Columna de opinión semanal
¿Y los pasivos ambientales en Colombia qué?
La definición de pasivo ambiental se ha discutido durante varios años por especialistas nacionales e internacionales, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado establecer herramientas claras para proponer un marco de referencia entre la nación, los entes territoriales y el sector privado en el país. Los mismos hacen referencia a la suma de los daños no compensados al medio ambiente, por explotación de los recursos, y a las comunidades donde operan.
Con este panorama se han generado unas deudas crecientes por parte de empresas al ambiente. Asimismo, existen disputas por los recursos con fines económicos que afectan a las comunidades, los cuales se denominan conflictos ambientales. Según el Atlas de Justicia Ambiental, en Colombia hay un creciente número de casos, 129 documentados a septiembre de 2018. El dato ubica al país en el tercer lugar en el mundo, luego de Brasil e India.
A pesar de esta cifra y de las implicaciones de dichas deudas, no existen en Colombia políticas ni instrumentos claros para dar cuenta de los impactos negativos causados por la actividad económica; ni tampoco metodologías concretas para su configuración, que garanticen la exigibilidad a los responsables y la reparación de las comunidades derivado de las afectaciones.
Así, somos uno de los países más atrasados en este sentido, a pesar de los esfuerzos conjuntos de varios ministerios y de representantes de la sociedad civil; empezando por el hecho de la falta de un inventario que hace difícil cuantificar los costos de reparación, y en menor medida encontrar las fuentes de financiamiento y los métodos de compensación.
A nivel nacional se han presentado dos intentos de proyectos de ley para reglamentar los pasivos ambientales. El primero se dio en julio de 2014, en donde se propuso que se regule “la problemática de los pasivos ambientales de la actividad minera, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas afectadas por estos, destinados a su reducción y/o eliminación, con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la salud de la población, al ecosistema circundante y la propiedad”, no obstante, el proyecto de ley fue radicado, y publicado, pero se desarrolló sólo la ponencia de primer debate en 2015 y luego fue archivado, por la Comisión quinta del Senado.
La segunda medida se radicó en julio de 2018, en donde la propuesta buscaba “establecer los mecanismos para la atención de pasivos ambientales en Colombia”. En consecuencia, dentro del proyecto de ley se hace una definición: “la afectación ambiental ubicada y delimitada geográficamente, que no fue oportuna o adecuadamente mitigada, compensada, corregida o reparada, causada por actividades antrópicas y que puede generar un riesgo a la salud humana o al ambiente”. Actualmente pasó el primer debate tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y se espera que el tercer debate sea en febrero de 2020.
En este sentido, los conceptos de conflictos y pasivos ambientales son relativamente nuevos para nosotros como país, y nacen en medio de la crisis global de cambio climático. Estos conceptos se entrelazan y pueden ser una herramienta eficiente para la operacionalización de la justicia ambiental, a fin de cuentas, los resultados de sus caracterizaciones ayudarán a entender fenómenos como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos o la pérdida de culturas ancestrales.
Gobierno dispone reglamentación para pilotos fracking
De acuerdo al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Miguel Morelli, junto al Ministerio de Minas y Energía (MME), antes de finalizar el año se tramitará la norma para la práctica de los pilotos de fracking en el país. La misma se expide buscando que las empresas interesadas puedan llevar a cabo las pruebas piloto en los territorios, donde se encuentran los yacimientos no convencionales (YCN).
Asimismo, Morelli enfatizó que gracias a la norma que se viene realizando quedará abierto el camino para que los pilotos de fracking se adelanten desde enero de 2020: “Con la normatividad buscamos asegurar los protocolos ambientales y sociales que ordenaron los tribunales y que aconsejó la Comisión Independiente de Expertos”.
La norma que efectuarán técnicos de la ANH y del MME propende no sólo por la sostenibilidad ambiental, sino que permite que se acerquen inversionistas interesados en los proyectos experimentales.
Para la creación de la regulación, los técnicos de las dos entidades toman como base apartes del Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014, con el fin de asegurar el desarrollo de las pruebas piloto, sin modificar los ecosistemas.
Al respecto, los gremios del sector hidrocarburífero consideran que el proceso experimental de fracking en Colombia “no se hace de la noche a la mañana” y se deben efectuar previamente algunas tareas como parte del proyecto. Según el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales Segovia: “La realización de los pilotos llevarán de forma transparente a que el país monitoree los procesos y resultados, y así permitir que sea la investigación y la ciencia las que definan el futuro energético”.
En cuanto al Gobierno, el fracking ya se encuentra consolidado en las cuentas nacionales, de acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), por ingresos tributarios (pago de renta y dividendos de Ecopetrol). En el tope de la producción se alcanzarían recursos anuales por 1% del PIB, y otro 0,4% del PIB por regalías, es decir, el Estado podría contar con $14 billones adicionales, mientras que a 30 años recibiría $324 billones: una tercera parte de todo el PIB de Colombia.
Vía Portafolio: Gobierno alista reglamentación para los pilotos de “Fracking” 02/10/19
¿Impedida la venta de Ecopetrol?
Teniendo en cuenta el hueco fiscal, el Gobierno Nacional estaría planeando vender algunos activos de la Nación. Así, en el proyecto que fue aprobado en primer debate por las Comisiones Económicas del Congreso, se estableció como una opción la enajenación de algunas empresas con participación estatal. De acuerdo al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el plan es que en los siguientes 4 años se puedan obtener alrededor de 15 billones de pesos con la venta de activos, lo cual involucra a Ecopetrol.
“La valoración que tenemos de todas esas participaciones estatales en la economía es del orden de los 150 billones de pesos y estamos pensando en un contexto de cuatro años, (vender) un 10 % de eso; es decir, unos 15 o 20 billones es el estimativo. Todas las propiedades del Estado están siendo revisadas, porque deudas muy caras y activos poco rentables no lo aceptamos en este momento”, explicó Carrasquilla.
No obstante, con el fin de hacerle frente a dichas aspiraciones, en el Congreso de la República se presentó un proyecto de ley que busca prohibir la venta de Ecopetrol y de las empresas en donde haya otras participaciones accionarias. De esta manera se espera que el Estado mantenga la participación del 88,5% de Ecopetrol, por lo menos en los próximos 20 años.
La propuesta es liderada por tres senadores: Luis Fernando Velasco, Maritza Martínez y Jaime Durán Barrera. Velasco señaló: “Resulta inaceptable que se piense en vender una parte de Ecopetrol para comernos el producido de esa venta, no hacer inversiones sino simplemente sostener el funcionamiento. Con lo que produce la petrolera podemos sustentar esos recursos que demanda la nación y no tenemos que salir a vender ni Ecopetrol, ni la empresa Cenit que es la encargada del transporte de los crudos”.
El proyecto de ley se radicó hace pocos días en el Congreso de la República, sin embargo, las directivas de la Estatal no se han pronunciado al respecto.
Vía RCN Radio: Venta de Ecopetrol quedaría prohibida por ley 01/10/19
Producción de petróleo en Venezuela disminuye; se compara a la de 1945
De acuerdo a las cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo en Venezuela cayó en 80 000 barriles por día (bpd), por lo que de los 730 000 que produjo en agosto pasó a 650 000 bpd, en promedio. Según la OPEP el drástico bajonazo no se veía desde 1949; las causas que lo explican serían la crisis económica y la falta de inversión.
Asimismo, las exportaciones de hidrocarburos del país vecino han caído de manera abrupta debido a las sanciones de Estados Unidos, que han limitado sus clientes. Según el Ministerio de Energía, las exportaciones diarias se disminuyeron por última vez en 1950, con una media de 488 962 barriles durante todo el año. Además, las cifras de septiembre son aún menores que las que se vieron en la huelga laboral de 2002 – 2003, en donde se clausuraron campos petroleros, puertos y refinerías.
Luego de quedar fuera del mercado estadounidense que significaba un 37 % de las exportaciones de Venezuela, el país vecino las ha reemplazado con sus envíos a Oriente. Sin embargo, las exportaciones a China se desplomaron en un 75 % en septiembre, puesto que la empresa China National Petroleum Corp niega el petróleo venezolano por segundo mes consecutivo, gracias a las sanciones impuestas de Estados Unidos.
Vía El Tiempo: Producción de petróleo en Venezuela cae a niveles de 1945 01/10/19
Atentado en el Oleoducto Trasandino
En lo corrido del 2019 se han registrado 19 atentados contra este oleoducto que transporta el crudo producido en el departamento de Putumayo y Nariño hacia el
— Ecopetrol (@ECOPETROL_SA) October 5, 2019
puerto de Tumaco, en el Pacífico. pic.twitter.com/grmhX9B9uN
Este sábado se registró un ateque en el Oleoducto Trasandino (OTA). El epicentro fue la vereda Valle de las Palmeras, en el municipio de Orito, Putumayo, motivo por el que la estatal petrolera tuvo que activar un plan de contingencia. De acuerdo con Ecopetrol, en los meses transcurridos de 2019 se han contabilizado 19 atentados contra el Oleoducto Trasandino; el cual transporta petróleo por Putumayo y Nariño, hacia el puerto de Tumaco (Pacífico colombiano), para que se exporte.
Según Ecopetrol: “El atentado produjo la rotura de la tubería y derrame de crudo en el sector, el cual afectó el río Guamuez. La Empresa notificó a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y Desastres de los municipios de Orito, Puerto Asís y Valle del Guamuez y al Departamental de Putumayo”.
El plan de contingencia busca comunicar a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y Desastres de los municipios de Orito, Puerto Asís y Valle del Guamuez y al Departamental de Putumayo.
“Ecopetrol rechaza enfáticamente estas acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las personas, afectan gravemente al medio ambiente y al bienestar de las comunidades vecinas a la infraestructura petrolera”.
Vía El Heraldo: En video| Nuevo atentado contra el Oleoducto Trasandino 05/10/19
Ecopetrol es una de las empresas que competirá en subasta de Brasil
La Agencia Nacional del Petróleo (ANP) de Brasil informó la participación de trece petroleras, de nueve nacionalidades, para la subasta de cinco áreas de presal, en noviembre. Las mismas presentarán derechos de exploración y explotación. El proyecto podría convertir a Brasil, en uno de los mayores exportadores mundiales de hidrocarburos.
En la subasta participarán las compañías más grandes del mundo como British Pretroleum (BP) o Chevron, pero también otras de menor tamaño como Ecopetrol. El gobierno brasileño pretende recaudar US$1.896 millones, por conferir las licencias.
Estas son las empresas que han sido designadas como competentes para la subasta: BP Energy do Brasil Ltda, Chevron Brasil Oil and Gas Ltda, CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda, CNOOC Petroleum Brasil Ltda, Ecopetrol Oil and Gas of Brazil Ltda, ExxonMobil Exploration Brazil Ltda, Murphy Exploration & Production Company, Petróleo Brasileiro SA – Petrobras, Petronas Petróleo Brasil Ltda, QPI Brasil Petróleo Ltda, Repsol Sinopec Brasil SA, Shell Brasil Petróleo Ltda, Wintershall DEA do Brasil Exploración y Producción Ltda.
Todas cumplieron las condiciones y participan en la ronda. La calificación es indispensable e individual para cada interesado en presentar una oferta, incluso en consorcio. Asimismo, la sexta ronda de producción compartida se realizará el 07 de noviembre y ofertará los bloques Aram, Boomerang, Southern Cross, Southwest Sagittarius y North Brava, repartidos en las cuencas de Santos y Campos.
Columna de opinión regional
Aida Merlano: ¿un fraude a la democracia?
La reciente fuga de la ex congresista Aida Merlano abre la discusión acerca de los cimientos de nuestro sistema político, cada día más sumido en escándalos de corrupción patrocinados desde el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es preocupante ver cómo las estructuras criminales se aprovechan de los aparatos estatales y como esto recae sobre la democracia. Sin duda este es un tema que no podemos dejar de lado y menos cuando en menos de 20 días se estará definiendo la elección de autoridades locales, quienes, serán la representación del Estado, de la Institucionalidad y a través de los cuales se tomarán decisiones con relación a la industria en sus territorios, como por ejemplo, la inversión de recursos de regalías.
Pero vayamos a los hechos: el 11 de marzo de 2018 se llevaron a cabo las elecciones para representantes del Senado y Cámara del Congreso de la República. En primera instancia, Aida Merlano, candidata por el Partido Conservador fue elegida como senadora con una votación superior a los 73.000 votos. Sin embargo, ese mismo día se efectuó un allanamiento de su sede política, denominada como la “casa blanca”, luego de una denuncia interpuesta por una ex colaboradora, lo que permitió el descubrimiento de un sofisticado sistema de venta de votos organizado jerárquicamente por coordinadores (encargados de manejar la nómina de líderes de acuerdo a su municipio y el número de votos a aportar), líderes (encargados de captar a los ciudadanos según sus zonas de votación) y los votantes (encargados de llevar el certificado de votación para obtener luego un código QR necesario para obtener el pago de $40.000 pesos más $5.000 pesos de transporte). Dicho sistema tuvo un costo de $6.171 millones de pesos. En todo caso, el juez del caso sólo dictó prisión domiciliaria a los miembros de la campaña de Merlano sin revestir apenas una investigación legal en profundidad por su participación en las prácticas clientelistas.
Por su parte, el 4 de junio de 2018 la Corte Suprema de Justicia expidió una orden de captura contra Merlano basándose en los siguientes delitos: 1. Corrupción al sufragante; 2. Concierto para delinquir; 3. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas; 4. Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas. Con todo esto, solo hasta el 16 de mayo de 2019 que el Consejo de Estado anularía su elección como senadora; posteriormente el 13 de septiembre se conoció la condena por 15 años dictada en su contra.
Frente a todo este panorama y con una eventual declaración de Merlano referente a otros políticos implicados en el tráfico de votos a cambio de una reducción de su pena, se evidenció un plan de escape. La fuga de Merlano comprueba por un lado la fuerza de la corrupción en este país; los inexplicables privilegios que tienen algunos reclutados en las cárceles colombianas por el hecho de pertenecer a cierto grupo de poder; la debilidad institucional y la muy probable complicidad de la misma.
Aquí surgen una serie de preguntas: ¿Están los ciudadanos realmente informados de las condiciones éticas y las propuestas de los candidatos, sin importar su partido o movimiento político, o los servidores públicos? ¿ Están los ciudadanos ejerciendo su derecho de escoger a sus gobernantes de una manera consciente y responsable?¿Qué organizaciones adquieren un papel preponderante como medios de información política veraz y confiable? ¿Están cumpliendo los entes estatales con la investigación, sanción y ejecución justa de las penas hacia los crímenes electorales de los candidatos? ¿Existe un control económico real de las campañas políticas? Pero sin duda el mayor interrogante es: ¿Qué estructuras o clanes están detrás de este escándalo? ¿Quién o quienes estarían en “peligro” de conocerse toda la versión de Aida?
Las respuestas a estas preguntas son inciertas, pésimo síntoma teniendo en cuenta que la democracia se rige por un principio de información transparente y la no coacción de los criterios de razonamiento. Frente a esto, el panorama político colombiano plantea lo contrario a un sistema democrático serio: el encubrimiento de los actos delictivos (o, una vez descubierto, la dilatación de las investigaciones por cualquier medio disponible) y la manipulación de las conciencias de funcionarios y ciudadanos para condicionar su apoyo a la causa de uno u otro candidato a través de prebendas económicas. Ciertamente, las elecciones que se avecinan requieren de una postura ética firme y un pensamiento reflexivo de la ciudadanía, ya que esta debe informarse sobre las irregularidades que poseen muchos candidatos a diputados, alcaldes y gobernadores de tal forma que no sean elegidos y apartados del ejercicio democrático. Pero ¿Y el Estado? Es momento que asuma su responsabilidad como garante y defensor de los derechos ciudadanos.
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