Columna de Opinión Nacional
El debate político sobre la industria de hidrocarburos en las elecciones de 2022
Nicoll Valeria Quintero Arias, integrante del equipo de Crudo Transparente.
El debate electoral se ha dividido en opiniones divergentes y el tema de la industria extractiva no es una excepción. Para nadie es un secreto que el mundo debe transitar a una matriz energética más limpia porque de lo contrario, no habrá calidad de vida para muchos. No obstante, la crisis económica que generó la pandemia ha producido una tensión a nivel mundial pero que en Colombia cada día genera más incertidumbre.
Como ha evidenciado el ministerio de Minas y Energías, las últimas cifras demuestran que la industria de hidrocarburos aporta el 15 % de los ingresos de la Nación y asimismo, el sector representa el 3,3 % del PIB nacional. En otro ámbito, El DANE registró que durante el 2021 las exportaciones del sector extractivo subieron a los 19 785 millones de dólares, cifra que representa el 47,8 % de las mismas.
En un contexto en el que los colombianos tienen incertidumbre frente al futuro del país y teniendo en cuenta los datos anteriores, ¿es factible erradicar de raíz la exploración de hidrocarburos en Colombia? Según la mayoría de los precandidatos presidenciales, la respuesta ha sido ambigua. Pero, por un lado, la posición más controversial ha sido la de Gustavo Petro, precandidato de la coalición del Pacto Histórico, que ha manifestado su intención de acabar con la firma de nuevos contratos y reducir el tiempo de la transición energética que se estableció en la administración Duque.
Asimismo, es importante resaltar qué, aunque el precandidato ha sido criticado fuertemente, éste ha sido el único qué ha mostrado una postura concreta sobre el tema, el cual resulta ser fundamental en materia de desarrollo económico y del que se derivan muchos debates qué ha postergado el Congreso de La República en las últimas legislaturas.
Es evidente que la propuesta ha generado polémica, los más preocupados y los que se han pronunciado de manera contundente han sido las empresas, entre ellas, Ecopetrol. La Estatal ha catalogado la propuesta como apresurada ya que la transición, como su nombre lo indica, toma un tiempo prudente. Por otro lado, La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) expresó que hay una responsabilidad de las compañías de mostrarle a la ciudadanía el gran aporte económico que le brinda la industria a la economía del país.
Aunque la propuesta del precandidato Gustavo Petro busca maximizar la oportunidad qué tiene la matriz energética Colombiana y poner de primeras la economía productiva como fuente de ingresos, la apuesta resulta ser demasiado arriesgada. A pesar de que los métodos de exploración y de producción de hidrocarburos tengan efectos secundarios, es la apuesta más sustentable tanto económicamente como energéticamente hablando, en un corto plazo.
Colombia tiene una gran responsabilidad en estas elecciones y para tomar una decisión objetiva, se debe tener en cuenta los sectores que lideran e impulsan la economía del país. Es incuestionable que Colombia no puede depender totalmente de la industria de hidrocarburos, incluso sabiendo qué este recurso puede agotarse en unos años. Sin embargo el próximo Gobierno debe proyectar y promover el desarrollo de otro tipo de economías qué suplan las demandas y las necesidades de todos los ciudadanos, sobre todo los qué habitan en los lugares más alejados del territorio.
NOTICIAS
Ecopetrol lanza su visión estratégica al año 2040
Ecopetrol lanzó su visión estratégica 2040 llamada: “Energía que Transforma”, la cual contempla las metas operativas y financieras para el año 2022- 2024. Esta busca posicionar a la empresa en un grupo integrado de energía que participa en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos los cuales son: exploración, producción, transporte, refinación y comercialización.
Se plantea que la compañía invierta 5 200 millones de USD y 6 000 millones de USD anuales hasta el año 2040. Por otro lado, entre el año 2022 y 2024 se posicionan en un rango entre los 17 000 millones de dólares y los 20 000, de los cuales el 69% será destinado a exploración y producción.
Cabe resaltar que el plan estima niveles de producción entre los 700 000 y 705 000 barriles de petróleo por día en 2022 y se espera llegar a los 730 000 bped en 2024.
En materia de Yacimientos No Convencionales, se calculan inversiones por 1 870 millones de dólares a 2024 con el fin de fortalecer el crecimiento de la cuenca de Permian en Estados Unidos e inversiones mayores a los 80 millones de USD para los PPII Kalé y Platero en Puerto Wilches, Santander.
Finalmente, la Estatal busca maximizar las reservas y la producción de crudo, es por eso que, se prevé la producción cercana a los 850 000 bped en 2030 con un escenario moderado de un barril a 45- 55 dólares.
Ecopetrol manifiesta que el plan antipetróleo tendría implicaciones legales
La Estatal asegura que la propuesta que busca acabar abruptamente con la exploración de petróleo y gas en Colombia conduciría a precios más altos para los consumidores y a su vez, en implicaciones legales en tribunales.
Gustavo Petro, precandidato presidencial, propone acelerar la transición energética de Colombia con energías limpias cesando la exploración de hidrocarburos.
Por otro lado, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol asegura que la transición debe ser “ordenada”. Asimismo resaltó que los contratos firmados permiten la exploración por otros 20 años más.
Aunque Petro asegura que continuar dependiendo de esta industria es una “política a la muerte” cabe resaltar que el petróleo y el carbón representan casi la mitad de las exportaciones del país.
Finalmente es importante señalar que desde agosto, cuando el precandidato mencionó el tema por primera vez, los bonos de Ecopetrol han registrado algunas pérdidas entre las compañías petroleras de mercados emergentes.
Fuente: Para Ecopetrol, el plan antipetróleo de Petro terminaría en tribunales. 10/02/2022
Gobierno Biden evalúa la petición de Chevron de tomar el petróleo de Venezuela
Chevron busca que Washington restablezca los privilegios comerciales que disfrutó durante un tiempo de la administración Trump los cuales son aceptar y comercializar cargamentos de petróleo de origen venezolano para recuperar la deuda de las empresas conjuntas con la petrolera PDVSA.
Hasta el 2020 el acuerdo permitió a Chevron comercializar entre 1 y 2 millones de barriles mensuales de crudo venezolano pero este fue suspendido bajo la campaña de máxima presión de Trump.
Se espera que el Gobierno Biden impulse incentivos para aliviar las sanciones a Venezuela, entre estos, el más importante es llegar a una mesa de negociación con Nicolás Maduro.
Finalmente si Estados Unidos opta por no cambiar los términos de la licencia de Chevron, todavía se podría conceder una exención a las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EEUU para permitir ciertas exportaciones de petróleo.
LA OPEP ve potencial en la alza de demanda mundial de petróleo en 2022
La OPEP dijo el jueves que había potencial de alza en la demanda de petróleo en 2022.Se espera que aumente en 4.15 millones de barriles por día (bpd). Esta visión se produce cuando los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto desde el 2014.
El informe de la OPEP indica que: “prevalece el potencial alcista del pronóstico, basado en una fuerte recuperación económica observada en curso con el PIB que ya alcanza los niveles previos a la pandemia”.
Por otro lado, la OPEP y sus aliados están levantando gradualmente los recortes de producción récord establecidos el año pasado. La última reunión acordó aumentar la producción mensual en 400 000 bpd en marzo.
Durante el informe de también se estableció que la producción sólo aumentó en 64 000 bpd a 27,98 millones de bpd, por debajo del incremento que la Organización tiene permitido en virtud del acuerdo.
Fuente: El Economista. OPEP ve potencial alcista en demanda mundial de petróleo para 2022 por fuerte recuperación tras pandemia. 10/02/2022
RESEÑAS
Reunión Informativa para el “Proyecto Piloto de Investigación Integral Kalé”
Elaborada por: Nicoll Valeria Quintero Arias
El 7 de febrero se celebró la primera reunión informativa sobre el Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII) Kalé previa a la Audiencia Pública que fue solicitada por el Ministerio de Ambiente. En esta oportunidad se buscaba brindar información sobre el alcance y metodología para la participación del próximo encuentro. Asimismo, hay que resaltar que en el evento hubo la presencia de la comunidad, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Ecopetrol.
Para darle inicio a la reunión la ANLA se pronunció aclarando que el proyecto ha tenido que atravesar por un largo proceso administrativo que será expuesto el 22 de febrero del 2022. De igual forma, la Agencia aclaró que durante la próxima audiencia, la comunidad está en el derecho de presentar documentos y opiniones, no obstante en este espacio no se tomarán decisiones finales.
La procuraduría hizo presencia del evento para explicar las “reglas de juego” de acuerdo al decreto 1076 del 2015, el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se establecen las definiciones y la utilidad tanto de la reunión como de la Audiencia.
Continuando con el evento, Manuel Cardona, funcionario de Ecopetrol realizó una intervención explicando en qué consta el PPII, empezando por las etapas divididas en 3: condiciones previas, donde se realiza el estudio de impacto ambiental; la etapa concomitante, donde se realizan las obras civiles para empezar con el funcionamiento y finalmente la etapa de evaluación, en la que se toman las respectivas decisiones.
Se especificó que el área de trabajo de Kalé está ubicada en el Convenio Magdalena, en donde habrá obras en un espacio de 5 hectáreas aproximadamente, en este espacio se incluye un pozo inyector, instalación de equipos, un monitoreo integral que se dará en 12 meses.
Asimismo, se resaltó que durante los últimos dos meses, después de la radicación del Estudio de Impacto Ambiental en octubre, se establecieron mecanismos de participación en Puerto Wilches y a nivel nacional, más de 1 000 personas acudieron para saber más sobre el proyecto Kalé.
En otro ámbito, la comunidad que asistió al evento, realizó una serie de preguntas sobre las principales preocupaciones sobre el proyecto. En primer lugar, Sandra Patricia Camacho, vicepresidente de la junta de acción comunal de la vereda García Cadena le pregunto a la ANLA ¿Qué tranquilidad le pueden dar a las comunidades a corto plazo y a largo plazo?
Como autoridad la ANLA prevé los incidentes y evalúa los posibles escenarios con un equipo técnico y profesional. Asimismo, dentro de la licencia la Agencia especifica los daños por los que debe responder la empresa. Por último, los representantes aseguraron que la autoridad no se exime de la responsabilidad.
Dentro de las otras intervenciones la comunidad, se resaltaron las dudas de Jorge Luis Campusano, representante del sector sur del corregimiento KM 8 del municipio. El líder mencionó las preocupaciones de su comunidad señalando que el 98% de las personas que habitan allí vive del cultivo de palma y de su comercialización, el tema de las fuentes hídricas y de salud pública.
Ecopetrol atendió la pregunta, explicando que el PPII debido a su carácter temporal, no contempla un impacto mayor debido a que la infraestructura solo ocupa 4.6 hectáreas de espacio, asimismo, el proyecto no contempla el vertimiento directo a las fuentes hídricas y del suelo y por eso no se contemplan impactos ambientales.
La funcionaria de Ecopetrol expuso que solo se hará uso de los pozos acuíferos de alta profundidad, es decir que, el agua que reposa allí no es de consumo humano. De igual manera, estos pozos están separados de los acuíferos aprovechables.
Finalmente, la reunión informativa tuvo altercados para continuar su agenda debido a los problemas de orden público que se presentaban afuera del recinto. Los altercados generaron un corte de luz que impidió el normal desarrollo de la transmisión.
Columna de Opinión Regional
El camino de la negociación colectiva
Invitado especial:
Carlos Segovia Montes, ingeniero industrial, trabajador de la industria petrolera y dirigente sindical.
Las empresas de la industria petrolera parecen tener todas un objetivo en común; hacer lo posible y encontrar los medios para desmejorar las condiciones laborales. Por un lado, Ecopetrol ha optado por la filosofía de desligarse de los trabajadores de la industria, así que su jauría de abogados que pasan día y noche tratando de encontrar las formas legales de precarizar las condiciones de trabajo, innovan siempre estrategias para lograrlo. Una de tantas ha sido la creación de 29 filiales privadas con el único fin de romper todo vínculo entre la Estatal y la clase obrera para evitar la aplicación de la “Convención Colectiva de Trabajo(CCT)”. Vale la pena recordar que el CCT, es el acuerdo que se firma entre las partes: empresa y trabajadores, para dar solución al conflicto colectivo, y para el caso del sector petrolero se firma con uno de los sindicatos más fuertes del país: La Unión Sindical Obrera de la Industria del petróleo, USO.
Estas filiales subcontratan la mano de obra a través de las empresas que prestan servicios de operación y mantenimiento de los campos y activos. La feroz competencia entre empresas contratistas ha desatado dentro del escenario comercial de la industria, toda una “guerra del centavo”, en la que la hegemonía de una compañía está garantizada a la que más (como llaman ellos) “optimice los recursos” y esto no es más que la pérdida de la dignidad misma (si es que la tiene) de la contratista, ya que tiene que ofrecerse al menor precio posible a las subsidiarias de Ecopetrol.
De esta manera, el fin es quedarse con el contrato, el medio no importa, y se termina licitando muy por debajo de los costos reales de la operación. Luego en un intento de aumentar la rentabilidad del contrato, toman medidas que como siempre terminan afectando al eslabón más débil de la cadena: el trabajador. Por lo anterior, lastimosamente se disminuye la cantidad de ofertas de trabajo dentro de la industria, se desmejoran los pocos que quedan, se bajan salarios, descienden los cargos y se quitan auxilios adicionales a los contratos.
Los trabajadores han visto, sin poder hacer nada, como año a año, contrato a contrato, su salario y condiciones disminuyen. Lamentable la mediocridad de los profesionales que no ven otra forma de aumentar la utilidad del negocio, si no es metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores y robándoles a ellos y a sus familias lo que en últimas es calidad de vida. Llegan al punto de inventar “formas alternativas” de liquidar la nómina, en la que al estilo de un estudiante de grado 8° o 9°, cuando no resulta un ejercicio de álgebra y no queda más remedio que el popular “machete”: acomodan números como sea, el todo es ¡restar y restar!. Y restarles a los ingresos de los trabajadores.
El 20 de enero del presente año, la empresa OMIA Colombia SAS pagó los últimos 19 millones que adeudaba a sus trabajadores en los contratos de HOCOL. Gracias a una revisión propia y minuciosa a la nómina, la compañía terminó de pagar cerca de 200 millones de pesos a los trabajadores de todo el país. Como trabajador hice la liquidación de la nómina que venía manejando la compañía: fueron 3 meses de trabajo para identificar todos los errores que tenían. Luego hice un informe que sustentara y demostrará los hallazgos reales; para eso incluí el seguimiento de 6 meses de salario de 4 compañeros. Finalmente, en un espacio logrado por la USO, presenté ante los directivos y administradores de la empresa el informe. No hubo forma de negar lo evidente.
En ese contexto el camino que han encontrado las organizaciones sindicales y particularmente una organización histórica como lo es la USO, para buscar y reivindicar los derechos fundamentales de los trabajadores es el de la negociación colectiva, que se considera según los convenios 98, 151 y 154 de la OIT y en el Artículo 55 de la Constitución Política de Colombia, como un derecho fundamental. El reglamento anterior, se presenta no sólo para regular las relaciones de trabajo, sino en un intento de garantizar la justicia social y disminuir la desigualdad.
Es así que, en los últimos 13 meses la USO ha liderado 39 procesos de negociación colectiva, en los que se incluye 19 Pliegos de Peticiones presentados a empresas, como es el caso de Hidrocarburos del Casanare, (HidroCasanare) y Estrella Internacional, compañías con las que en la última semana se firmó las primeras convenciones colectivas de trabajo con el sindicato. Loable la labor y lucha de la USO en todos estos procesos.
Sin embargo, puede resultar poco práctico y desgastante el hecho de tener que arreglar empresa por empresa los problemas generados por una legislación permisiva. Además, estos vacíos legales llevan a las empresas tercerizar y aplicar el CST a su conveniencia para que los ávidos abogados patronales hagan sus amañadas interpretaciones; ofreciendo pocas garantías o ninguna a los trabajadores.
Prueba de lo anterior, se percibe en la desmejora en los ingresos, las condiciones generales de trabajo y la inestabilidad de la misma. Adicionalmente y como se hizo tendencia entre las contratistas, ahora la duración de los contratos no va más allá de 3 o 6 meses y los contratos se rigen por el tipo “obra o labor”, que permite a las empresas cualquier día desvincular al trabajador sin lugar a ningún tipo de indemnización.
Por ahora, el camino es seguir presentando Pliegos y es seguir luchando en cada conflicto colectivo por llegar a un acuerdo que realmente beneficie a los trabajadores. Pero se vale soñar con cambios en el origen del problema, con una reforma laboral promovida desde el congreso de la República, que ponga fin a la tan nociva tercerización laboral, y con un solo pliego por industria (tomando como referencia la CCT existente más favorable) que tenga un alcance de aplicación a todos los trabajadores o con un acto administrativo desde Ministerio del Trabajo. Si los trabajadores, todos tuvieran esa claridad de que hay que buscar la solución en el origen del problema, sabrían que esa solución la tenemos cada 4 años en las urnas.
*Se precisa que las columnas de opinión pertenecen a sus respectivos autores/autoras y por ende, no comprometen a Crudo Transparente, ni a sus financiadores.
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