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Mujeres liderando la lucha contra el fenómeno climático
El 8 de marzo de 2023 , para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el medio de comunicación Reuters publicó una lista de 25 mujeres líderes en la lucha mundial contra el cambio climático en Colombia. De este grupo, eligieron a la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.
Según Reuters, Muhammad es conocida por trabajar con los gobiernos locales en los planes de acción climática en virtud del Acuerdo de París. Es una defensora de las comunidades afectadas por el desarrollo y los derechos sobre la tierra, y es una defensora del medio ambiente y contra la deforestación en la Amazonía. También destacaron que la ministra ha incluido en su agenda su fuerte oposición al fracking, una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, este reconocimiento no estuvo exento de críticas. Algunos biólogos y ecologistas criticaron su decisión de no tomar medidas para atender la problemática con respecto a la población de hipopótamos del Magdalena Medio, que fue declarada especie invasora en el país hace aproximadamente un año.
La lista de Reuters también destaca a varios directivos con largas carreras. Por ejemplo, la nueva ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, ha sido elogiada por su lucha para proteger la Amazonía. Uno de sus objetivos es detener la deforestación, como lo ha hecho bajo los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
Gigante petrolero pide cancelar contratos de explotación en Colombia
La petrolera Emerald Energy, el brazo de exploración de energía del grupo estatal chino Sinochem, solicitó a Colombia cancelar su contrato en San Vicente del Caguán, Caquetá. Luego de las protestas e ingresos a sus instalaciones, que ocasionó enfrentamientos con el Esmad y los campesinos, la información anterior la confirmó el martes. Irene Vélez, Ministra de Minas y Energía.
Vélez confirmó que la empresa había escrito a la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH) exigiendo la cancelación del contrato luego de que 78 policías y seis trabajadores petroleros fueran tomados como rehenes . Se estima que la empresa ha perdido unos 80 000 barriles de petróleo desde que comenzaron, según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).
En entrevista con W Radio, Vélez afirmó que el conflicto surge porque la población de San Vicente está exigiendo mayor inversión social a la empresa. Fue una demanda histórica que terminó en un acto de violencia fallido. Además, estas comunidades desde el 2014 tienen una fuerte oposición a estas actividades extractivas.
Oleoducto de Ecopetrol fue atacado con explosivos
El pasado 6 de marzo en la zona de La Carrilera, en la vereda Planta Nueva, Barrancabermeja, se registró una explosión en la estructura de transporte del campo de Producción La Cira Infantas sistema de oleoductos de crudo de Ecopetrol. El ataque no dejó víctimas, sin embargo, causó daños ambientales ya que los sellos no pudieron drenar el líquido y se impactó en las comunidades aledañas a las operaciones de la petrolera colombiana.
Ecopetrol se opone enérgicamente al ataque al oleoducto y línea de suministro de agua que conduce a la planta deshidratadora Lisama en el campo petrolero La Cira Infanta, dijo la compañía. Por su parte, las autoridades investigan los hechos de la emergencia y están a la espera de cambios para comenzar a reparar las líneas y limpiar las zonas afectadas.
Cabe mencionar que desde 2021, la planta La Cira Infanta ha sufrido 11 atentados, cuatro de ellos en el año, seis en 2022 y el último la noche del 6 de marzo. Uno de los ataques registrados en 2021 fue realizado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyo comunicado dijo que el operativo se realizó como una táctica de sabotaje. Agregó en su momento el ELN: Del mismo modo, somos responsables del operativo de sabotaje realizado el 12 de septiembre de 2021 a dos oleoductos que atienden a Ecopetrol en El Centro de Barrancabermeja.
RESEÑA
Ciclo de Actualización sobre: la actividad extractiva en Colombia
Cuarta sesión: Impactos ambientales de la actividad extractiva en Colombia y Pasivos ambientales
Por: Luis Hurtado
El 10 de marzo se llevó a cabo la cuarta sesión del Ciclo de actualización sobre la actividad extractiva en Colombia, realizado por la Fundación Foro Nacional por Colombia Capítulo Región Central. El evento contó con la participación de las, Maria del Pilar Prado quien es gerente y propietaria de la empresa consultora de Gestión Ambiental Estratégica y Marcela Vega Saavedra, Directora de educación para la gobernanza de la Asociación de Becarios de Colombia. (ABC).
Para iniciar, Maria del Pilar Pardo abordó el tema de los pasivos ambientales en Colombia. Los cuales son todos aquellos daños mal manejados y que son identificados de manera posterior a la finalización de la operación de los proyectos mineros, petroleros, los rellenos sanitarios, entre otros, que contaminan y afectan el medio ambiente. Resaltando que en la legislación de otros países como Estados Unidos, Canadá, Bolivia, México, Perú y Chile cuentan con una iniciativa, principio o decreto que permea este aspecto. Sin embargo, en Colombia la gestión de pasivos ambientales no cuenta con una definición legal, no se han definido criterios, procedimientos o competencias para la declaración de los pasivos ambientales.
Pardo señaló que desde el 2012 se han presentado cinco iniciativas legislativas sobre pasivos ambientales de los cuales no han sido aprobados y actualmente, está en trámite el Proyecto de ley P 117- 2021C, el cual busca establecer la definición oficial de pasivo ambiental, determinar los tipos o categorías existentes, de acuerdo con las distintas actividades producidas llevadas a cabo en el país.
Cabe resaltar, que el 42 % de los pasivos ambientales identificados se asocian a actividades mineras, el 24 % a hidrocarburos y el 14 % a residuos. El 69 % de los PA no tienen responsable reportado (el 42 % de este valor es de minería, 21 % de industria, 22 % residuos, 11% hidrocarburos y el resto con valores menores) y el restante 40 % tiene responsable reportado como mencionó Pardo.
Respecto a los impactos ambientales del sector de hidrocarburos, siendo obligaciones a cargo de los dueños de los proyectos ya sean privados o públicos, se deben compensar a la naturaleza, ya que estos impactos no son mitigables y se generan con el desarrollo que un proyecto, obra o actividad le genera a los ecosistemas. Marcela Vega dijo que vale la pena mencionar que es importante considerar las actividades petroleras en todas sus fases, ya que en las etapas de explotación y prospección se encuentran impactos ambientales. La sola cercanía a los pozos petroleros ya afecta la salud de los árboles. Se lanzan al aire y al agua compuestos peligrosos, muchos de ellos tóxicos y varios cancerígenos (como son los hidrocarburos policíclicos aromáticos). Aumenta la deforestación y eso desencadena una pérdida de la fauna y flora local.
Las innovaciones tecnológicas como los taladros direccionales múltiples que parten desde un emplazamiento “isla”, reducen el número de plataformas, pero se encuentra que puede generar más contaminantes líquidos y tiene mayores riesgos de pérdidas. Por otra parte, ha recibido mucha atención la contaminación del agua y en los países vecinos a Colombia se ha acumulado mucha evidencia. La disposición final de aguas y lodos tóxicos sigue siendo un enorme problema. Vega afirma que los pozos petroleros no están aislados, sino que para cumplir sus funciones necesitan de conectores como oleoductos o gasoductos, los que a su vez tienen impactos ambientales de todo tipo, tanto en la fase de construcción como en la de operación.
Finalmente, los pozos petroleros tienen una vida útil y la etapa de abandono produce pasivos ambientales, que mantienen la contaminación por largo tiempo. En Bolivia se encuentran múltiples evidencias de esta problemática, algunos aspectos destacados en el petróleo, gas convencional y para el medio terrestre.
Sin embargo, la situación es más compleja en las operaciones marinas de la región de América Latina, y todavía más con hidrocarburos no convencionales y tecnologías de fractura hidráulica. Aunque existen evidencias y estudios de problemas de este tipo en Colombia, alguno podrá argumentar que los casos más graves de malas prácticas son propios de otros países, ya que la gestión ambiental colombiana es muy superior, controlando adecuadamente los impactos ambientales y sociales en emprendimientos extractivos como lo planteó Vega.
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