Por: Danna Rodríguez Lechuga, investigadora Costa para Crudo Transparente

 

 

Introducción

 

La conflictividad social por la industria petrolera en los departamentos de Córdoba y Sucre atraviesa un punto crítico. Desde el inicio de las mesas de diálogo para los Acuerdos Jobo en 2015, actores sociales indígenas y campesinos presentes en los municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo (Córdoba) y San Marcos, La Unión y Caimito (Sucre) han llevado a cabo diversos reclamos debido al incumplimiento de los compromisos en temas de empleabilidad, inversión social, bienes y servicios adquiridos por parte de la empresa Canacol Energy.

 

Los principales inconvenientes recaen en aspectos como las compensaciones económicas (mejoramiento de vías, cuidado medioambiental, apoyo a iniciativas productivas en el ámbito agropecuario) que deben recibir las comunidades, la vinculación laboral de profesionales y empresas locales, el manejo y conservación del medio ambiente, la contratación local de bienes y servicios y el desconocimiento de los derechos fundamentales como la consulta previa. Frente a este panorama, se hace necesaria la consolidación de un espacio para el diálogo y toma de decisiones.

 

Precisamente, la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) plantea un marco analítico que evalúa los pagos realizados por las compañías del sector minero-energético al gobierno mediante principios de acceso abierto a los datos, la rendición de cuentas Estatales y corporativas, el desarrollo socioeconómico sostenible, y la veeduría ciudadana.

 

En Colombia, la estrategia del EITI encabezada por el CTN (Comité Tripartito Nacional) sigue el curso de acción internacional del estándar, el cual se centra en cinco categorías (Contratos y licencias, Producción, Recaudación, Distribución de ingresos, Gasto social y económico), de tal forma que abarca desde la fase de extracción hasta la utilización pública de las ganancias recaudadas por el Estado [2].

 

De hecho, el último informe EITI proporciona un cuadro preciso de los aportes fiscales de los grupos empresariales (como Frontera Energy, Hocol, Oxy, Parex Resources, entre otros) asentados en el país, aunque es necesario mencionar que no todas las empresas que operan en Colombia se encuentran vinculadas al Estándar. En este sentido, el CTN ha unido esfuerzos para llevar a cabo una consultoría para la estructuración eventual de un EITI subnacional, que permita generar instancias de discusión sobre el sector extractivo a nivel territorial [3].

 

Por lo tanto, el objetivo del siguiente texto consiste en establecer si la posible instauración de un EITI subnacional puede contribuir a la solución de la conflictividad social asociada con la industria minero-energética en los departamentos de Córdoba y Sucre.

 

Dicha reflexión consta de tres aspectos. En primer lugar, un abordaje de la línea de tiempo de los hechos asociados con los Acuerdos Jobo y su conflictividad desde 2015 hasta la actualidad. En segunda instancia, una perspectiva crítica a la luz de los aportes ofrecidos por el proceso del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) en su capítulo territorial en el departamento de Antioquia. Finalmente, un paralelo para determinar el grado de compatibilidad de los Acuerdos Jobo con los postulados de gestión transparente y relacionamiento justo con las comunidades, que expone el EITI.

 

Canacol y la conflictividad social en Córdoba y Sucre

 

 

La constitución e implementación de los Acuerdos Jobo ha conllevado a una relación de alta complejidad entre las comunidades de Córdoba y Sucre con la empresa Canacol Energy desde el paro laboral y comunitario de 2015, puesto que existen puntos del pliego de petición que apenas han sido cumplidos parcialmente y otros que no han sido implementados (Ver Tabla 1).

 

En cuanto a los puntos desarrollados parcialmente, se ven reflejados en las decisiones de Canacol Energy de realizar los siguientes ajustes: cambios en la tabla salarial, la capacitación de profesionales y empresas locales para que cumplan con los requisitos de ley para su contratación, la vinculación de mano de obra no calificada, la elaboración de planes ambientales para reforestar zonas de explotación y combatir plagas como la hormiga loca, y la consolidación de programas de gasificación masiva [4].

 

Así mismo, los puntos que no se han efectuado se manifiestan en la falta de transparencia en la medida que, según las poblaciones de Córdoba y Sucre, no hay garantías contractuales, pues las convocatorias laborales se han realizado a nivel nacional por medio de plataformas que no fueron autorizadas por la comunidad, lo que vulnera los compromisos pactados. Además, los procesos de auditorías a los contratistas no son idóneos, ya que trabajadores locales han tenido problemas de pagos incompletos, no reconocimiento de viáticos, sobrecargas de trabajo y negación de seguros laborales [5].

 

Tampoco se han respetado las disposiciones referidas a las socializaciones pertinentes para la realización de los proyectos, y se evidencian daños ecológicos en el sistema hídrico (quebrada Montegrande en Sahagún en 2018) y afectaciones a las casas por el uso del taladro y destrucción de las vías por maquinaria pesada a pesar de haber acuerdos para su reparación [6]. Sin embargo, el mayor inconveniente está centrado en la estigmatización de la comunidad, ya que, de acuerdo con los habitantes, varios líderes sociales fueron judicializados y otros fueron amenazados por funcionarios de la policía y de Canacol Energy por reclamar obligaciones sociales a la empresa durante protestas pacíficas en La Unión (Sucre) y Sahagún (Córdoba) en 2017 y 2018 respectivamente [7] [8].

 

Tabla Nº1. Línea de tiempo de la conflictividad entre las comunidades locales y Canacol Energy

 

Fecha	Población	Acontecimientos destacados
2015/09/21	San Marcos y La Unión (Sucre), Sahagún y Pueblo Nuevo (Córdoba)	Inicio del paro laboral de trabajadores de Canacol Energy. A este se une la comunidad campesina y cabildos indígenas. Buscan mejorar condiciones salariales y participación colectiva en los procesos administrativos de la empresa.
2015/10/13 2015/11/06	El Crucero (Sahagún)	Reuniones para la construcción de los Acuerdos Jobo. Asistentes: Representantes de Canacol, presidentes de las JAC locales, funcionarios de gobiernos locales y del Ministerio del Interior.
2015/11/07	El Crucero (Sahagún)	Acuerdos Jobo, conformado por 40 puntos: laborales (17), sociales (17), ambientales (4), bienes y servicios (2).
2015/12/01	Sahagún (Córdoba) y San Marcos (Sucre)	Ministerio del Interior certifica la presencia de las parcialidades indígenas de Santiago Abajo, San Carlos y Montegrande de la etnia zenú en el bloque VIM 21.
2016/03/28	San Marcos y La Unión (Sucre) y Sahagún (Córdoba)	Ministerio del Interior certifica la presencia de las parcialidades indígenas de Montegrande, Escobalito, San Matías, Esperanza, Villa Fátima y San Carlos de la etnia zenú en el bloque VIM 5.
2016/03/30 2016/11/30	Sahagún (Córdoba)	Protocolización y seguimiento de los Acuerdos Jobo.
2016/09/06	Sahagún (Córdoba)	Carta de inconformidad dirigida a Canacol Energy por parte de las comunidades al no ver avances en el trámite de los Acuerdos Jobo.
2016/10/18	San Marcos (Sucre)	Reunión con la comunidad indígena de Cayo de la Cruz para establecer disconformidades en torno a los contratos de exploración y explotación en VIM 21. Asistentes: Pedro Aguirre (Estrategia Territorial de Hidrocarburos), Coordinador de diálogo y conflictividad, Dirección de Asuntos Indígenas, Dirección de Consulta Previa y representantes de Canacol Energy.
2017/03/26	San Marcos (Sucre), y Sahagún y Pueblo Nuevo (Córdoba)	Ministerio del Interior certifica la presencia de la comunidad indígena de Cayo de la Cruz de la etnia zenú en el bloque VIM 21.
2017/07/25 2017/08/08	San Marcos (Sucre)	Protestas y bloqueos pacíficos de los pozos de explotación del bloque Esperanza, por parte del cabildo menor de Cayo de la Cruz, ante la ausencia de procesos de consulta previa.
2017/08/09	San Marcos (Sucre)	Comunicado de la Unión Sindical Obrera (USO) apoyando los reclamos de las comunidades de Sahagún y Chinú (Córdoba), y La Unión, Caimito y San Marcos (Sucre).
2017/08/25	San Marcos (Sucre)	Minga indígena bloquea vías para protestar contra el recurso de reposición interpuesto por Canacol Energy, para retirar certificaciones de comunidades indígenas.
2017/10/22	San Marcos (Sucre)	Protestas del cabildo menor de Cayo de la Cruz por falta de socialización de los proyectos de exploración en su territorio.
2017/11/01 2019/05/22	Sahagún (Córdoba)	Actas de seguimiento de los Acuerdos Jobo.
2017/11/15-17	La Unión (Sucre) y Sahagún (Córdoba)	Protestas de comunidades y trabajadores de Canacol Energy por incumplimientos de los Acuerdos Jobo en temas laborales e inversión social.
2017/11/24	San Marcos y La Unión (Sucre), y Sahagún y Pueblo Nuevo (Córdoba)	ANLA modifica la licencia ambiental para los bloques VIM 5 y 21.
2018/01/25	San Marcos (Sucre)	Ministerio del Interior ratifica la presencia de la comunidad indígena Cayo de la Cruz, luego del recurso de reposición interpuesto por Canacol Energy.
2018/04/26	Sahagún (Córdoba)	Instalación de tuberías de gas bloquean la quebrada Montegrande.
2019/11/07	San Marcos y La Unión (Sucre), y Sahagún y Pueblo Nuevo (Córdoba)	Consejo de Estado suspende la licencia ambiental de Canacol Energy para VIM 5 y 21.
2019/11/20	San Marcos (Sucre)	Protestas por el desacato de Canacol Energy frente al fallo del Consejo de Estado.
2020/04/01	San Marcos y La Unión (Sucre), y Sahagún y Pueblo Nuevo (Córdoba)	ANLA suspende la licencia ambiental de Canacol Energy para VIM 5 y 21 y cierra la posibilidad a recursos de reposición.
2020/07/29	San Benito (Sucre)	Protestas de las JAC, cabildos indígenas y grupos afros por la negación de la consulta previa y daños de fuentes hídricas por parte de Canacol.

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Interior, Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y medios de comunicación

 

Es necesario subrayar que ha habido oposiciones entre actores sociales como los cabildos indígenas y la Unión Sindical Obrera (USO) en torno a la capacidad de decisión frente a Canacol Energy. Incluso, los cabildos indígenas de Montegrande y Santo Domingo Vidal se opusieron a la certificación del cabildo menor de Cayo de la Cruz por motivos de desestabilización de la organización indígena [9].

 

 

El caso del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) y sus aportes para la futura constitución de un EITI subnacional

 

 

La consolidación de un proceso EITI subnacional requiere de diversas instancias de discusión a partir de pruebas piloto, en las que se realice una revisión de las condiciones sociopolíticas de los territorios y la capacidad de compromiso de entidades gubernamentales y empresas del sector-minero energético.

 

En este contexto, destaca la labor del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM), el cual ha llevado a cabo recientemente un análisis de la dinámica minera en Antioquia teniendo en cuenta los principios de inclusión (distribución equitativa de la renta económica), resiliencia (balance de impacto/beneficio positivo a nivel socioambiental) y competitividad (gestión sostenible de recursos humanos, naturales y financieros) de los diversos actores sociales implicados [10] [11].

 

El GDIAM nació el año 2014 inspirándose en los resultados obtenidos por un proyecto similar que se llevó a cabo en Chile durante la presidencia de Ricardo Lagos. En su primera etapa, el GDIAM fue convocado por la Fundación Ford y el Science Social Research Council (SSRC) con el propósito de instaurar una metodología con un espacio de diálogo y consenso que permitiera una influencia positiva en la estructuración de las políticas públicas enmarcadas en el sector minero [12] [13].

 

Uno de los factores fuertes de esta iniciativa consistió en la exposición y debate de experiencias puntuales desde una perspectiva empática, ya que cada miembro estaba autorizado para compartir sus posturas mientras el resto de los participantes realizaban aportes enmarcados por relaciones de tolerancia, confianza y legitimidad. Gracias a este primer soporte estratégico, el GDIAM cuenta a día de hoy con integrantes provenientes de comunidades indígenas y afros, empresarios mineros, exministros, ambientalistas, académicos, líderes de paz y organizaciones sociales en general [14].

 

En el 2015, el GDIAM concretó su visión compartida de la minería mediante dos ejes problemáticos: 1. La necesidad de un ordenamiento territorial claro, de tal forma que las normas de uso del suelo y subsuelo posibilitaran un mejor relacionamiento social entre las diferentes actividades productivas presentes en un espacio determinado. 2. El fortalecimiento de la institucionalidad pública, ya que contribuiría a la regulación, cumplimiento y sanción de la minería en sus aspectos económicos, sociales, políticos y ambientales [15].

 

En su siguiente etapa en 2016, el GDIAM proyectó una serie de lineamientos para diseñar instrumentos de estudio y proponer políticas públicas de acuerdo con una categorización de las diferentes modalidades mineras que existen en el país (formal, informal, artesanal, ilegal y criminal). La importancia de esta diferenciación se encuentra en la adaptación de la capacidad política y administrativa de los entes gubernamentales para reorientar (según sus particularidades) cada una de dichas modalidades mineras hacia los principios de inclusión, resiliencia y competitividad [16].

 

Entre los años 2017-2018, el GDIAM abrió su capítulo territorial, es decir, la oportunidad de constituir espacios de diálogo en comunidades específicas. Para esto, se planteó la implementación de dos estancias de discusión: 1. Diálogo para la negociación: utilizado en situaciones críticas de conflicto entre actores, de modo que dirige el intercambio hacia la reducción de comportamientos violentos y la búsqueda de medidas de corto plazo que reduzca las tensiones. 2. Diálogo estratégico: empleado para definir medidas de corto y largo plazo; no tiene como fin la resolución de conflictos críticos sino el establecimiento de redes de confianza para la cimentación de acuerdos [17].

 

Finalmente, en el 2019, el GDIAM desarrolló una investigación exhaustiva de una línea de tiempo (Siglo XVIII-actualidad) socioeconómica de la minería como actividad productiva en el departamento de Antioquia, lo que dio lugar a un mapa de actores en función de su relacionamiento con sus propias vocaciones productivas y la de otros actores presentes en el territorio [18].

 

De hecho, este diagnóstico contribuyó a la materialización del Proyecto EITI subnacional como una propuesta priorizada en el 2020. Al respecto, Sarita Ruiz, coordinadora de proyectos especiales de GDIAM, asevera que se priorizó el departamento de Antioquia dado que posee minería a gran, mediana y pequeña escala, lo que proporciona distintos enfoques de análisis. No obstante, señala que no todos los principios del estándar EITI pueden aplicarse al territorio, pues cada uno cuenta con variables distintivas que no siempre coinciden con las líneas establecidas. Por ejemplo, el EITI carece de una perspectiva crítica para la minería artesanal y ancestral, que es una dinámica muy propia de Antioquia [19].

 

Por esta razón, se construyó una hoja de ruta, financiada por La Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (en alemán GIZ) para identificar las particularidades del territorio, los ejes temáticos de estudio, y la compatibilidad del EITI con el contexto territorial. En este sentido, fue crucial la participación de la Gobernación de Antioquia, la recopilación de experiencias EITI lideradas por organizaciones como Foro Nacional por Colombia en El Bagre, Antioquia, y el acompañamiento de la Secretaría EITI para otorgar sostenibilidad al proyecto.

 

Una vez definidos los términos, se determinaron discusiones internas y externas enmarcadas por el GDIAM nacional para identificar posibles riesgos, delimitar temas que forman o no parte del proceso EITI, y garantizar el liderazgo de la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Minas y Energía. De este modo, el curso de acción partió desde lo departamental con una mesa con las diferentes regiones productivas hacia la conformación de mesas municipales.

 

Esto quiere decir que el procedimiento se basó en una discusión general centrada en aspectos comunes a todos los actores a nivel departamental y luego se incluyeron aquellas condiciones particulares que pueden llegar a ser pertinentes dentro del esquema EITI como la pequeña minería. Ahora, la principal dificultad dentro de las actividades del piloto se ubicó en la viabilidad política del Comité Tripartito Nacional, dado que es supremamente complejo hacer la caracterización de cada región con sus respectivos municipios, además de las circunstancias de seguridad como amenazas a líderes sociales.

 

Sin embargo, existe una necesidad de discutir lo que sucede con los recursos e impactos de la industria extractiva, hay más información disponible, y las comunidades tienen mayores enlaces organizativos. En este punto, Ruiz recalca que la revisión de la experiencia peruana fue fundamental, pues esto posibilitó la entrada de la iniciativa EITI en los diferentes territorios del departamento de Antioquia.

 

Por último, señala que las administraciones locales requieren de disposición política para hacer un uso transparente de la información y la conformación de las herramientas técnicas para su difusión. Así, el EITI puede ser una excelente opción para la disminución de la conflictividad social, pero hay muchos temas que no puede abarcar ni resolver adecuadamente.

 

 

Desafíos y posibilidades de EITI subnacional para Córdoba y Sucre

La instauración de un EITI subnacional depende de una revisión global de los procesos sociales y administrativos locales, es decir, una consideración rigurosa de los desafíos y posibilidades que ofrece el triple relacionamiento de los gobiernos locales, sociedad civil y las empresas del sector minero-energético en los departamentos de Córdoba y Sucre.

 

En este sentido, Sarita Ruiz dio una primera pauta para la instauración de un EITI subnacional: el compromiso político. Este factor constituirá la base para la creación de acuerdos entre los diferentes actores presentes en los departamentos de Córdoba y Sucre. Sin embargo, la situación actual en materia política no es muy buena, teniendo en cuenta la experiencia derivada de los Acuerdos Jobo, pues diversos entes locales y nacionales no han jugado un papel de liderazgo en la conformación de mesas de discusión entre empresas del sector minero-energético y las comunidades.

 

Por ejemplo, en el caso particular de los Acuerdos de Jobo, varias oficinas gubernamentales como la Estrategia Territorial de Hidrocarburos o la Dirección de Consulta Previa, no realizaron una asesoría continua de las negociaciones y las reuniones de seguimiento, por lo que se perdió legitimidad y fiscalización de los convenios acordados por los actores implicados [20].

 

Actualmente, sólo la alcaldía de Sahagún manifiesta una posición de apertura para la continuidad de los acuerdos entre el sector privado y la sociedad civil. La comunidad ha solicitado varias veces la creación de instancias de diálogo, pero estas peticiones son denegadas de lleno o se establecen mesas de negociación de acuerdo con los lineamientos excluyentes de Canacol Energy (según algunos habitantes, la compañía no acepta a representantes de la USO o ciertos líderes sociales), lo cual es una contravención de los valores de la imparcialidad y justicia.

 

En todo caso, las comunidades han creado espacios de discusión alternativos en su búsqueda de soluciones a los problemas sociales más urgentes. Las Juntas de Acción Comunal funcionan como un espacio de encuentro para fundamentar estrategias de defensa de los derechos colectivos. Este hecho es importante, ya que revela la disposición de los líderes y comunidades de conformar mesas de debate que en un futuro podrían ser vinculadas al EITI subnacional.

 

La lideresa Luz Dary Arrieta de la comunidad de El Crucero, Córdoba, asevera que: “Canacol no tiene intención de tener relacionamiento con las comunidades” y que han pasado más de: “dos años sin reunirse” desde el último seguimiento a los Acuerdos Jobo. Adicionalmente, afirma que cuando aparecen las instituciones del gobierno, atacan y estigmatizan a las comunidades locales, aunque estas continúan organizándose con las JAC para elevar su voz.

 

Por su parte, otra lideresa, de la comunidad El Mamón (Sahagún), considera que los entes del gobierno no han realizado sus tareas de control, por lo que Canacol Energy instauran los espacios de diálogo “según su propio criterio”, porque: “nosotros (la comunidad) pedimos los entes de control que regulan todos los procesos relacionados con hidrocarburos y ellos nunca hacen acto de presencia. Tampoco los funcionarios que tienen poder de decisión en la empresa y nunca nos solucionan nada”.

 

Otro de los grandes desafíos que enfrentaría el EITI subnacional se sitúa en el componente de seguridad, dado que se han registrado tanto violencia policial en las manifestaciones pacíficas como amenazas. Uno de los líderes entrevistados dijo que su teléfono podría estar intervenido. Este tipo de situaciones constituyen un serio obstáculo que dificultaría las redes de confianzas y principios de acuerdo entre diferentes actores.

 

Con lo anterior, la reciente intervención del Consejo de Estado y ANLA contra Canacol Energy de suspender su licencia, no es suficiente desde el punto de vista de la legitimidad institucional, pues las sanciones a la empresa no restituyen los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. Es imperativa la conformación de equipos multidisciplinarios que analicen y brinden soluciones estratégicas a problemas puntuales con la participación de comunidad y empresa. Sólo en este ambiente es posible el nacimiento de la dinámica EITI subnacional.

 

A propósito, un líder campesino de San Marcos, declara que la explotación minera ha traído graves consecuencias para la vida productiva, pues “los pozos están secos y se han perdido las represas que la comunidad había construido”. Frente a esto, destaca: “La empresa, lo que le interesa de los Acuerdos Jobo, lo utiliza. Pero lo que le interesa a la comunidad, no lo utiliza. Entonces ¿Para qué tenemos eso? Yo sé y entiendo los cumplimientos que la empresa tiene que hacer, pero ¿Cómo hace uno? Nosotros aquí lo hemos pedido de buen concepto, pero la empresa no responde”.

 

En efecto, la comunicación es limitada. Al respecto, Canacol Energy entrega anualmente información de sostenibilidad en temas como balances financieros, empleos generados, aportes sociales y proyectos ambientales, pero esta información es demasiado general y se transmite por medio de canales digitales, los cuales no son accesibles para gran parte de la comunidad. Esta situación supondría un obstáculo para el EITI subnacional, debido a que la disposición en el manejo transparente de la información es uno de los puntos fuertes del estándar.

 

Ahora, una forma de solucionar esta problemática es la difusión masiva de la información por los canales tradicionales en los contextos rurales como el radio. Las ventajas de este medio de comunicación se manifiestan en que puede ser escuchado por personas alfabetizadas o analfabetas, la información puede ser replicada a grandes distancias y ya existe infraestructura con las radios comunitarias presentes en los departamentos de Córdoba y Sucre.

 

Un EITI subnacional requiere de compromiso y apertura. Crudo Transparente estableció contacto con Canacol Energy , que envió un breve comunicado en el cual  da una respuesta demasiado general de su relacionamiento con las comunidades de Córdoba y Sucre “…es importante manifestar que las relaciones adelantadas con los grupos de interés pertenecientes al área de influencia de los proyectos se fundamentan en el respeto y dignidad, siempre buscando un sano equilibrio para las partes, prueba de ello son los significativos avances que han tenido las comunidades en participación laboral, bienes y servicios, protección ambiental y desarrollo social…” ; pero es necesario fortalecer un acercamiento más directo y que pueda ser adaptado a las condiciones particulares de cada actor social.

 

Este rol podría ser desempeñado por las instituciones educativas. Por ejemplo, el SENA se ha limitado a prestar servicios de plataforma laboral, sin ningún tipo de participación adicional. Del mismo modo, las universidades locales de Córdoba y Sucre no se han presentado como enlaces externos para el seguimiento crítico de los informes de Canacol Energy o la conflictividad social presente en estos departamentos. Hay una ausencia generalizada de eventos que tengan por objeto de estudio los procedimientos de la empresa con la sociedad civil.

 

De acuerdo con Luz Dary Arrieta “Canacol cumplió con ciertos aspectos hasta cierto tiempo, pero en el momento ellos no están respetando los Acuerdos Jobo.” Por su parte, la lideresa El Mamón, aduce que Canacol Energy “apenas ha cumplido el 30 %”, mientras que el líder campesino sostiene que “Ya vamos a cumplir dos años de estar produciendo gas para la empresa y todavía la ANH no ha venido a decirnos lo que nos pertenece a nosotros por esa producción”.

 

Así mismo, los tres líderes coinciden en que los principales problemas se centran en los temas ambientales, las promesas inconclusas de las becas y el programa de gasificación masiva, que aún presenta falencias en la prestación del servicio, pues muchos de los supuestos beneficiarios apenas tienen las tuberías, pero nunca han tenido gas. Otros cuentan con el subsidio para las pipetas, aunque no se han hecho avances para conectarlos a la red de gas ya establecida. Y, finalmente, están aquellas comunidades que ni siquiera han sido tomadas en cuenta para este programa [30].

 

No obstante, los tres líderes también muestran una apertura hacia la conformación de una mesa municipal que resuelva las problemáticas existentes. Reiteran que Canacol Energy debe tener voluntad de atender sus solicitudes y esperan recuperar la confianza en los Acuerdos Jobo.

 

Precisamente, Yessica Prieto Ramos, Directora Nacional de Proyectos e Investigaciones de Crudo Transparente (CT), plantea que la posición de CT es que la implementación del EITI subnacional se convierta un proceso adaptado a la realidad territorial, es decir, que los territorios sean evaluados previamente según los lineamientos del estándar para así establecer la pertinencia de llevar a cabo el proceso o no. En este sentido, hace falta un involucramiento de la sociedad civil local y el apoyo incondicional por parte de la secretaría técnica del EITI nacional para que fortalezca el relacionamiento de los actores presentes en las regiones de interés.

 

En este punto sostiene que la región caribe cuenta con la ventaja de que la industria extractiva es relativamente nueva en el territorio, lo que permitiría la concreción de una sinergia para ejecutar procesos de seguimiento de rendición de cuentas y la transparencia, ejes transversales del EITI. También se destaca la disposición de las alcaldías y gobernaciones por sacar provecho de la industria desde una perspectiva de acceso a recursos económicos, lo cual trae como consecuencia una mejor planeación del desarrollo social.

 

En este sentido, las comunidades también son un componente de gran importancia, sus procesos organizativos y de veeduría son claves a la hora de realizar seguimiento sobre los procesos de la industria en los territorios. A demás, son conscientes de los beneficios que puede tener una correcta inversión de los recursos, sobre todo en aspectos sociales, por ende, para ellos es clave contar con información precisa y trasparente del sector extractivo.  

 

Sin embargo, una de las desventajas determinantes es que el estándar EITI es desconocido para las comunidades de los departamentos de Córdoba y Sucre. En los territorios todavía no hay información detallada sobre la iniciativa ni sus objetivos. De esta manera, uno de los retos consistiría en la instauración de los canales adecuados de comunicación para la difusión de los procesos EITI, una herramienta de diálogo multiactor que contribuiría a la disminución de la conflictividad social asociada con la industria extractiva.

 

Otra de las desventajas es su carácter virtual, teniendo en cuenta que muchos territorios del país carecen de servicio de internet de calidad, lo cual dificulta el acceso a la información. En este sentido, hace falta la concreción de canales de comunicación alternativos que se correspondan con las realidades propias de las comunidades. Es decir, EITI requiere de reuniones, manuales y dinámicas lúdicas, mucho más cercanas a las formas de socialización de comunidades rurales.

 

Por último, las comunidades tienen una percepción negativa de la industria extractiva, porque consideran que sólo piensan en sus propios intereses y nunca en las consecuencias sociales y ambientes que tienen en los territorios. Por lo tanto, la implementación de un eventual EITI subnacional proporcionaría herramientas claves para el conocimiento y apropiación de la información sobre los pagos y las inversiones que se realizan en los territorios y de esta manera le permitiría a las poblaciones hacer una lectura más clara y precisa sobre su realidad con relación a la industria.

 

 

Conclusiones

 

Luego de este recorrido por múltiples puntos de vista, se puede señalar que los departamentos de Córdoba y Sucre no tienen las condiciones para establecer un eventual programa EITI subnacional y deben prepararse para el momento que este sea implementado. Las razones se encuentran principalmente en su falta de compromiso político, pues hace falta una verdadera vinculación de los entes gubernamentales nacionales y locales con los procesos de acompañamiento a las comunidades.

 

En este sentido, uno de los principales desafíos es formar a los funcionarios públicos para que respondan a las exigencias de transparencia y difusión informativa del EITI, por lo que desde el Comité Tripartito Nacional (CTN) es necesario idear una estrategia para que las gobernaciones y alcaldías orienten dicho enfoque profesional. Por supuesto, esta invitación también debe ser extendida a los funcionarios de Canacol Energy y líderes de organizaciones civiles para que las partes implicadas conozcan a cabalidad las reglas de juego.

 

Precisamente, las organizaciones civiles representan una posibilidad muy concreta para la consolidación del EITI subnacional. En el territorio de Córdoba y Sucre participan comunidades campesinas e indígenas, por lo que la diversidad de criterios es importante para la conformación de informes encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general. En este mismo segmento se agrupa la USO, que ha cumplido una tarea de enlace informativo para la transmisión de las preocupaciones y reclamos de la comunidad.

 

Por su parte, Canacol Energy debe asumir el reto de constituir sus canales de información de una manera mucho más asertiva, pues las comunidades no han podido obtener datos precisos sobre los aportes sociales que realiza la empresa y los proyectos sociales se caracterizan por quedar a medias debido a su falta de gestión administrativa y social.

 

Finalmente, es imperativo que se institucionalicen canales de diálogos permanente alrededor de los Acuerdos Jobo, donde la compañía, el gobierno nacional y local se comprometan con el seguimiento e implementación. En primer lugar, porque supondría un indicador estándar para establecer el desempeño de los procesos locales, de modo que se pueden realizar cuadros comparativos a nivel individual (líneas de tiempo de procesos EITI para un municipio) o multimodal (cuadros comparativos entre municipios). En segundo lugar, un informe bien establecido permitiría la participación de estamentos educativos, lo que elevaría el nivel del debate y contribuiría a un cuestionamiento progresivo y aprovechable de los alcances de cada informe.

 

 

Bibliografía

 

[1] EITI Colombia (2014) “La Iniciativa” [en línea], disponible en http://www.eiticolombia.gov.co/es/la-iniciativa/

[2] Informe EITI Colombia Vigencia 2019 (2020) [en línea], disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/0d/e6/0de6e902-ca6b-4a69-a08f-643211ea5c5f/informe_eiti_col_2019.pdf

[3] Documento Final: Proyecto de “Cooperación triangular para el fortalecimiento de la implementación de la EITI en Colombia y Perú” (2019) [en línea], disponible en: http://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/ee/7b/ee7ba16a-cf69-4f83-9988-fdee8c75f18f/informe_final_giz_subnacional.pdf

[4] Documento Seguimiento de Acuerdos Jobo del 12 de diciembre de 2017 y 21-22 de marzo de 2018.

[5] Documento Seguimiento de Acuerdos Jobo 21-22 de marzo de 2018.

[6] Documento Seguimiento de Acuerdos Jobo del 1 de noviembre de 2017.

[7] Ibídem.

[8] Documento Seguimiento de Acuerdos Jobo del 6 de junio y 12 de julio de 2018.

[9] Resolución No. 02 de 25 enero de 2018 [en línea], disponible en: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/resolucion_02.pdf

[10] Grupo de Dialogo sobre Minería en Colombia [en línea], disponible en: https://gdiam.org/

[11] Grupo de Dialogo sobre Minería en Colombia “Modelo de Diálogo” [en línea], disponible en: https://gdiam.org/dialogo/

[12] Grupo de Dialogo sobre Minería en Colombia [en línea], disponible en: https://gdiam.org/

[13] Grupo de Dialogo sobre Minería en Colombia (2015) “Propuestas para una visión compartida de la minería en Colombia” [en línea], disponible en: https://drive.google.com/file/d/1LOzChkS1MjN0hBZ8EMQYF2JSySmx-KTP/view

[14] Ibídem.

[15] Ibídem.

[16] Grupo de Dialogo sobre Minería en Colombia (2016) “Propuestas para una visión compartida de la minería en Colombia” [en línea], disponible en: https://drive.google.com/file/d/1ROOgciRYLkhyH432Q2VpqiXabwF4vc_2/view

[17] Grupo de Dialogo sobre Minería en Colombia (2018) “Propuestas para una visión compartida de la minería en Colombia” [en línea], disponible en: https://drive.google.com/file/d/1PXGUJRbAc44TwI55AX5yLXQ3guUql7_Q/view

[18] Grupo de Dialogo sobre Minería en Colombia “Propuestas para una visión compartida de la minería en Antioquia. Experiencia territorial capítulo Antioquia ” [en línea], disponible en: https://drive.google.com/file/d/1jU3tvWPlzuNb8EGauKrPdhJvXEzsbQY9/view

[19] Entrevista Sarita Ruíz, coordinadora de proyectos especiales de GDIAM.

[20] Documento Seguimiento de Acuerdos de Jobo del 11-12 de julio de 2018.