PULSO PETROLERO ANUAL: BALANCE 2022

Por: Katherine Casas Pérez 

 

Análisis

 

Crudo Transparente presenta su informe anual sobre orden público e ilegalidad, medio ambiente y conflictividad social relacionado con el sector a lo largo de 2022, esfuerzo que se deriva del seguimiento mensual del Pulso Petrolero regional de la organización Crudo Transparente (CT). Según lo recopilado por CT en el año anterior se registraron 207 hechos entre las tres categorías; siendo la de orden público e ilegalidad la categoría con más sucesos, 126 se registraron. Le sigue la conflictividad social con 62 y el medio ambiente con 19.

 

Durante el 2022, la conflictividad relacionada con el sector petrolero se concentró en los siguientes temas: atentados a los oleoductos, amenazas a líderes ambientales, derrames de crudo, protestas en contra de las compañías, contrabando de hidrocarburos, desmantelamiento de refinerías ilegales, destrucción de válvulas ilícitas, la discusión sobre el fracking y el Acuerdo de Escazú. Mes a mes CT realizó un seguimiento y analizó las dinámicas sociales, armadas y ambientales alrededor de la industria extractiva.

 

También, durante el año anterior CT mencionó y analizó diversos temas a nivel nacional que impactó el contexto petrolero colombiano. En el 2022 se realizaron las elecciones para elegir el nuevo presidente del país para los próximos 4 años, Gustavo Petro venció en la segunda vuelta a Rodolfo Hernández con más del 50.4% de los votos.

 

El nuevo mandatario desde la campaña electoral fue claro en cambiar el modelo extractivista actual y por tal razón su propuesta en la política petrolera era frenar la producción de hidrocarburos y cumplir los retos ambientales mundiales, principalmente el relacionado con el calentamiento global; además, de priorizar la transición energética en Colombia. Sin embargo, dado el contexto nacional y mundial Petro y su ministra designada para la cartera minero energética, Irene Vélez, han tenido que moderar el discurso y actualmente el Gobierno contempla entregar nuevos contratos de exploración.

 

Con respecto al tema del fracking, asunto desde el 2018 ha estado en la agenda petrolera, con la llegada de Gustavo Petro los Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) de esta técnica, denominados Platero y Kalé, fueron suspendidos en Puerto Wilches, Santander. Asimismo, Ecopetrol en meses anteriores anunció la cancelación de los contratos que tenía con ExxonMobil para realizar fracking en el país.

 

En las últimas semanas del 2022 la Comisión Quinta del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley el cual pretende prohibir en Colombia la exploración y explotación de hidrocarburos por medio de esta técnica. Sin embargo, no todo fue positivo ya que se dejó abierta la puerta para que se puedan explorar y explotar yacimientos no convencionales.

 

Con respecto al tema de las regalías la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2023-2024. Este anuncio se da en medio de la discusión y rechazo del Gobierno Nacional sobre el modelo extractivista actual. De todos modos, este proyecto de ley propone un incremento en relación al bienio actual (2021-2022), pasando de $15,4 billones a $29,9 billones.

 

En el 2022 se reveló una investigación en la cual se aseguró que funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de la Contraloría, además de congresistas del Partido Conservador, estarían involucrados en temas de corrupción con las regalías que estaban destinadas para implementar el Acuerdo de Paz. Según la investigación se estima que los recursos del Ocad-Paz, 500 mil millones de pesos terminaron en coimas y no en los territorios afectados por el conflicto armado.

 

Por otro lado, luego de tres años de obstáculos, el Congreso de Colombia aprobó en el 2022 el proyecto de Ley que permite ratificar el de Acuerdo Escazú. Este tratado, firmado por 24 países de Latinoamérica y el Caribe y ratificado por 12, busca principalmente, proteger el medio ambiente y los derechos humanos de las personas que trabajan alrededor de estos temas.

 

Este avance de la ratificación del Acuerdo de Escazú, es el inicio para fortalecer la participación y el acceso a la información sobre las actividades económicas que pueden generar impactos ambientales negativos, de manera que se garantice la transparencia y la participación colectiva de las comunidades en los territorios. Para el 2023 se espera implementar este Acuerdo para la protección de los líderes ambientales en Colombia.

 

Para finalizar, un tema nacional relacionado con la industria petrolera es la decisión del Gobierno Petro de reiniciar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Desde el 21 de noviembre del 2022, en Caracas, Venezuela, se reinició el proceso suspendido en el 2019 tras la orden del expresidente Iván Duque, como resultado del atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, que dejó 22 muertos y 68 heridos.

 

En diciembre del 2022 se cerró la primera ronda de negociaciones de paz y el Gobierno Nacional ha solicitado en los últimos días una reunión extraordinaria en Venezuela para avanzar en los puntos claves para el inicio de un nuevo ciclo de negociaciones; principalmente sobre el cese al fuego bilateral.

 

El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente.  A continuación, se muestra en detalle el resultado del 2022

 

¿Cuál es el mes con más registros de conflictividad social, armada y ambiental?

 

Como se ha mencionado, el 2022 se caracterizó por ser un año electoral en Colombia. Las discusiones sociales, económicas, ambientales, políticas, entre otros asuntos estuvieron divididos según la postura de los candidatos. Los debates sobre los temas energético y el petrolero no fueron la excepción en estos espacios; al contrario, tuvieron un protagonismo tanto en el centro como en la periferia del país.

 

Se pudo observar que en cada mes se registraron alrededor de 25 a 29 hechos; es decir que se presentó cerca de un hecho por día. Enero fue el mes en el que más se notificaron sucesos en los aspectos de conflictividad armada, ambiental y social. En el gráfico número 1 se ve en detalle el porcentaje de los hechos.

 

Gráfico número 1. Conteo de los meses del 2022

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos proporcionados por los pulsos mensuales del 2022 del CT

 

En el gráfico se puede observar que hay una tendencia del 10 % al 12 % en el conteo mensual del 2022; sin embargo, desde julio se puede notar una disminución del más del 5 % en el registro de los sucesos. Vale la pena mencionar que, durante ese mes, julio, se estaban culminando las actividades alrededor de la segunda vuelta presidencial en Colombia, debido a esas jornadas y votaciones, los temas de conflictividad social y ambiental de la industria petrolera tuvieron menor registro en comparación a los meses anteriores. Los meses posteriores, agosto, septiembre, octubre y noviembre, la tendencia en los hechos fue del 5 % al 9 %.

¿Qué categoría se destacó durante el 2022?

 

En total para el 2022 se contabilizaron 207 hechos de medio ambiente, conflictividad social y de orden público e ilegalidad. Como se puede observar en el gráfico número dos los sucesos de orden público e ilegalidad fueron los que más se destacaron en el año anterior; en total se registraron 124 hechos para esta categoría, es decir, más de la mitad del total contabilizado (207) en el año pasado.

 

Gráfico número 2. Número de hechos registrados en el 2022

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos proporcionados por los pulsos mensuales del 2022 del CT

 

Desde el 2017 los hechos de orden público ocupan el primer lugar en los informes anuales de CT. Dentro de esta categoría se encuentran los ataques a infraestructura petrolera, la instalación de válvulas ilícitas, la incautación de refinerías ilegales, los daños a maquinaria petrolera, las operaciones en contra del contrabando de crudo, entre otros sucesos.

 

Aunque los hostigamientos en contra de los complejos petroleros se han reducido más de la mitad en comparación con los años anteriores, hechos como la instalación de las “pegas” ilegales y la incautación de refinerías ilegales tuvieron un aumento para el 2022. Con respecto a las refinerías ilegales, según información de la Policía Nacional en los medios de comunicación durante el 2021 y hasta octubre del 2022 se han descubierto y destruido 225 refinerías; siendo Nariño, Norte de Santander, Cauca y Putumayo los departamentos más afectados por estas instalaciones ilícitas.

 

Los oleoductos Caño Limón Coveñas y Trasandino siguen siendo las estructuras más afectadas por la extracción y posterior refinación de este crudo ilegal. A propósito de la extracción ilícita otro fenómeno muy ligado a la actividad anterior es la instalación de válvulas clandestinas.

 

Por último, el hecho que más se destacó dentro de esta categoría es la incautación del contrabando de hidrocarburo. En los informes mensuales del Pulso Petrolero de CT siempre se notificaron operaciones por parte del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Armada, para el decomiso del crudo de contrabando. Los departamentos más impactados por esta actividad fueron Chocó, Bolívar, Norte de Santander y Nariño.  Más adelante se mostrará en detalle el total de material incautado para el 2022.

 

¿Cuál es el departamento más impactado? ¿Qué departamento tuvo más hechos?

 

Para el 2022 el departamento con más hechos de conflictividad social, ambiental y armada fue Santander. En total se contabilizaron 47 sucesos y se pudo evidenciar que en cada mes del año este departamento se mencionó en los 11 informes. La categoría de conflictividad social es la que más se destacó en este departamento; es decir que los hechos con más conteo fueron; protestas, plantones, bloqueos de vías y huelgas. También se registraron ataques a la infraestructura petrolera, homicidio a líder sindical y amenaza a personal de empresa.

 

Vale la pena mencionar que en este departamento se encuentra el principal centro de refinación de Colombia, la refinería de Barrancabermeja a cargo de Ecopetrol. En el 2022, exactamente el 18 de febrero, este complejo cumplió 100 años y en el  marco de esa conmemoración se anunciaron inversiones por cerca de $3,2 billones de pesos entre 2022 y 2024 destinados a la incorporación de tecnología, la modernización y gestión ambiental.

 

La refinería de Barrancabermeja es uno de los activos más estratégicos de Ecopetrol y es un complejo en donde laboran alrededor de 1 695 personas. Por su importancia y los servicios que presta para la industria petrolera aún los trabajadores manifiestan inconformidades en contra de la compañía por las condiciones laborales, contractuales y salariales.

 

En los informes del 2022 se pudo observar que las protestas en Santander fueron por las escasas oportunidades laborales en los temas de bienes y servicios, los incumplimientos de Ecopetrol en acuerdos y compromisos establecidos en los últimos años, la falta de garantías para la contratación de la mano de obra local en las zonas de influencias de las actividades extractivas, la limitada publicación para aplicar a las vacantes laborales y por presuntas violaciones de derechos humanos de los trabajadores.

 

Además, una de las razones de por qué este departamento se destacó en el 2022 en los hechos de conflictividad social fue por las protestas y marchas en contra de la técnica del fracking. Durante los primeros seis meses del año las comunidades de Puerto Wilches, municipio donde se aprobaron los Proyectos de Piloto de Investigación (PPI) de fracking, se manifestaron en contra de este procedimiento por los impactos sociales y ambientales que podrían generar su desarrollo. Los líderes y ambientalistas también protestaron por la falta de consulta previa que en su momento desconoció a las comunidades afro de los municipios.

 

Por otro lado, en el mapa número uno se puede observar los cinco departamentos más impactados por los hechos de conflictividad social, armada y ambiental.

 

Mapa número 1.  Los cinco departamentos más impactados durante el 2022

 

Fuente: elaboración propia. Datos proporcionados por los pulsos mensuales del 2022 del CT

 

Para el 2022 Antioquia, Arauca, Casanare, Norte de Santander, Nariño, Meta y Santander fueron los cinco departamentos más mencionados en los informes mensuales de CT. Después de Santander, Norte de Santander fue el segundo departamento más impactado por los hechos de conflictividad social y armada, en total se registraron 28 sucesos. La categoría que más se destacó en este departamento fue la de orden público e ilegalidad y los hechos más relevantes fueron, el contrabando de crudo, la instalación de válvulas ilícitas, los ataques a infraestructura petrolera, el secuestro a personal de empresa petrolera y las incautaciones de refinerías ilegales.

 

A pesar de que Norte de Santander no se encuentra entre los cinco departamentos con georreferenciación de hidrocarburos, según Campetrol estos son Meta, Casanare, Arauca, Santander y Huila, sigue siendo una zona en donde la actividad petrolera se ve afectada. Lo anterior se debe principalmente que allí atraviesa el oleoducto Caño Limón Coveñas, y esta infraestructura es blanco de ataques e instalación de válvulas ilícitas por parte de los grupos armados no estatales con el fin de robar el crudo y financiar sus actividades ilícitas.

 

Por último, un tercer departamento que se destacó en estas categorías fue Antioquia. Esta zona del país no se caracteriza por tener actividad o alta productividad de hidrocarburos; sin embargo, municipios como Yondó, Puerto Nare y Puerto Triunfo son territorios estratégicamente cercanos al Magdalena Medio y donde se han realizado labores de exploración y extracción de crudo por más de 30 años.  Se pudo observar que Antioquia se registraron homicidios a líderes ambientales, operaciones en contra de contrabando de crudo, hostigamientos a infraestructura petrolera, entre otros hechos.

 

Aspectos importantes para resaltar relacionados a los hechos de conflictividad social, ambiental y armada en el 2022

 

1. Ataques a la infraestructura petrolera ¿Qué pasó con estos hostigamientos en el 2022?

 

Según el conteo anual de CT durante el 2022 se registraron 13 ataques a la infraestructura petrolera del país. Las infraestructuras más afectadas fueron, el oleoducto Caño Limón Coveñas, Trasandino y se registraron hostigamientos en contra de los campos de producción petrolera como La Cira Infantas y del Magdalena Medio, específicamente en el pozo Casabe.

 

En los departamentos donde se registraron estos ataques fueron: Antioquia, Arauca Santander, Norte de Santander y Nariño; siendo Santander el territorio con más hostigamientos. Vale la pena mencionar que el año anterior fue el periodo con menos ataques registrados en los informes anuales de CT en comparación de los años 2021 (19), 2020 (32), 2019(46) y 2018 (23).

 

Aunque los ataques a los complejos energéticos se han reducido más de la mitad desde el 2018, es relevante buscar una estrategia para que esta cifra llegue a su mínimo. Aquí el reinicio de los diálogos de paz en el 2022 con el ELN es esencial, ya que los ataques, extorsiones y demás hechos ilícitos relacionados a la industria petrolera han sido una de las principales fuentes de financiación de este grupo armado no estatal y esto le ha permitido fortalecer su presencia y control en zonas como Arauca y Santander; territorios caracterizados por su tradición petrolera.

 

Sin embargo, no solo el ELN es el responsable de los ataques en contra de la infraestructura petrolera del país.  El robo de combustible a los oleoductos es la tercera fuente de financiación de los grupos armados ilegales después del narcotráfico y la minería ilegal. Aunque, estos ataques ya no tienen la connotación inicial de nacionalizar los recursos naturales, es un fenómeno que va seguir continuando si no se plantean políticas y estrategias para frenarlo.

 

2. Incrementos en la incautación de las refinerías ilegales para el procesamiento de crudo

 

Cuando el petróleo es extraído ilegalmente de los oleoductos del país es procesado por refinerías ilegales o clandestinas.  En estas estructuras rudimentarias los grupos armados no estatales almacenan el crudo hurtado para luego ser destilado y usado para la producción de insumos para el procesamiento de alcaloides.

Para el 2022, según información analizada por CT, mensualmente se registraban más de una noticia que mencionaba la incautación de refinerías ilegales. Nariño y Norte de Santander fueron los dos únicos departamentos donde se encontraban estas estructuras. Sin embargo, la Fuerza Pública informó en medios de comunicación que aparte de los departamentos mencionados Cauca y Putumayo también se han visto afectados por esta actividad ilegal.

 

Las refinerías ilegales provocan pérdidas anuales de alrededor de 271.998,36 barriles de petróleo, que estarían reflejados en más de 40 mil millones de pesos; según afirma el director de Carabineros y Protección Ambiental. También, información de mayo del 2022 del Ejército Nacional cada una de estas estructuras son evaluadas alrededor de 700 millones de pesos y sirven para fortalecer su sistema financiero ilícito, especialmente en el tema del procesamiento de la pasta base de coca y el clorhidrato de cocaína.

 

Vale la pena mencionar que estas estructuras ilegales tienen una ubicación estratégica para los grupos armados no estatales dado que la mayoría de ella se encuentra cercana a los oleoductos Caño Limón Coveñas y Trasandino; siendo el último complejo el más afectado en el 2022. La cercanía de la frontera con Venezuela ha influido en el incremento de estos complejos, por tal razón Norte de Santander y Nariño siguen siendo las zonas más afectadas por estas refinerías y se le suma que son territorios donde se encuentran cultivos de la hoja de coca para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, junto con Putumayo.

 

3. Amenazas a los líderes ambientales. Defensores en Magdalena Medio vulnerados en 2022

 

Santander es el departamento de Colombia con más amenazas de muerte contra los líderes ambientales, según el conteo del 2022 de CT. Los municipios más afectados son Barrancabermeja, Puerto Wilches y Puerto Parra; las dos primeras zonas caracterizadas por tener tradición y actividad petrolera.

 

En Puerto Wilches se aprobaron los pilotos de investigación para desarrollar la técnica del fracking en Colombia. Desde el 2019 las comunidades del municipio incrementaron su oposición en contra de este proceso dada la contaminación que se podría generar en su desarrollo y las complejidades sociales. Debido a esa oposición los líderes del municipio afirman que por lo menos una defensora o defensor, críticos a la técnica, fueron amenazados y algunos actualmente están exiliados por las intimidaciones.

 

A pesar de que en el 2022 se suspendieron estos pilotos, los líderes afirman que el año anterior se incrementaron estas amenazas. Los posibles grupos armados no estatales responsable son el Clan del Golfo y las Águilas Negras, también el ELN está incluido en la lista realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su informe del año anterior el cual menciona y analiza  la vulneración de los líderes ambientales en Santander.

 

Incautación de contrabando de crudo

 

En total en el 2022 gracias a los publicado por medios locales y nacionales el sistema de alertas de CT registró un total de 414 700 galones de combustible entre gasolina, diésel y ACPM. En comparación al 2021, en el 2022 la incautación de hidrocarburo aumentó más de la mitad ya que para ese periodo (2021) se decomisó 148 080. A continuación, se ve en detalle los departamentos con más incautaciones y el total decomisado por departamento:

 

Mapa 2. Incautación de contrabando por departamentos 2022

 

 

Fuente: elaboración propia datos proporcionados por la base de datos de CT

 

Como se observa en el mapa número dos el departamento con más actividad de contrabando de crudo en el 2022 fue Nariño, le sigue Bolívar y por último Norte de Santander. El aumento en la incautación de hidrocarburo ilegal en Nariño se ha elevado paulatinamente desde el 2017 y en comparación al 2021 en el 2022 está aprehensión en ese territorio se elevó más de la mitad. Esta zona al ser de frontera con Ecuador es vulnerable a este fenómeno de contrabando; además, la diferencia del precio de la gasolina entre Ecuador y Colombia, el desempleo y la presencia de actores armados son aspectos que promueven esta actividad.

 

También y como se mencionó anteriormente Nariño es un departamento impactado por las refinerías ilegales de hidrocarburo. Al ser una de las zonas principales donde atraviesa el oleoducto Trasandino, los grupos armados no estatales extraen de manera ilegal el crudo para luego comercializarlo dentro del departamento y demás territorios de frontera. Solo para resaltar un ejemplo de la problemática anterior, en octubre de 2022 del Ejército Nacional logró desmantelar 20 refinerías ilegales y en el lugar incautaron más de 98 000 galones de hidrocarburo tipo refinado y más de 133 000 galones de hidrocarburo tipo crudo.

 

En el año anterior departamentos como Antioquia y Bolívar tuvieron un alto decomisó de contrabando: 17 251 y 73 865 respectivamente. Por su lado, Bolívar al ser un departamento ubicado en la zona Caribe y con inmediaciones hídricas la mayoría de incautaciones fueron de manera fluvial. Según información de la Fuerza Pública el material incautado en este departamento al parecer era empleado como insumo para la explotación ilícita de yacimientos mineros, comercializado hacía el Golfo de Urabá y utilizado para los laboratorios de narcóticos. Vale la pena mencionar que en una sola operación fluvial de la Armada de Colombia se aprehendieron 28 715 galones de ACPM en Bolívar.

 

Por último, como se observa en el mapa número 2 los departamentos de frontera con Venezuela y Ecuador son los territorios más vulnerados por este fenómeno de contrabando. Cesar, Casanare, Chocó, Norte de Santander y Nariño son las zonas que más sobresalen en el mapa mencionado. Desde el 2017 Norte de Santander anualmente era el territorio con más actividades de aprehensión de hidrocarburo ilegal; sin embargo, para el año anterior esta cifra tuvo una reducción del más del 50 %.