El Pulso Petrolero de Crudo Transparente, mide mes a mes la conflictividad social, armada y ambiental asociada a la industria petrolera en Colombia

 

 

 

En septiembre la industria petrolera colombiana mostró señales de recuperación que se puede atribuir a la reactivación de la economía del país, y los levantamientos de medidas restrictivas, decretados por el Gobierno, tras de cinco meses para contener la COVID-19.

 

Compañías petroleras claves en el país como: Parex Resources, Frontera Energy y Gran Tierra han comenzado a reiniciar sus operaciones y con ellas el aumento de su producción en los bloques y campos principales. Igualmente, la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP, declaró que las empresas privadas planean invertir US$ 715 millones en el sector petrolero en Colombia durante los próximos meses del 2020.

 

Por otro lado, en septiembre la ACP presentó el informe económico “Retos y oportunidades para la promoción de la equidad de género en el sector de hidrocarburos en Colombia”. En dicho documento se analizó la participación de la mujer en la industria petrolera durante los años 2018 y 2019, evidenciando que una de cada cuatro empleados del sector es mujer; es decir que el 72 % corresponde a hombres y el 28 % representa el personal femenino. El informe  también evidencia que las mujeres tienen menor participación en cargos gerenciales; representando menos del 20 % en los niveles directivos. En este sentido, es importante que, tanto por parte del Gobierno como de las compañías, se continúen buscando incentivos y políticas concretas relacionadas a iniciativas profesionales propias del sector, balance de turnos en los campos, eliminación de sesgos culturales, entre otros aspectos, para cerrar esta brecha de género dentro de la industria petrolera.

 

Con respecto al fracking, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, abrió la convocatoria para seleccionar a las empresas que tendrían a su cargo los pilotos de esta técnica en Colombia. Dentro de esta resolución contractual se incluye las condiciones que deberán cumplir los interesados en los pilotos para continuar en el desarrollo de las iniciativas.

 

Vale la pena recordar que estas operaciones se realizarían en las cuencas del  Valle Medio del Magdalena y Cesar Ranchería, donde se planean hacer cuatro pilotos que,,  y según cálculos de la ACP, demandarían inversiones por US $600 millones. Empresas como: Ecopetrol, Exxonmobil y ConocoPhillips estarían interesados en participar en los proyectos y se espera que el 23 noviembre se realice la adjudicación de los mismos por parte de la ANH.

 

Es importante tener en cuenta que en medio de estas decisiones del Gobierno, el Senado de la República, hundió el polémico artículo 210 de la reforma al Sistema General de Regalías, con el que se buscaba dar privilegios para cobijar las iniciativas en las actividades de yacimientos no convencionales (YNC).

 

Desde otro ámbito, en septiembre la Comisión segunda del Senado convocó una audiencia pública virtual sobre el Acuerdo de Escazú, en el marco de la ratificación de este importante acuerdo regional. El evento llamado: “Los retos de Colombia ante la ratificación del Acuerdo de Escazú”, fue liderado por organizaciones de la sociedad civil como Crudo Transparente y la Alianza Colombiana por el Acuerdo de Escazú en Colombia; además, contó con la participación de representantes de las comunidades, los gremios productivos y defensores ambientales.

Aunque en Colombia este Acuerdo fue radicado ante el Congreso el pasado 20 de julio, aún a la fecha no se ha llegado a incluir en el orden del día para los debates correspondientes. Asimismo, su ratificación está en discusión, debido a que varios gremios productivos como Fedegán y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) están en contra de la aprobación de este tratado.

 

Los opositores aseguran que al adoptar este Acuerdo, se harían cambios sustanciales en la legislación ambiental colombiana; además, de generar nuevos compromisos en materia judicial que llevaría a comparecer al país en tribunales internacionales. Por lo anterior, es importante hacer un llamado para desmitificar los mitos que existe alrededor de este tratado e impulsar Escazú en el país para la protección del medio ambiente y de los líderes ambientales.

 

Con relación a las categorías de análisis del pulso petrolero de Crudo Transparente, se notificaron los siguientes sucesos. Respecto a conflictividad social se destacan: plantones, protestas, marchas y huelgas, en Boyacá, Córdoba, Huila, Meta, Santander y Sucre. Vale la pena rescatar que en septiembre Ecopetrol anunció que no entregará los 22 campos petroleros en Huila a la filial Hocol.

 

En las reuniones lideraras por la Unión Sindical Obrera (USO) junto con la Estatal,  se expuso la importancia de estos 22 campos para el departamento y las zonas aledañas. Según el sindicato, gracias a estos activos se contratan alrededor 100 trabajadores tercerizados y 250 directos, además de beneficiar 54 empresas contratistas locales en el territorio.  Por tal razón, las comunidades y la USO celebraron esta decisión, ya que de haber sido adquiridos por la filial privada estaban en riesgo beneficios contractuales y sociales que se habían desarrollado durante 26 años con la llegada de Ecopetrol a la región. Según la ANH, estos 22 campos produjeron entre enero y junio de 2020,  3 623 barriles promedio día.

 

Con respecto a medio ambiente se notificaron derrames y contaminaciones de fuentes hídricas, en Boyacá, Nariño y Tolima.  Frente al suceso de Puerto Boyacá, la Corporación Autónoma Regional del departamento, remitió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, el informe técnico sobre la contaminación ambiental del Campo Moriche, operado por Mansarovar Energy.  

 

Con dicho informe, la Corporación busca que la entidad ambiental tome las medidas pertinentes y que las comunidades sean compensadas por los daños ocasionados y que se apliquen las sanciones correspondientes a la compañía.   Alrededor de 100 barriles de crudo se derramaron en 1 200 metros cuadrados de Campo Moriche que estuvieron a punto de contaminar el río Magdalena.

  

Por último, con relación a orden público e ilegalidad se notificaron ataques en contra de la infraestructura petrolera, incautaciones de refinerías ilegales, instalación de válvulas  ilícitas,  daño a maquinaria petrolera, amenaza a personal de empresa y operaciones de aprehensión de hidrocarburo ilegal.

 

Es importante mencionar que Ecopetrol denunció el aumento de las válvulas ilegales en los oleoductos del país en comparación al año anterior. Según información de la compañía,  entre enero y agosto de 2020 fueron encontradas 900 de estas válvulas,  que ha provocado una pérdida diaria en promedio de 2 500 barriles de hidrocarburos en los ochos meses de este año. Para finalizar, en acciones contra el contrabando de hidrocarburos, se decomisaron  1 890 galones  de combustible entre ACPM y gasolina en Arauca y La Guajira.

 

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El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente. A continuación, se muestra en detalle los sucesos del mes.

 

Conflictividad Social

Marchas

 

En Puerto Gaitán, Meta, las principales centrales obreras y comunidades  del resguardo indígena Unuma, realizaron una marcha en contra del Gobierno Nacional y las empresas petroleras que operan en la región, exigiendo mayor inversión social en las zonas de influencia.

 

La ciudadanía resaltó que uno de los motivos de la marcha es la inconformidad en la expedición de las cartas de residencia para la vinculación laboral de la mano de obra local en el municipio  y la falta de inversión social en el territorio por parte de las compañías. 

 

Desde otro ámbito, en Villagarzón, Putumayo, la Agremiación de Taladreros llevó a cabo una marcha pacífica en contra de varias empresas petroleras de la zona, entre ellas Full Service, la cual, es una compañía prestadora de servicios en la rama petrolera, transporte terrestre, automotor de carga, servicios Industriales, obras civiles y mecánica. Por su parte, los trabajadores manifestaron su inconformidad frente a la reestructuración laboral y la no inclusión de las contratistas de bienes y servicios  locales.

 

Durante esta jornada, empresas como Gran Tierra Energy manifestaron su voluntad de diálogo; sin embargo, la agremiación de trabajadores expone la falta de garantías para adelantar los encuentros.

 

Protestas

 

En campo Tello, Neiva, Huila, la comunidad realizó una serie de protestas y bloqueos en contra de Ecopetrol, manifestando la falta de contratación local de mano de obra, bienes y servicios, y exigiendo mejores garantías para evitar que se vulneraran los derechos de los trabajadores. En efecto, días después se llegó a un acuerdo entre la administración municipal, liderada por el alcalde Gorky Muñoz Calderón, la comunidad y Ecopetrol;  logrando así, que se levantaran las protestas presentadas en la zona.

 

Por su parte,  la petrolera reiteró su disposición para la apertura de espacios de conversación con los representantes de la comunidad, la Alcaldía y la Personería de Neiva, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Minas y Energía, el Ejército y la Policía Nacional.

 

Por otro lado, en los municipios de Guamal, Castilla La Nueva y Acacías, Meta, la Unión Sindical Obrera (USO), decidió efectuar diferentes protestas de manera indefinida en contra de Ecopetrol. Lo anterior por la suspensión injustificada de los contratos de trabajo de más de 5 000 personas.  Además, en la manifestación social se exigió mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados.

 

De este modo, la USO propuso instaurar mesas de diálogo con Ecopetrol, haciendo un llamado urgente a la administración de la Vicepresidencia Regional Orinoquía de Ecopetrol (VRO) para el cumplimiento de las peticiones laborales y sociales exigidas. 

 

Para finalizar, en el corregimiento El Crucero, Sahagún, Córdoba, la comunidad protestó pacíficamente en contra de la Multinacional Canacol Energy Ltd, a causa de su inconformidad frente al inicio de un proyecto sin consentimiento de los habitantes y sin tener en cuenta el Plan de Beneficios Comunitarios (PBC). Por lo anterior, los habitantes del lugar, impidieron el paso de maquinaria necesaria en las labores de exploración y explotación de hidrocarburos en el pozo Fresa 1. 

 

Cabe resaltar que hasta el momento, no hubo un comunicado oficial por parte de la multinacional y actualmente se está llevando la suspensión de su licencia ambiental por la vulneración de los derechos de pueblos indígenas en otras regiones del país.

 

Plantón

 

En Coveñas, Sucre, las comunidades indígenas realizaron un plantón pacifico contra las empresas Ecopetrol, Cenit y Ocensa, reclamando mayor participación laboral en las actividades del sector petrolero.

 

En otro ámbito, en el Puerto Serviéz, Puerto Boyacá, Boyacá, la comunidad llevó a cabo un plantón en contra de la empresa Mansarovar Energy, a causa de los incumplimientos por parte de la petrolera en temas de inversión social y laboral.

 

Además, denunciaron la falta de medidas con respecto al  derrame de crudo que se presentó en el mismo lugar en septiembre. También,  dentro de la manifestación social anunciaron que la empresa ha llevado a cabo despidos injustificados y, ocasiona diferentes problemáticas como la demora en la construcción del salón comunal del Barrio Jairo Correa y los constantes fallos en los proyectos estipulados.

 

Huelga o cese de actividades

 

En Campo Provincia, Sabana Torres, Santander, los trabajadores de la empresa Mecánicos y Asociados (MASA) de Ecopetrol, bloquearon las instalaciones industriales de la estatal petrolera, manifestando la necesidad de contratar a personal local. Por su parte, Ecopetrol rechazó estas actividades ya que  obstaculiza el desarrollo del trabajo,  y por ello expresó su intención a un acuerdo a través del diálogo.

 

Tras el levantamiento de dos días de protesta, se logró una mesa de concertación entre las autoridades, los trabajadores y la compañía, donde reiteró su acuerdo por la contratación de mano de obra del lugar. 

 

Medio Ambiente

Derrame de crudo o gas

 

En el municipio de Venadillo, Tolima, se presentó un derrame de crudo. La empresa encargada, Cenit Transporte, informó que la afectación ambiental fue causada por la manipulación de una válvula ilícita detectada en el barrio Santofimio. Por ende, se activaron los sistemas de emergencia y el plan de contingencia en el Poliducto Salgar-Gualanda con el fin de controlar el hecho e impartir una estrategia de limpieza y mitigación del área afectada.

 

Por su parte, la comunidad denunció sucesos como la muerte de peces a causa de la contaminación y exigió  la necesidad de establecer la “ruta de derrame”;  la cual, consiste en contener la fuga de crudo, para dar paso a la activación de control y contención con barreras oleofílicas sobre la quebrada El Mono.

 

Por otro lado, en las veredas de Tasdan, Cualiman, Brisas de Muñambí, Limonada, La Ola Marina, Gualpi-La Honda, Gualpi Pedrero y la Sirena, en el municipio Roberto Payán, Nariño, los habitantes del sector y un resguardo indígena, denunciaron un derrame de crudo en el sector. 

 

La empresa encargada, Cenit, informó que aún no se conocen las razones del incidente; sin embargo,  inició un proceso de verificación a través del trazado del Oleoducto Trasandino (OTA), lo que permitió descartar una falla operacional.  Las comunidades hicieron un llamado a las autoridades ambientales para disminuir el impacto de la contaminación en las fuentes hídricas como el río Saudé y la capa vegetal.

 

Contaminación de fuentes hídricas

 

En Puerto Boyacá, Boyacá se registró una emergencia ambiental en el Campo Moriche operado por Mansarovar Energy Colombia,  que se encuentra en el  sector rural del municipio. El suceso anterior generó afectaciones en las fuentes hídricas y daños en la fauna y flora,  debido a que se derramaron  100 barriles de crudo de los cuales 15 eran de petróleo neto y 85 de petróleo combinado con agua.

 

Por su parte, Mansarovar informó sobre la activación inmediata del plan de contingencia para lograr controlar el derrame y notificó el hecho  a las autoridades ambientales.

 

La autoridad ambiental CorpoBoyacá, confirmó el suceso y por ello organizó un equipo especializado para que se desplazará a la zona afectada y realizará una evaluación de la situación;  advirtiendo la incidencia directa sobre la quebrada La Cristalina. 

 

En lo que respecta a la comunidad,  exigieron la intervención de la Anla y Corpoboyacá, para que se establezca un proceso penal contra Mansarovar y así evaluar las afectaciones denunciadas por los líderes sociales y ambientales para que los daños sean compensados.

 

Orden público e ilegalidad

Hostigamiento o ataque a infraestructura petrolera

 

En las veredas La Pava, Islas de Bojabá, la Pesquera, La Ceiba, Las Acacias y en cercanías a Planta Banadía, en los municipios de Saravena, Arauca y Arauquita, Arauca, se presentaron seis atentados contra el Oleoducto Caño Limón Coveñas. La comunidad del sector denunció las explosiones  que causaron derrames de petróleo en el río Arauca y  perjudicaron a los habitantes de estos lugares.

 

De igual forma, en Toledo, Norte de Santander, también se presentó una explosión en el mismo oleoducto, y al igual que el evento anterior, se contaminó la capa vegetal de la zona rural. Tras los sucesos, la filial Cenit activó su plan de contingencia y  actividades de limpieza en los vertimientos de agua afectados. 

 

Desde otro ámbito, en San Vicente del Caguán, Caquetá, se presentó un atentado contra un campo petrolero.  La compañía Emerald Energy informó que un grupo de disidentes de las FARC lanzó artefactos explosivos en contra de sus instalaciones. Además, según informó la compañía se arrojaron panfletos alusivos al décimo aniversario de la muerte del “Mono Jojoy”, siendo fuente de investigación por parte de las autoridades municipales, para hallar a los responsables.

 

Por último, en el campo Cupiagua, Aguazul, Casanare, se detectó una fuerte explosión en la zona aledaña al campo Recetor, pozo YT, operado por Ecopetrol. Aún las razones y responsables del incidente son motivos de investigación. 

 

Por su parte, Ecopetrol y la Fiscalía, decidieron llevar a cabo las inspecciones pertinentes, para asegurar la integridad de sus empleados en la operación de sus labores con total normalidad.

 

Instalación de válvulas clandestinas

 

En Tibú, Norte de Santander, se notificó una válvula ilícita para la extracción de combustible en el oleoducto Caño Limón. Tras el hecho, la comunidad denunció el derrame de crudo sobre la capa vegetal y se generaron contaminaciones  en la fauna y flora y los cuerpos de agua cercanos; asimismo, se afectó a los habitantes aledaños a las zonas perjudicadas. 

 

Cenit activó el plan de contingencia para contrarrestar el hecho, manifestando que la causa del derrame fue la manipulación e instalación de una válvula de ilegal para el apoderamiento de petróleo.

 

Refinerías ilegales

 

En Sardinata, Norte de Santander, se desmantelaron dos refinerías ilegales. En el lugar se hallaron 180 galones de gasolina y 25 de ACPM.  Asimismo, en el mismo departamento,  en la vereda San Isidro en el Tarra, fueron desarticuladas tres refinerías ilegales. Dentro de las instalaciones ilegales fueron hallados 35 000 galones de gasolina artesanal tipo pategrillo, 20 000 galones de crudo hurtado, tres marcianos (destiladores hechizos), y 55 dados (recipientes en forma de cubo) con capacidad para almacenar 1 200 galones. 

 

Por otro lado, en San Miguel, Putumayo, militares ecuatorianos en la frontera con Colombia, desmontaron una refinería clandestina. Este lugar funcionaba con una válvula ilícita que fue instalada sobre una tubería perteneciente a la empresa colombiana Amerisur, que transporta crudo desde el sector el Platanillo hasta Ecuador. 

 

Daño o destrucción de maquinaria petrolera

 

En la vereda El Jardín en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, un vehículo que transportaba un contenedor tipo oficina perteneciente a la industria petrolera fue incendiado por desconocidos.

 

En el hecho, se presume que un grupo de hombres interceptaron el vehículo y ordenaron al conductor bajarse. En el lugar, no se registraron personas lesionadas y aún no se tiene un pronunciamiento de a qué compañía petrolera pertenecía el vehículo.

 

Amenaza o  extorsión a empresas o personal

 

En el corregimiento de Gibraltar, Toledo, Norte de Santander, los operarios de la compañía Ecopetrol, recibieron audios y mensajes amenazantes por parte de grupos armados no estatales.

Frente a esta intimidación, Ecopetrol rechazó las amenazas a las que están siendo expuestos sus trabajadores, manifestando la preocupación constante y el riesgo al que se ven expuestos los operarios.

 

Contrabando de crudo o derivados

 

Con relación a las acciones en contra de esta actividad ilícita, se adelantaron las siguientes operaciones.

 

En el municipio de Maicao, Guajira, el Gaula Militar, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y Policía Aduanera, lograron incautar 1 000 galones de ACPM. El material fue avaluado en más de siete millones de pesos. Allí, las autoridades lograron capturar a tres personas en el acto de distribución de hidrocarburos.

 

Desde otro ámbito, en el municipio de Uribía, Guajira, la Polfa, el Comando del Departamento de Policía Guajira y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), encontraron abandonados 450 galones de hidrocarburos tipo ACPM.

 

En el municipio de Arauca, Arauca, el Departamento de Policía y la Polfa decomisaron 440 galones de ACPM avaluado en tres millones de pesos, en la frontera con Venezuela.