Columna de opinión semanal
Un mal año para la industria petrolera privada en Colombia
El 2017 será recordado por la industria petrolera de carácter privado como un año de batallas perdidas, ni siquiera el 2016 con su perspectiva de precios bajos del barril de crudo, caída en la producción, cierre de innumerables campos a lo largo y ancho de todo el país y quiebra de varias empresas, fue tan amargo para la industria como este. Y ante el catastrófico escenario que nos pintó el año pasado queda la pregunta ¿porque 2017 fue peor?, la respuesta tiene dos razones principales en su estricto orden: 1. La consolidación del uso de la consulta popular para prohibir proyectos extractivos en el territorio y 2. La posibilidad de que el Estado les cobre una suma de 13,1 billones de pesos por la sentencia emitida por el Consejo de Estado la semana pasada en donde se “tumbó” un concepto de la DIAN que permitía deducir impuestos.
La industria petrolera en su historia reciente ha estado acostumbrada a negociar los contratos, las condiciones de exploración y explotación directamente con el Gobierno Nacional quien ha impuesto las normas, los métodos y delimitado los lugares en donde se llevará a cabo la actividad, en ese escenario las comunidades han estado en un segundo plano, en donde se han tomado en cuenta cuando tienen músculo de negociación que tradicionalmente se ha visto reflejado a través de paros, movilizaciones sociales o activismo judicial.
La sentencia T-445 de 2016 expedida por la Corte Constitucional creó un nuevo esquema, que le dio a las comunidades las posibilidades de detener la actividad extractiva en sus territorios a través del voto. Lo cual a la fecha ha generado que se hayan llevado a cabo 6 consultas populares negando posibles proyectos petroleros con un porcentaje superior al 95%, y se estén pensando en llevar a cabo más de 30 adicionales en municipios con prospectos alrededor del país. Esta negación y reticencia que la población ha tenido a los proyectos extractivos, ha derivado en que se detengan proyectos en etapa de exploración en industrias mineras, tal como el caso de Cajamarca. De igual forma, ha creado un desaliento a la inversión y una desconfianza en la seguridad jurídica que provee el Estado, lo cual ha llevado a las empresas a considerar sus inversiones en el país, y ha puesto en peligro el desarrollo de sus actividades ya consolidadas.
Asociaciones como Acipet han intentado en algunas ocasiones con éxito, detener los procesos de consulta popular a través de tutelas como en Pasca-Cundinamarca, en donde los fallos se refieren más a elementos de la forma en cómo se redacta la pregunta que a negaciones de la consulta popular como método para definir si un proyecto va o no va, por ello aunque pueda verse como un triunfo de las asociaciones gremiales, es realmente, un pequeño paliativo que no cambia en nada lo dictaminado por la sentencia T-445 de 2016. La consulta se hace, si la comunidad así lo quiere.
La segunda mala noticia para la industria petrolera llegó la semana pasada, cuando el Consejo de Estado profirió sentencia, aniquilando un concepto emitido por la DIAN en 2005 que en términos básicos se expresa así: Las regalías dentro de la declaración de renta son expresadas como un costo, lo cual permite en términos contables reducir la utilidad (o las ganancias) por ende las empresas declaran menos renta y pagan menos impuestos. Este concepto permitió en el corto plazo generar ganancias adicionales a las empresas petroleras y alentar la inversión en diferentes regiones. El Consejo de Estado desestimó este concepto y dejo claro que las regalías hacen parte de la utilidad.
La sentencia no aclara si es o no retroactiva lo que implica que el dinero que se dejó de percibir por este rubro que se acerca a los 13 billones puede ser o no ser pagado, sin embargo, el grupo de congresistas en cabeza del Senador Jorge Robledo formuladores de la demanda que desestimó el concepto de la DIAN, afirma que este dinero debe ser reconocido y que interpondrán acciones judiciales para que sea pagado al Gobierno. Si llegara a ser obligatorio, significaría el desembolso de casi 4.200 millones de dólares a la nación y quizás, la quiebra de más de una empresa privada que trabaja con este sector.
El 2017 será recordado por la industria petrolera privada como el año de la incertidumbre y la inseguridad jurídica, donde la pregunta ¿cuál es el futuro para la industria? queda en el aire, y si ¿la nacionalización es la respuesta para el país?, también. Se debe encontrar el punto medio que concilie los intereses privados con los públicos, de esto dependerá el futuro de parte de los ingresos de la nación y el desarrollo de innumerables proyectos sociales y de servicios públicos, como siempre el diálogo será el camino para las partes.
Vía: El Espectador. “Presagio de nueva bonanza petrolera”. 06/11/17
Regalías: ¿costos o utilidad?
La Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) se pronunció acerca del reciente revuelo con respecto a la decisión del Consejo de Estado de eliminar la deducción por regalías a compañías minero-energéticas. La ACP dijo que las empresas petroleras no deberían hacer pagos de impuestos sobre una producción de la cual no son dueños, pues las regalías constituyen de un 8% a 25% del total de la producción petrolera, la cual es entregada al Estado.
“Lo que concluye el alto tribunal es que respecto de la deducibilidad de regalías, para efectos del pago del impuesto de renta, se revise caso por caso para garantizar que todas las empresas que pagan regalías cumplan con lo estipulado en el artículo en mención”, señaló la ACP.
La ACP también explicó que las empresas petroleras y mineras son una fuente importante de recursos y que estos recursos serán destinados al desarrollo del país en diferentes sectores. En la última década, las regalías, derechos e impuestos de la industria petrolera han recolectado más de 200 billones de pesos para las finanzas del país.
Vía: El Heraldo. “Deducción de las regalías no son ninguna gabela”: ACP. 30/10/17
Los pilares operacionales de la nueva presidencia de Ecopetrol
El nuevo presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, dialogó con Portafolio, en donde destacó los planes de la compañía para los próximos años y estableció 4 estrategias que buscarán aumentar la producción y las reservas del país. Estos ejes incluyen la exploración, proyectos de Yacimientos No Convencionales (YNC), importación de petróleo y mejora de los recobros.
A causa de la posible pérdida de la autosuficiencia petrolera del país, Ecopetrol se ha visto obligado a encontrar soluciones rápidas. Sin embargo, Bayón indicó que el incremento del precio del barril y la reciente valorización de la acción de la compañía abrirá la posibilidad de que Ecopetrol tenga más opciones de incrementar las reservas.
Ecopetrol, como mayor reto, busca agregar 600 millones de barriles para el 2020 y eventualmente alcanzar 1.000 millones de barriles para emergencias. A corto plazo, la compañía colombiana desea aumentar el número de exploraciones y lograr establecer proyectos de YNC, los cuales podrían engrosar las reservas nacionales y lograr una autosuficiencia para los próximos 10 años, en el mejor de los escenarios.
Optimismo moderado por un nuevo auge petrolero en el país
Después de unos tiempos difíciles en la industria petrolera debido a la caída de los precios internacionales de crudo, varios indicadores muestran las tendencias positivas de la industria hacia el crecimiento. Reportes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) muestran que más del 31% de los pozos exploratorios perforados han sido exitosos, de un total de 41, durante 2017.
Orlando Velandia presidente de la Agencia, explica que: “de cada tres pozos perforados uno es exitoso. Todo esto en el área continental, porque la tasa de éxito costa afuera es mayor, porque de siete pozos perforados, cuatro han sido exitosos”.
El renacimiento de la industria petrolera colombiana es de suma importancia según MinHacienda, ya que, las ganancias de crudo representan el 8% del PIB; cerca de $32 billones son recaudados por la producción petrolera en impuestos y regalías. Es considerado por muchos representantes del gobierno y expertos, que esta industria es imprescindible para el crecimiento del país.
Nuevo accidente en el oleoducto Caño-Limón
Ecopetrol comunicó que se ha iniciado un plan de contingencia para controlar un derrame de petróleo ocurrido en Tibú, Norte de Santander. El oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sido desactivado mientras se hacen los arreglos correspondientes a la infraestructura y a los ecosistemas afectados.
El derrame ha perjudicado los acuíferos Luna y Victoria, los cuales se conectan con el río Nuevo Presidente. La petrolera recomendó a los habitantes de las zonas aledañas no hacer uso de estas fuentes de agua, ya que pueden estar contaminadas, además de tener precaución con posibles incendios.
Aún no se conoce la causa del accidente del oleoducto. El personal de Ecopetrol podrá examinar el daño y hacer los arreglos pertinentes tanto la Fuerza Pública haya verificado la zona afectada. El derrame fue notificado a Corponor y a Concejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Norte de Santander y del municipio de Tibú.
Vía: El País. “Derrame de crudo se presentó en el oleoducto Caño Limón-Coveñas”. 05/11/17
¿Raspando la olla petrolera? Santos dice que la paz va a traer posibilidades de inversión pero, ¿para quienes?
Foto: W Radio
Juan Manuel Santos se pronunció en el International Forum of the Americas en Toronto (Canadá) y afirmó que los Acuerdos permitirán la entrada de una gran cantidad de inversión, y a partir de esto, el progreso de sectores importantes como el turismo, el agro, energía, entre otros. La atracción de inversión nacional y extranjera es uno de los propósitos más importantes para la administración tras el proceso de paz.
“Nos concentrarnos más en aquellas inversiones que eran diferentes de la energía, del petróleo y de los minerales. Así que hoy en día tenemos una base mucho más amplia en nuestra economía, más sana, y estamos creciendo a un ritmo más sano y más fuerte, porque no dependemos tanto de estos productos”, dijo el Presidente Santos.
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