Columna de Opinión Nacional
¿Hay cabida para la próxima “diplomacia climática”?
Samantha Moreno
El periodo del 2017 al 2021, fue catastrófico en muchos frentes con lo referente a multilateralismo y política internacional estadounidense, a cargo del entonces presidente Trump. Sin embargo, con la reciente posesión de Biden y su encarrilamiento en temas como la reincorporación a la OMS y al Acuerdo de París, se prevén mejoras y llamados de acción regionales para mitigar los efectos del cambio climático, sobre todo tras el anuncio de la Cumbre del Clima que tendría lugar el próximo 22 de abril (que es también el Día de la Tierra) y que se propone entre otras cosas, coordinar medidas para una transición hacia una economía sostenible.
Mientras el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken tilda la diplomacia climática como crucial, su antecesor, John Kerry afirma que debe reconocerse la urgencia del estado medioambiental y no llamarlo cambio, sino ‘crisis climática’. Biden por su parte tiene ahora la tarea de liderazgo más importante, que es cumplir el compromiso de hacer que el sector energético esté libre de polución para 2035 y lograr emisiones cero para el 2050. No debe olvidarse que el esfuerzo multilateral no viene dado exclusivamente por Gobiernos, sino que también sucede en cualquier nivel productor y sector social. Ejemplo de ello es la iniciativa de Amazon ‘The Climate Pledge’ creada con el fin de eliminar emisiones de carbono para 2040 y en cuyos nuevos miembros se encuentra la empresa Samaria: Daabon. A ello, se suma el valioso ejemplo generacional de ‘Guardianes por la Vida’, que tenemos en el país en la voz de su fundador: Francisco Vera y más de 200 jóvenes entre los 3 y los 20 años y que exigen más acción en la lucha contra el cambio climático.
Ser parte del Acuerdo de París para Colombia significó comprometerse a que cada cinco años las metas ambientales fueran revisadas, para así contribuir con el objetivo. Por tal motivo, resulta de vital importancia, el fortalecimiento de la capacidad de adaptación del país, la implementación de un cambio de consciencia con nuevos hábitos de consumo, de reciclaje y de interacción con los ecosistemas. Con ese cambio de consciencia, viene también un cambio de condiciones y de protección para quienes defienden el territorio, el ambiente, la cultura, entre muchos otros temas fundamentales; muchxs aplaudimos la relevancia del Acuerdo de París que pareciera ser un emblema internacional, sin embargo, resulta frustrante ver cómo se nos enreda en el patio trasero – en el Congreso – un tratado igualmente importante y aterrizado a la heterogeneidad regional latinoamericana como es el Acuerdo de Escazú. ¿Para cuándo la ratificación del Acuerdo, Presidente?
En un reciente estudio del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), las proyecciones de tres escenarios hasta el año 2040 con datos de contaminación, emisiones, alimentación y transporte para nueve países: Brasil, China, Alemania, India, Indonesia, Nigeria, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos que representan el 70% de emisiones anuales GEI, se expone que existirían beneficios para la salud al adoptar políticas de cumplimiento con el Acuerdo de París, como es incentivar una dieta vegetariana/vegana y mayores impuestos sobre carnes rojas y procesadas, pues el sector cárnico es de los mayores causantes de emisiones de carbono a nivel mundial. De igual manera, se habla de la promoción de transporte limpio como son las bicicletas. Uno de los investigadores, Gregor Kiesewetter afirma que “unas políticas de mitigación bien diseñadas pueden mejorar la calidad del aire y la salud, lo que normalmente está asociado con beneficios económicos sustanciales”.
En definitiva, no toda la culpa es de la calidad o del nivel de la diplomacia climática que exista, para garantizar unos diálogos formales y extensos. La culpa la cargamos todes, en cuanto decidimos o no actuar sobre ese cambio de consciencia y de estilo de vida que con la pandemia nos ha demostrado cuán valioso es retribuir a la salud ambiental y mental, transformando esas conductas que han sido tradicionalmente normalizadas y que al mediano plazo generan mucha más contaminación y costos.
NOTICIAS
México se vio afectado, tras la crisis energética en Texas
El gobernador de Texas, Greg Abott, emitió una orden que durará hasta el 21 de febrero, en la cual prohíbe a los productores de hidrocarburos vender gas fuera de sus fronteras. El objetivo del estado texano es utilizar las plantas generadoras de electricidad a base de gas natural para terminar con la crisis eléctrica que azota al estado, donde más de 2.6 millones de habitantes carecen de servicio eléctrico.
Dicha prohibición, provocó la respuesta de las autoridades de México, que depende de las importaciones por oleoducto desde Texas, el desabasto de gas natural también ha golpeado la generación eléctrica, después de que los productores de Texas cortaran el suministro ante el congelamiento de infraestructura operativa.
Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se vio obligada a usar combustible sucio, como carbón y combustóleo para mitigar la crisis, incluso importar gas natural licuado para inyectar al sistema. Por consiguiente, las exportaciones estadounidenses de gas natural a México cayeron a 4 200 millones de pies cúbicos (BCF) el martes 16 de febrero, el nivel más bajo en un día, desde mayo de 2020, según datos de la compañía análisis financiero Refinitiv Eikon.
Así mismo, la reducción de suministros afectó fábricas, incluida la planta de General Motors en la ciudad central Silao, en Guanajuato, México, que dejó de funcionar la noche del martes 16 y el miércoles 17 de febrero, debido a la escasez de gas. La unidad local de Volkswagen también anunció que detendría la producción de algunos de sus modelos hasta el viernes.
Vía Oil & Gas Magazine: Texas prohíbe la exportación de gas natural. 17/02/21
Vía Forbes Mexico: Texas prohíbe a empresas exportar gas natural. 17/02/21
En vista de una mejoría económica para el 2021
A la expectativa de que el Gobierno logre concretar 15 nuevos contratos de exploración y producción para el 2021, las empresas con el fin de recuperar el ritmo en sus actividades, esperan que el precio del petróleo Brent esté en un promedio de 46 dólares por barril, a partir del manejo que se dé a la pandemia, ya que la mayor proporción de ayudas económicas de ciertos países brindaría la posibilidad a incrementar las labores en el sector petrolero. Esto, con referencia a que en el 2020 la búsqueda de hidrocarburos en Colombia superó los 2 050 millones de dólares con una disminución del 49 % frente a lo que fue el 2019. Según la (ACP), estas cifras son las más bajas desde el 2016 por causa de la caída de inversiones en exploración.
Por lo tanto el manejo sanitario que se ha brindado respecto a las vacunas ha permitido debilitar la oferta en favor de la demanda del petróleo a partir de la distribución de las vacunas en contra de la Covid 19, por tal razón se presenta una sensación de mejoría para las empresas petroleras ya que en las mismas se ha generado la cotización del Brent más alto en el último año.
La ACP destaca que el 95 % de las inversiones de 2021 se llevarán a cabo en tierra firme, mientras que en offshore (costa afuera) y yacimientos no convencionales (fracking) estarán orientadas a desarrollar estudios y otras actividades previas a la perforación exploratoria, la cual se prevé para el próximo año. Según las cifras que arroja el Gobierno y la Asociación Colombiana de Petróleo, se logra evidenciar que se generó el cierre de 30 campos y 400 pozos en el 2020.
El Ministro de Minas y Energías, Diego Mesa recalcó que, “en el 2021 vamos a continuar consolidando la reactivación del sector de Hidrocarburos” esto con referencia a los 35 contratos de exploración y producción que se han adjudicado.
De tal manera, el Grupo Ecopetrol notificó que para el 2021 hará inversiones por un monto aproximado de 3 500 o 4 000 millones de dólares. De este equivalente, el 80 % será distribuido dentro del país y el restante entre Brasil y Estados Unidos.
Vía: El Espectador: Sector petrolero ve el camino hacia la recuperación en 2021 18/02/2021
Vía: La razón pública: El ocaso del carbón: retos y oportunidades para Colombia 15/02/2021
La ONU le vuelve a solicitar a Colombia prohibir el Fracking
En más de dos oportunidades miembros de la ONU le han solicitado a Colombia prohibir la práctica del fracking, ya que señalan que es una actividad que afecta la vida, la salud y el ecosistema del mundo.
El 29 de enero del presente año había sido el relator especial de la ONU sobre medio ambiente y derechos humanos, David Boyd, quien indicó se deben sustituir los combustibles fósiles por energías renovables. De igual forma realizó la solicitud de que se establezca una ley para la prohibición del fracking; adicional a ello el señor Boyd destacó la importancia de hacerle frente al conflicto, garantizando un futuro bajo en carbono:
“…el Congreso de la República de Colombia tiene una gran oportunidad de prohibir el fracking. Es más fácil tomar acción antes de que una industria peligrosa como esta se establezca, que intentar remediar la inevitable contaminación tóxica que genera el fracking”
El 12 de febrero, el llamado se hizo en la tercera audiencia pública convocada por el Congreso de la República, en la cual el señor Marcos Orellana experto en sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU, recalcó la solicitud al legislativo para la prohibición del fracking, y con ello evitar un impacto negativo en el medio ambiente.
En esta audiencia hubo diferentes posiciones, principalmente la de Paola Arias, la experta del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, quien resaltó los impactos que genera la crisis climática a partir de los acontecimientos presentados en los últimos años respecto al manejo de los hidrocarburos. Por otra parte, el fotógrafo argentino Javier Grosso mostró una evidencia de sobre sismicidad por el fracking del megaproyecto Vaca Muerta.
Vía AIM Digital: Hasta la ONU pide a Colombia prohibir el fracking 18/02/2021
Más de 10 000 habitantes de Titumate en Chocó, tendrán acceso al servicio de energía
El ministerio de Minas y Energía, el Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas IPSE, en compañía de HG Ingeniería y Construcciones SAS, entregaron dos proyectos el pasado 18 de febrero, para solventar a los habitantes de Titumate, Unguía, Chocó, con el servicio de energía eléctrica.
Alrededor de 180 familias de este corregimiento tendrán acceso al servicio de energía, así mismo, podrán mejorar de manera integral su calidad de vida. El primer proyecto incluyó una plantá de diésel de 144 KW y una granja solar, la cual está conformada por 466 paneles solares con una potencia de 105 kWp, además, la financiación por parte de IPSE fue por más de $1 044 millones, y consistió en el mejoramiento de la infraestructura de generación de energía para el corregimiento de Titumate.
Estos proyectos se hacen con miras a democratizar la energía, garantizando el acceso a ella de una manera asequible, fiable, sostenible y moderna para el municipio, afirma Hernán Alberto García, gerente de HG.
Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, esta es una de las iniciativas más grandes en la región, ya que, beneficiará a 10 000 habitantes, y cuenta con 2 592 paneles, los cuales generan 30 % de la energía, y se podrán evitar 379 toneladas de CO2. Por otro lado, José David Insuasti, director del IPSE, señaló que “la comunidad se verá beneficiada, ya que antes contaba con seis horas diarias de energía eléctrica y ahora contará con aproximadamente 12 horas”
Columna de Opinión Regional
¿Quizás un EITI subnacional en Córdoba?
Invitado especial:
Ricardo Rangel, Coordinador de Proyectos del Programa Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá-Darién (Cordupaz)
Hace poco más de dos meses, una lideresa del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge, salió desplazada de su territorio, salió por proteger a su familia; venía recibiendo amenazas de muerte por alrededor de dos años, las últimas de ellas, comentaba, por manifestarse contra Minerales de Córdoba S.A.S., que pertenece a la canadiense Cordoba Minerals Corp., y que es, a su vez, subsidiaria de High Power Exploration (HPX), una empresa canadiense de exploración minera, y quienes en julio del 2020 pasado se hicieron con la totalidad del título minero de la antigua mina El Alacrán, ubicada en el corregimiento de San Juan, del municipio de Puerto Libertador, en Córdoba.
En El Alacrán, que se proyecta como una de las empresas mineras a cielo abierto más grandes de Latinoamérica, se explotará cobre, oro, plata y platino, entre otros minerales. Ella y los pobladores, denunciaban la presión por la venta de la tierra, desplazamientos forzosos, y su estigmatización como guerrilleros y financiadores del terrorismo, que, según relatan, fue originado por la misma empresa Minerales de Córdoba; pero sobre todo, demandaban el reconocimiento de las comunidades indígenas por parte del Gobierno Nacional y las empresas extractivistas, y la protección de sus derechos conforme al Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia en 1991.
El pasado 10 de febrero, la Fundación Social Departamental Córdoba Controversial “CORDOBERXIA”, en su informe sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y paz territorial en el sur de Córdoba, advirtió que la estrategia de recuperación económica del país, centrada en la industria extractiva, “pondrá en mayor riesgo los derechos de las comunidades campesinas y los grupos étnicos, así como los de la naturaleza.”
Los riesgos que exponen las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos de la región son también recogidos por la Defensoría del Pueblo en las Alertas Tempranas No. 071-18 y 083-18 de 2018 y la Alerta Temprana No. 054-19 del 18 de diciembre de 2019, para los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, del departamento de Córdoba. En esta última, la Defensoría del Pueblo explica que, en razón a la economía extractiva, los pobladores locales “se ven impactados por el incremento de la concentración de la tierra, la pérdida de referentes culturales, sitios de culto y la afectación a los medios de vida derivados de la economía campesina e indígena de subsistencia.”
Sin embargo, las entidades territoriales del sur de Córdoba no reconocen estos conflictos y tensiones generadas por la industria extractiva en los territorios. Los diagnósticos de los actuales planes de desarrollo de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia no los incluyen, sólo reconocen como problemático el desarrollo de la minería ilegal; y, aparte, sus enfoques de gestión frente al sector minero-energético no atienden las realidades existentes, por el contrario, sus planes de desarrollo están dirigidos a fortalecer la minería legal y controlar la explotación ilícita de minerales.
A lo anterior se suma la estrategia del Gobierno Nacional para la recuperación económica, que incluye: la ronda minera para la asignación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en Zonas Estratégicas de Reserva Minera, que abre este 25 de febrero, y que lidera la Agencia Nacional de Minería; la Ronda Colombia 2021, que lidera la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH), para la subasta de áreas para la exploración y explotación de petróleo y gas; y, el Plan de Abastecimiento de Gas Natural adoptado por el Ministerio de Minas y Energía a través de la Resolución 40304 del 15 de octubre de 2020.
Por ello hoy con mayor razón, es menester adelantar mesas de diálogo minero-energético en los territorios en donde se discutan los costos sociales, económicos y ambientales de la explotación de estos yacimientos para las comunidades y las propias entidades territoriales. Sobra decir que los temas para el diálogo ya están identificados y documentados: urge hablar y llegar a acuerdos sobre transición energética, sobre extractivismo y derechos humanos, sobre la contribución de la industria al desarrollo local.
Pero para hacerlo, es necesario promover y exigir la transparencia en el sector, minero-energético en toda su cadena de valor, y el fortalecimiento de capacidades en lo relacionado con conocimientos sobre actividades del sector. Y, ¿Por qué no?, promover también un EITI subnacional, aprovechando el compromiso del Estado colombiano con la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés), para contribuir al diálogo territorial, como sucede en Perú y en Mongolia.
De esta manera, se podrán poner sobre la mesa la discusión con relación a los pagos directos que efectúan las empresas a los gobiernos subnacionales; las transferencias o pagos indirectos que llegan a nivel municipal; los pagos sociales y sus impactos, desagregados por empresa, tipo de proyecto y beneficiarios; pagos ambientales de las empresas (multas-compensaciones); e, información contextual sobre la industria, que tanto demandan las comunidades, como: (i.) títulos vigentes, solicitudes y localización real, (ii.) empleo local discriminado por género, (iii.) trámites de licencias y gestión de impactos ambientales. Y, para robustecer el diálogo, que esta iniciativa se articule también con otras de transparencia y participación ciudadana en lo local.
Yo no digo NO a la minería ni a los hidrocarburos, solo pido, uniéndome a la voz de la exiliada líder indígena de Puerto Libertador, y de muchos pobladores, que se reconozca legitimidad a los actores territoriales para definir si un proyecto es conveniente o no.
*Se precisa que las columnas de opinión pertenecen a sus respectivos autores/autoras y, por ende, no comprometen a Crudo Transparente, ni a sus financiadores.
Daneris Alberto Herrera Mestra