Escazú y la defensa de la vida

Al igual que lo que pasó con la lucha contra el Covid 19, los estados y las sociedades han tratado de encontrar un equilibrio entre salud y economía cuando enfrentan los daños ecológicos que produce la deforestación, la minería a cielo abierto ó con sustancias altamente contaminantes como el mercurio, el uso de detergentes no biodegradables, el desecho irresponsable de empaques plásticos y el consumo de combustibles fósiles. A diferencia con lo que ha ocurrido con la lucha contra la pandemia, quienes defienden el medio ambiente se han convertido en víctimas letales de quienes sobreponen -de manera ciega y radical- las economías estatales y privadas por encima de la vida del planeta y de sus más acérrimos defensores.

Tal el caso de Colombia que, según los reportes los reportes de The Global Withness, ha encabezado por varios años la lista de asesinatos de líderes ambientales y defensores de territorios ancestrales asesinados, junto con México, Brasil y Filipinas.

En México, según la investigadora Lucía Velásquez del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, entre 1995 y 2019 hubo en ese país 147 defensores ambientales asesinados; en ese mismo periodo documentó 503 casos de defensores ambientales agredidos . A pesar de que el Senado mexicano ratificó el acuerdo de Escazú en noviembre del 2020 su implementación es todavía muy lenta. Es decir, el estado mexicano, las empresas extractivas, los órganos de control y de justicia no tienen la velocidad que amerita la situación de deterioro ambiental y de amenazas

Colombia presenta algunos signos alentadores como la ratificación del Acuerdo de Escazú que fue aprobada en primer debate en el Congreso de la República y la victoria de la población afro de Puerto Wilches mediante tutela interpuesta porque se desconoció la consulta previa en la aplicación de un piloto de fracking en ese territorio; además, el nuevo Congreso, cuyas funciones empiezan el próximo 20 de julio, es mucho más sensible y comprometido con el medio ambiente y los DDHH que el actual. En cuanto al presente gobierno mantiene una actitud dubitativa frente a la protección de la vida relacionada con el medio ambiente. No cesan los asesinatos de líderes ambientales sin que haya una fuerte acción contra los grupos criminales y quienes los apadrinan y persiste la supremacía de los criterios economicistas de corto plazo sobre los daños ambientales de mediano y largo plazo.

La acción decidida de las comunidades, de las organizaciones de derechos humanos y ambientales, la consecuencia política de quienes asuman el poder estos cuatro años siguientes, será definitiva para que la vida del planeta y el respeto a la vida de quienes defienden la vida del planeta, incline la balanza para que la ratificación del Acuerdo de Escazú, su eficaz y rápida implementación coloquen a Colombia en la vanguardia de los países conscientes de que la preservación de la Tierra es asunto de todos.