Por: Katherine Casas Pérez

 

La industria petrolera en el 2020 estuvo marcada por diferentes sucesos.  A principios de año, específicamente en marzo, se presenció una disminución drástica en los precios del crudo que no se veía desde 1991, cuando la guerra del Golfo daba inicio. Lo anterior se debió por dos razones: la propagación del virus Covid-19 y diferencias en cuanto a producción entre Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+).

 

La pandemia Covid-19 superó los 72,3 millones de personas infectadas a nivel mundial y provocó la muerte de más de 1,6 millones de individuos. Entre los países más afectados estuvieron: Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia, Turquía y España.

 

La propagación del virus llevó a decretar una cuarentena en la mayoría de los países, lo que generó una desaceleración de la economía, y en el caso específico de la industria petrolera, se registró una baja demanda de crudo y con ello una caída de los precios. Tras este hecho, la OPEP recomendó un recorte en la producción de 1.5 millones de barriles por día; sin embargo, Rusia se negó a esta propuesta ya que argumentaba que este cambio podría favorecer a otros productores como Estados Unidos.

 

Lo anterior llevó a que los indicadores como el WTI, referencia para Estados Unidos, cayera negativamente hasta ubicarse en -37.6 USD y el Brent, referencia para Europa (también para Colombia), alcanzó a estar por debajo de los 20USD. Aunque este fenómeno global tuvo su fin en abril de 2020, impactó la agenda mundial y perjudicó a países dependientes del petroleó como Colombia, ya que esté hidrocarburo es la principal fuente de ingresos de divisas para la Nación.

 

Para el 2020, el Ministerio de Hacienda calculó los ingresos producto de la renta petrolera con un precio Brent promedio de US$60 y tras ubicarse entre los US$ 22,76 y US$35, se afectaron las rentas nacionales del país, la cuenta corriente y la política fiscal.

 

Por ejemplo, según las cuentas del Gobierno, por cada dólar que bajaba el precio de forma sostenida en el año en mención, los ingresos fiscales se reducirían en 400 millones de pesos anuales; lo que implicó una fuerte baja en los recursos a través del impuesto de rentas y dividendos de Ecopetrol e impactos negativos para las regiones que reciben regalías.

 

A continuación, se detallan los principales impactos que se generaron en la industria petrolera colombiana en el 2020, tras la propagación de la Covid-19 y la caída de los precios del crudo. 

 

Cifras de producción de crudo y gas

 

 

En enero de 2020, la OPEP proyectó que Colombia iba a registrar una producción diaria de 900 000 barriles (bpd); teniendo en cuenta el precio del barril de referencia Brent y el crecimiento de la operación petrolera del país.

 

Sin embargo y como se ha reiterado, por la propagación de la Covid-19 y la cuarentena decretada, la cifra de producción no fue la esperada. En junio, el Ministerio de Minas y Energía reveló los datos de producción de gas y petróleo a corte de ese mes, los cuales disminuyeron de la siguiente manera; en relación al gas, se registró una disminución del 1,33 %, llegando a 1 029 millones de pies cúbicos por día (mpcpd); en comparación a los 1 043 mpcpd reportados para el 2019. Con respecto al petróleo, la producción del primer semestre del 2020 fue de 729 905 barriles promedio día; una disminución del 18,1 % frente al 2019 en el mismo periodo.

 

Vale la pena mencionar, que en las últimas cifras entregadas en octubre de 2020 por la cartera minero energética, se registró un leve aumento del 0,97 % frente a los datos de julio de 2020. No obstante, el Ministerio informó que la producción de petróleo en agosto fue de 742 091 bpd; lo que representó un retroceso anual de 15, 9 % con respecto a los 882 831 bpd producidos en el mismo periodo de 2019.

 

Con el panorama anterior, se puede percibir que la previsión para el 2020 fue totalmente diferente a lo que se registró, dado que se produjo 18 % menos de lo esperado. Además, la Agencia Internacional de Energía (IEA por su sigla en inglés) reveló que se espera una producción menor para el país durante el 2021; es decir, una estimación alrededor de los 740 mil barriles diarios, hasta los 730 mil barriles.  La IEA detalla que Colombia está produciendo el doble que Venezuela.

 

Reservas probadas de petróleo y gas 

 

Por otro lado, frente a las reservas de abril de 2020 el ministerio de Minas y Energía reveló que estas aumentaron a 6,3 años al cierre de 2019. Las reservas probadas de petróleo pasaron de 1 958 millones de barriles reportados en 2018 a 2 036 millones de barriles en 2019; sin embargo, el gas no tuvo este incremento positivo.   Las reservas probadas de gas se redujeron de 9, 8 años a 8, 1 años, ya que pasaron de 3 782 giga pies cúbicos en 2018 a 3 149 giga pies cúbicos en 2019.

 

Se debe tener en cuenta, que la visión inicial del sector para el 2020 era la de realizar actividades de exploración en 1 400 km, es decir alrededor de 42 pozos.  Pero con el panorama que se presentó en marzo y abril, se modificó esta perspectiva y se estimó una exploración de 850 km, lo que representó 20 a 33 pozos. Lo anterior, podría verse como una disminución en las reservas probadas de petróleo, dado que en la cuarentena decretada se interrumpieron actividades de exploración; afectando la vida útil de estas.

 

 

Nuevo Sistema General de Regalías (SGR)

 

Aunque el 2020 afectó la industria petrolera en cuento a la producción, las reservas, la inversión, entre otras actividades, se debe tener en cuenta que se aprobó un tema importante para el beneficio de la industria petrolera y del país. Luego de más de un año y medio de debate en el Congreso, se aprobaron unas modificaciones en el Sistema General de Regalías (SGR) que empezaron a operar a partir de 2021. La nueva Ley que regirá el SGR es la 2056 de 2020.

 

Unos de los principales cambios se basan en la mayor autonomía de los alcaldes y gobernadores en la inversión de los recursos. También, se incrementaron las Asignaciones Directas, que pasaron de 11, 2 % a un 25 % para los municipios y departamentos productores; así como para los territorios donde se transportan estos recursos o sus derivados.

 

Una segunda transformación es la eliminación de más de mil Ocads (Órganos Colegiados de Administración de Decisión) que eran las encargadas de aprobar los proyectos para invertir las regalías en cada municipio y departamento. Con el nuevo SGR se dejan 8 Ocads (seis regionales, uno de Ciencia y Tecnología y uno de Paz). De igual manera, se debe tener en cuenta que frente al Ocad paz, la asignación pasó de 6,6% a 7 % (1,1 billones de pesos) y la idea es beneficiar a los 170 municipios más vulnerables.

 

Tercero, por primera vez los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo Rom recibirán un porcentaje directo del SGR. Aproximadamente, el 1 % de las asignaciones, y gracias a estas nuevas modificaciones tendrán mayor autonomía en su uso,  dado que los proyectos que se financiarán con estos recursos serán aprobados por Instancias de Decisión en los que tendrán mayor participación e injerencia.

 

Por último, se asignarán recursos en temas medio ambientales. En esa medida, se permitirán financiar proyectos relacionados con la conversión de áreas ambientales estratégicas y la lucha contra la deforestación; a las cuales se piensa destinar un 5 %.

 

Según ha manifestado el Gobierno, con esta nueva ley que reglamenta al SGR, los municipios y departamentos del país tendrán más de 15,7 billones de pesos disponibles para la inversión social directa en el periodo 2020 -2021, y se permitirá la reactivación económica tras la pandemia.

 

Es importante señalar que antes de este cambio, la Dirección del Sistema General de Regalías señaló que entre 2019 y 2020 se aprobaron 4 366 proyectos por un valor de 13,9 billones. En el informe se especificó que el 82,8 % de los recursos se asignaron a los sectores de, transporte, vivienda, educación, ambiente y minas.

 

 

¿Qué paso con la técnica del Fracking en el 2020?

 

Como era de esperarse el debate sobre el fracking en Colombia fue uno de los temas más relevantes para el sector durante el 2020. La discusión entre ambientalistas, partidos políticos de oposición, el Gobierno y la industria petrolera se incrementó con el pasar de los meses.

 

A pesar de la propagación del virus y la cuarentena este tema dio de que hablar y se generaron acciones legales, proyectos de ley que buscaban su prohibición, conceptos de entes de control e instituciones, movilizaciones sociales y ambientales, estudios académicos entre otras manifestaciones que confirmaban el rechazo de esta implementación en el país.

 

Aunque aún está pendiente un fallo por parte del Consejo de Estado, se debe tener en cuenta que la industria y el Ejecutivo están obteniendo triunfos en esta materia; dado que se dio el aval a los pilotos que se desarrollarían para el 2021. Además, la ANH y Ecopetrol firmó el 24 de diciembre el primer contrato de piloto de fracking llamado: el Proyecto de Investigación Kale, ubicado en el Valle Medio del Magdalena.

 

A continuación, se muestra en detalle mes a mes los principales puntos que tuvo esta técnica en el 2020.

 

 

Cambios para la reglamentación offshore

 

 

Al iniciar el 2020 el presidente de la ACP, Francisco Lloreda, informó que se iban a aumentar las inversiones en exploración offshore. Según indicó el presidente del gremio, la inversión estaría entre los USD920 y los USD 1 000 millones; un crecimiento del 18 % frente a la suma registrada en 2019.

 

Asimismo, en julio del año pasado el Gobierno reveló los criterios técnicos para reglamentar esta actividad y según cálculos, hay un potencial de 9 530 millones de barriles de crudo. Se debe tener en cuenta que las oportunidades de desarrollo están concentradas en nuevas fuentes de gas. De un total estimado de remanentes, aproximadamente 44 % correspondería a gas (23 terapies cúbicos), mientras que 56 % a petróleo.

 

Como se sabe, la Costa Caribe tiene un papel protagónico para las actividades offshore en los pozos Orca, Kronos, Purple Angel y Gorgon y las empresas encargadas de este proceso serían: Shell, Exxon, Noble Energy y Ecopetrol. Es importante resaltar que Ecopetrol y Shell suscribieron un acuerdo mediante el cual Shell adquirió el 50 % de participación y se comprometió a operar los bloques Fuerte Sur, Purple Angel y COL-5, localizados en aguas profundas del Caribe colombiano.

 

Aunque la pandemia y la caída de los precios del crudo impactaron negativamente el desarrollo costa afuera, se espera que a partir del 2021 comiencen las perforaciones de pozos en aguas profundas.

 

Es importante destacar que la ANH informó que hay ocho contratos vigentes de Exploración y Producción (E&P) de hidrocarburos offshore en el país y la inversión se calcula en USD 1 600 millones. Igualmente, según la ACP, se proyecta que entre el 2025 y 2030 comience el desarrollo o explotación comercial; dependiendo de los estudios de prospectividad, los resultados de las exploraciones y los precios internacionales del crudo. 

 

 

Proceso permanente de asignación de áreas (PPAA)

 

 

A pesar de la situación de la Covid-19 y la caída de los precios, el Gobierno continuó con el ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA). Al finalizar el 2020, la ANH firmó cuatro nuevos contratos para el nuevo ciclo PPAA y Parex Resources y CNE OIL & Gas, fueron los protagonistas en estas adjudicaciones con inversiones alrededor en unos 40 millones de dólares.

 

Con este tercer ciclo, se completan 30 áreas adjudicadas e inversiones asociadas de cerca de mil millones de dólares.  Para esta última adjudicación los departamentos de Meta, Magdalena, Sucre y Santander fueron los beneficiados en estos procesos y para el cuarto ciclo del PPAA con la Ronda Colombia 2021, se presentará una atractiva oferta de oportunidades; según aseguró Armando Zamora, presidente de la ANH.

 

 

Escazú y mecanismos de participación  

 

En el 2020 se cumplió un año de que Colombia firmara el Acuerdo de Escazú, en el marco de los compromisos de la mesa ambiental de la “Gran Conversación nacional” realizada a finales de 2019.  El 2020 con el inicio de la nueva legislatura del Congreso de la República (agosto de 2020), el Gobierno presentó el proyecto mediante el cual se ratifica el Acuerdo con mensaje de urgencia, sin embargo, no se llegó ni al primer debate.

 

Desde el momento de su radicación, los congresistas de las comisiones segundas de Cámara y Senado han hecho tres audiencias públicas virtuales en medio de las cuales se ha desatado un debate intenso entre los gremios industriales, la academia, la sociedad civil y los grupos ambientalistas por las incertidumbres alrededor de este tratado regional.

 

Las preocupaciones de algunas bancadas de Gobierno, como el Centro Democrático y gremios como la ACP, giran en torno al rigor jurídico, técnico y político que traería la ratificación de Escazú; siendo interpretaciones equivocadas que están dilatando el proceso, ya que este Acuerdo únicamente regula los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales y, si bien es cierto, que la legislación colombiana establece garantías en esos tres derechos, aún los mecanismos actuales son difíciles de ejecutar y es necesario fortalecerlos.

 

No se puede olvidar que Colombia se caracteriza por ser un país con conflictos ambientales, y la falta de información y la escaza participación de las comunidades lleva a las consecuencias posteriores de los diversos proyectos industriales. El Acuerdo contribuye a prevenir estas deficiencias y podría garantizar unos estándares mínimos en aspectos ambientales para las actividades humanas.

 

También, con el vergonzoso puesto del país más peligroso del mundo para los lideres ambientales, es urgente buscar alternativas para la protección de estas personas y la implementación de Escazú para la defensa de estos líderes, puede contribuir a su seguridad. Por tal razón, se esperar que para el 2021 se empiece con el primer debate de este proyecto de ley y se concrete la ratificación de este tratado regional.

 

Por otro lado, al finalizar septiembre de 2020, los partidos políticos: Cambio Radical, Centro Democrático y Conservador radicaron el proyecto de ley para establecer los mecanismos de coordinación y concurrencia entre las autoridades nacionales y territoriales para la exploración y explotación del subsuelo y los recursos naturales no renovables (RNNR).

 

En resumen: se plantea la creación de las Mesas Generales y Particulares de Coordinación y Concurrencia por departamento, las cuales estarán conformadas por los gobernadores y alcaldes de los respectivos entes territoriales, un representante del Ministerio de Minas y Energía, la ANM y la ANH, y la autoridad ambiental competente. La secretaría técnica será presidida por la Upme, las funciones serán diseñadas por el Min. Minas y el Ministerio Público servirán de garante.

 

Se debe tener en cuenta que, en este nuevo diseño planteado, se presenta un desbalance en las fuerzas, ya que el Ministerio de Minas y Energía hará las veces de reglamentador y no se convocan a otras instituciones pertinentes como el Ministerio de Interior.

 

En cuanto a la participación ciudadana se propone crear la Audiencia Pública Regional de Asuntos Prioritarios de Desarrollo Territorial. En estas se convocarán a los ciudadanos en general y sus representantes, quienes deberán identificar “los asuntos prioritarios de desarrollo, los cuales serán de observancia para la toma de decisiones por parte de las Mesas de Coordinación y Concurrencia”. Sin embargo, no se habla de la participación de los grupos étnicos, tampoco de equidad de género, entre otros temas.

 

Como se puede notar, además de preocupante,  es que con este nuevo proyecto de ley propuesto, se sigue negando la participación ciudadana, se limita la discusión a un tema técnico y está lejos de ser una herramienta que permita la tramitación de los conflictos socioambientales en torno a la explotación de los recursos naturales en el país.

 

 

Análisis y medición en cuanto la conflictividad social, ambiental e ilegal de la industria petrolera 2020

 

Ahora bien, durante el 2020 la conflictividad social y ambiental relacionada con el sector petrolero se concentró en los siguientes temas: atentados contra los oleoductos, instalación de válvulas ilícitas, amenazas a líderes sociales, derrames de crudo, afloramientos, contaminaciones ambientales, protestas en contra de las compañías, contrabando de hidrocarburos, entre otros. 

 

Grafica 1.1 Comportamiento mensual de la conflictividad asociada al sector de hidrocarburos en el 2020

 

En la gráfica anterior se muestran los siguientes temas: orden público e ilegalidad, conflictividad social y medio ambiente. Sobre la primera categoría los hechos más sobresalientes fueron los 32 hostigamientos registrados en el 2020 en contra de la infraestructura petrolera, en los oleoductos Caño Limón Coveñas y Trasandino, en los departamentos de: Arauca, Nariño, Norte de Santander, Caquetá y Casanare. Se debe destacar que en el 2020 se registraron menos ataques frente al 2019, donde se notificaron 46 sucesos violentos.  

 

Como se puede evidenciar en la gráfica 1.1, enero y mayo fueron los meses en que más se registró el mayor número de hechos en materia de ilegalidad. Durante esos meses se notificaron hostigamientos en la infraestructura petrolera, instalaciones de válvulas ilícitas y contrabando de crudo.

 

Para finalizar, como se puede notar en la gráfica diciembre es el periodo donde menos se registraron sucesos en la actividad petrolera. En promedio, durante el año se notificaron 20 hechos por mes, pero en diciembre esta cifra solo llegó a hacer una tercera parte de esto.

 

En detalle, en Puerto Wilches, Santander, se realizó una protesta en contra de los pilotos de fracking. Ambientalistas y la comunidad en general se manifestaron en contra de la decisión de la ANH de adjudicar a Ecopetrol el contrato de exploración de yacimientos no convencionales a través de esta técnica en el municipio.

 

Igualmente, en Castilla la Nueva, se registró una marcha pacífica en contra de Ecopetrol.  La manifestación se debió por incumplimientos laborales e injusticias contractuales y salariales por parte de la compañía. Asimismo, dentro de la protesta, trabajadoras denunciaron falta de equidad de género para la contratación y salarios por parte de la Estatal. Por último, en el mismo departamento, en Puerto Gaitán, la ACP, envío un comunicado de prensa, en rechazo a la toma violenta de los campos de producción por las protestas de comunidades indígenas del municipio.  

 

Para finalizar, Cormacarena confirmó la muerte de Javier Francisco Parra Cubillos, quien se desempeñaba como coordinador de la Territorial de Cormacarena en La Macarena, Meta. Cubillos, se caracterizaba por ser defensor del medio ambiente; especialmente, su labor radicaba alrededor en la protección de Caño Cristales.

 

A continuación, en la gráfica 1.2. se exponen los departamentos de mayor conflictividad para la industria petrolera:

 

 

Grafica 1.2 Compartimiento general de la conflictividad relacionada con el sector por departamento en el 2020

 

 

Como se muestra en la gráfica, Norte de Santander fue el departamento en el que más hechos ocurrieron durante el 2020. A pesar de ser la zona que presentó más conflictividad social, ambiental e ilegalidad en el sector petrolero, tan solo generó 2 597 barriles promedio día (BPDC) de enero a octubre de 2020; equivalentes al 0,65 % de lo que produjo Meta que fue 401 049 BPDC y ha sido el mayor productor del país con barriles durante el mismo periodo.

 

En esta región se presentaron derrames, hostigamientos a la infraestructura petrolera, instalaciones de válvulas ilícitas, refinerías ilegales, protesta, secuestro y amenaza a personal de empresa, contrabando, entre otros. Medios de comunicación y Ecopetrol han manifestado que esta región es la más vulnerable con relación a la actividad extractiva por la presencia de diferentes grupos armados y el oleoducto Caño Limón Coveñas.

 

Específicamente sobresaltó hechos relacionados a la instalación de pegas clandestinas para el hurto de hidrocarburos, que según reportó la petrolera a corte de diciembre del 2020 se notificaron 126 en este oleoducto.

 

El contrabando de hidrocarburo, es otro fenómeno que golpea a este departamento, dado que se decomisaron 46 543 galones de hidrocarburo ilegal; siendo el triple (14.246) frente al 2019. Asimismo, en esta zona se registró el mayor número de decomiso de crudo ilegal durante el 2020.

 

En Arauca también se registraron importantes sucesos. En esta región la afectación a la industria estuvo ligada a acciones de contrabando de crudo y 16 atentados al tubo Caño Limón Coveñas. Según el seguimiento de Crudo Transparente, en este departamento se registró el mayor número de atentados en el 2020.

 

Como se muestra en lo anterior y según el análisis de CT la zona fronteriza con Venezuela fue la más afectada por los hechos de orden público y conflictividad social por hostigamientos a la infraestructura petrolera, acciones contra el contrabando de crudo (gráfica 1.2)

 

El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente. A continuación, se mostrará en detalle los sucesos del 2020 por cada una de las temáticas establecidas. Es importante resaltar, que las cifras y datos proporcionados son recogidos por fuentes de comunicación públicas; por tal razón, pueden presentar disparidad con información oficial de empresas, fuerzas armadas y demás entidades estatales.

 

De igual manera, como organización de la sociedad civil, es fundamental para nosotros difundir a la ciudadanía y comunidades esta clase de cifras.  Por tal razón, hacemos el llamado a los gremios, empresas y autoridades estatales para que hagan una apertura eficaz y con celeridad de esta información, para que sea accesible y completa.

 

 

MEDIO AMBIENTE

 

Grafica 2.1 Hechos relacionados al medio ambiente 2020

 

 

 

Con relación al medioambiente, como se muestra en la gráfica 2.1., se presentaron en total 18 hechos: 11 derrames, seis contaminaciones de fuentes hídricas y una contaminación de tierras. Las empresas involucradas, según la información analizada, fueron: Ecopetrol, Gran Tierra y Mansarovar.

 

Según los datos, la Estatal incurrió en el 68 % de estos hechos, siendo la mayor responsable y los departamentos afectados fueron: Arauca, Casanare, Nariño, Norte de Santander, Meta, Tolima y Santander.

 

En relación a este tema, el suceso que más se destacó en medios fue el registrado en septiembre en el campo Moriche en Puerto Boyacá, Boyacá, operado por Mansarovar. El hecho generó afectaciones en las fuentes hídricas y daños en la fauna y flora, debido a que se derramaron 100 barriles de crudo de los cuales 15 eran de petróleo neto y 85 de petróleo combinado con agua.

 

El derrame tras la ruptura de un tubo se produjo a tres kilómetros del río Magdalena, y causó afectaciones en el suelo, cuerpos de agua, ecosistemas y deterioró, tanto la flora como la fauna; produciendo daños irreparables. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), remitió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, (Anla) el informe técnico sobre la contaminación ambiental del Campo, concluyendo que especies como el yarumo, el higuerón, los cauchos y la palma resultaron impactadas; además se afectaron indirectamente a aves, reptiles y anfibios que se valen de estas zonas como su refugio. 

 

Por su lado Mansarovar informó que, una vez conocieron los daños en la tubería, activaron inmediatamente el plan de contingencia, controlando el derrame y notificando a las autoridades ambientales. Tras el suceso, líderes ambientales y sociales le exigieron a la empresa respuestas frente a esta contaminación, y las compensaciones y sanciones correspondientes.

 

 

Grafica 2.2 Departamentos afectados en materia de medio ambiente 2020

 

 

Como muestra la gráfica 2.2. los departamentos más afectados por las contaminaciones ambientales relacionadas con la industria petrolera y gasífera fueron: Arauca Casanare, Norte de Santander y Santander. La imagen muestra que el mayor perjudicado fue Casanare. Se debe resaltar que en este departamento, las comunidades han denunciado sistemáticamente afectaciones a la fauna y flora por los desechos petroleros.

 

Personas de las comunidades se han quejado por el proceso de tratamiento de estos residuos ya que, según los habitantes, los controles son ineficientes, no hay tratamientos a las aguas residuales de manera óptima y se están vertiendo los desechos tóxicos en afluentes; afectando también a la fauna y flora.

 

La ciudadanía ha manifestado que se han muerto osos perezosos, aves y mascotas que quedan llenos de estos residuos. Asimismo, quebradas como La Colorada, en el departamento, esta siendo afectada en su totalidad por estos vertimientos.

 

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

 

Gráfica 3.1 Hechos alrededor de Conflictividad Social 2020

 

 

Como queda evidenciado en la gráfica 3.1., se presentaron 45 protestas, 12 bloqueos de vía, nueve marchas, seis plantones, tres ceses de actividades y dos hechos alrededor del uso excesivo de la fuerza pública. Es importante resaltar que en el 2020 se cuadriplico (77) el número de estos sucesos frente al 2019, en el cual se registraron 20 de estos hechos.

 

La razón de lo anterior, se debe principalmente a los despidos masivos e injusticias laborales que se presentaron durante la cuarentena decretada por la Covid-19. Según la Unión Obrera del Petróleo (USO), en cabeza de su presidente, Edwin Palma, empresas como Ecopetrol y sus contratistas prescindieron de los servicios en la refinería de Barrancabermeja, la de Cartagena y de algunos campos petroleros en el Magdalena Medio y el sur del país.  Para más información revisar: Mapeo regional de despidos masivos en la industria petrolera colombiana.

 

Al igual que la Estatal, empresas petroleras como: Amerisur, Gran Tierra Energy, Perenco Colombia, Colombia LLC y Canacol Energy se vieron afectadas por manifestaciones sociales de las comunidades. Sin embargo, como en el 2019, Ecopetrol fue la compañía que más estuvo involucrada en estos hechos, ya que representó el 70 % del total de estas conflictividades, con 34 protestas, 10 bloqueos de vías, cuatro marchas, cuatro plantones y tres ceses de actividades

 

 

Gráfica 3.2 Comportamiento departamental del 2020, con respecto a conflictividad social

 

 

Como se puede evidenciar en la gráfica 3.2 los departamentos que más estuvieron afectados en temas de conflictividad social fueron: Meta y Santander. Meta fue departamento más afectado por los despidos masivos durante la cuarentena decretada y la baja en los precios del petróleo; según informó la USO más 5 000 despidos se notificaron por estos fenómenos en el departamento.

 

Según lo analizado por CT los municipios más perjudicados fueron: Castilla La Nueva, Guamal, Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán. En estos municipios los trabajadores y sindicatos denunciaron que se registraron despedidos sin justa causa, trabajos sin remuneración económica y algunas ocasiones, los operarios se quedaron sin seguridad social.   

 

Por su lado, Ecopetrol señaló que pese a la crisis todos los empleos directos se mantuvieron con los beneficios que la empresa tiene pactados y se tomaron todas las medidas necesarias para preservar la salud de los trabajadores por la propagación de la pandemia.

 

Por otro lado, Santander, fue otro departamento afectado por hechos de conflictividad social. Según lo notificado por CT, en los municipios de Barrancabermeja, Carmen de Chucurí, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Puerto Parra, se registraron manifestaciones en contra de empresas y contratistas que realizan labores extractivas. La razón de estos sucesos fue por: exigencias en mejoras salariales, contratación de la mano de obra local de las zonas aledañas y rechazo al fracking.

 

 

ORDEN PÚBLICO E ILEGALIDAD

 

Gráfica 4.1 Comportamiento de Orden Público e Ilegalidad 2020

 

 

Los hechos de orden público e ilegalidad fueron los que más sobresalió en el 2020 en torno a la industria petrolera. En la gráfica 4.1. se muestra que el 43 % de los datos recopilados hizo énfasis a los hechos relacionados con el contrabando de crudo. Adicionalmente, el 21 % de la información hizo referencia a los hostigamientos a la infraestructura petrolera y el 10 % a la incautación de refinerías ilegales.

 

Es importante destacar que en el 2020 la incautación de refinerías ilegales aumentó en comparación al 2019. Según lo analizado por CT en el 2020 se registraron 15 de estas infraestructuras ilícitas en los departamentos de: Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Nariño, Cauca y La Guajira. Asimismo, según medios de comunicación grupos armados no estatales, como el ELN, le pertenecían estas refinerías que eran utilizados para el almacenamiento de crudo ilegal y procesamiento de cocaína.

 

Otro ámbito para resaltar es que, según lo analizado por CT en el 2020, aumentaron los ataques en contra de la maquinaria petrolera y el robo sistemático de camionetas pertenecientes a las compañías contratistas. Según lo informado por Ecopetrol y lo analizado por CT, en inmediaciones del Campo Tibú, en Norte de Santander, es donde más se notificaron estas acciones.

 

 

Gráfica 4.2 Departamentos afectados por hechos de orden público e ilegalidad 2020

 

 

En la gráfica 4.2. se evidencia que Norte de Santander fue la región donde más hechos de orden público e ilegalidad se registraron, con el 32 % del total compilado. Fue el departamento que presentó el mayor número de instalaciones de válvulas clandestinas encontradas en el oleoducto Caño Limón Coveñas; también, la actividad del contrabando de hidrocarburo, ataques a infraestructura petrolera y destrucción de maquinaria petrolera, perjudicaron esta región en el 2020.

 

Asimismo, al igual que en el 2019, Arauca, fue el segundo departamento más afectado por los hechos de orden público e ilegalidad en el 2020.  Según lo analizado de CT, en este departamento se registró el mayor número de ataques en contra de la infraestructura petrolera en los municipios de Saravena, Arauquita y Tame; zona donde pasa el oleoducto Caño Limón Coveñas.

 

La gráfica siguiente muestra los departamentos afectados por estos hostigamientos y la totalidad de ataques registrados en el análisis para el 2020:

 

 

Gráfica 4.3 Departamentos afectados por hostigamientos del 2020

 

 

Como se mostró en la gráfica 4.1., los hostigamientos en contra de la infraestructura petrolera fueron la segunda variable más destacable de estos hechos de orden público; en total, la base de datos de CT registró 32 en el 2020 en los oleoductos Caño Limón Coveñas, Trasandino, Ayacucho Galán y el Campo Recetor.  Cabe resaltar que, durante el 2019, en la base de datos de CT, se contabilizaron 46 ataques en contra la infraestructura petrolera, es decir que en el 2020 disminuyeron.

 

En los primeros meses de 2020 es donde más se registró estos hostigamientos; siendo enero y mayo  los meses más impactados por estas acciones. Se debe recordar que en mayo, el ELN puso fin al cese al fuego unilateral establecido en marzo.

 

Durante la cuarentena decretada en 2020 se hicieron varias peticiones de líderes campesinos, grupos sociales, gremiales y ciudadanos de mantener la medida del cese al fue unilateral ante la emergencia del Covid-19; no obstante, el ELN decidió reanudar operaciones militares a partir de mayo. Esta situación aumentó los ataques en contra de la infraestructura petrolera y puso en peligro a los habitantes de los municipios donde se ubican estos oleoductos; pues el accionar violento contra estos complejos, afecta de manera directa los modos de vida de los ciudadanos e impacta gravemente los ecosistemas.

 

Como muestra la gráfica, el 50 % de los hostigamientos registrados ocurrieron en Arauca en contra del Caño Limón Coveñas; igualmente, Nariño fue el segundo departamento afectado por estos hostigamientos con un 32 % en el oleoducto Trasandino. Por último, el 6 % de estas acciones se registraron en Norte de Santander y el 3 % fue para Boyacá, Casanare, Cesar y Caquetá.

 

Si bien en los departamentos que registran estos ataques existe presencia del ELN y grupos armados no estatales, no se conoce los autores materiales de estos hechos. No se puede olvidar que disidencia de las FARC y grupos como el Clan de Golfo también tienen influencia en estas regiones.

 

 

 

CONTRABANDO

 

En total en el 2020 gracias a lo publicado por medios locales y nacionales, el sistema de alertas de CT registró la incautación de134 184 galones de combustible entre gasolina, diésel y ACPM. En comparación con el 2019 esta actividad aumentó, ya que para dicho año se contabilizaron 111 207 galones de combustible. A continuación, se muestra en detalle el consolidado por departamento.

 

 

 

Las acciones en contra de esta actividad ilícita estuvieron concentradas en las regiones fronterizas y de presencia de infraestructura petrolera del país. El 64 % de la incautación ocurrió en la zona limítrofe con Venezuela, principalmente en los departamentos de: Arauca, Norte de Santander, Guajira y Cesar; siendo Norte de Santander el departamento con la mayor incautación de crudo ilegal con un 46 543 galón.

 

Cabe resaltar que para el 2020, se presentó un fenómeno inusual sobre estos hechos. Por primera vez y por la escasez de gasolina en Venezuela, se originó esta actividad ilícita a la inversa, y ahora los vendedores informales venezolanos se proveen del hidrocarburo colombiano.

 

Lo anterior, ha llegado a tal punto que en el mercado negro de algunas zonas de Venezuela se ha cotizado en 7 dólares el litro de combustible; mientras que en Colombia un galón (que equivale a 3,7 litros) promedia alrededor de los 2,15 dólares.

 

La problemática repercutió que en Colombia el consumo de gasolina en la frontera se ha elevado 18 % en los últimos seis meses, según afirmó el Ministerio de Minas y Energía. La cartera aseguró que este fenómeno se presentó en los seis departamentos fronterizos:   Arauca, Cesar, Guainía, La Guajira, Nariño y Norte de Santander; zonas donde se registró el mayor número de incautaciones de contrabando de hidrocarburo para el 2020, como muestra el mapa anterior.

 

Para finalizar, se debe tener en cuenta que otro uso que tiene este combustible de contrabando se relaciona con el procesamiento de coca. Como lo manifiestan las autoridades departamentales y la Fuerza Pública en la información recopilada, grupos armados no estatales y grupos criminales utilizan el crudo para la fabricación de estupefacientes, en departamentos como: Nariño, Putumayo y Amazonas; zonas altamente afectadas por el conflicto armado.