Columna de opinión semanal

Un llamado a la paz: es hora de iniciar el diálogo con el ELN

Después de dos años de duración de la mesa de negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en enero del 2019 el presidente Iván Duque le puso fin al proceso de diálogo tras el ataque a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía en Bogotá, que se atribuyó este grupo justificándolo como una “acción lícita en el marco del derecho de la guerra”.

Posterior a esta decisión, departamentos como Arauca, Chocó, Nariño y la región del Catatumbo, en Norte de Santander, se han visto perjudicadas por los presuntos atentados del ELN a las estaciones de policía, bases militares e infraestructura petrolera del país. Adicionalmente, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), en el primer semestre del 2019 se han presentado 27 combates, en promedio tres mensuales, aunque la anterior cifra representa una reducción del 25%, si se compara con el 2018.

A modo de ejemplo, en julio se registró un hostigamiento armado en Samaniego, Nariño, al parecer por este grupo, contra una base militar instalada a las afueras del municipio. En el suceso no se reportaron civiles afectados o daños a las viviendas contiguas al lugar; sin embargo, la central eléctrica que surte energía a varios corregimientos y veredas de esa región se vio afectada tras el hecho. Es de resaltar que el alcalde, Nixon Andrade, reiteró en medios que esta acción ocurrió justamente dos días después que el ELN anunciara un paro armado en el departamento, entre el 15 y el 18 de julio.

Igualmente, en Fortul, Arauca, se presentó un ataque en las instalaciones de las unidades militares del departamento. Lamentablemente, la acometida dejó lesionados a cinco soldados con heridas de gravedad.  De acuerdo al comunicado de la Octava División del Ejército Nacional, la agresión fue hecha por el frente Domingo Lain Saenz del ELN.

Adicional a lo anterior,  se suman los hostigamientos a las infraestructuras petroleras del país, los cuales aumentaron en los últimos meses con respecto al 2018 (revisar Pulso Petrolero Regional 31 de marzo 2019) después del levantamiento de los diálogos de paz con este grupo armado no estatal. Según lo analizado por Crudo Transparente, se han registrado 28 atentados: 19 en el oleoducto Caño Limón-Coveñas y 9  en el Transandino; el 40% en Arauca, 30% en Nariño y 30% en Norte de Santander.

Lo preocupante de estas agresiones son las afectaciones a los ecosistemas y el impacto negativo para la cotidianidad de los pobladores; además de perjudicar  fuertemente la producción petrolera del país. Esto se evidenció con el atentado en Toledo, Norte Santander, donde la última acometida fue en el Caño Limón, que generó un derrame de crudo en los ríos Margua y Arauca, impidiendo las labores agrícolas y de pesca de los campesinos.

Así las cosas, la negociación con este grupo debe ser algo inminente. Las comunidades de estos territorios piden a gritos los diálogos con el Gobierno y el ELN ya que su cotidianidad y su integridad están cada vez más en peligro por las actos violentos en sus regiones; sumado a esto, el riesgo aumenta por la presencia simultánea del Clan del Golfo, los Pelusos y disidencias.

El llamado urgente es primero al ELN para que pare los secuestros, las extorsiones, los ataques a la fuerza pública y los hostigamientos a la infraestructura energética del país. Es momento de frenar estas agresiones y demostrar con acciones concretas que quieren volver a una negociación. Segundo, al presidente Duque para que deje de lado el negativismo a dialogar. El pasado tres de julio en La Habana, Cuba, este grupo entregó los avances (un informe) de la negociación a la ONU y a los países garantes del proceso de paz que se llevó a cabo con el Gobierno de Juan Manuel Santos; demostrando una verdadera voluntad por parte del ELN, que el mandatario debería reconsiderar para retomar estas conversaciones. 

Adenda: a propósito de los atentados a la infraestructura petrolera del país, en últimas semanas Ecopetrol informó que el oleoducto Caño Limón – Coveñas ha sufrido 22 ataques y el Transandino 14 en el 2019.  Se hace un llamado a la Estatal, para dar claridad sobre las cifras que presentaron, debido a que en la base de CT se contabilizan a la fecha 19 y 9 hostigamientos a estos tubos respectivamente, esto con el propósito de tener certeza y transparencia en la información, para así promover el adecuado desarrollo de la industria. 

Noticias

Agro aporta 55% de gases de efecto invernadero para Colombia

De acuerdo con un informe realizado por el IDEAM, la Agricultura y Silvicultura, además de otros usos de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés) son las actividades que más aportan metano a la atmósfera, con más del 50%, seguido del sector energético con un 35%.

Así, en el marco del III Seminario de Producción Animal, llevado a cabo en Agroexpo 2019, el especialista Carlos Felipe Torres, señaló que para dicho sector el 31% de las emisiones provienen de la deforestación, el 9% al metano que se desarrolla en la fase digestiva de los animales (fermentación entérica) y el 8% por el uso de las tierras.

Es importante resaltar que las regiones ganaderas como Antioquia, Córdoba, Casanare y Meta son las que emiten más metano. “Digamos que el potencial de calentamiento de esos gases es diferente al de CO2. El metano y el óxido nitroso tienen 21 y 310 veces más potencial de calentarse que el CO2”, indicó el experto.

Vía Caracol Radio: El agro emite el 55% de los gases efecto invernadero del país. 22/07/19

Bajo convenios de cooperación empresas de hidrocarburos patrocinan a la Fuerza Pública y Fiscalía

En septiembre de 2018, en Castilla la Nueva (Meta) el líder Gustavo Carrión fue detenido por la Policía Nacional al ser acusado de varios delitos, uno de ellos terrorismo. El líder socioambiental había protestado junto con su comunidad por la presunta contaminación de fuentes hídricas en el territorio, a causa de Ecopetrol. Sin embargo, luego de 15 días fue liberado debido a la reducida cantidad de pruebas presentadas en su contra ante la Fiscalía. 

Lo mencionado cuando en enero de 2018 Ecopetrol había firmado un convenio de cooperación que sobrepasó los 17.000 millones de pesos con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Fondo Rotatorio de la Policía, compromiso que incluyó varios departamentos, como el Meta y que se mantuvo hasta diciembre del mismo año. La alianza se pactó con el fin de aumentar la “capacidad investigativa y de judicialización en la represión de las conductas delictuales que afectan a la empresa, sus grupos empresariales y asociadas” y todos aquellas supuestas conductas a las que se asocian a los movimientos sociales. 

Ecopetrol firmó otros convenios de cooperación en Castilla La Nueva y otros municipios con las Fuerzas Militares por más de 14.000 millones de pesos, aunque 2.800 millones se utilizaron para el “bienestar personal” de personal del Ejército. Sin embargo, es pertinente resaltar que en territorios de actividad extractiva, donde los ciudadanos se asocian para reclamar por sus derechos, dichos convenios a nivel económico, plantean un dilema ético para las instituciones públicas, pues de las mismas se espera que tomen una posición neutral. 

Resalta en esta base de datos que, los dineros fueron puestos a disposición en funciones que no se plantean directamente para salvaguardar el territorio, ni con la seguridad nacional (que debería también incluir los derechos de la población). Por ejemplo “el convenio 12- 031, entre el Ministerio de Defensa y Ecopetrol, gastó $470.749.660 en planes turísticos para miembros de la Fuerza Aérea”, expone la investigación de la Universidad de los Andes, Cerosetenta. 

De esta manera, Rutas del Conflicto y La Liga, revisaron alrededor de 200 convenios para evidenciar la forma en que se le suministraban recursos a las Fuerzas Militares y la Policía. Para lo que “La resolución 5324 de 2014 del Ministerio de Defensa advierte que los convenios de colaboración entre privados y estatales sólo son posibles cuando favorecen la seguridad nacional”. También señala como más de 70 empresas del sector, nacionales y foráneas, celebran estos tipos de contratos entre entidades asociadas a la Defensa en Colombia. 

Vía 070 Política y Sociedad:  Petroleras y mineras financian a la Fuerza Pública y a la Fiscalía

Nueva vía libre a exploración y producción de hidrocarburos en Tolima y Meta

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dio a conocer que en los departamentos de Tolima y Meta se permitirán 2 bloques para la exploración y producción de hidrocarburos en el país. La zona abarca alrededor de 63.000 hectáreas y hace parte de la nueva subasta del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), lanzada por la ANH a inicios de este año. 

Uno de los bloques (VSM 25) está en el Valle Superior del Magdalena con una extensión de 27.608 hectáreas, mientras que el segundo (LLA 94) se encuentra en la cuenca de los Llanos Orientales con un tamaño aproximado de 36.000 hectáreas. Los 2 proyectos son promisorios frente la producción de petróleo/gas y serán operados por Parex Resources Colombia Ltd.

El presidente de la ANH Luis Miguel Morelli, afirmó que: “con la firma de estos dos nuevos contratos con Parex, llegamos a ocho de los 11 asignados en la primera subasta del Proceso Permanente de Asignación de Áreas. Se trata de dos bloques importantes y muy prospectivos, el VSM 25 y LLA 94, sobre los cuales estimamos unos compromisos de inversión cercanos a los 80 millones de dólares”.

Vía W Radio: La Anh firmó dos nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos.

Congelada operación de Ecopetrol en Norte de Santander por perturbaciones en la zona

Ecopetrol detiene la operación en 76 pozos de petróleo y 61 pozos inyectores en la planta de gas Sardinata y en el campo Tibú, por perturbaciones presentadas en días anteriores. De acuerdo con Ecopetrol, de esta manera se quiere disminuir el riesgo al que se expone la operación en cuanto a la seguridad de trabajadores, comunidad y medio ambiente.

Adicionalmente, se interrumpieron 57 contratos con socios de la estatal petrolera, los cuales asisten la operación y el mantenimiento en la región. Con esta decisión la operación se reduce en dos mil barriles diarios de petróleo y un millón de pies cúbicos de gas diario, teniendo en cuenta que medio millón de pies cúbicos son para provisionar a residentes de los municipios de Cúcuta y Tibú. 

Las perturbaciones se han presentado desde el miércoles, luego de que La Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército realizará un operativo contra el contrabando de gasolina y se inmovilizaran dos camiones en la vereda La Cuatro. Se detuvieron y judicializaron 3 personas por vender ilegalmente hidrocarburo en espacios públicos. En seguida, un grupo de personas bloqueó la vía Cúcuta – Tibú negándose al actuar de las autoridades reclamando la devolución de los vehículos y de los capturados.  

Posteriormente, el pasado jueves un grupo de personas atacaron con aparatos explosivos la sede de Ecopetrol, ocasionando pérdidas en 5 hectáreas de plantas de tipo protector, sembradas como medida de compensación ambiental para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). 

El rechazo de la estatal es rotundo, mediante una comunicación expresó que: “Ponen en riesgo a la comunidad tibuyana, afecta el normal desarrollo de la región y van en detrimento de los ingresos que perciben las personas, la región y el país, así como el normal desarrollo de las operaciones petroleras”

Vía El Tiempo: Ecopetrol suspende operaciones en Tibú por disturbios. 

Arauca y Nariño: nuevos hostigamientos contra la infraestructura petrolera

El pasado sábado 27 de julio Ecopetrol activó un plan de emergencia en el Oleoducto Transandino (OTA), a causa del decimocuarto atentado del año contra este sistema*. El mismo tuvo lugar en la vereda Pilispí, municipio de Ricaurte en Nariño. 

De acuerdo a lo que ha mencionado la petrolera no se presentó ningún derrame de crudo, ni afectación alguna a la comunidad. Actualmente, se espera que la zona sea salvaguardada por la Fuerza Pública, para lograr entrar y llevar a cabo las reparaciones necesarias. 

En el OTA este año se han presentado 14 atentados, de los cuales la mayoría pasaron en los municipios de Mallama, Barbacoas y Ricaurte (Nariño). De igual forma, algunos grupos al margen de la ley han puesto más de 440 válvulas ilícitas, para robar el crudo. 

Asi mismo, en zona rural de Arauquita presuntamente algunos campesinos se declararon en jornada de protesta y le prendieron fuego a 3 piscinas temporales de petróleo, lo cual generó un incendio y perjudicó a algunos vehículos de la empresa. En lo transcurrido del año actores armados no estatales, han perpetrado 13 atentados en contra del oleoducto Caño Limón – Coveñas.

Unidades del Esmad de la Policía Nacional hacen presencia en la zona desde este fin de semana, en donde algunas personas de la comunidad se encuentran protestando contra la empresa Cenit, filial de Ecopetrol. Los mismos reclaman mejoras en los salarios y pago de servidumbre por el usufructo del territorio para fines petroleros.

Vía Portafolio: Se registra un nuevo atentado contra la infraestructura petrolera y Vía Caracol Radio: Queman piscina de petróleo en zona rural de Arauquita

Columna de opinión regional

La ANH le apuesta al Huila para aumentar la reserva del país

Después de aproximadamente cincos años sin ofrecer rondas de nuevos bloques para el desarrollo de exploración y producción de hidrocarburos en Colombia, el nuevo proceso de Asignación de Áreas (PPAA) que lanzó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a comienzos del presente año, comienza a dar sus frutos con la suscripción de nuevos contratos. 

El Gobierno Central y la ANH pretenden combatir el temible desabastecimiento de petróleo y gas mediante el incremento de las reservas de barriles del país y mejorar el balance de autosuficiencia petrolera que se ubicó en 6,2 años. Si bien, al cierre de ese año hubo mejoras en las cifras de reservas de crudo, las de gas acumularon seis años en descenso, situación que tiene en alerta al Gobierno por la importancia de este energético para los 9,2 millones de hogares, el transporte público y más de 230.000 automotores que lo utilizan.

Por esta razón y el ánimo de contribuir en el incremento de las reservas, se tiene la meta ambiciosa de firmar al menos 40 contratos nuevos de exploración y explotación. Acto seguido, el 13 de julio de 2019, Morelli expuso durante una entrevista para el diario La Nación, las proyecciones que se tienen para el Huila frente a nuevas exploraciones petroleras. Hizo referencia a un polígono de aproximadamente 10.000 hectáreas para las empresas que tienen jurisdicción en Neiva y Tello. 

En contraste con lo anterior, es indispensable recordar que la comunidad opita ha manifestado no estar a favor de la política extractiva, debido al impacto medioambiental que genera y prefiere apostarle a la economía naranja, es decir industrias cultural y creativas.  Pues, consideran que la dependencia económica del Huila al crudo desde el año 2000, no generó bienestar social ni desarrollo, aunque aportaba el 29% del Producto Interno Bruto del departamento. Por el contrario, ha perdido participación, representando en el 2018 el 5% del mismo, principalmente por la crisis petrolera del año 2015. 

Esta situación evidencia la confrontación entre la  iniciativa del Gobierno Central y la postura de la comunidad. En este sentido, se hace necesario fomentar espacios y procesos pedagógicos, en donde se presente a las personas los impactos reales de la industria, así como los planes para mitigarlos. Y de esta manera puedan tomar participación y decisión con ideas claras y reales sobre la actividad extractiva en sus territorios.

Finalmente, un trabajo conjunto entre comunidad y gobierno nacional y local que logre superar las diferencias entre ambos, permitiría atraer inversión, generar empleo y obtener recursos para la inversión social y además contribuir en el incremento de las reservas del país, mediante un proceso inclusivo que fomente el proceso de coordinación y concurrencia Nación – Territorio.

INDICADORES BRENT & WTI / SEMANA

Por un sector minero-energético abierto, informado y responsable