Columna de Opinión Nacional
¿Cuál es el verdadero interés de los gremios y el partido de gobierno por no dejar avanzar a Escazú?
Katherine Casas Pérez
La ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso está lejos. Actualmente, el pacto regional entró en vigencia el pasado 22 de abril (Día de la Tierra) después de haber sido ratificado por 12 Estados de América Latina y el Caribe. Por su lado, Colombia llegó al primer paso con la firma del tratado en el 2019; desde ahí los avances son mínimos por no decir que insuficientes.
Asimismo, después de ser presentado el julio de 2020 por el presidente Duque, con nota de urgencia, no se ha llegado ni al primer debate dentro del Congreso y se ha aplazado cuatro veces las sesiones para discutir el proyecto de ley. Lo único que se puede rescatar son las audiencias públicas realizadas sobre este tema, en las que lastimosamente la bancada del gobierno y los gremios se han dedicado a dilatar el proceso y demeritar el Acuerdo.
Gremios como la Sociedad de Ganaderos (Fedegan), la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP), la Federación de Avicultores, entre otros, han reiterado que Escazú llevaría al país a caer en una enorme inseguridad jurídica y que lo que promueve el tratado ya se encuentra dentro de la legislatura colombiana, en temas relacionados con mecanismos de participación ciudadana, divulgación de la información y protección del ambiente.
El intenso “lobby” empresarial se ha convertido en la barrera del Acuerdo en Colombia. Según han manifestado, los requisitos del tratado ponen en peligro la realización de sus proyectos y afectarían el desarrollo de sus actividades; impactando económicamente las arcas del país. La desinformación y los mitos fomentados por estos sectores políticos y empresariales parecieran buscar que se siga con un modelo económico que está acabando con el planeta, además de no reconocer la realidad derivada por el cambio climático, la deforestación y la contaminación del aire que estamos enfrentando.
Las “maniobras” como la del senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, quien el 22 de septiembre del 2020 envió una carta a Ministerio del Interior solicitando la suspensión del trámite legislativo, aduciendo la necesidad de realizar una consulta previa con las comunidades indígenas y étnicas (cuando estos rechazaron que el senador tomará su vocería para esta solicitud) para la ratificación del tratado en el país, reafirman como estos sectores buscan demorar el proceso con estrategias vagas y mitos que se caen de su propio peso.
En realidad, parece que estos grupos no quieren entender que el Acuerdo ofrece certeza jurídica y resuelve dilemas normativos en los temas ambientales; además, de darle una verdadera protección a los defensores que trabajan por la protección de estos asuntos en el país. No podemos olvidar que en estos seis primeros meses del año en curso ya van asesinados dos de estos líderes.
El gran logro del paro en el 2019 para el sector ambiental fue la firma del Acuerdo y como se mencionó, el Presidente lo radicó con mensaje de urgencia para la actual legislatura. Lo anterior deja la duda entonces del ¿por qué en medio de estas protestas, del inconformismo social y de lo expresado por Duque hay tantas trabas para poner en marcha lo pactado? De esta manera, dado el contexto nacional, Escazú puede ser una herramienta para crear espacios de diálogo, en los que se generen consensos y espacios de unión social alrededor de diversos temas ambientales que afectan a las comunidades en el territorio nacional.
NOTICIAS
El petróleo Brent alcanza los $ 73 USD desde el 2019
Desde abril de 2019 el petróleo de referencia Brent no tenía un incremento mayor de los 73 dólares, sin embargo este martes 15 de junio a partir de la reapertura de viajes para poder vacunarse en el exterior, este rubro regresó a marcar un nuevo récord en el mundo igualando los 73 dólares pre pandemia.
El precio del petróleo del Mar del Norte de Europa, cotizaba en la mañana de este 15 de junio en el mercado de futuros de Londres a 73,18 dólares el barril, a diferencia de los 72,86 dólares en el que estaba al cierre de la jornada pasada
El pasado viernes 11 de junio el petróleo cerró en International Exchange Futures a USD 72,69.
El denominado “oro negro” ha mantenido al alza, por el incremento de la demanda, mientras que ciertos países se encuentran creando estrategias de inmunización y por ende la reapertura de cada sector económico.
Además, se prevé que habrá una demanda global de petróleo a finales de 2022, según La Agencia Internacional de Energía (AIE)
El nuevo récord que Colombia registra en energías renovables
Pese a que Colombia pasa un momento crítico en cuanto a los conflictos sociales y al gran número de contagiados de Covid que registra a la fecha, el sector de energía renovable continúa vigente y con pasos exitosos.
El Gobierno ya expidió los certificados sobre los beneficios tributarios para 1 013 proyectos de energía renovables, que generan 5.417.18 megavatios (MW). Estos incentivos son obtenidos a partir de la reducción de renta de un 50 % exclusivo del IVA, la depreciación acelerada y el desmote de aranceles para productos, más los incentivos contemplados en la ley 1715 de 2014
Es importante recalcar, que según los datos del Ministerio de Minas y Energía gran parte de las legalizaciones entregadas han sido para las 929 obras de proyectos solares que representan 2.414.66 MW.
En consecuencia, entre enero y abril de este año se brindaron más admisiones que durante todo el año pasado en términos de potencia, ya que en el 2020 se otorgaron beneficios para 235 emprendimientos, por 1.279. 75 MW, según Energía Estratégica.
Atentado en Caño-Limón Coveñas deja graves afectaciones al medio ambiente
El pasado 1 de junio, en la vereda El Empalme, en Tibú, Norte de Santander se registró el más reciente ataque contra el Oleoducto Caño Limón Coveñas. Los autores del hecho instalaron un explosivo con el que impactaron la tubería, originando afectaciones en el río San Miguel y en Caño León.
Además de las fuentes hídricas que se vulneraron ante estos hechos, también tienen un riesgo latente las 20 especies de mamíferos, 30 de peces, 15 de réptiles y 20 de anfibios que conforman el ecosistema en Norte de Santander.
Con seis puntos de control y personal técnico ambiental desplegados en la zona, Cenit, compañía filial del Grupo Ecopetrol, atendió la emergencia ambiental.
Mario González Fernández, gerente de la Troncal Caño Limón, explicó que los puntos de control se ubicaron sobre Caño León y el Río San Miguel que: “Incluyeron 210 metros de líneas de barreras, dique con sacos de arena, equipos de contingencia y personal que buscó contener la mancha de hidrocarburos y se reforzó con barreras de contención la protección de la bocatoma del corregimiento Campo Dos”.
Asimismo, informó que la mayoría de los ataques y la pérdida del hidrocarburo generan principalmente afectaciones en quebradas y ríos, así como en los suelos y en la capa vegetal de parcelas y cultivos lícitos.
“Los derrames han producido afectación a fuentes hídricas como los ríos Tibú, Catatumbo y Tarra; y las quebradas El Loro, El Carmen, La Medrosa, La Pérdida y Caño Victoria Sur, algunas de las cuales surten acueductos de la región”, aseguró Cenit.
Por otra parte, La Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, aseguró que en el marco de la Operación Comuneros, durante este año también han sido retiradas 12 válvulas, destruido 24 refinerías ilegales de grupos armados . Además, sostienen que el 2019 fue el año en el que se retiraron más válvulas ilícitas de la estructura del Oleoducto Caño Limón Coveñas, con 134 casos en ese periodo de tiempo, los grupos armados no estatales cometieron 42 ataques contra el oleoducto.
Asimismo, desde 2016, hasta lo corrido de este año, la compañía ha retirado 339 válvulas, con las que los grupos que delinquen en Norte de Santander, hurtaron el petróleo.
Vía La Opinión: Narcotráfico, detrás de los ataques al Oleoducto Caño Limón Coveñas. 11/06/21
Ocad Paz aprobó proyectos en donde se beneficiarían más de 11 000 familias con energía eléctrica
En la sesión número 52 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD Paz, fueron aprobados 58 proyectos que serán financiados con más de $873.500 millones de pesos de regalías.
De los 58 proyectos, 28 llevarán el servicio de energía eléctrica a 11 259 familias, y 22 corresponderán a soluciones solares fotovoltaicas que beneficiarán a 9 962 familias, y 6 iniciativas de redes eléctricas del Sistema Interconectado Nacional para 1.297 hogares de Bolívar, Caquetá, Guaviare y Nariño.
La inversión total aprobada para los 28 proyectos fue de $223 mil millones de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías, que ofrecerá beneficios en 8 departamentos del país, como Bolívar, Caquetá, Meta, Cesar y Nariño.
Asimismo, en el actual gobierno se han aprobado 126 proyectos en el OCAD Paz, para la ampliación de cobertura en el servicio público esencial de energía eléctrica, con una inversión de cerca de $1,2 billones de pesos, en beneficio de más de 62 mil familias de las zonas rurales del país.
Desde el origen del Ocad Paz, Cauca, Nariño y Putumayo, con cerca de 30 mil usuarios, han sido los departamentos con mayores inversiones en proyectos de energía eléctrica aprobados, con recursos correspondientes al 45% de las asignaciones aprobadas ($551 mil millones).
Según el Ministerio de Minas y Energía, Diego Mesa: “Estos proyectos se aprueban gracias a las regalías que pagan las empresas petroleras y mineras por la extracción hidrocarburos y de minerales, recursos que se traducen en obras que transforman vidas”.
Igualmente, en esta sesión del OCAD Paz, se realizó la priorización y aprobación de 2 proyectos de inversión financiados con recursos del Incentivo a la Producción en Barrancabermeja, Santander, y Cartagena de Indias, Bolívar.
Vía Portafolio: Más de 11.200 familias con luz por primera vez en ocho departamentos. 11/06/21
Columna de Opinión Regional
Sobre el acuerdo entre PNUD y Geopark y sus implicaciones para el sector petrolero
Invitado especial:
Sergio Guzmán, Director de Colombia Risk Analysis. Proporciona análisis de riesgos comerciales, de seguridad y políticos para la región andina y tiene experiencia particular en el conflicto colombiano, la resolución de conflictos internacionales y desarrollo. Está basado en Bogotá y sus redes sociales son @ColombiaRisk y @SergioGuzmanE
Las relaciones entre las comunidades indígenas y las empresas petroleras están llegando a un punto de ebullición en Putumayo y puede tener graves repercusiones para el sector petrolero en el país. Si el PNUD no puede generar confianza, entre las empresas y las comunidades ¿entonces quién?
Los bloques petroleros que se encuentran en Putumayo y hacen parte de la prometedora cuenca Caguán-Putumayo son también el epicentro de importantes riesgos sociales y políticos derivados de la falta de confianza que existe entre las empresas y las comunidades.
El 20 de abril de 2021, la empresa petrolera GeoPark y el Programa de las Naciones de Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunciaron que se asociarían para dar inicio a una Estrategia de Reactivación Económica, “para crear oportunidades de desarrollo, generar ingresos y promover el bienestar” de los habitantes de la zona de influencia de la empresa, que giraba en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
23 días duró el dichoso acuerdo para que el PNUD lo diera por terminado el 12 de mayo, luego de que las comunidades apoyadas por ONGs internacionales denunciaran a las Naciones Unidas por haber suscrito un acuerdo con Geopark, quien es acusado de serias violaciones de derechos humanos.
Ciertas o no las acusaciones sobre la empresa, el rechazo de las comunidades al acuerdo realizado entre el PNUD y Geopark es testimonio del ambiente de desconfianza y hostilidad que existe actualmente hacia las empresas petroleras en esta región del país. También, sugieren que será difícil para cualquier organización suscribir acuerdos o implementar proyectos con empresas petroleras para promover emprendimiento, programas de desarrollo local, iniciativas medioambientales y generación de empleo. Mas si estos proyectos no están avalados por las comunidades.
Cabe recordar que el PNUD fue el principal promotor de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos que buscó promover espacios de concertación y de acuerdo entre las comunidades locales y las empresas – esto hacía en parte que fuera un puente natural entre Geopark y las comunidades aledañas, que tienen tremendas necesidades en cuanto a los ODS. Habiendo comandado la ETH, el PNUD tiene experticia liderando proyectos de inversión financiados por las empresas para contribuir a la generación de un clima de cooperación entre las empresas y las comunidades mediante el diálogo y objetivos de desarrollo similares – como lo son precisamente los ODS.
Es muy poco probable que las comunidades logren su objetivo manifiesto de poner un fin a la exploración petrolera en la cuenca amazónica, ya que el Estado ha otorgado derechos a las empresas de hacerlo y revocar aquellos permisos podría significar cuantiosas demandas internacionales, que el Estado Colombiano no está en condición de asumir en estos momentos.
Si bien las organizaciones internacionales, como también las organizaciones indígenas pueden ver que el retiro del acuerdo es una victoria para su causa. Sin embargo, esta situación podría convertirse en un grave error. Si el PNUD no puede ser un puente de confianza entre las comunidades locales y las empresas petroleras, ¿Quién podrá ofrecer confianza tanto a las empresas como a las comunidades, para implementar proyectos de desarrollo financiados con dineros de regalías o con dineros de Responsabilidad Social Empresarial de las empresas?
Sin interlocutores que tengan confianza tanto de las comunidades, como de las empresas, el futuro de la exploración y explotación de yacimientos petroleros en la cuenca Caguán-Putumayo puede estar en grave peligro y consigo una vital fuente de ingresos para el Estado y para las comunidades que habitan los territorios.
*Se precisa que las columnas de opinión pertenecen a sus respectivos autores/autoras y por ende, no comprometen a Crudo Transparente, ni a sus financiadores.
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