Por: Sergio López

 

Introducción

 

El Gasoducto Gibraltar – Bucaramanga tiene una extensión de 178 km desde el campo de gas Gibraltar hasta la estación Palenque en la capital santandereana, transportando 30 millones de pie cúbicos, de los cuales, 15 millones son para consumo en la ciudad de Bucaramanga y el restante para distribuir entre los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Santander. [1]

 

El campo está ubicado en la vereda Cedeño en Toledo, Norte de Santander, sin embargo, este es un espacio que se encuentra en conflicto limítrofe aún sin resolver entre los departamentos de Norte de Santander y Boyacá. Así mismo, hace parte de un proyecto de exploración que se inició en los años 90 por parte de La Compañía de Petróleos Cordillera S.A, quien posteriormente cedió un 75 % del contrato firmado con Ecopetrol a la Compañía Occidental de Colombia S.A -OXY, la cual solicitó licencia ambiental en 1992 para la prospección sísmica del Bloque Samoré.

 

Por lo anterior y dada la importancia del gasoducto, la presente investigación tiene el propósito de conocer los impactos económicos y sociales generados en Toledo, Norte de Santander por la construcción del Gasoducto Gibraltar – Bucaramanga que ha permitido suministrar gas a municipios de los departamentos de Santander, Norte de Santander y Antioquia. También se pretende conocer la conflictividad social que existe entre la comunidad Indígena Nación U’wa y el Gobierno Nacional por la exploración y explotación de hidrocarburos en el Corregimiento de Gibraltar y Samoré, en la cual cuentan con un resguardo y alta presencia en la zona. Lo anterior se logra por medio de documentación académica, documentos oficiales y entrevistas a líderes de Juntas de Acción Comunal y Concejala.

 

Conflictividad social con la comunidad indígena Nación U’wa

 

 

El Ministerio del Medio Ambiente, otorgó a la multinacional OXY dos licencias en la segunda mitad de la década de los 90. La primera en 1995 para la prospección sísmica en Bloque Samoré y la segunda en 1998 para exploración del Campo Gibraltar.

 

Estas decisiones por parte del Ministerio desencadenaron un rechazo por parte de la comunidad indígena Nación U’wa por medio de protestas y vías legales, argumentando incumplimiento a la ley por no realizar el procedimiento de consulta previa [2] necesario para realizarlos en territorios de propiedad colectiva.

 

Respecto a la vía legal, deciden optar por la acción de Tutela en 1997 que termina con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en dejar sin efecto el pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en primera instancia a favor de los U’wa. Así mismo, la Corte Constitucional reconoció que la licencia no cumplía la regularidad al desconocer el derecho de la consulta, sin embargo, el Consejo de Estado al negar una solicitud por parte de la Defensoría del pueblo, genera una contradicción que derivó en dejar vigente la licencia.

 

De esta manera, la nación U’wa decidió presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997 su caso por considerar que el Estado colombiano adoptó medidas que le afectan a la integridad física y cultural, al otorgar la licencia ambiental para el bloque Samoré. A pesar de la disposición como mediador de la CIDH para generar diálogo entre las partes, no fue posible. Entre tanto, en 2002, OXY decide ceder las licencias obtenidas con anterioridad a Ecopetrol, quien se encargó de finalizar la perforación del pozo Gibraltar 1 y 2 en 2003 [3] y en 2009 del pozo Gibraltar 3.

 

Así mismo, Ecopetrol suscribió un contrato con Gas Natural, empresa que contrató la compañía TransOriente para la construcción del gasoducto y posterior transporte de gas desde el campo Gibraltar hasta la ciudad de Bucaramanga, obteniendo la licencia ambiental en 2009 mediante la resolución 062 y su construcción se realizó por medio de la contratista consorcio Cosacol-Confurca que tardó aproximadamente dos años.

 

En cuanto a protestas, las más recientes por parte de la comunidad se dieron en 2016 cuando decidieron concentrarse en las instalaciones de la planta Gibraltar por incumplimiento de acuerdos llegados con el gobierno nacional en 2014. En el pliego de peticiones que afirman la comunidad U’wa no se habían cumplido estaban: el reconocimiento a los títulos coloniales, resarcimiento histórico, gas para las comunidades cercanas al pozo, definir los límites entre Boyacá y Norte de Santander e inversión en la vía “La Soberanía” recalcando el reconocimiento de los títulos coloniales [4]. Adicional a esto, exigían el cierre de la planta de gas y la salida de Ecopetrol.

 

De acuerdo con el pliego de peticiones, algunos de los acuerdos a los que llegaron las partes fueron: la búsqueda de soluciones al problema de la tierra, la construcción de un nuevo resguardo, clarificar la propiedad de casi 20 000 hectáreas repartidas en tres predios, la revisión de los títulos coloniales con miras a su reconocimiento, mantenimiento a la vía “La Soberanía”, reubicación de familias que se encuentran en zonas de riesgo e iniciar obras de gasificación en Arauca [5].

 

Finalmente, en octubre de 2020 la CIDH determinó que el Estado no cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada, al otorgar permisos, licencias y concesiones para la realización de proyectos petroleros, mineros y de infraestructura en tierras del Pueblo U’wa o en zonas adyacentes a las mismas, que podrían afectar sus tierras, territorios y su forma de vida [6].  También estableció que la comunidad no ha podido gozar ni usar en forma pacífica sus tierras como consecuencia de las concesiones otorgadas por el Estado; que han existido falencias por parte de este al asegurar la propiedad y posesión pacíficas, así como la falta de titulación oportuna y completa; se han visto afectados por el conflicto armado interno, por presencia de grupos armados no estatales [7] en la zona de estudio, como lo es el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

 

Impactos sociales y económicos de la construcción del Gasoducto

 

La construcción del gasoducto entre los años 2009 y 2011 creó una dinámica en torno a la demanda de mano de obra, especialmente no calificada, en prestación de servicios y bienes como lo son el transporte, la vivienda y la alimentación.

 

Para el caso de la contratación de mano de obra, las Juntas de Acción Comunal (JAC) del municipio de Toledo decidieron que los contratos fueran a términos de un mes y medio a dos meses para generar rotación en el personal y de esta manera permitir que un mayor número de habitantes se vieran beneficiados con la contratación por parte del consorcio Cosacol-Confurca.

 

En concordancia con lo anterior, la concejala Luz Mary Parra, representante de la región del Sarare ante el Concejo del municipio de Toledo, afirmó que efectivamente esta modalidad en la contratación que generaba rotación de personal de manera adecuada permitió beneficiar a un mayor número de personas en las veredas en las que el proyecto tiene injerencia, como lo son el corregimiento de Gibraltar, Samoré y San Bernardo de Bata.

 

A pesar de que se contrató mano de obra local generando empleo especialmente en el sector rural, para el presidente de Asojuntas, Alfonso Ortega del corregimiento de San Bernardo de Bata (Toledo) el salario percibido no fue el mejor en el caso de aquellos que laboraron como obreros. De hecho, por medio de las JAC en las reuniones previas al proyecto, solicitaban un salario mayor por el corto tiempo de contratación que tendrían. Más concretamente, solicitaban una suma diaria entre 60 000 a 70 000 pesos para los obreros; no obstante, el salario diario percibido fue de 27 000 pesos con un auxilio por concepto de alimentación por 5 000 pesos. Esta información se puede contrastar con el salario recibido por un alineador que no era residente de la región y tenía un contrato de mayor duración, el salario diario devengado fue de 117 000 pesos incluido auxilio de alimentación y transporte [8]. Esta información fue suministrada por un ex empleado quien decidió no hacer público su nombre.

 

Para agregar, Ortega considera que la economía del municipio, especialmente en las veredas, no cambió, porque la comunidad continuó con su vocación agrícola.  Lo anterior corresponde a que el impacto se vivió cuando se realizó la construcción del oleoducto Caño Limón Coveñas en el municipio en 1984, en dónde se generó una gran expectativa de empleo descuidando su economía principal de agricultura; por eso durante la construcción del gasoducto decidieron no dejarla de lado, pero estar prestos para poder trabajar en el proyecto.

 

En el caso puntual del corregimiento de San Bernardo de Bata, el beneficio se presentó por ser un punto intermedio en la construcción y con gran flujo de trabajadores. De acuerdo con Olger Rozo, presidente de la JAC  l, los mayores favorecidos fueron los restaurantes, el sector hotelero y alquiler de viviendas, en algunos casos la contratación de camionetas y transporte. Además, se causó el mismo efecto en el casco urbano de Toledo con el aumento de alquiler de viviendas para los trabajadores foráneos.

 

La actualidad de los municipios con el funcionamiento del Gasoducto

 

 

De acuerdo con los representantes de las comunidades, existen algunas inconformidades por falta de inversión en proyectos, servicios públicos e infraestructura.

 

Un problema general en el que coinciden es la falta de instalación de gas domiciliario en todas las veredas en las que transita el ducto. A pesar de que, según el Ministerio de Minas y Energía, en Toledo para el primer semestre del año 2019 se contaba con una conexión al servicio de gas domiciliario de 75 % [9], en la región del Sarare, solo los corregimientos de Gibraltar y Samoré cuentan con este derecho, el restante se queda por fuera pese a estar en la misma zona del campo en donde se extrae el gas. Además, los caseríos como La Mesa, Santa María, Mundo Nuevo y las veredas cercanas a San Bernardo de Bata como Limoncito, San Carlos, La Reserva, Alto del Loro, Colorado y Santa Inés no cuentan el servicio.

 

Otra inconformidad se presenta en cuanto a infraestructura vial, especialmente con la vía La Soberanía, donde toda la comunidad tiene el mismo clamor: su mejoramiento. De acuerdo con el Plan de Desarrollo del municipio de Toledo 2020-2023, al municipio le corresponden 98 km que comprende Puente Nuevo hasta Gibraltar, de los cuales 6 km se encuentran con asfalto y 92 km con recebo [10].

 

El plan de Desarrollo municipal de Toledo 2020-2023 manifiesta que el mantenimiento de dicho corredor vial, no le corresponde a Toledo. Sin embargo, en el 2016 por medio de una audiencia pública con participación de parlamentarios de Boyacá, Arauca y Norte de Santander, alcaldes y concejales de Labateca, Toledo y Cubará, se buscó la articulación de esfuerzo de la región para el mejoramiento, mostrando la necesidad que se tiene para que la comercialización de productos como por ejemplo de la zona del Sarare que tienen sus principales consumidores en Cúcuta y Bucaramanga. No obstante, esta necesidad no se concretó durante dichas administraciones. [11].

 

De hecho, la concejala de Sarare, Luz Mary Parra, afirmó que solo se ha logrado la pavimentación de algunos kilómetros entre Gibraltar a Cubara gracias a protestas realizadas por la comunidad. Sin embargo, considera que se siente el abandono por la precariedad en que se encuentra la vía. En el sector de San Bernardo tampoco se ha visto mejoras considerables en el corredor vial.

 

En el caso de acceso a las veredas por vías secundarias y terciarias que pueden utilizar las contratistas para atender alguna emergencia o mantenimiento al ducto, se encuentran en igual o peor estado a la mencionada anteriormente. Lo anterior se puede encontrar en la vereda Chona, dónde manifiestan que el acceso está en pésimas condiciones.

 

Precisamente, en 2018 se realizó una reparación en la vereda Limoncito en Toledo, donde está ubicado el Acueducto que suministra a San Bernardo de Bata; dicha operación interrumpió el suministro de agua por un deslizamiento de tierra producto de la realización de una vía por parte de la contratista que afectó al ducto, relata Olger Rozo. Esta afectación se logró resolver después de un tiempo cuando Promigas instaló tubo de manera permanente para permitir el suministro, dado que el contratista no se hizo cargo de la afectación.

 

En el sentido de la inversión a las comunidades, tanto Luz Mary Parra como Alfonso Ortega coinciden en que se han visto beneficiadas algunas veredas con proyectos que permiten mejorar la calidad de vida. Para la concejala, Promioriente, por medio de los profesionales sociales, ha estado dispuesta a oír a la comunidad y poder presentarles proyectos que puedan cofinanciar. Un ejemplo en concreto que da la concejal es en la vereda Santa María, en la que la empresa suministró materiales para la construcción de una caseta comunal y la administración local con la mano de obra. En el caso de Ortega, aunque ha enviado propuestas para inversión en su vereda no han salido beneficiadas aún, tiene la intención de volver a presentarlas con el objetivo de que puedan invertir para terminar la instalación de alcantarillado en la vereda.

 

Por último, en cuanto a las afectaciones ambientales se han visto problemas con la vegetación que no crece como anteriormente lo hacía por el terreno en el que el ducto pasa generando que sea necesario reforestar algunas zonas para mitigar el daño.

 

 Impactos a la infraestructura

 

 

Las protestas por parte de la comunidad indígena U´wa han generado impactos en la infraestructura del gasoducto. En el 2014 el suministro desde la planta Gibraltar se suspendió por más de 56 días a causa de acumulación de condensados ante la imposibilidad de evacuación al oleoducto Caño Limón, que la comunidad no permitía realizar [12].

 

Así mismo, para el 2016 al generarse una rotura por fuerza mayor, la Comunidad Indígena U’wa no le permitió el arreglo generando bloqueo para acceder a la planta y de esta manera no poder operar por un periodo de 36 días [13]. Durante la protesta realizaron ocupación a las instalaciones con el argumento de recuperar por derecho el territorio que les pertenece [14] mientras que los trabajadores de la planta fueron expulsados para presionar al Gobierno Nacional de sentarse en mesas de negociación y avanzar en el cumplimiento de los acuerdos realizados en el 2014 [15]. A finales del mes de julio de 2016  se lograron poner de acuerdo las partes permitiendo nuevamente el acceso a los trabajadores para realizar la reparación que permitiera el restablecimiento del servicio.

 

Por otra parte, uno de los mayores inconvenientes que ha presentado el gasoducto es la afectación a la infraestructura por situación climática. A causa de esto, en el año 2015 se generó rotura del ducto durante la ola invernal que fue atendido por la empresa para reparar y mitigar otros riesgos referentes a la estabilidad generados en el gasoducto [16]. En el 2018 nuevamente se presentaron emergencias relacionadas que no afectaron en mayor medida el transporte de gas y en el 2019 se presentó una suspensión corta por reparaciones mecánicas en el gasoducto [17].

 

Finalmente, en septiembre de 2020 se presentaron algunos hechos delincuenciales que se atribuyen a grupos armados no estatales como lo fue el secuestro de un trabajador por varios días, hurto de un vehículo, amenazas de muerte a trabajadores de la planta e intimidación a conductores que realizan actividades de evacuación del condensado [18].

 

 Conclusiones

 

Se logra evidenciar que la comunidad en general de las veredas en las que el gasoducto es construido así como las aledañas, como lo son el corregimiento de Gibraltar, Samoré, San Bernardo de Bata, las veredas Santa Inés, Colorado, Alto del Loro, San Carlos y caseríos como La Mesa, Santa María, entre otras,  se vieron beneficiadas por la contratación en mano de obra no calificada, especialmente como obreros para ser partícipes del proyecto; condición que estaba establecida en la licencia ambiental. Sin embargo, por parte de la comunidad se generó el inconformismo por la retribución de su trabajo, quienes la consideraron no adecuada y al comprarla con otros cargos desempeñados en el proyecto, se evidencia una brecha alta y más cuando estas actividades la desarrollaron en mayor medida, personas que no eran de la zona de injerencia.

 

Dada la construcción del oleoducto Caño Limón Coveñas, la población ya conocía la dinámica referente a la posibilidad de poder trabajar en el proyecto y esta vez durante el gasoducto no cambiaron su fuente principal de ingresos basada en la agricultura. De esta manera se pudieron organizar para trabajar en el proyecto sin abandonar sus cultivos, en los corregimientos y casco urbano adecuaron la prestación de servicios y bienes que incrementó su demanda durante el tiempo que estaban los trabajadores foráneos.

 

El conflicto social que vive el proyecto de extracción de hidrocarburos y el Gobierno Nacional con la Comunidad U’wa continúa, esta vez con la intervención de la CIDH en la que acusa al Estado de haber violado los derechos de la Comunidad Indígena desde que inició los diferentes proyectos en la zona de Gibraltar-Samoré.

 

A pesar de que la comunidad ha visto inversión social por parte de la autoridad local y Promioriente, consideran que es necesario aumentarla para poder abarcar todas las veredas que se han visto implicadas en el gasoducto. Una de las inconformidades que se evidenció es la de no instalación del servicio de gas a varias veredas que a pesar de que el ducto pasa cerca de las casas de las comunidades en el sector rural, es una queja general que hacen y que les obliga a suplir el servicio con otro medio más costoso.

 

Así mismo, es común la inconformidad con la vía principal “La Soberanía” por su deterioro estado y abandono. A pesar de que se realizan mantenimientos, es una vía que al transitar pone en riesgo la vida de las personas por sus estrechos y vías no pavimentadas. Esto impide que la región pueda obtener un mejor desarrollo y conectar de mejor manera los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Santander quienes utilizan esta vía para el comercio de productos.  Es necesaria una mesa de concertación por parte de las autoridades de cada departamento para que se genere un compromiso de mejora en la vía: su pavimentación y adecuación a dos carriles en algunas zonas estrechas.

 

Por último, la construcción del gasoducto se puede analizar como un acontecimiento paradójico dado que activó principalmente los sectores de restaurantes, vivienda, transporte, así como la generación de empleo, pero en 8 años de funcionamiento del gasoducto, los habitantes de la zona de influencia siguen a la espera de obtener el servicio de gas domiciliario que les permita mejorar sus condiciones de vida. Si bien es cierto, el casco urbano de Toledo y los corregimientos como Gibraltar, San Bernardo de Bata y Samoré ya cuentan con este derecho, es necesario que las autoridades competentes puedan asegurar el suministro para todas las veredas y aledañas en la que se efectuó el proyecto.

 

Bibliografía

 

[1] Bucaramanga tendrá gas natural garantizado por más de 15 años. Disponible en: https://www.vanguardia.com/economia/local/bucaramanga-tendra-gas-natural-garantizado-por-mas-de-15-anos-BVVL589

[2] Revista Semana: Por qué el pueblo u´wa se niega a la exploración petrolera en su territorio. Disponible en: https://www.semana.com/on-line/articulo/por-que-pueblo-uwa-niega-exploracion-petrolera-su-territorio/83954-3/

[3] Pozo Gibraltar 3 resultó ser una reserva de gas condensado de petróleo. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/finanzas/pozo-gibraltar-resulto-reserva-gas-condensado-petroleo-451834

[4] Planta de Gibraltar seguirá en poder de indígenas U’wa Disponible en: Planta de Gibraltar seguirá en poder de indígenas U’wa | RCN Radio

[5] El acuerdo entre el gobierno y los u´wa para levantar la toma de una planta de Ecopetrol. Disponible en: https://pacifista.tv/notas/el-acuerdo-entre-el-gobierno-y-los-uwa-para-levantar-la-toma-de-una-planta-de-ecopetrol/#:~:text=V%20de%20Verdad-,El%20acuerdo%20entre%20el%20Gobierno%20y%20los%20U’wa%20para,de%20una%20planta%20de%20Ecopetrol&text=Los%20ind%C3%ADgenas%20hab%C3%ADan%20asumido%20el,a%20finales%20de%20julio%20pasado.&text=A%20finales%20de%20julio%20pasado%2C%20y%20durante%20ocho%20d%C3%ADas%2C%20los,gas%20Gibraltar%2C%20propiedad%20de%20Ecopetrol

6] Comunicado de prensa: La CIDH presenta ante la Corte Interamericana el caso del Pueblo Indígena U’wa respecto de Colombia. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/261.asp

[7] Ávila, Ricardo. Nuevos caminos para la resolución de conflictos, experiencias latinoamericanas: El caso de la comunidad U’wa: territorio y petróleo. Washington, D. C. OEA, 2005 Pág 81.

[8] Información se verifica con una constancia laboral por parte del Consorcio Cosacol-Confurca de un ex empleado

[9] Consolidado Cobertura GN RED I – 2019. Pág 6

[10] Plan de Desarrollo Territorial Municipio de Toledo 2020-2023, pág 55

[11] Ibid

[12] Uwa se toman la planta de gas en Gibraltar norte de Santander. Disponible en: https://lavozdelcinaruco.com/15027-u%C2%B4wa-se-toman-la-planta-de-gas-en-gibraltar-norte-de-santander#.YD-FF2hKhPY

[13] Planta Gibraltar completa un mes sin suministrar gas a tres departamentos. Disponible en: https://www.rcnradio.com/economia/planta-gibraltar-completa-mes-sin-suministrar-gas-tres-departamentos

[14] Informe de Gestión Promioriente año 2015.

[15] Ibid

[16] Informe de Gestión Promioriente año 2016.

[17] Informe de gestión Promioriente año 2019.

[18] Trabajadores en planta de Norte de Santander denuncian amenazas de muerte. Disponible en https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/trabajadores-de-planta-de-gas-en-norte-de-santander-denuncian-amenazas-de