Por: Alejandro López & Pablo Suárez

 

 

El Sistema General de Regalías (SGR) ha invertido y aprobado para Meta poco más de 5 billones de pesos desde su creación en 2012. También se han ejecutado y viabilizado, por medio de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), 865 proyectos en todo el departamento, lo que se traduce en un 10,31 % del total de recursos aprobados en el país y lo posiciona como el primero en esta escala, de acuerdo al Mapa de Regalías.

 

Es un hecho relativamente reciente que Meta figure como el principal productor de hidrocarburos en el país, fue a partir de 2003 que las empresas petroleras aprovecharon las garantías de seguridad y la reducción de requisitos ambientales que ofrecía  el gobierno del  entonces presidente Álvaro Uribe para operar en la región. En este año la compañía Meta Petroleum, que más tarde se fusionaría con Pacific Rubiales, compró los derechos de explotación del campo Rubiales, en el municipio de Puerto Gaitán; y al mismo tiempo, Ecopetrol amplió la producción del bloque Cubarral en los municipios de Acacías y Castilla La Nueva [1].

 

La producción de crudo antes de 2003 en el Meta, se reducía a la explotación a pequeña escala de pozos ubicados en zonas con alta presencia de las extintas FARC y de grupos paramilitares, tanto en la Altillanura como en el Piedemonte Llanero. Por una parte, la guerrilla atacaba con frecuencia la poca infraestructura existente y secuestraba funcionarios de las compañías petroleras; por otra, los paramilitares que habían llegado en la década de los 80 con el auge del narcotráfico, se unieron a las tropas de los hermanos Castaño desde 1997. Aunque la intensidad de la violencia descendió desde 2003, por la mayor presencia del Ejército que custodiaba los campos de petróleo y debido a la desmovilización de gran parte de la estructura paramilitar, no desaparecieron las amenazas contra líderes sindicales y ambientales que cuestionaban el poder de las empresas petroleras en el departamento [2].

 

Cabe resaltar además, que Meta fue objetivo de distintas tomas armadas a lo largo de su historia, 62 en total de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), de las cuales 56 fueron responsabilidad de las extintas FARC[3]. De otro lado, en el Plebiscito por la paz de 2016, los votos a favor del ‘No’ abarcaron el 63,6 % de la población metense, el restante 36,4 % votó ‘Si’. Sin embargo, algunos de los municipios más afectados por el conflicto le brindaron su espaldarazo a los Acuerdos de Paz, entre ellos La Uribe, según el reporte de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) [4].

 

Posteriormente, durante el gobierno de J.M. Santos, se firmó el Acuerdo Final de Paz con las FARC, a partir del cual se empezaron a desarrollar políticas de implementación de lo firmado en La Habana. Derivado de ello, el OCAD Paz vería la luz por medio del Acto Legislativo 04 del 8 de septiembre de 2017 y sería reglamentado por el Decreto de Ley 1534 del 15 de septiembre del mismo año. Así, se buscaría abarcar algunos de los puntos del Acuerdo, tanto en el fortalecimiento del sector rural como de la presencia estatal en zonas que se consideraban mayormente afectadas por más de 50 años de conflicto armado. 

 

Por medio del presente escrito se pretende, por una parte, mostrar cuáles han sido las aprobaciones del OCAD-Paz para Meta, a qué sectores de inversión se han dirigido, cuáles son los entes territoriales más favorecidos y si se han detectado irregularidades en el manejo de estos recursos. Por otra, también se analiza cómo ha sido el funcionamiento de este órgano colegiado desde su creación en 2017, hasta junio de 2020, respecto a los criterios establecidos para la priorización tanto de los proyectos como de los municipios en donde éstos se ejecutan, para determinar si ha habido la pertinencia y cumplimiento esperados con relación al objetivo principal para el que fue creado el OCAD-Paz.

 

 

La primera convocatoria del OCAD-Paz a nivel nacional, para la presentación de proyectos que estén encaminados a la implementación del Acuerdo Final, se realizó en abril de 2018, desde entonces para este departamento se han aprobado recursos por valor de 199 947 millones de pesos correspondientes a 28 proyectos. Como se puede ver en la tabla 1, por este órgano colegiadose han ejecutado más recursos que por el Regional y el de Ciencia y Tecnología; el OCAD-Paz ha viabilizado el 15,6 % de las asignaciones totales del SGR en este periodo de tiempo, mientras que la participación de los otros dos ha sido del 7,8 & y del 3,9 %, respectivamente.

 

Tabla 1. Aprobaciones del SGR para Meta entre 2018 y junio de 2020

 

Este monto de 1 282 millones de pesos y los respectivos 28 proyectos, se han aprobado para cinco sectores de inversión, de los cuales el más favorecido es Transporte con 19 proyectos que representan el 74 % de los recursos ejecutados por el OCAD-Paz. En el gráfico 1 puede verse la distribución para los demás sectores, correspondientes a seis proyectos para el sector de Minas y Energía, en tanto que para el de Agua Potable, Educación y Agricultura, solo se ha aprobado un  proyecto para cada uno [5]. 

 

Gráfico 1. Distribución de los recursos SGR aprobados por el OCAD-Paz para Meta

Fuente: Elaboración propia con datos de Gesproy

 

Sector Transporte:

En la tabla 2 se relaciona el nombre de los 19 proyectos aprobados hasta el momento por el OCAD-Paz Meta. Asimismo, dentro de la tabla 3 se facilita la información más relevante y detallada de cada proyecto. En términos monetarios, los mismos arrojan una suma total equivalente a 148 mil millones de pesos.

 

Tabla 2. Nombre de los proyectos del sector Transporte

 

De esta manera, se puede ver en la tabla 3 estos 19 proyectos organizados por el valor más alto de recursos ejecutados provenientes del SGR, de los cuales el P2 corresponde a las Asignaciones Directas para la Paz, dirigidas expresamente a la infraestructura de transporte para la implementación de los Acuerdos y ejecutado por la gobernación departamental. 18 proyectos están enfocados al mejoramiento de la red vial terciaria, salvo el P 17, que corresponde al subsector red urbana para el mantenimiento de una vías residenciales del barrio Nuevo Horizonte en Acacías.

 

Tabla 3. Información general de los proyectos del sector Transporte

 

De otra parte, puede verse que dos proyectos, P15 y P19, ambos en el municipio de Uribe, ya se encuentran terminados y sus avances físico y financiero así lo indican. Por el contrario, hay ocho proyectos que ya están contratados y se están ejecutando pero que, a corte de 30 de junio de 2020, aún no tienen ningún porcentaje en los avances mencionados. 

 

En cuanto a los proyectos que aún no tienen contrato de ejecución, podría entenderse que la demora se encuentra en que fueron aprobados a finales de 2019 y febrero de 2020, respectivamente, de modo que su proceso se pudo ver afectado por la situación de emergencia sanitaria. Sin embargo, sería importante que se realizaran veedurías ciudadanas y controles institucionales para que estas importantes obras no sean objeto de manejos irregulares o actos de corrupción.

 

Sector Minas y Energía:

 

Para este sector, el OCAD-Paz ha aprobado seis proyectos por valor de 42 mil millones de pesos, que representan el 21 % de todo el monto asignado por este órgano colegiado. En la tabla 4 se relacionan los nombres de cada uno y a partir de éstos puede observarse que todos están dirigidos a zonas rurales de cinco municipios distintos, en donde Puerto Lleras ha sido beneficiario de dos de estos proyectos, como se indica en la tabla 5.

 

Tabla 4. Nombre de los proyectos del sector Minas y Energía

 

El proyecto 20, de máxima cuantía para este sector con un monto de 30 mil millones de pesos y ejecutado por el municipio de La Macarena (ver tabla 5), es de gran importancia porque brindará electricidad generada con energía solar a viviendas rurales no interconectadas de este municipio. De igual manera, el proyecto 23 que se ejecuta en Puerto Concordia, tiene una importancia similar que el anterior aunque sus recursos disponibles son tan solo de 2 mil millones de pesos.

 

Tabla 5. Información general de los proyectos del sector Minas y Energía

 

De otra parte, los proyectos P22 y el P25 ejecutados en Puerto Lleras, tienen un alto porcentaje de avance físico acorde con su fecha de aprobación, ambos en diciembre de 2018, tal y como lo señala la tabla 5. Los dos proyectos restantes, el P21 y el P24, ejecutados por los municipios de El Castillo y Vista Hermosa respectivamente, no han comenzado sus obras a pesar de que el primero de ellos tiene un avance financiero del 37 % y su aprobación fue en junio de 2019; en cuanto al segundo, el argumento de su demora podría sostenerse en que se aprobó en marzo de 2020, es decir, mientras el país se encontraba en cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19 y los sectores productivos estaban detenidos.

 

Otros Sectores:

 

Como está señalado en las tablas 6 y 7, los últimos 3 proyectos de los 28 aprobados, se viabilizaron para los sectores de Agua Potable, Educación y Agricultura. El P26 y el P27 los ejecuta el municipio de La Macarena en los primeros dos sectores mencionados, uno para la construcción del alcantarillado del centro poblado de la vereda Playa Rica, y el otro, para la construcción de aulas en cinco centros educativos rurales. Ambos proyectos, que suman  7 230 millones de pesos, todavía no tienen avance físico, el primero porque está todavía sin contratar y el segundo se encuentra en ejecución según la base de datos Gesproy, pero dentro del Mapa de Regalías aparece con 0,0 %. 

 

Tabla 6. Nombre de los proyectos de otros sectores

 

Tabla 7. Información general de los proyectos de otros sectores

 

Por último, el P28 es ejecutado por el ente territorial de Puerto Concordia y fue aprobado en diciembre de 2019 por un valor de 2 287 millones de pesos, su inversión está destinada al sector Agricultura y Desarrollo Rural y está dirigido al fortalecimiento de la ganadería. Actualmente, no tiene ningún tipo de avance físico o financiero porque aún está sin contrato para el inicio de sus actividades, posiblemente esperando proponentes, lo que puede implicar que más adelante se pidan prórrogas sobre la obra, dilatando así la entrega de la misma, situación en la que únicamente se ve afectada la población a la que va dirigida.

 

En términos generales, con el gráfico 2 puede tenerse un panorama sobre el estado de los 28 proyectos, de los cuales 15 de ellos están en ejecución, pero 5 de éstos aún no han iniciado sus respectivas obras por no contar con la totalidad de la documentación al día, como el acta de inicio. De otro lado, hay 10 proyectos sin contratar y la razón puede estar en las fechas en que han sido aprobados, entre octubre de 2019 y mayo de 2020, lo que puede estar relacionado con los retrasos administrativos derivados de la Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, según el Decreto 417 de 2020.

 

Gráfico 2. Estado de los proyectos aprobados por el OCAD-Paz en Meta

Fuente: Elaboración propia con datos de Gesproy

 

 

En cuanto al proyecto P6, se desconocen las razones por las cuales ha sido desaprobado, el único de la lista con este estado. Se sabe que era un proyecto con Asignaciones Directas para la Paz, que contaba con 5 mil millones de pesos para el mejoramiento de las vías terciarias de la vereda La Bendición, en el municipio de Villavicencio. 

 

Ahora bien, en la tabla 8 se relacionan el valor y la cantidad de proyectos por cada ente territorial beneficiario. Allí se puede ver que hay tres municipios con cuatro proyectos aprobados para cada uno: Uribe, Puerto Lleras y La Macarena, que suman en su conjunto 124 mil millones de pesos, es decir, el 62 % de los recursos totales aprobados por el OCAD-Paz.

 

Tabla 8. Cantidad de proyectos y valor SGR por Ente Territorial beneficiario

 

 

El otro 38 % de los recursos aprobados se han distribuido en 13 municipios más, de los que Mesetas y Acacías tienen dos proyectos cada uno. Los 10 entes territoriales restantes (descontando el de Villavicencio por lo que se indicó anteriormente) son beneficiarios de un solo proyecto, que entre todos suman 43 780 millones de pesos, equivalentes al 22 % de la totalidad de lo aprobado por el OCAD Paz. Por otro lado, a pesar de los 18 proyectos que no tienen avances físicos y financieros, no se encontraron casos de corrupción entorno a las aprobaciones del OCAD Paz para Meta. No obstante, hay registro de 7 obras que aparecen “en ejecución” y sin ningún tipo de avance o auditoria visible, como la mayoría de proyectos que aparecen dentro del Mapa de Regalías. 

 

 

Los proyectos que tengan por objeto la implementación del Acuerdo Final y se presenten ante el OCAD-Paz, se evaluarán a partir de cuatro criterios de priorización territorial, según lo establece el Decreto 1534 de 2017 [6]. A continuación, cada uno de éstos se aborda por separado y se evalúa si cumple o no como requisito para la aprobación de los respectivos 38 proyectos aprobados.

 

A. Beneficio a la población de las entidades territoriales con mayor grado de afectación por el conflicto.

 

Para determinar cuáles proyectos satisfacen este criterio se tienen en cuenta dos parámetros, en primer lugar, el puntaje obtenido por la Medición de Criterios de Priorización Territorial-MCPT que tiene en cuenta variables como pobreza rural; economías ilegales; debilidad institucional; grado de afectación del conflicto y municipios donde hay extracción de RNNR. Con esto, se busca mitigar de manera directa las fallas estatales a lo largo del conflicto armado en los territorios mayormente afectados, igualmente, se establecen las reglas para priorizar los entes territoriales que se beneficiarían de las asignaciones para la Paz [7]. En segundo lugar, se identifica si el municipio beneficiario de cada proyecto está en la lista de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC, identificadas por el gobierno nacional en 2017 [8].

 

Tabla 9. Clasificación de los municipios beneficiarios según la MCPT

 

De esta manera, se puede ver en la tabla 9 los puntajes de la MCPT, así como el puesto de priorización a nivel nacional, de todos los municipios de Meta y si están definidos como ZOMAC, de los cuales los resaltados son los beneficiarios de proyectos aprobados por este órgano colegiado. A primera vista, se resalta el municipio de Puerto Gaitán, que posee el puntaje más alto y está en el primer lugar de priorización entre los 1 102 entes territoriales del país, es además ZOMAC, pero hasta el momento aún no tiene proyectos aprobados por el OCAD Paz, cuestión que pone en tela de juicio el funcionamiento del mismo y el manejo o interpretación que desarrollan dentro de la secretaría al momento de viabilizar y priorizar proyectos.

 

Apenas iniciada la cuarentena estricta decretada por el Gobierno Nacional, hacia el 30 de abril de 2020, el portal Verdad Abierta daba eco a una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre nueva presencia de grupos armados en tres municipios de Meta, entre ellos Puerto Gaitán. Por consiguiente, los esfuerzos del OCAD Paz por atender a la población que ha sido afectada por el conflicto, teniendo en cuenta que el ente territorial mencionado ocupa el primer lugar entre 1 102 municipios golpeados por la violencia, parece no seguir los caminos adecuados.

 

De los 16 municipios resaltados, cuatro no son ZOMAC: Acacías, Castilla La Nueva, Villavicencio y Cumaral, por lo tanto los cinco proyectos aprobados para estos entes territoriales no satisfacen el criterio A de priorización. Por el contrario, los 12 municipios en donde se ejecutan los otros 23 proyectos son ZOMAC y por tanto sí satisfacen el criterio A. Llama la atención que municipios como Puerto Rico, San Juan de Arama y Mapiripán, además de ser ZOMAC, tienen un alto puntaje de priorización pero todavía no han sido beneficiarios de proyectos para la implementación del Acuerdo Final. Una de las razones del porqué aún no han sido viabilizados proyectos para estos entes territoriales, puede ser el corto tiempo que lleva en funcionamiento el OCAD, aunque los criterios son lo suficientemente claros en términos de priorización.

 

Sin embargo, cabe resaltar que Acacías y Castilla La Nueva tienen un alto puntaje de priorización, el cual se obtiene al ponderar con 50 % la variable de afectación por el conflicto armado, lo cual plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo es posible que estos municipios hayan obtenido un puntaje tan alto sin ser ZOMAC, puesto que la medición indica que deben ser priorizados porque han sido afectados en gran medida por el conflicto?

 

B. Inversión destinada a la sustitución o erradicación de cultivos ilícitos.

 

La razón de que no hayan proyectos para este fin, es la poca cantidad de hectáreas con este tipo de cultivos registradas en Meta. De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia-O.D.C., en 2019 se reportaron un total de 1 465 ha., que representan una reducción de 1 479 en comparación con las 2 944 ha. del 2018 [9]. Si bien a nivel departamental hay un descenso importante, todavía persiste este fenómeno en municipios como La Macarena, Puerto Lleras, Vista Hermosa y Uribe (7), de modo que en estas zonas sería pertinente la ejecución de algún proyecto encaminado a la erradicación de cultivos ilícitos.

 

Así las cosas, podría ser necesario el direccionamiento de proyectos en pro de la conservación de la Serranía de la Macarena, donde se encuentran La Macarena, Vista Hermosa y Puerto Rico. De acuerdo con el O.D.C., durante 2001 y 2015 estos tres municipios, junto a Mapiripán, sumaron alrededor de 121 000 hectáreas sembradas de hoja de coca, lo que se traduce en una deforestación significativa de la Serranía, que reúne tanto ecosistemas andinos, amazónicos y del orinoco, del que hace parte también el río de los siete colores, Caño Cristales. Igualmente, se encuentra el Parque Natural Tinigua, donde se ha deforestado, de acuerdo con Cormacarena, cerca del 25 % de su área, lo que de continuar así significaría la desaparición de árboles en esta zona de la Serranía.

 

C. Inversión destinada a fortalecer el desarrollo económico y social en zonas rurales.

 

En esta medida, 18 de los 19 proyectos del sector Transporte están dirigidos al mejoramiento de las vías terciarias que aportan significativamente al desarrollo económico de los municipios y al progreso de sus habitantes, ya que estos corredores viales facilitan el acceso a diferentes servicios y fortalecen la producción agropecuaria. En línea con lo expuesto a finales del año pasado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), de las 8,5 millones de hectáreas con las que cuenta Meta, aproximadamente el 49,8 % (4,2 millones de hec.) pueden destinarse potencialmente al desarrollo agropecuario. Por eso, es comprensible que para este subsector de inversión se aprueben la mayoría de los proyectos y se destine, por este OCAD, la mayor cantidad de recursos (10).

 

La única excepción es el proyecto P2, debido a que su objetivo es la construcción y mejoramiento de las vías internas del barrio Nuevo Horizonte, en el casco urbano de Acacías. De hecho, esa obra no cumple con ninguno de los criterios analizados, porque este municipio no es ZOMAC y tampoco se enfoca en la erradicación de cultivos ilícitos; igualmente, no fortalece el desarrollo socio-económico de las zonas rurales y no está destinado a la reparación de las víctimas del conflicto. Por consiguiente, lo anterior puede significar que se está utilizando el OCAD Paz para aprobar y viabilizar obras que no logran pasar en las sesiones de otros OCAD como el departamental o municipal, desconociendo completamente la finalidad y los criterios del órgano colegiado analizado en esta investigación.

 

De otra parte, los seis proyectos aprobados para el sector Minas y Energía se llevan a cabo en zonas rurales, dos de estos son para la generación de electricidad a partir de energía solar y los demás para la construcción de redes eléctricas en zonas veredales. En los cinco municipios beneficiarios de este tipo de proyectos, El Castillo, La Macarena, Puerto Concordia, Puerto Lleras y Vista Hermosa, su población tendrá un mejoramiento de la calidad de vida, puesto que al contar con servicio de electricidad, las diferentes familias en zonas rurales podrían implementar maquinaria de producción agrícola y mitigar la falta de cobertura eléctrica que aún posiciona al departamento como una Zona No Interconectada (ZNI) (11).

 

Respecto a los proyectos P26, P27 y P28, también cumplen con este criterio en tanto se realizan en áreas rurales y porque, además, sus respectivos sectores, Agua Potable, Educación y Agricultura, son parte del eje principal de inversión en la tarea de implementar el Acuerdo Final. En resumen, 27 de los 28 proyectos aprobados por el OCAD-Paz cumplen con este criterio de priorización, aunque 23 de éstos también satisfacen simultáneamente el criterio A por lo explicado en el apartado anterior; así las cosas, se tiene que 4 proyectos cumplen exclusivamente este criterio C.

 

D. Inversión destinada a la reparación de víctimas del conflicto.

 

Finalmente, llama la atención que hasta el momento todavía no exista un proyecto que beneficie directamente a la población víctima del conflicto, teniendo en cuenta que 16 de los 29 municipios de Meta han sido definidos como ZOMAC y aún experimentan las problemáticas derivadas del conflicto. Esto quiere decir que aparentemente el SGR no está contribuyendo con el cumplimiento del punto 5 del Acuerdo Final en el que el Gobierno se comprometió a destinar recursos expresamente para la reparación de las víctimas del conflicto armado.

 

Inversiones en este sentido son necesarias, puesto que los efectos del conflicto armado en Meta han dejado 239 mil desplazados, de los cuales  más de 3 mil pertenecen a minorías étnicas, en especial indígenas, según un informe de la Universidad de Los Llanos y la Fundación por la Defensa de DD.HH. y Derecho Internacional Humanitario en el Oriente y Centro de Colombia (DHOC) [12]. No obstante, se debe resaltar que hay otros órganos estatales que también buscan la reparación de las víctimas, como la Secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta, que ha realizado seguimientos a los emprendimientos impulsados por un programa denominado ‘Manos a la obra’, del cual salieron 76 iniciativas productivas para 25 municipios, por aproximadamente 400 millones de pesos.

 

Si bien la población directamente afectada por la lucha armada cuenta con programas, como el mencionado anteriormente, que respaldan algunos puntos en la implementación del Acuerdo Final, no se debe justificar el vacío en el que se está incurriendo por parte del OCAD Paz a la hora de viabilizar y aprobar proyectos que reparen a las víctimas. Es fundamental destinar recursos para atender las problemáticas alrededor de aspectos como la restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, al igual que iniciativas que fortalezcan el comercio departamental e interdepartamental de los productos agrícolas locales que contribuirían al trabajo comunitario desde la legalidad, y así, a la construcción de una cultura de paz.

 

 

En primer lugar, se podría mencionar que los proyectos aprobados por el OCAD-Paz para Meta han estado concentrados en el sector Transporte, donde se han invertido el 74 % de los recursos viabilizados por este órgano colegiado, lo que corresponde a 19 proyectos de los 28 que se aprobaron. Si bien estas inversiones contribuyen significativamente al desarrollo socio-económico de los distintos entes territoriales beneficiarios, también se puede decir que en dos años y medio no se han tenido en cuenta otros municipios que tienen alto puntaje de priorización por la afectación sufrida a causa del conflicto armado, como son por ejemplo Puerto Rico, San Juan de Arama y, sobre todo, Puerto Gaitán.

 

En el caso de este último, precisamente, se evidencia una falta de coherencia respecto a los objetivos principales del OCAD-Paz, puesto que su misma Secretaría Técnica delegada para establecer una lista nacional de priorización de los municipios que más necesitan de las inversiones para la implementación del Acuerdo Final, no ha aprobado ningún proyecto para el que ocupa el primer lugar. Y es que además de ser ZOMAC, Puerto Gaitán es el municipio que tiene dos de los campos petroleros más productivos del país (Rubiales y Quifa) y su población experimenta simultáneamente las problemáticas derivadas de esta industria y las que ha dejado el conflicto armado. 

 

Esto deja en evidencia la incongruencia en el  funcionamiento de este OCAD, en tanto que va en contra de la naturaleza misma de las Asignaciones para la Paz y el discurso del fortalecimiento de los Acuerdos. Además, es importante anotar que más allá de satisfacer lo realmente pactado en La Habana, los proyectos aprobados para Meta pueden estar cubriendo sectores lo suficientemente atendidos por otros órganos colegiados. Tal es el caso de Transporte, que entre 2018 y junio de 2020 ha sido el sector con el mayor número de proyectos (71) y con las ejecuciones presupuestales más altas (394 mil millones de pesos), independientemente del tipo de OCAD que aprueba.

 

Se debe enfocar la lupa hacia los proyectos del sector transporte, de 19 que se encuentran viabilizados, cerca del 64 % (12) de los mismos no tienen avances físicos ni financieros dentro del Mapa de Regalías y el seguimiento que se hace a estas obras. Además de ello, hay inconsistencias en el mismo mapa concernientes al inicio de los trabajos, como por ejemplo el P7, que aparece con año de aprobación 2019 e inicio de obras en 2018. Si bien puede ser un error de digitación, no está demás hacer el llamado a la veeduría ciudadana para que este tipo de proyectos no se vean perjudicados por incumplimientos de los contratistas.

 

El motivo de los retrasos en 18 de los 28 proyectos aprobados por este OCAD para Meta, puede radicar en la inesperada emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, que obligó al detenimiento de todo tipo de actividades no solo en Colombia, sino en el mundo entero. En tal sentido, no son obras que se ejecuten en corto plazo, pero su reactivación debe ser eficaz y eficiente para que este órgano colegiado fortalezca su ejecución y su fin último, la consolidación de una sociedad en paz y con mayores oportunidades, llegue a buen puerto.

 

No está demás mencionar la flexibilidad que debería brindarse dentro del OCAD Paz para que la voz de los municipios sea escuchada, puesto que son estos los que conocen sus realidades y principales urgencias. Es cierto que existe la figura de los OCAD municipales para este fin, pero se está hablando del fortalecimiento y consolidación de la paz y sin duda los entes territoriales deben contar con mayor atención a la hora de viabilizar y aprobar proyectos dentro del órgano colegiado estudiado en esta investigación.

 

 

Referencias Bibliográficas

 

[1]. La Liga Contra el Silencio (2019). Meta y Petróleo. Uniandes. [Tomado de URL: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/meta-y-petroleo/]

[2]. Ibid.

[3]. Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Tomas y Ataques Guerrilleros (1965-2013). [Tomado de URL: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/tomas-y-ataques-guerrilleros_accesible.pdf]

[4]. Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Resultados electorales del Plebiscito por la Paz. [Tomado de URL: https://pares.com.co/2016/10/03/mapa-plebiscito/]

[5]. Sistema General de Regalías-SGR. Base de Datos Gesproy con fecha de corte 15-dic-2019. [Descargada de la página web oficial del SGR: https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/AvancesOCAD.aspx].

[6]. Presidencia de la República. (2017). Decreto 1534 de 2017. Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD PAZ. [Tomado de URL: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83535].

 [7]. Presidencia de la República. (2018). Decreto 413 de 2 de marzo de 2018. Por el cual se definen las reglas de priorización de las entidades territoriales beneficiarias de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías (SGR) y se dictan disposiciones relacionadas con la aprobación de proyectos de inversión en el OCAD Paz. Bogotá, Colombia. [Tomado de URL: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85499].

[8]. Presidencia de la República. (2017). Decreto 1650 del 9 de octubre de 2017. Bogotá, Colombia. [Tomado de URL: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201650%20DEL%2009%20DE%20OCTUBRE%20DE%202017.pdf].

[9]. Observatorio de Drogas de Colombia. Cultivos ilícitos en Meta. [Tomado de URL: http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio]

[10]. El Tiempo (2019). El ambicioso plan del Meta para volverse la despensa agrícola del país. [Tomado de URL: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-meta-le-apostara-a-consolidarse-como-despensa-agropecuaria-del-pais-439916 ]

[11]. Universidad Distrital Francisco José De Caldas (2020). Estado de la Cobertura Eléctrica y las Zonas No Interconectadas en la Región Central. [Tomado de URL: https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Cpt0l7-ESTADO-DE-LA-COBERTURA-ELECTRICA-Y-LAS-ZONAS-NO-INTERCONECTADAS-EN-LA-REGIO%CC%81N-CENTRAL.pdf ]

[12]. El Espectador. (22 de septiembre de 2020). Conflicto armado dejó más de 239.000 víctimas de desplazamiento en el Meta, según informe   [Tomado de URL: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/mas-de-239-mil-victimas-de-desplazamiento-dejo-el-conflicto-armado-en-el-meta/]