Columna de opinión semanal
Lucha ambiental en Latinoamérica ve algo de esperanza
Por: Sebastián Triviño
No es un secreto que en Colombia estamos en medio de un periodo de conflictos socio-ambientales, especialmente entre las comunidades y aquellas empresas que quieren explotar recursos en los territorios. El trágico nudo de esta historia es que esta lucha ha costado la vida de líderes sociales, que han sido víctimas de actos de violencia en contra de aquellos que levantan sus voces en repudio a las actividades extractivas, muchas perjudiciales para el planeta y la población.
Sin embargo, Colombia no es el único país que sufre estas dificultades. Es importante resaltar que América Latina es una región caracterizada por la violación continua de los derechos humanos y mucha conflictividad ambiental. La oleada de asesinatos e investigaciones perpetradas contra los líderes sociales que buscan proteger el ambiente en Brasil, Perú y otros países latinoamericanos es muestra de ello.
Es por eso que en los últimos meses la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) ha reunido a 24 gobiernos para negociar la implementación del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, el cual busca “la transparencia de las entidades gubernamentales y privadas, la democratización ambiental, el derecho al acceso a la información como derecho fundamental y el fortalecimiento de las capacidades tanto de los estados como de la sociedad civil.”[1]
A fondo, el acuerdo demuestra las intenciones de los países miembros de adoptar dentro de sus legislaciones estándares más altos para fomentar el establecimiento de la democracia y la participación ciudadana. En el contexto colombiano, esto es de mucha importancia porque el Principio 10 busca que los gobiernos protejan a los defensores ambientales y que se fomente la participación de comunidades en temas de protección ambiental. ¿Esto significa que los gobernantes en Colombia se están empezando a concientizar sobre la importancia de la protección a los líderes sociales?
Puede que sí, pero cabe resaltar que Colombia fue el único país en la mesa de negociación que mostró resistencia al acuerdo. ¿Qué dice eso del estado actual de la lucha ambiental en nuestra región? Junto con el desinterés del gobierno nacional de fomentar y financiar la participación ciudadana a través de las consultas populares, parece que, en un contexto internacional, Colombia muestra temor a impulsar una democracia ambiental.
Después de varias rondas de negociación, el gobierno nacional decidió aceptar los términos, y en un histórico momento, los países de Latinoamérica alcanzaron el primer acuerdo para la protección de líderes sociales, y para implementar acciones que cambien la forma de hacer políticas públicas que contribuyan a tener sociedades más inclusivas, pacíficas y justas. Esta es una gran victoria para la lucha de los líderes en los municipios que viven con constantes amenazas y falta de garantías por su seguridad. Para Colombia, ser parte de este acuerdo significará que tendrá que rendir cuentas ante un grupo internacional de países, y por lo tanto, debería ejercer un mayor control en hacer lo posible para que que estos asesinatos dejen de suceder.
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[1]https://negociacionp10.cepal.org/9/es/noticias/america-latina-caribe-adopta-su-primer-acuerdo-regional-vinculante-la-proteccion-derechos
La actividad extractiva depende hasta donde lo permita la conservación ambiental
La temática humana de las industrias extractivas está ligada a tres aspectos importantes: la justicia global, los derechos humanos y los impactos ambientales. A partir de esto, profesionales en el tema, han analizado diferentes casos sobre la explotación de recursos naturales y cómo desde el ámbito de la justicia global, se ha denunciado diversos conflictos ambientales ligados directamente a la violación de derechos humanos. Con lo anterior, en la segunda semana de marzo, en la Universidad Externado de Colombia se realizó el Congreso: Resolución de conflictos e industrias extractivas: Justicia Global Y Derechos Humanos.
En este congreso, los panelistas de diferentes países, presentaron casos de violación de DD.HH, causados por las industrias extractivas. En el caso de África, Flavina Charles, expuso el tema de Tanzania con relación a la explotación de oro y otros recursos naturales. Este país africano se ha visto afectado por la actividad de las empresas mineras y el Estado no se ha encargado de garantizar los derechos de las comunidades inmersas. En este sentido, otros expositores mostraron cómo en América Latina también se han presentado este tipo de casos. Uno de estos fue el ocurrido con los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, que se han visto afectados por la actividad desarrollada en el bloque petrolero 192, que ha generado fuertes impactos económicos y ambientales, sumado a conflictos entre la sociedad y el Estado.
Finalmente, Colombia no está lejos de estas realidades; en el Río Atrato, en el departamento del Choco, la ONG Justicia Social Digna, mostró en su exposición cómo los residuos de la minería han afectado el río, trayendo consigo complicaciones sociales y ambientales a una comunidad también afectada por la violencia. Sin embargo como un aspecto positivo, la ONG reitero que después de muchos esfuerzos la Corte falló a favor de la comunidad,“el río Atrato es considerada como un sujeto de derechos, y cualquier intervención deben ser autorizadas, por las autoridades del río”.
Por último, este congreso nos dejó varias conclusiones. La mayor reflexión, desde una perspectiva internacional, es la importancia que tiene el acompañamiento por parte del Estado para la solución de las problemáticas extractivas, entre empresas y comunidades.
Para el caso colombiano, se habló de la necesidad de expedir una licencia social, en la que se evidencie una verdadera vinculación de las empresas con las comunidades, a través de contratos claros y que demuestren el beneficio para las regiones directamente implicadas. Por otro lado, La Agencia Nacional de Minería (ANM) concluyó que la actividad extractiva depende hasta donde lo permita la conservación ambiental, además destacó que estamos en el momento oportuno para el desarrollo de proyectos mineros en el país.
Finalmente, Ana Carolina González Universidad Externado de Colombia y Representante en el EITI internacional, insistió en el paradigma de las industrias extractivas y la participación activa de la población, que más allá de sólo ser escuchados, exigen ser parte de las decisiones en sus territorios.
48.000 millones COP en ganancias para Reficar
En medio de un gigantesco escándalo por casos de corrupción, la refinadora de petróleo más importante del país, Reficar, anunció sus números económicos de 2017, los cuales son sobresalientes.
Las ventas de la empresa subieron un 41%, en comparación con las cifras de 2016. En pesos, esto es una ganancia de 48.000 millones, para un total de $9,1 billones en todo el año. Según Reficar, alrededor de 53,5 millones de barriles fueron procesados en ese periodo, y aunque las exportaciones disminuyeron, hubo ganancia por la expansión significativa del mercado en Colombia.
Reficar también expuso que la empresa tuvo un rol importante en suplir la demanda nacional de combustible, pues el 64% de sus ventas totales se hicieron a nacionales. Este 64% significa que Reficar recibió $5,8 billones, lo que corresponde a 30,3 millones de barriles, del mercado colombiano.
Igualmente en términos de las utilidades por exportaciones, Reficar exportó 23,1 millones de barriles de crudo refinado, en su mayoría combustible diésel. Después de desarrollar un recorte al presupuesto por US$2.350 millones, la Refinería de Cartagena se ha propuesto, entre sus metas para el 2018, invertir en su crecimiento a través de la compra de activos y siendo parte de negocios en América Latina y en Estados Unidos.
Vía La República: Las ventas de la Refinería de Cartagena S.A. crecieron 41% el año pasado. 06/03/18
Alimentos de indígenas en el Amazonas están contaminados
Foto: Universidad Autonoma de Barcelona.
Un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona muestra que comunidades indígenas en el área del Amazonas han estado consumiendo alimentos y agua contaminada por hidrocarburos y metales pesados.
El estudio académico, publicado en la revista Environmental Research, muestra fotografías de aves y otras especies, alimento de los indígenas untadas de crudo y bebiendo agua de fuentes hídricas contaminadas por pozos petroleros cercanos.
Los descubrimientos de la investigación son preocupantes, pues la salud y el bienestar de muchas comunidades están en peligro. Ellos dependen de la caza de los animales que habitan en su entorno, por lo tanto, la huella ambiental de estos pozos petroleros ha sido considerablemente dañina.
Los académicos a cargo del estudio han denunciado que la producción petrolera en esta zona lleva más de 30 años perjudicando la tierra y los ríos. Según el estudio, la contaminación ocurre por derrames accidentales y por el desagüe de residuos de la producción petrolera en los alrededores.
Vía El Espectador: Los indígenas del Amazonas comen animales de zonas contaminadas. 06/03/18
Gremio del gas: gasolina y carbón, lo más contaminante para el país
Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, presentó un informe realizado por el gremio del gas natural, donde muestra que la gasolina, el diesel y el carbón son las fuentes de contaminación más grandes del país. Estos materiales producen una partícula fina llamada PM2.5, la cual es perjudicial para la salud humana, animal y vegetal. En el informe, se dice que Bogotá, Cali y Medellín presentan cifras de contaminación de aire mayores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.
Cabrales señala: “El gas natural es considerado el combustible fósil más limpio ya que no produce grandes cantidades de material particulado reduciendo las emisiones de CO2 en un 50% frente al carbón y 30% al diésel”.
Orlando Cabrales señala que las reservas de gas del país son suficientemente numerosas para satisfacer la demanda por los siguientes años, y que más de nueve millones de personas usan esta fuente de energía en el país, con proyecciones para aumentar su número de usuarios en 5 millones más.
“La prioridad de Colombia es desarrollar costa afuera”: ANH
Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), anunció los planes del gobierno de ofertar cerca de 15 bloques petroleros durante abril, y también de comenzar a adjudicar más seguido bloques en tierra y mar en mayo. Estas ofertas buscan detener el estancamiento de la industria, pues se recibirá una importante suma de la inversión extranjera, como se hizo con ConocoPhillips y Parex Resources.
Velandia dijo: “Queremos otorgar la mayor cantidad posible de bloques en este proceso (…) Esta pausa ha sido útil para reflexionar y obtener experiencia en un entorno de bajo precio”.
Colombia pondrá campos en oferta, desde su última vez en los últimos 4 años y se hace paralelamente con licitaciones en países latinoamericanos como Argentina, Brasil y México, los cuales también buscarán recibir una renta importante con los precios mejorados del petróleo, México, por ejemplo a través de los no convencionales.
Los bloques ofertados se ubican en la cuenca Sinú – San Jacinto, en el noroccidente del país.
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