Investigación abril, 2019

Por: Katherine Casas

INTRODUCCIÓN

En mayo de 2018, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales para elegir el mandatario colombiano para el periodo 2018 – 2022. Los principales opcionados fueron: Iván Duque, Gustavo Petro, y Sergio Fajardo. El ganador de la primera vuelta fue el candidato del Partido Centro Democrático, Iván Duque, quien obtuvo el 34% del total de votos, obligando a una segunda vuelta con el otro más votado, Gustavo Petro, del Movimiento Colombia Humana, que registró el 25% del resultado.

La segunda vuelta, realizada en junio de ese mismo año, dio como ganador a Iván Duque con el 54% del total de la votación. Su estrategia logró atraer a votantes críticos del gobierno de Juan Manuel Santos, en contra de lo que se firmó en el acuerdo con las FARC y cautivados por sus propuestas económicas de aumentar la inversión extranjera e impulsar los emprendimientos a través de lo que llamó “economía naranja”. También desde su campaña, resaltó la importancia de trabajar por el desarrollo de los siguientes sectores estratégicos para el país: infraestructura y vivienda; comercio exterior; sector empresarial y emprendimiento; agricultura; educación; y minas – energía.

Su programa de gobierno, que arrancó el siete de agosto del 2018, tiene los siguientes puntos, los cuales se encuentran condensados en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la equidad:

• Sostenibilidad ambiental.
• Transporte y logística.
• Transformación digital.
• Servicios públicos.
• Recursos mineros-energéticos.
• Identidad y creatividad (economía naranja).
• Construcción de paz.

La industria minero energética siempre ha estado entre las prioridades del mandatario, desde campaña, ha hablado de la importancia de este sector para la economía colombiana. Su principal objetivo, es el de dinamizar los procesos extractivos y fortalecer a Ecopetrol. Esto quiere lograrlo a través de la llegada de mayor capital extranjero, continuar con la explotación de yacimientos convencionales, fortalecer los procesos offshore y definir lo que va ser la implementación del fracking.

Hay dos temas fundamentales ligados a la industria petrolera, que el Gobierno Duque debe buscar soluciones para su normal desarrollo: el tema de las consultas populares y la situación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con respecto a lo primero, las consultas populares no son vinculantes, ahora el interés es el de integrar a las comunidades e informarles adecuadamente sobre los procesos de extracción en sus regiones. Es importante aclarar que sobre este asunto, la Corte Constitucional en octubre del año pasado, le manifestó al Congreso que debe ser el ente encargado de regular cómo funcionarán estos mecanismos de participación, tema que el Gobierno debe prestar gran atención.

Con relación al grupo armado no estatal, el sector de hidrocarburos se ha visto altamente afectado por las acciones que hace contra los oleoductos del país. Después del cese al fuego unilateral que hizo el ELN durante el periodo de las elecciones mencionadas, y el fin de las conversaciones que se estaban llevando a cabo en Cuba, para llegar un acuerdo con el Gobierno Nacional para su desmovilización, los ataques contra la infraestructura petrolera han sido una constante. Es esencial recordar que estos hechos tienen repercusiones ambientales y económicas, que afectan a las empresas y comunidades aledañas. Por tal razón, debe ser una prioridad de este Gobierno encontrar caminos que lleven a reiniciar los diálogos, en beneficio de los ciudadanos y la industria.

Por todo lo anteriormente expuesto en este texto, haciendo énfasis en la importancia que tiene para la economía del país el normal desarrollo de las actividades extractivas, Crudo Transparente realiza este documento en el que se expondrán los principales objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, en especial los dedicados a hablar de las metas ligadas al sector energético para lograr el autoabastecimiento; en el segundo apartado, se analizará los desafíos sociales y de orden público que debe enfrentar el mandatario; como tercera parte, se hablará de los caminos para garantizar la seguridad energética del país, es decir proyectos offshore, fracking e inversión extranjera. En el cuarto capítulo, se reflexionará sobre unos temas adicionales como la posible venta de parte de Ecopetrol, el impacto de la situación venezolana y el Sistema General de Regalías-SGR.

Finalmente, en el texto se plantearán unas conclusiones y recomendaciones para el Gobierno y las empresas, ligadas a la inclusión de las comunidades en los procesos de exploración, explotación e inversión de utilidades y regalías para su beneficio. Este trabajo partió de un análisis del texto del PND, informes anuales de las agremiaciones, información de carácter público expuesta en medios y la opinión del presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos – ACP – y el presidente de la Unión Sindical Obrera – USO – para construir una visión completa del trabajo que se desarrollará en la industria durante los próximos cuatro años del Gobierno del presidente Iván Duque.

1. PND: Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad. La hoja de ruta para el sector Energético

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, titulado: “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad” del Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, con respecto al sector minero energético se divide en dos grandes capítulos:  Desarrollo minero-energético con responsabilidad ambiental y social, el cual se estructurará en este documento en dos puntos: línea política y objetivos del Gobierno Duque para la industria petrolera. El segundo apartado se titula: seguridad energética para el desarrollo productivo, del que se hará un análisis en este texto de las cifras de autoabastecimiento del 2016-2018 y se hablará de las metas del sector energético para el 2019.

Desarrollo minero -energético con responsabilidad ambiental y social

En noviembre de 2018, en la I Cumbre del Petróleo y Gas 100 años impulsando el desarrollo de Colombia, organizado por la ACP, Campetrol, Acipet entre otros, el presidente electo Iván Duque Márquez manifestó en su discurso:

Por ende, como se ha denotado, el presidente reconoce que, para él, el sector extractivo ha sido motor de desarrollo para el país. Asimismo, en otras declaraciones, ha manifestado que su trabajo estará enfocado en impulsar el crecimiento de la industria e incentivar la llegada de capitales.

Ciertamente, la producción de petróleo es clave para la economía colombiana: según el Departamento Nacional de Planeación (DANE) para 2017, el PIB del sector ascendió a $44,2 billones de pesos, significando el 0,6% del total nacional, y aportando en regalías $6,9 billones de pesos. Con respecto a las exportaciones, el DANE notificó que gracias al envío de crudo a otros países, ingresaron a Colombia alrededor de $ 20,9 billones, equivalentes al 55% del total de exportaciones.

El objetivo general planteado por Duque en el PND 2018-2022, es fortalecer el sector energético para potenciar la producción actual e impulsar el aumento de la exploración, con estándares técnicos y ambientales. Para esto, planteó los siguientes objetivos específicos:

• Consolidar el sector minero-energético como dinamizador del desarrollo de territorios sostenibles.

• Promover el desarrollo y la competitividad de la industria minero-energética.

• Aumentar las reservas y producción de los hidrocarburos. Meta de este Gobierno, 2 mil millones de barriles.

• Planeación para seguridad energética y abastecimiento y confiabilidad.

A través del objetivo específico del PND de consolidar el sector, el Gobierno pretende fortalecer los factores técnicos, ambientales y sociales en la industria petrolera; para lo cual, quiere generar un nuevo modelo de relacionamiento con los entes territoriales. Según el PND, la estrategia es desarrollar un diálogo recíproco, con enfoque territorial, con datos sólidos acerca de los suelos y preservación de los ecosistemas. Hay que recalcar que para esto, es importante que el Gobierno plantee para las comunidades mecanismo de participación permanente, donde sea clara y suficiente la información que se les brinde y cuenten en sus territorios con herramientas para que se realizarán en sus regiones. 

Con respecto a la promoción del desarrollo de la industria, el Gobierno pretende generar un marco normativo para la explotación de hidrocarburos de manera responsable, respondiendo así a los retos ambientales y sociales actuales. Este trabajo estará basado en una coordinación de las entidades territoriales para tomar decisiones de manera eficiente y consolidar el conocimiento sobre el uso del subsuelo, garantizando el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables para el beneficio de las regiones al largo plazo.

La meta de aumentar las reservas a 2 mil millones de barriles se relaciona con el objetivo del Gobierno de ampliar la exploración y perforación en áreas petroleras; en ese sentido, Ecopetrol manifestó que las reservas están garantizadas por 7,4 años [2], además informó que las reservas probadas de petróleo condensado y gas natural ascendieron a 1.727 millones de barriles (Mbpe), que servirán para dinamizar la economía y aumentar los ingresos nacionales [3]. Actualmente, el debate está centrado en cómo la industria aumentará este número, con el fin de preservar la seguridad energética del país.

Con relación a lo anterior, en el PND unas de las estrategias planteadas es realizar procesos competitivos permanentes o rondas. En marzo del presente año, la ANH presentó una oferta inicial de 20 bloques para la exploración de petróleo en el país, donde 18 son continentales y dos offshore. Según esta entidad, el proceso representaría una inversión de 600 millones de dólares para la reactivación del sector [4].

En resumen, lo anterior establece que el Gobierno tiene como idea trabajar en atraer inversión y aumentar el número de reservas; adicionalmente, enfocar esfuerzos para tener una mejor relación con las comunidades perjudicadas por estas actividades. Es decir que, para el mandatario es fundamental impulsar el sector para el desarrollo social y económico del país.  

Diagnóstico del sector. Seguridad energética para el desarrollo productivo

Desde el 2017, la industria petrolera ha tenido un respiro después de dos años de crisis debido a la fuerte caída en los precios internacionales del petróleo, los cuales llegaron a ubicarse por debajo de los $32 USD el barril. El actual Gobierno ve con optimismo el desarrollo del sector de hidrocarburos debido a los nuevos hallazgos y programas de recobro. Para tener en cuenta, la producción petrolera del país a corte de febrero del 2019 fue de 892.530 (bpd), dejándole US$45 millones en venta. [5] En los últimos meses, se ha visto recuperación en cuanto al número de reservas, la producción de crudo y la demanda interna y externa.  

AÑO	2016	2017	2018
RESERVAS	1.598 (Mbep)	1.659 (Mbep)	1.727 (Mbep)
Producción	837.000 (Barriles)	870.328 (Barriles)	889.352 Barriles

  *Elaboración propia, datos suministrados por los informes de Ecopetrol de los años 2016, 2017 y 2018

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En el cuadro anterior, se puede evidenciar un aumento con relación a la producción y nivel de reservas de la Estatal del 2016 al 2018. Como primera medida, las reservas del 2016 pasaron de 1.598 Mbep millones de barriles de petróleo a 1.659 Mbep y frente a eso para ese entonces estas pasaron de 5,1 en 2016 a 5,7 años en el 2017. Además, entre el 2016 y 2017 se incrementó en 182% la perforación de pozos exploratorios; 578 en 2017 y 205 en el 2016.

A partir del 2017, se registró un crecimiento de 4% con respecto al volumen de reservas. Ecopetrol totalizó en el 2018 1.727 millones de barriles de petróleo; según la compañía, esto equivale a 7,4 años en reservas. Vale la pena mencionar que la petrolera atribuyó la mejora de lo anterior, a los buenos resultados en los campos Chichimene, Castilla y Teca, en Meta, como también a los nuevos descubrimientos de exploración.

Iniciando el 2019, la ANH y Ecopetrol confirmaron dos hallazgos petroleros: el primero, en Cabuyaro, Meta con un potencial estimado de producción de más de 4.000 barriles diarios, y el pozo exploratorio Cosecha 01, en Arauquita, Arauca de petróleo liviano, que produce 3.025 barriles por día [6]. – “Hasta el momento estos pozos están en fase exploratoria, que terminará en 2019, por tal razón no se puede tener un estimado exactos de reserva”, declaró la ministra de Minas y Energía-.

Con respecto a producción, según el Ministerio de Minas y Energía desde junio del 2016 se ha registrado en el país la cantidad más alta de esta, gracias al promedio de 883.239 barriles diarios. Como denota el cuadro, hubo un incremento de 2,2% en el 2018 frente al 2017. Según esta cartera, esta cifra aporta en materia de ingresos, empleo y regalías para las regiones petroleras. Además, a corte de 2018 el número de taladros aumentó a 143 con respecto al 2017, los cuales estaban en 118, manifestó este Ministerio. [7]

Se estima, para el 2019 es necesario una perforación de 65 a 70 pozos exploratorios y firmar contratos con inversores de hasta 3.000 millones de dólares; igualmente, de acuerdo con la ACP, se espera que para el 2019 se invierta aproximadamente US$ 4.950 millones en exploración y producción, lo que significará un crecimiento del 14% con respecto al año anterior [8].

Como se denota, en este cuatrienio la preocupación del desabastecimiento sigue estando presente, a pesar de la tendencia de crecimiento de los años anteriores. Actualmente, el Gobierno debe impulsar el sector petrolero incentivando las nuevas zonas de exploración para aumentar la inversión de empresas internacionales. También, es importante que el mandatario empiece a tomar decisiones concretas con respecto a la industria petrolera, debido a que el 2019 es un año clave con respecto a la actividad extractiva ya que es el inicio para implementar sus políticas energéticas a largo plazo.

2. Desafíos sociales y orden público a enfrentar: ataques a la infraestructura, conflictividad social y transparencia en la información

La información anterior estaba enfocada en el análisis del documento PND; ahora bien, se hará una reflexión de los desafíos sociales que tiene actualmente el mandatario, haciendo hincapié en la temática de orden público e ilegalidad que estrechamente relacionado con los diálogos de paz con el ELN.

Actualmente hay un incremento de estos ataques: entre el 2014 y 2018, se registraron en promedio 87 atentados por año. Desde el 2017 la tendencia está en alza – 2016, 51; 2017, 65; y 2018, 107 – [9]. En el primer trimestre del 2019, estos sucesos se han venido incrementando: a corte de marzo la base de datos de la organización reportó 17 atentados, 30% más de lo registrado por CT, en este mismo periodo de tiempo en el 2018 (13).

Con relación a los responsables de estos sucesos, la Fuerza Pública lo atribuye al ELN, debido a que este grupo tiene presencia en Arauca, Norte de Santander y Nariño, dónde están los oleoductos más importantes del país. Por tal razón, el reto de acabar con esta situación está estrechamente relacionado con los diálogos con este grupo armado, que tuvieron su fin tras el atentado del 17 de enero del 2019 a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander.

Independientemente del sector extractivo, la reanudación de estos diálogos de paz con el ELN es una prioridad y a la vez un desafío que tiene el actual Gobierno. Una de las estrategias de este grupo, para demostrar sus posturas y la presencia que tienen en algunas regiones del país, es la de realizar acciones en contra de empresas que manejan grandes capitales a nivel nacional, en especial las encargadas de los procesos de extracción. El sector de los hidrocarburos, siempre ha sido afectado por los grupos armados no estatales, mediante la extorsión, pagos de seguridad y captación ilegal de regalías [10]. Específicamente, el ELN es el grupo que más incurrió en estas actividades y sus intereses van más allá de lo económico; su motivación principal es perseguir intereses sociopolíticos para obtener un mayor apoyo social y fortalecer su posición frente al Gobierno. [11]

El panorama de orden público refleja un gran desafío para Duque, ya que estos atentados no solo representan un gasto económico, que según la Estatal desde el 2009 hasta el 2017 han representado 251.000 millones de pesos por conceptos de reparación de los oleoductos. También, traen como consecuencia el derrame de crudo, impactando el medio ambiente; a modo de ejemplo, el atentado en Teorama, Norte de Santander ocurrido en febrero del 2019, dejó como resultado 117 kilómetros de contaminación a cuerpos de agua y capa vegetal, y afectó a 85 especies de animales. [12] Además, se afectan negativamente la vida de las comunidades por el daño de las fuentes hídricas de las cuales dependen para su diario vivir. Y se dificulta el desarrollo normal del proceso extractivo de las empresas ya que se paraliza el bombeo de los oleoductos y se incrementan los gastos para las compañías por la contratación de carrotanques para garantizar el correcto funcionamiento de los ductos.

Conflictividad social

Un reto principal que tiene que enfrentar el Gobierno y las empresas petroleras es la fuerte oposición y manifestaciones sociales en las regiones donde existe producción y exploración petrolera. La conflictividad social está estrechamente relacionada por el inconformismo de las comunidades que critican la presencia de la industria en sus territorios, por temas relacionados a la inclusión laboral, el incumplimiento a contratos laborales e impactos socioambientales, entre otros.

Específicamente, el desafío de las consultas populares con relación a la contestación social es el principal reto a resolver del mandatario. Según el PND, se realizaron nueve de estos procesos durante el 2018, siete de estas se encuentran suspendidas; además, 19 están sin fechas para su realización y 67 en proceso. En todas se pregunta si la población está o no de acuerdo en que se realicen proyectos de extracción en sus municipios.

Para tener en cuenta, las consultas populares han tenido en los últimos tres años los siguientes recorridos en la Corte Constitucional. En el 2016 salió la sentencia T-445 de 2016, mediante la cual se resolvió la tutela sobre la decisión de Pijao, Quindío, en la cual indicaba que los entes territoriales poseían la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente. En el 2017 quedó en firme esta decisión y la Corte nombró dos mecanismos para prohibir las actividades extractivas: consultas populares y Acuerdos Municipales con relación al ordenamiento territorial y en defensa del patrimonio ecológico y cultural.

En el 2018, la Corte Constitucional se pronunció frente a una acción de tutela interpuesta por la compañía petrolera Mansorovar Energy Ltda, en contra de la sentencia que permitió la consulta popular en Cumaral, Meta. Por tal razón, este ente emitió jurisprudencia sobre este tema, a través del acto SU-095 de 2018, poniéndole límites al no permitir que por medio de estas se veten las actividades extractivas, ya que los intereses de los territorios no pueden imponerse sobre los de la Nación. También, con este fallo la Corte ordena que exista coordinación y concurrencia con los entes territoriales para la definición de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, y le pide al Congreso que defina unos mecanismos de participación ciudadana para estos temas; sin embargo, a pesar de lo anterior, con este fallo las comunidades quedan sin ningún poder de decisión y participación dentro de la implementación de los procesos extractivos; fenómeno que puede repercutir a corto plazo en mayores problemas relacionados a conflictividad social para este Gobierno.

Con respecto al PND, se plantea un relacionamiento con las comunidades y el Gobierno, pero no se tiene claro aún cuál va a ser la metodología para desarrollar esto. En el documento se puede evidenciar que la prioridad de este Gobierno es a favor de la inversión extranjera, capital privado y la explotación de los recursos naturales, y resalta que esta clase de mecanismos de participación han perjudicado las actividades extractivas, especialmente la atracción foránea. De hecho, este pacto destaca que Colombia pasó de tener un puntaje de 62,75 en 2015 en el Índice de Atracción de Inversión, a uno de 56,10 en 2017, debido a la incertidumbre regulatoria de estos temas.

En este sentido, para lograr el relacionamiento nombrado en el PND debe existir soluciones concretas y no temporales a las problemáticas de las comunidades. Para el adecuado desarrollo de la industria petrolera, es imperativo pensar en el bienestar de los habitantes y así reducir al mínimo la conflictividad social en estos territorios; lo anterior, sin vetar las manifestaciones sociales donde las comunidades expresen su opinión frente al impacto y beneficio que tiene la industria en sus territorios.

Es indudable que los habitantes de estas zonas están preocupados por el impacto que en materia ambiental, social y económico traen los procesos de extracción; por ende, la industria y el Gobierno Nacional deben hacer esfuerzos por entablar caminos de entendimiento, en donde les garanticen a los pobladores que están preparados para contrarrestar estos efectos negativos, y cuentan con las herramientas para llevar a cabo este tipo de actividades.  

Transparencia en la información

Para el desarrollo de este objetivo el Gobierno debe plantear los siguientes aspectos: rendición de cuentas, publicación de los contratos y brindarles a las comunidades la información pertinente con respecto a las actividades extractivas que se van a realizar en sus territorios.

Según lo planteado por el Ministerio de Minas y Energía, a través de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), se fortalecerá la transparencia de la información en lo referente a la divulgación de contratos, gestión de ingresos y gastos. Esta Iniciativa nació en 2002 durante la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, y a la fecha se adherido voluntariamente 52 países, siendo siete latinoamericanos: Perú (2007), Guatemala (2011), Honduras (2013), Colombia (2014), República Dominicana (2016), México (2017), Guyana (2017). Esta Iniciativa tiene cinco categorías para cumplir con los estándares internacionales de transparencia: sin progreso, inadecuado, significativo, satisfactoria y sobresaliente.

Desde la adhesión a este Iniciativa, Colombia ha consolidado esfuerzos entre el sector público, sector privado y de la social civil que conforman el Comité Tripartita Nacional (CTN), para establecer parámetros y reglamentaciones con respecto a los temas económicos y fiscales que genera el sector extractivo. En el 2018, el país alcanzó la calidad “progreso satisfactorio”, esto quiere decir, según el estándar que se maneja, que se cumplió con la gestión de los recursos renovables y la fomentación en la rendición de cuentas a la ciudadanía [13].  

Vale la pena mencionar que Colombia logró esta meta en menos de cuatro años y es el primer país de la región en ocupar esta posición; además, de 52 países que integran esta herramienta, solo cinco han logrado el estatus de progreso satisfactorios, los 46 restante están en proceso. Sin embargo, no se puede olvidar que junto a esta calificación obtenida se incluyen 21 recomendaciones en materia de sostenibilidad, participación, modernización en los sistemas de recolección de información gubernamental, entre otras sugerencias [14].

Actualmente, a la Iniciativa en Colombia se han adherido 34 empresas, el 92% de las compañías de hidrocarburo y gas que tienen presencia en el país participan en este proceso. En ese sentido, la propuesta principal de este Gobierno es alcanzar la categoría “sobresaliente”, y para cumplir este reto es necesario lograr mayor trazabilidad a escala subnacional, ampliando el número de empresas vinculadas a la Iniciativa, esto con el fin de generar confianza entre los actores territoriales y gubernamentales para afianzar las relaciones el pro del sector extractivo.

Con respecto a lo anterior, el compromiso gubernamental es monitorear los procesos de producción, para garantizar que las empresas respondan a los impactos negativos y a los accidentes que ocurran. Adicionalmente, que se garantice que el dinero producto de regalías sea invertido en proyectos de impacto para las comunidades directamente perjudicadas por la industria.

El verdadero desafío del mandatario con respecto a la transparencia del sector es el de empezar a incentivar y difundir informes a las comunidades y gobernantes locales sobre los proyectos extractivos, para crear mayor incidencia, ya que el objetivo principal de la Iniciativa radica en crear y facilitar el acceso a información para promover el diálogo transparente entre los actores partiendo desde lo nacional a local.

Es de gran importancia tener estos puntos presentes: primero, las empresas deben brindar la información mucho más detallada con relación a los ingresos y regalías que pagan como resultado de la extracción de petróleo; segundo, tener claro las inversiones sociales de las empresas y por último, verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de las compañías energéticas. Lo anterior, debido a que aún existen falencias frente a la divulgación de contratos, participación más amplia de las industrias en la Iniciativa a nivel nacional y compromisos ambientales del sector extractivo.  

3. Retos para preservar la autosuficiencia de hidrocarburos en el mediano y largo plazo: proyectos offshore, fracking e inversión extranjera.

En noviembre del 2018, Iván Duque cumplió sus primeros 100 días de Gobierno y durante esos meses los temas de la industria petrolera siempre estuvieron sobre la mesa del mandatario. Al cumplir ese tiempo, el presidente mostró el balance realizado por el Ministerio de Minas y Energías donde recalcó: “Debemos reconocer que el petróleo contribuye muchísimo a las arcas del país, y vamos a buscar que se haga cada vez más de manera responsable y sostenible”. [15].

De esta forma, sobre esta cartera el mandatario siempre ha resaltado que el desafío es fortalecer el sector petrolero, alrededor de los temas sociales, ambientales y de seguridad física; Adicionalmente, para garantizar el correcto funcionamiento es necesario reformular factores jurídicos, fiscales y económicos de la industria.

Las principales propuestas surgidas desde la industria y el Gobierno para preservar la autosuficiencia de los hidrocarburos, están relacionadas a la realización de proyectos offshore, la utilización de la técnica del fracking y atraer la inversión extranjera.

Continúa la discusión del fracking

La implementación de la técnica de fracturación hidráulica, fracking, desde que se planteó, ha generado numerosos debates entre empresas, Gobierno, comunidades y grupos ambientales en el país. Los 1.782 millones de barriles en reservas, sumado a los 3.896 giga pies cúbicos de gas y la autosuficiencia de la petrolera por 7,4 años, no son suficientes para preservar la seguridad energética de Colombia a largo plazo [16]. Por ende, surge la necesidad de buscar acciones que permitan mejorar estas cifras. Revisa la publicación: ¿En qué va el fracking en Colombia?

Por esta razón, el Gobierno actual ha indicado que la utilización de esta técnica es la más apropiada para que la competitividad y el crecimiento del sector esté garantizado. Según la ACP, con la implementación de este método se podría aumentar las reservas petroleras de cinco a 15 años y la de gas de 11 a 30 años; se obtendrán ingresos fiscales por el orden de los 1.5 billones de pesos anuales y generarán 5.000 empleos entre directos e indirectos, producto de estas actividades de explotación.

Desde el sector, se ha reiterado que existen varios mitos alrededor del uso de esta técnica, entre los que se encuentran: contaminaciones a fuentes hídricas y capa vegetal, aumento en la sismicidad y afectaciones a la salud humana, como riesgo de contraer cáncer o asma. Sin embargo, es importante cuestionarse si estas premisas son solo mitos.

Contrario a lo que manifestó el mandatario en campaña, en especial en los debates presidenciales, en el primer semestre del 2018, junto a la ministra de Minas y Energías han recalcado que esta técnica se puede hacer de forma responsable con el medio ambiente, cumpliendo con la normativa y sin afectar la cotidianidad, ni la salud de las comunidades; no obstante, grupos ambientales y habitantes de las regiones petroleras no están de acuerdo con esa afirmación.

El colectivo Alianza Colombia Libre de Fracking ha asegurado que no hay garantías, ni información suficiente frente acuíferos, sismicidad, contaminación, control de riesgo, ni una evaluación ambiental. Igualmente, los habitantes de las zonas petroleras están en contra de esta técnica, tal es el caso de los pobladores de San Martín, César, que desde hace dos años han tratado de evitar el proceso exploratorio otorgado por la ANH a la empresa ConocoPhillips, en busca de hidrocarburos no convencionales.  Líderes sociales y campesinos del municipio en el 2017 promovieron una consulta popular en contra de las actividades petroleras en sus territorios; además, amenazaron con realizar protestas, huelgas y plantones para evitar la implementación de este proceso en la zona.

Lo que despertó aún más debate entre ambientalistas, gremios y Gobierno, fue el informe de la Comisión de expertos para la exploración de los yacimientos no convencionales. Vale la pena mencionar, que este grupo fue creado por el Gobierno Nacional en noviembre de 2018 cuando el debate de las consultas populares estaba en auge, debido al cambio de jurisprudencia interpuesto por la Corte Constitucional.

Esta Comisión tenía el propósito de realizar una investigación sobre los aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos con relación a la implementación del fracking. Algunos de los profesionales que conformaron este grupo fueron: Armando Zamora, director general de la ANH: Gonzalo Andrade, ex director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional: John Fernando Escobar, ingeniero de petróleos y experto en hidrogeología, gestión ambiental y desarrollo sostenible: David Neslin, ex director de la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de Estados Unidos, entre otros expertos relacionados con el gremio petrolero y profesionales en temas ambientales. De igual manera, este informe contó con la asesoría de la secretaría técnica del Ministerio de Minas y Energías, Ministerio de Ambiente, la ANLA y la ANH.

Para corte de abril del 2019, esta Comisión publicó el informe sobre las recomendaciones para el uso de esta técnica. Algunas de sus conclusiones fueron: primero, antes de implementar esta técnica es necesario crear una licencia social previa al proceso de exploración, porque según dijo la Comisión, la ausencia de esta licencia aumenta la probabilidad de generar conflictos sociales. Segundo, solicita a las instituciones cumplir con la ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información, esto para hacer público los documentos de los proyectos pilotos donde se pretende implementar la técnica. Y tercero, la Comisión destacó que el Gobierno debe crear una política estatal para desarrollar una matriz energética en pro a la sostenibilidad del sector. [17]

Adicional a lo anterior, la Contraloría publicó al final de marzo de 2019 un documento realizado el año pasado, donde expuso alertas sobre los riesgos del fracking. Además, hay tres proyectos en el Congreso que buscan establecer, qué va pasar con esta técnica. El primero, propone realizar una serie de estudios antes de adjudicar zonas petroleras o entregar licencias ambientales; el segundo, plantea prohibir la explotación no convencional con este método e impedir los permisos de exploración  que hasta el momento se han otorgado y la última, expone frenar las actividades en yacimientos no convencionales ya sea con fracking o con otra técnica.

El último proyecto tenía como fin prohibir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y  fue promovido por la Alianza Libre de Fracking, cien organizaciones colectivas y académicas dedicadas a la protección del medio ambiente y ecosistemas colombianos; además de contar con el apoyo de la senadora Angélica Lozano (Partido verde), Gustavo Petro, (Colombia Humana)  Katherine Miranda (Partido verde), Luciano Grisales (Partido Liberal), David Racero (Partido Decentes) y Juan Luis Castro Cordoba (Partido verde), con esta ley se buscaba comprometer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Salud, a la ANH y la ANLA a presentar mediante un informe los pasivos ambientales ocasionados por las actividades exploración y explotación de hidrocarburos.

Es claro que este debate es complejo y este Gobierno tiene un gran desafío por afrontar si decide optar por la implementación de esta técnica. En este sentido, es imperativo abordar el tema ambiental y social para seguir adelante con este método; no se puede olvidar que las comunidades son las primeras afectadas por esta clase de operaciones y el mandatario y las instituciones deben tener las herramientas para afrontar y responder a la contestación social que puede nacer por su implementación.

Aunque según el Gobierno el  fracking es uno de los procesos más viables para el crecimiento y aumento de las reservas de petróleo, va a haber desconfianza por parte de las comunidades y su uso será negativo para los ecosistemas, según han manifestado los ambientalistas. Por tal razón, es necesario que por el Gobierno garantice el acceso a la información, clara y transparente, sobre la fracturación. La mejor manera para lograr esto, debe ser el acercamiento con las comunidades en sus territorios para que tengan toda la información sobre este proceso; ya que como por ejemplo lo han manifestado los habitantes de la vereda El Centro, Barrancabermeja Santander, ni la Estatal ni el Gobierno se han acercado a los residentes para hablar sobre los proyectos pilotos de fracking que se pretende realizar en estas zonas.

El boom del offshore

Las únicas operaciones offshore en Colombia se hicieron en el Caribe colombiano y en estos últimos tres años se destacaron los siguientes hallazgos: en el 2014 se realizaron estas actividades en el norte de La Guajira en el pozo Orca, operado por Petrobras, Statoil y Repsol. En el 2015 Ecopetrol confirmó el descubrimiento del pozo Kronos junto con Purple Angel y Gordon con prospectividad gasífera. Y en el 2017, la Estatal notificó el descubrimiento de gas del pozo Gordon-1 ubicado en el Mar Caribe.

En el 2018, los proyectos offshore se concentraron solamente en estudios y análisis; sin embargo, en el presente año se espera que estos proyectos se reactiven. Recientemente, Ecopetrol anunció el hallazgo del bloque de gas COL 5 que pertenece 100% a la Estatal, está ubicado en la costa afuera del Sinú – Caribe, cuenta con una extensión de 400 mil hectáreas y una inversión de 250 millones de dólares. Actualmente, ya se está empezando a recibir dineros por la suscripción de los contratos de la ANH y Shell, las cuales ya llegan a los U$500 millones destinados a proyectos de exploración y producción [18].

Esta clase de proyectos se traducen en oportunidades de empleo, inversión y crecimiento económico principalmente en la Región Caribe, donde se concentra este potencial. La Estatal y el Gobierno le apunta a atraer una inversión de unos 1.350 millones de dólares en los próximos 5 años para el desarrollo de este tipo de explotación, la cual ayudará a generar más de 5.000 empleos, especialmente en Barranquilla, Atlántico, ciudad que cuenta con la infraestructura portuaria donde se planea hacer el acopio y distribución – nacional e internacional- del hidrocarburo extraído. Además tiene un gran potencial, ya que actualmente tiene vigente 22 contratos y su ubicación es estratégica por su línea vertical que comunica la costa norte con el centro del país.

De hecho, desde el 2017 Ecopetrol convirtió a Barranquilla en el centro de abastecimiento y de actividades logísticas para las labores de exploración del pozo Molusco en La Guajira. También, este municipio en el 2018 se convirtió en la primera ciudad de Colombia en hacer parte al Consejo Mundial de ciudades Energéticas (WECP por sus siglas en inglés).

Si bien el offshore genera altas expectativas, y más por los anuncios nombrados, el reto de Duque frente a estos proyectos es definir los planes de explotación en el largo plazo, a través de un trabajo técnico con geólogos, geofísicos y empresas que tengan experticia en estos proyectos. En este sentido, y dada la complejidad de estos yacimientos, por sus características físicas y técnicas, el verdadero desafío del Gobierno está en fortalecerse en materia social y ambiental, para brindar respaldo a inversionistas, trabajadores y comunidades impactadas por el offshore.

Estos cuatros años deben estar enfocados en fortalecer las reglas o normativas con los más altos estándares en materia de responsabilidad y sostenibilidad para estas operaciones. Del mismo modo, la cartera del Ministerio de Ambiente y Desarrollo y entidades como el ANLA y la ANH tienen la obligación de proteger y mitigar al máximo el potencial de riesgos, sobre posibles emergencias ambientales en el mar Caribe.

El Gobierno Duque debe apuntarle a la Inversión extranjera Directa

Recientemente, el Banco de la República reportó la Inversión Extranjera Directa (IED). En términos generales en el 2018 cayó 14,1 % frente al 2017. En 2018 el país recibió US$ 8.679,2 millones, mientras que en 2017 US$10.109 millones. El sector de los hidrocarburos fue el área que más inversión atrajo con una cifra de US$ 6.528,0 millones.

Vale la pena resaltar que el sector minero energético ha representado el mayor ámbito en la IED, en el año anterior se confirmó este resultado: minería y petróleo (37%), servicios financieros y empresariales (18%), transporte y comunicaciones (14%), comercio y hoteles (12%), industria manufacturera (8%) y el resto de sectores (11%) [19].

*Elaboración propia datos suministrados por el Banco de la Republica.

Igualmente, en este año las cifras siguen siendo positivas para el sector, ya que en este primer bimestre la IED sumó 1.444 millones, con un alza de 20,8% frente al 2017, el 80,3 % fue dirigido al sector de los hidrocarburos y minas [20]. Es decir que el Gobierno actual le está apuntado a la inversión extranjera para el desarrollo de la industria. Esto se ha podido ver en sus declaraciones en las que destaca su compromiso por atraer capital extranjero, manifestando que es muy importante para la generación de empleo e impulso para el crecimiento económico. También, en anuncios sobre el esfuerzo que está realizando el Gobierno para la exención de rentas a empresas que manejan gran cantidad de capital inversor, incluyendo las vinculadas a la industria extractiva [21].

Lo anterior se ve reflejado en las últimas inversiones que han llegado al país para realizar operaciones offshore, como la de la multinacional Shell que proyecta invertir US100$ millones en activaciones en los bloques COL3 y GUA OFF 3 en el mar Caribe. Según lo mencionó el presidente de la ANH, esta inversión podría aumentar a los USD 650 millones, si Shell continuara con esta actividad exploratoria.

Es importante que cualquier proceso que se lleve en este sentido, ya sea proveniente de recursos nacionales o internacionales, cuente con estrategias para mitigar el impacto que los procesos de exploración y extracción de hidrocarburos trae para las comunidades. También, que se garantice que la empleabilidad de personas de las regiones y que los recursos provenientes de las regalías sean para el beneficio y desarrollo de estos territorios.

Hasta el momento, se hizo énfasis del PND, metas, desafíos y prioridades en el Gobierno con relación al sector extractivo; ahora, es importante destacar los siguientes factores que influyen en la industria petrolera actual: Sistema General de Regalías, posible venta de acciones de Ecopetrol y el contexto político de Venezuela con respecto al sector minero energético.  

4. Otras problemáticas asociadas al sector: Ecopetrol, el impacto de la situación venezolana y el SGR

Esto con el fin de garantizar la estabilidad fiscal del país, debido a que representan alrededor de unos 10.7 billones (la petrolera tiene una valoración cercana a $120.47 billones en la Bolsa de Valores de Colombia). Con este porcentaje de venta, la petrolera continuaría con el 80% de participación accionaria, obligatoria según la Ley 1118 de 2006 en la que se afirma que el Estado sólo está autorizado a vender el 20% de esta compañía al mercado inversionista.

Este anuncio suscitó debate entre empresa, Gobierno y sindicato. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que hay un faltante en el Presupuesto Nacional y se necesita inversión para suplir ese vacío, voceros de la Red por la Justicia Tributaria manifestaron que vender esa parte de la Estatal representa en pérdidas 600.000 mil millones de pesos anualmente. Por parte del sindicato de la Uso, esta noticia fue rechazada, ya que quitarle ese porcentaje a la compañía es atentar contra la transición energética y puede afectar el capital público del país, según manifestó Edwin Palma, presidente de esta organización.

El asunto sigue en vilo. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, afirmó en meses pasados que no era necesaria esta venta, ya que podría tardar dos años en completarse y la Estatal actualmente está generando valor para la Nación [22]. Tampoco ve la necesidad de vender Cenit, encargada del transporte de hidrocarburos, la cual pretende aumentar los volúmenes de 1,1 a 1.25 millones de barriles generando activos para la nación, según manifestó el presidente de la petrolera.

Con respecto a este tema, el presidente Duque en septiembre 2018 en el taller “Construyendo País” en Filandia, Quindío, reiteró que no se estaba contemplando la idea de vender la petrolera; afirmó que la meta principal del Gobierno es fortalecerla, manteniendo la postura que manejó durante la campaña presidencia. Sin embargo, según el Ministro Carrasquilla, en estos últimos meses habría cambiado de opinión.

El actual Gobierno debe tener presente que la venta de la petrolera solo va suplir el vacío presupuestal del país a corto plazo y podría perder las ganancias que generaría la Estatal en el largo tiempo; como se mencionó anteriormente, con la venta de estas acciones se podría dejar de percibir 600 mil millones de pesos mensuales en dividendos para el país.

Se debe tener en cuenta que esta compañía es un activo importante para la nación, ya que integra operaciones de exploración, producción, refinación, transporte y comercialización entre otras actividades que genera rentas públicas muy importantes; adicionalmente, gracias a las actividades de la petrolera se generan empleos, se dinamiza la producción nacional y regional, hay competitividad económica y se fortalece la seguridad energética. En este periodo, los precios del petróleo han subido paulatinamente y la Estatal ha arrojado ganancias billonarias que le dejan al Estado casi $8billones caja; entonces, ¿es conveniente esta venta?

Además, el presidente Duque debe tener presente que esta enajenación de la compañía puede desencadenar huelgas, plantones, protestas por parte de trabajadores, comunidad y sindicato en contra de esta decisión, esto pudiendo afectar las actividades de la industria petrolera del país. Actualmente, el mandatario no ha dado su decisión al respecto y antes de cualquier cosa es importante que el Gobierno especifique la destinación de los recursos provenientes de esa venta, si es que llega a ocurrir.  

Contexto político actual de Venezuela ¿beneficia al sector energético de Colombia?

Venezuela se encuentra atravesando una crisis económica y política, y su industria petrolera no se queda atrás. Tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos (Donald Trump reconociendo al mandatario interino Juan Guaidó), Venezuela dejó de percibir alrededor de 1,2 millones de dólares de producción, debido a las ventas de crudo que este país realizaba a los Estados Unidos, su mayor cliente [23].

De igual manera, la firma estadounidense Chevron y la francesa Total S.A también se vieron afectadas por esta inestabilidad del vecino país. Tuvieron que acudir a otros países de la región, entre ellos Colombia, para reemplazar el hidrocarburo venezolano. Las sanciones de Estados Unidos y los cortes de energía eléctrica que ha afectado este país, también han perjudicado la industria extractiva venezolana con respecto a sus cifras de producción actuales.

Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en marzo cayó a 150.000 barriles por día, a menos de 1 millón de bpd, cifra que no había sido tan baja desde el 2003, cuando entró en paro la empresa Petróleos de Venezuela S.A, (Pdvsa), reduciendo su producción a 630.000 barriles por día. [24]

Frente a este contexto, es clave analizar este impacto de la industria petrolera venezolana ya que repercute en el sector extractivo en Colombia. Actualmente, la producción de crudo en el país estuvo cerca a la de Venezuela, estando alrededor de los 900.000 barriles diarios. También, en los últimos meses el hidrocarburo colombiano se ha fortalecido a raíz de las restricciones a la petrolera Pdvsa, ya que ha aumentado sus volúmenes de exportación hacia refinerías estadounidense; según el Dane, en el 2018 el principal producto de exportación del Estado, al territorio norteamericano, fue el petróleo con$352,4 USD millones [25]. Para febrero del mismo año, Estados Unidos le compró a Colombia 477.000 barriles y a Venezuela 472.000 barriles de petróleo diario.

Las variables anteriores deben ser evaluadas por el presidente Duque y Ecopetrol, ya que esta disyuntiva política de Venezuela a mediano plazo junto con la volatilidad en el precio del barril de petróleo, puede ser un escenario de aprovechamiento y recuperación para el Estado colombiano. El Gobierno debe fortalecer la industria para poder aprovechar la coyuntura de la situación venezolana, y en especial la de Pdvsa, cuyo ritmo de producción es menor y tiene altos niveles de acumulación de crudo, que no podrá exportar por las imposiciones económicas que otros gobiernos le han dictaminado. Por ende, Colombia, contando con una industria sólida, podría llegar a suplir esta demanda, por lo menos, mientras esta situación siga ocurriendo en el vecino país.

¿Cómo se va manejar Sistema General de Regalías en este cuatrienio para la industria de los hidrocarburos?

En el año 2012, se creó el Sistema General de Regalías – SGR -, a través de la Ley 1530, con el objetivo principal de distribuir, administrar, controlar y ejecutar los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales. Frente a esto, la base fundamental del SGR es ayudar a las regiones que presentan altas vulnerabilidades sociales y apoyarlas en el desarrollo de sus zonas. En esta ley, quedó plasmado que el total de estos recursos se dividirán en tres: para atender los problemas específicos, los regionales e invertir en ciencia de la tecnología y la innovación. Esto con el fin de responder a las necesidades puntuales de las regiones explotadas y generar participación en la repartición de este dinero para las comunidades con necesidades básicas urgentes por atender y que no son zonas de explotación de estos recursos.

Adicionalmente, se incorporaron los Órganos Colegiados de  Administración y Decisión- OCAD, con el fin de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la financiación de los proyectos del SGR, así como designar la entidad encargada para ejecutarlos.

Bajo esta normativa del SGR, los ministerios de Minas y Energía y Hacienda, radicaron en octubre del 2018 un presupuesto de 19, 2 billones de pesos producto de regalías para 2019-2020, con el fin de financiar proyectos en las diferentes regiones del país. Esta es una cifra mayor a la de los años 2017-2018 la cual fue de 14,1 billones de pesos. La ministra de la cartera de energía, María Fernanda Suarez, aseguró que el precio del petróleo en el 2018 fue mucho mayor que el esperado, y por tal razón el presupuesto de las regalías tuvo un aumento, que permitirá generar más desarrollo en las regiones. Cabe resaltar que la ministra manifestó que, de los 19,2 billones de este presupuesto, la explotación de hidrocarburos aportó más de 15 billones, el 90% provino de la producción de crudo [26].

Con el presupuesto presentado, Duque también ha manifestado su interés de reforma el SGR en su mandato. Específicamente, el mandatario propuso terminar con los OCAD, sin embargo, según lo estipulado en el PND, la intención no es la de desaparecer estos Órganos, sino modificarlos y eliminar algunas funciones puntuales que tienen. Ciertamente, los OCAD han sido una polémica desde el Gobierno anterior ya que, según las comunidades de los municipios extractivos, estos Órganos han retrasado algunos proyectos en sus regiones que incluso no habían sido aprobados por parte de ellos. [27]

Los retos que tiene este nuevo Gobierno frente al SGR son de gran relevancia para sector extractivo.  Duque quiere priorizar en la repartición de estos recursos a las regiones impactadas por este sector. Para esto, el presidente plantea en el PND que entre los años 2019 y 2029, en la repartición bienal, el porcentaje para estas regiones sea del 40%, lo cual podría perjudicar a los municipios que no cuentan con estas actividades y necesitan el presupuesto para ejecutar los proyectos ya planteados, que son necesarios para mejorar sus condiciones precarias de vida.

Vale la pena rescatar que el SGR tiene la prioridad de buscar la transparencia en la repartición de los recursos a los departamentos del país y darles prioridad a los proyectos de salud, educación, tecnología y mejoramiento social a las regiones con mayores necesidades. Por tal razón, el desafío del mandatario es ejecutar estos recursos de manera correcta. Principalmente, su desafío para estos años de gobierno radica en poner en marcha el dinero producto de las regalías en los municipios que aún están a la espera de estos proyectos.

Adicionalmente, el trabajo de la SGR debe estar basado en minimizar los niveles altos de corrupción que se vieron en el pasado, para así lograr que estos recursos tengan mayor impacto territorial. En este sentido, el mandatario debe analizar si eliminar los OCAD o reformarlos garantizará el correcto funcionamiento del SGR, ya que esta herramienta puede ser muy efectiva para las regiones donde se desarrollan los procesos de extracción, donde son constantes las quejas por parte de las comunidades, que no ven reflejado el dinero en proyectos que mejoren su calidad de vida y atiendan sus necesidades básicas.

Se debe tener en cuenta que al inicio de abril del 2019, el Gobierno Nacional presentó el proyecto de acto legislativo para reformar el SGR. Según el nuevo documento, la idea principal es la de fortalecer la participación de los entes territoriales y mantener la inversión en las regiones no productoras. Adicionalmente, se busca aumentar el beneficio de los departamentos y municipios que cuenten con recursos naturales no renovables y posean puertos marítimos y fluviales donde se transporten dichos recursos, el porcentaje de asignación variará entre el 30% y el 50 % del total de los ingresos corrientes SGR.

Con esta nueva reforma, los OCAD no serán eliminados en el  SGR, pero se van a rediseñar sus funciones; sin embargo, aún no hay claridad al respecto. Se está a la espera de la puesta en marcha de esta nueva reforma y las decisiones del presidente sobre este asunto. Es esencial que cualquier tema que se trate en este sentido, se haga a través de mesas de trabajo donde se dé un debate serio y claro sobre el beneficio para la nación que traería la correcta inversión de estos recursos.

5. La percepción del principal gremio y los trabajadores sobre los desafíos del Gobierno Duque

Por la importancia del sector petrolero para el contexto social y económico colombiano, Crudo Transparente – CT – quiso conocer la percepción del Gobierno, del gremio petrolero y el sindicato de los trabajadores sobre todo lo anteriormente expuesto; por tal razón, se reunió con Francisco José Lloreda presidente de la ACP y Edwin Palma, presidente de la USO, debido a la experticia que tienen sobre la industria petrolera y su relacionamiento directo con el sector energético. Es de resaltar, que CT, trató de tener comunicación personalmente y virtualmente con el Viceministro de Energía, Diego Mesa, pero no fue posible concretar el encuentro.

Como primera instancia, el presidente Iván Duque ha resaltado la importancia del sector extractivo para su mandato y es imperativo dinamizar y desarrollar la industria petrolera en este cuatrienio para consolidación de la economía del país. En esa medida, para el presidente de la ACP, Duque desde su campaña electoral, ha manifestado la importancia del sector petrolero y no solo por razones de autosuficiencia energética sino, para la sostenibilidad fiscal del país y el bienestar de las regiones productoras. Para, Palma, este actual Gobierno debe tener otra mirada para mejorar la industria de los hidrocarburos, ya que siempre ha sido una política petrolera que obedece al interés de las transnacionales, es decir y solo busca generar gabelas tributarias y desde el sindicato quieren promover una política extractivista y un modelo nuevo para que la riqueza petrolera llegue a los territorios que lo necesitan.

Ahora bien, cómo se ha mencionado uno de los retos principales del mandatario es la seguridad energética del país, ya que las reservas petroleras se proyectan para 7,4 años. Desde esta perspectiva Lloreda resaltó: “Colombia no puede perder su autosuficiencia ni en petróleo ni en gas, necesitamos hacer más a nivel exploratorio, en cuanto esos aspectos, sino vamos a terminar con un modelo de importaciones que sería catastrófico y continuaremos trabajando para que existan unas condiciones que le permitan al país, repito, que esta industria se fortalezca en lugar de que termine languideciendo a la vuelta de unos años”. El presidente de la USO, manifestó que el país debe transitar a nuevas energías, por eso la apuesta no están tan sencilla, y agregó a la premisa que Colombia es un país subdesarrollado y por tal razón toca aprovechar recursos naturales no renovables que se tienen.

Lo anterior se relaciona con el tema de fracking, un método que ha suscitado debate entre todos los actores de la industria petrolera. Como se ha resaltado en el texto, este aspecto está actualmente en debate por los proyectos de ley interpuestos en el Congreso y el documento por parte de la Comisión de expertos y recientemente, grupos de oposición ambientales y sociales y senadores, como Angélica Lozano, han reiterado su rechazo en esta técnicamente. A raíz de esto, Lloreda, resaltó que Colombia cuenta con la regulación necesaria para implementar esta técnica y que el país cuenta con las capacidades para afrontar y mitigar cualquier impacto que traiga este proceso; además, manifestó que las empresas durante 10 años han estado dispuestas a adelantar la fase exploratoria en el país y tienen la experticia suficiente para realizar los proyectos pilotos que requiere esta práctica.

Igualmente, el presidente de la ACP, recalcó: “creo que existe bastante información de la que se cree sobre nuestra geología, sobre los acuíferos, porque las compañías en sus estudios sobre impacto ambiental tienen que hacer una parte de estos levantamientos. También dependiendo de las fases de esos proyectos se comprometen a hacer más, y en la regulación sobre fracking en Colombia, sí que es rigurosa, entonces eso ya está dicho, están los estudios de impacto ambiental, ahí está dicho, monitoreados los acuíferos, análisis en temas de fallas geológicas, basta leer la regulación. Tiene todo el sentido”.

Con relación al fracking, Palma dijo: “Nadie [dentro del sindicato] ha dicho que sí al fracking, hay dos posiciones: una mayoritaria que tiende a la prohibición, posiciones políticas, ideológicas, porque es el lado políticamente correcto, entre comillas, porque el mundo se mueve hacia eso. Y hay otro sector, minoritario, que decimos que como nos sabemos nada de eso, lo bueno es probar, ir al piloto, ir a mirar si eso realmente lo que dicen los ambientalistas, es cierto o no. Porque cuando uno desconoce del tema la mejor forma es ensayar, eso me lo enseñaron a mí en el laboratorio”. El presidente la USO, manifestó que la posición del sindicato es moratoria desde el 2016, pero claramente hay dos posiciones frente a este tema y ambas son respetables. Actualmente, el sindicato está a la espera de la posición del Gobierno y así ellos tener un criterio más concreto sobre esta técnica.

Siguiendo con esta línea del fracking no se puede olvidar el aspecto de las comunidades que son las directamente afectadas por esta clase de actividades. Es de resaltar que en los territorios donde se pretende realizar estas exploraciones y explotaciones ya están habitando pobladores a los alrededores y antes de implementar esta fracturación es imperativo contar con la licencia social por parte de ellos y por supuesto tener la licencia ambiental de los pertinentes entes gubernamentales.  Con esto el presidente la ACP, manifestó que la manera más adecuadas para llegar a las comunidades es por medio de la transparencia de la información en relación a los riesgos y beneficios, ya que existe mucha prevención sobre esta técnica. Además, para Lloreda es necesario que exista un trabajo más cercano con las comunidades y las entidades públicas deben generar más información pedagógica con base científica en estas regiones.

Por otro lado, un tema de debate que está alrededor de las industrias extractivas son las consultas populares. Este mecanismo de participación, indudablemente es un desafío que tiene Duque por responder y es de gran importancia dar claridad sobre este asunto.  En ese sentido, Palma, recalcó que estas consultas no pueden vetar la exploración petrolera; sin embargo, la Corte ordenó que exista otro mecanismo de participación ciudadana para que las comunidades tengan intervención sobre estas actividades y que exista un puente entre los entes territoriales y los pobladores de las regiones productoras.

Con respecto a lo anterior, Lloreda dijo: “Las consultas terminaron siendo la manifestación de un malestar en las regiones causado principalmente por dos factores. Uno el gran malestar por regalías. Lo otro un malestar que surge cuando caen los precios del crudo, cuando las operadoras tuvieron que hacer un recorte en sus proyectos, lo cual se tradujo en desvinculación de gente, en no contratación de bienes y servicios a nivel regional, lo cual se tradujo en una desaceleración de las economías de un alta en el precio del petróleo; eso generó un gran malestar.” Asimismo, para el presidente de este gremio la Corte tomó una decisión adecuada sobre este tema, ya que 50 procesos de consultas populares hubieran significado al país, una parálisis en sector que representaría en perdidas 300 mil barriles diarios, aunque, para Lloreda es clave que el Gobierno realice espacios de diálogo y entendimiento con las comunidades acerca de las actividades que los van impactar.

Es de resaltar un tema imperativo para la industria petrolera: los diálogos con el ELN. Si bien, no se tiene claridad aún sobre los responsables de los atentados a los principales oleoductos del país, las conversaciones con este grupo armado no estatal le dan un respiro a la actividad extractiva en relación a orden público. Lloreda manifestó, que los hostigamientos a la infraestructura de los hidrocarburos han representado una tragedia ambiental en los últimos 30 años y se han derramado 4 millones de barriles.

En relación a lo anterior, el presidente de la USO manifestó que son más de 3 millones de barriles que han afectado al medio ambiente en lo que va del conflicto armado colombiano. Para Palma, no tiene sentido que el oleoducto Caño Limón-Coveñas se interrumpa dos o tres veces año, igualmente dijo: nosotros le planteamos al presidente, como USO, le dijimos “hagamos un esfuerzo los dos, unidos”, no para exigirle ( porque no somos nadie para exigirle) pero si para pedirle al Gobierno y al ELN que se sienten y que saquen a la industria del conflicto, porque afectan al medio ambiente, afectan las comunidades, afectan la industria”.

Para finalizar, para Lloreda, es positivo el balance de la industria en estos meses y manifestó lo siguiente; “Primero, el presidente ha sido evidente sobre la importancia de la industria para el país, y así lo manifestó en la primera cumbre petrolera que se desarrolló en noviembre del año pasado. Segundo, la ANH ha avanzado en la regulación que es clave para el sector, como la puesta en marcha del proceso competitivo permanente, que requería unas puntadas finales y ya vemos una serie de empresas que se están habilitando para participar de este proceso. Finalmente se publicó el mapa de tierras, donde se establecen 20 áreas que ofrece la asociación de hidrocarburos, pero también que las empresas propongan áreas, y a través de un mecanismo competitivo busquen hacerse a esta”.

Para, Palma, el actual Gobierno tiene un gran desafío estos cuatros años con relación a la industria petrolera y manifestó que objetivo es el siguiente:” Yo creo que un modelo, y es una reflexión mucho más política, un modelo económico basado en el extractivismo es equivocado, porque no se ha usado la renta petrolera y minera para desarrollar industrialmente el país. Se utilizan muchos ingresos, muchos dividendos para gasto público, y hoy somos un país desfinanciado, por eso quieren vender parte de Ecopetrol, porque el PND está desfinanciado, no solo este año, sino los cuatro años siguientes”.

CONCLUSIÓN

Son numeroso y considerables los desafíos que debe enfrentar el Gobierno de Iván Duque Márquez, para la industria petrolera colombiana. Específicamente, el mandatario siempre ha resaltado la importancia de la actividad extractiva para Colombia por tal razón, su meta principal como lo ha manifestado es incrementar la explotación y exploración de los hidrocarburos dado que esto garantiza la seguridad energética del país y a su vez es clave para la economía colombiana. 

Se puede evidenciar que el Gobierno ha buscado hacer esfuerzos hacia la transparencia del sector, especialmente con la Iniciativa EITI, como lo mencionó Francisco Lloreda, presidente de la ACP… “yo creo que el EITI tiene un gran desafío por delante, antes de que pensemos si lo extendemos al tema ambiental. Hagamos bien el tema de los números, y creo que ahí tienen un papel muy importante por jugar”.  

Aparte de la Iniciativa este Gobierno, tiene el objetivo de seguir creando más herramientas de debate en donde exista un dialogo permanente y abierto con las comunidades, empresas y autoridades locales debido a que labores de explotación de crudo genera algún impacto al medio ambiente y a los habitantes de los territorios productores.

Es claro, que existe una problemática con respecto a la conflictividad social con la industria petrolera. Este Gobierno tiene la responsabilidad de conciliar los intereses de todos los actores involucrados a la actividad extractiva y como se ha podido notar existe un largo camino en relación a la contestación actual que trae el sector de los hidrocarburos. De tal manera, Duque ni el Ministerio de Minas y Energías, no puede dejar a un lado las reivindicaciones de las comunidades y su misión es crear vínculos de confianza involucrando a los habitantes en las labores de extracción.

Es de gran importancia que este este Gobierno creé una estrategia solida para combatir la corrupción y asegurar la transparencia y equidad del sector petrolero, especialmente con el tema del SGR. Por tal razón, Duque, debe buscar vías para que la nueva reforma del SGR sea una herramienta que ayude a los proyectos de los municipios con vulnerables y no se repita la historia sobre estos recursos provenientes a actividades de los recursos naturales no renovables.

Por último, la paz con el ELN en es tema esencial para este Gobierno, independientemente del sector extractivo.  Como se ha reiterado, los diálogos con este grupo armado no estatal permiten el buen funcionamiento de las actividades extractivas, específicamente en relación al orden público.  Para esto es importante destacar dos puntos: primero, Duque debe priorizar en su Gobierno las conversaciones con el ELN, algo que beneficiaría al país en general y dos, este grupo armado no estatal debe buscar alternativas para acercarse al Gobierno y si es el caso frenar los hostigamientos a la infraestructura petrolera que hasta el momento ha traído daños ambientales, problemas a las comunidades que residen allí y dificultades en el funcionamiento de la actividad petrolera.

6- Recomendaciones para el Gobierno y compañías petroleras

Gobierno

Empresas petroleras

Bibliografía

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10. Ibid.
11.  “Ecopetrol activó plan tras nuevo atentado contra oleoducto Caño Limón- Coveñas”  El país.com.co disponible en: https://www.elpais.com.co/colombia/ecopetrol-activo-plan-tras-nuevo-atentado-contra-oleoducto-cano-limon-covenas.html
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14. “En estos 100 días hemos puesto la casa en orden” El Tiempo, disponible en : https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/balance-de-los-100-dias-de-ivan-duque-en-la-presidencia-294628
15. “Los cinco mitos del fracking que desmontó la comisión de expertos” La República, disponible en:    https://www.larepublica.co/economia/los-cinco-mitos-del-fracking-que-desmonto-la-comision-de-expertos-282924
16.  Informe sobre efectos ambientales (bióticos, físicos y sociales) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de fracturación hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal, Comisión Interdisciplinaria Independiente, disponible en: https://images.eltiempo.digital/uploads/files/2019/04/08/INFORME%20FINAL%20COMISION%20DE%20EXPERTOS%20PARA%20EL%20ESTUDIO%20DEL%20FRACKING.pdf
17.  “Contrato entre la ANH y Shell eleva las inversiones offshore a US$500 millones”, La República, disponible en: https://www.larepublica.co/economia/contrato-entre-la-anh-y-shell-eleva-las-inversiones-offshore-a-us500-millones-2838284
18. ¿Al fin qué: sube o baja la inversión extranjera?” El Nuevo Siglo, disponible en: http://m.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2019-al-fin-que-sube-o-baja-la-inversion-extranjera
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22.  “Crisis de Venezuela y precios del petróleo” La República, disponible en: https://www.larepublica.co/opinion/editorial/crisis-de-venezuela-y-precios-del-petroleo-2820143
23.  “Producción de petróleo de Venezuela baja 1 millón de barriles por día” La República, disponible en: https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-produccion-de-petroleo-de-venezuela-baja-a-menos-de-1-millon-de-barriles-por-dia-2846273
24. “ En enero las exportaciones regresaron al terreno negativo” Dinero, disponible en: https://www.dinero.com/economia/articulo/exportaciones-de-colombia-cayeron-en-enero/267772
25. “Precio del petróleo elevó presupuesto bienal de regalías a 19,2 billones”, EL Espectador, disponible en: https://www.elespectador.com/economia/precio-del-petroleo-elevo-presupuesto-bienal-de-regalias-192-billones-articulo-815635
26.  “Los reparos al proyecto de modificación de las regalías”, Dinero,  disponible en: https://www.dinero.com/pais/articulo/problemas-del-sistema-de-regalias-en-colombia/244833