a las convocatorias. Estas falencias se relacionan con la no reglamentación para la expedición de certificados de residencia y la injerencia de las Juntas de Acción Comunal (JAC)  sobre estos procesos;  lo cual puede provocar la persistencia de casos de corrupción relacionados con la venta ilegal de estos certificados [12].

 

 INTERMEDIACIÓN LABORAL: CONSECUENCIAS SOCIALES

 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, las denuncias en los municipios de estudio se relacionan principalmente con: venta de cupos para ingresar como empleado con una empresa de la industria de hidrocarburos, que consiste principalmente en un tercero que cobra dinero, este valor es según el tipo de empleo y tiempo de contrato. El segundo problema se relaciona con la contratación de foráneos en empleos no formales e informalidades en la expedición del certificado de residencia.

 

Con respecto a la primera denuncia, es una práctica que líderes sociales y empleados de la industria han denunciado e incluso, han llegado a temer por su vida. Algunas de estas, son referentes a líderes de las JAC quienes llegan a acuerdos con empresas contratistas en cuanto a número de empleos y tiempo de duración de contrato, al igual que con empresas de bienes y servicios. Es aquí donde se realiza una intermediación no apropiada perjudicando a la comunidad en el ámbito socioeconómico.

 

Con relación a la venta de la expedición de certificados de residencia, la excongresista Yidis Medina denunció en mayo de 2021 la existencia de una mafia en la que por un valor que oscila los $ 200 000 en menos de 24 horas se entrega tal documento en Barrancabermeja. Ante esto, el secretario de gobierno del municipio anunció que las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General y se adelanta las investigaciones pertinentes para verificar la veracidad y en caso tal, establecer las responsabilidades [13].

 

De acuerdo con David Canchila, líder social y trabajador de la industria petrolera en Sabana de Torres, considera que las denuncias que se presentan respecto a la problemática se dan por la falta de cumplimiento por falta de algunas empresas en cuanto a los decretos del Gobierno en materia de contratación y de los derechos de los trabajadores. Así mismo, considera importante la necesidad de aumentar la contratación de mano de obra local, que se logre cumplir la Resolución 2616 en cuanto a la estandarización de perfiles y la implementación total de la ley del cesante que en el municipio tres años después de creada.

 

Situación similar en Puerto Wilches en la que la contratación de mano local afirma algunos líderes no lo quieren realizar las empresas. Durante marzo de 2021, de esta manera se llevó a cabo una protesta en manera de plantón frente al hotel La Piscina por la llegada de trabajadores de otros municipios y departamentos, incluso a ocupar empleos denominados no cualificados y que no fueron socializados en el municipio, las cuales deberían realizar los trabajadores locales [14].

 

En cuanto a la estandarización de perfiles, desde los territorios lo han considerado como un problema dado que no están elaborados de la mejor manera teniendo en cuenta las realidades sociales y económicas de cada municipio. De lo anterior, no se cuenta en municipios como Puerto Wilches y Sabana de Torres con suficiente oferta académica posterior a la educación media; caso contrario a Barrancabermeja que cuenta con presencia de instituciones educativas de educación superior. Esto conlleva a que se deba ajustar la política de empleo acorde al municipio con la información socioeconómica que la administración local tenga disponible.

 

Por otro lado, por medio de las Juntas de Acción Comunal (JAC) se suelen realizar acuerdos en cuanto a la rotación de personal para permitir que un mayor número de personas puedan laborar en la industria.  Edwin Palma, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), señaló que, con el fin de adelantar acciones tendientes a erradicar estas prácticas de intermediación por parte de las JAC, la USO ha velado por garantizar la estabilidad laboral de tal forma que los empleados puedan acceder a contratos con tiempos similares a los de los contratistas.

 

Estas problemáticas mencionadas anteriormente en el proceso de contratación derivan en problemas sociales en la región. El primero de ellos, es un conflicto entre empresa y comunidad por el inconformismo que se da en todo el proceso de la contratación y la estabilidad necesaria que asegure un sustento económico. Es de recordar que en regiones a los que se inicia una exploración y posterior explotación de hidrocarburos, la mano de obra local se traslada hacia esta nueva actividad dejando de lado otras como lo son la agrícola, a pesar de no generar una gran cantidad de empleo, especialmente en el proceso de explotación.

 

El segundo, es ante los líderes y trabajadores quienes denuncian estas prácticas que se ven afectadas en su integridad física por medio de amenazas que en varias oportunidades terminan en atentados a su vida o procesos judiciales para evitar que se sigan haciendo públicas las denuncias. Ante esto, ha sido necesaria la intervención de organizaciones de Derechos Humanos que permitan proteger a los líderes y brindarles protección.

 

En tercer lugar y en contravía a lo mencionado anteriormente, por parte de profesionales referente a la industria de hidrocarburos se presenta un inconformismo dado que encuentra limitantes geográficos y regionales para su contratación. Esto dada la priorización que se da a locales por encima de trabajadores foráneos: ingenieros de petróleos, industriales, geólogos entre otras profesionales, deben depender del proceso acorde a lo establecido por el Gobierno Nacional para aplicar a las diferentes vacantes disponibles.

 

El inconformismo en los diferentes sectores, especialmente en la comunidad y conflictos que se han generado en torno a todo el proceso de contratación en la industria se han obedecido a problemas estructurales y si bien es cierto, el Gobierno Nacional ha intentado regular y avanzar en el tema, actualmente no se ha dado una solución definitiva.

 

CONCLUSIONES

 

 

Los sucesos en torno al empleo en el sector del petróleo en los municipios de Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches traen a colación tres elementos importantes: la evolución del marco legal en torno al empleo en el sector de hidrocarburos, la problemática de empleo en estos municipios que ha conducido a conflictos por el acceso limitado a los puestos en el sector petrolero y los casos de corrupción e irregularidades presentados en la zona.

 

En primer lugar es de señalar que, a pesar de que el Servicio Público de Empleo es una herramienta idónea que permite automatizar las diferentes vacantes que surgen, no es la solución completa ante la problemática que supone regular el empleo en el sector de hidrocarburos. El gobierno colombiano ha expedido diferentes decretos para reglamentar y organizar progresivamente estas actividades, pero persisten problemas en torno a vacíos referentes a la expedición de los certificados de residencia, puesto que no se cuenta con un formato estandarizado y no se sabe qué información debe incluir dicho documento.

 

Es una falla la falta de presencia de una oficina física en los municipios que permita a la población no digitalizada obtener información. Además, las quejas ante los perfiles creados en la estandarización para la industria por no conocer y reconocer las poblaciones como el caso de Puerto Wilches en el que no cuentan con presencia por ejemplo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

 

En segundo lugar, el desempleo, que se ha ubicado por encima del 20 % en la zona, se ha constituido como uno de los desafíos más apremiantes para el territorio. Los mayores ingresos y facilidades que ofrecen los empleos del sector petrolero han conducido a un aumento en la conflictividad por cuenta de la escasez e inestabilidad de los mismos.

 

Agregado a lo anterior, las prácticas intermediarios e ilegales por parte de terceros que no les corresponde, sigue generando una afectación socioeconómica en las poblaciones y un lucro particular a las personas que la realizan. Hechos que se presentan con la práctica denominada venta de cupos. A su vez es importante señalar el problema que supone la participación de las JAC dentro del proceso y como se pueden generar incentivos para la corrupción y falta de transparencia dentro de los procesos de contratación.

 

Finalmente, si bien el petróleo se ha constituido como un importante motor de crecimiento en el país, casos como el de los municipios mencionados evidencian las consecuencias de la dependencia de esta actividad. Es necesario articular a los diferentes actores hacia un proceso de fomento al empleo que puede verse apoyado por ejemplo, en la reconversión productiva o la generación de una estrategia más ambiciosa en torno al sector de hidrocarburos, para así poder promover más oportunidades de empleabilidad y por tanto una mejora en las condiciones de la población.

 

Bibliografía

 

[1] Fedesarrollo. (2018). Estudio sobre el impacto de la actividad petrolera en las regiones productoras de Colombia. Recuperado de: https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/archivosciadernos/cdfno64_0.pdf

[2] Congreso de la República. (6 de Julio de 2012). Ley 1551 2012. Obtenido de:  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html

[3] Congreso de la República. (18 de junio de 2013). Ley 1636 2013. Obtenido de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1636_2013.html

[4] Ministerio de Trabajo. (26 de mayo de 2015). Decreto 1072 2015. Obtenido de: https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8

[5] Ministerio de Trabajo. (21 de octubre de 2016). Decreto 1668 2016. Obtenido de: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201668%20DEL%2021%20DE%20OCTUBRE%20DE%202016.pdf

[6] Ministerio de Trabajo. (7 de julio de 2016). Resolución 2616 de 2016. Obtenido de: https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/45091/Resolucion+2616+de+2016.pdf

[7] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Boletín Técnico: Mercado Laboral. Obtenido de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo

[8] Centro de Estudios Regionales Magdalena Medio. (2020). Dinámica Mercado Laboral. Obtenido de: https://www.cer.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Boletín-de-Dinámica-Laboral-Barrancabermeja.pdf

[9] Cámara de Comercio de Barrancabermeja. (2018). Clúster del petróleo – Clúster en cifras. Disponible en: https://www.ccbarranca.org.co/ccbar/images/documentos/Cluster_en_cifras_boletin_1.pdf

[10] Centro de Estudios Regionales Magdalena Medio. (2017). Análisis de la intermediación laboral en Barrancabermeja. Disponible en: https://www.cer.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Boletín-de-Mercado-Laboral-y-Servi.pdf

[11] Asociación Colombiana de Petróleo. (2020). Informe de Gestión Social: 2017-2018. Disponible en: https://www.cer.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Boletín-de-Mercado-Laboral-y-Servi.pdf

[12] Íbidem.

[13] Periódico Vanguardia. (22 de mayo de 2021). Denuncian presuntas mafias para expedir certificado de residencia. Recuperado de: https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/denuncian-presuntas-mafias-para-expedir-certificado-de-residencia-JL3793193

[14] La Silla Vacía. (25 de marzo de 2021). Los primeros choques en el piloto de fracking son por el empleo local. Disponible en: https://lasillavacia.com/los-primeros-choques-piloto-fracking-son-empleo-local-80678