Por: Elizabeth Perea
Nariño hace parte de la Zona de Integración Fronteriza, ZIF, definida por el Consejo Andino De Ministros de Relaciones Exteriores, como “los ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de Países Miembros de la Comunidad Andina para los que se adoptarán políticas y ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de manera conjunta, compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en correspondencia con las características de cada uno de ellos”. La ZIF colombo-ecuatoriana, esta constituida por corredores estratégicos, los cuales facilitan un flujo considerable de bienes y servicios ilegales: combustible; tráfico de drogas e insumos para su producción; armas; minería ilegal; cultivos de uso ilícito; trata de personas y el paso ilícito de migrantes hacia Ecuador y el resto de suramérica. Lo que genera un escenario ideal para el fortalecimiento del conflicto armado, debido a las constantes disputas de las organizaciones ilegales por el control de estas.
Con la firma del Acuerdo de Paz se transformaron diversos aspectos de la seguridad en Nariño, generando un ambiente esperanzador que fortaleció el papel de los líderes y lideresas sociales locales. También se intensificaron los asesinatos de los defensores de los derechos humanos. Según el mapa de Indepaz en el 2017 se presentaron 31 asesinatos, en 2018 fueron 18, 2019 cerró 24 y hasta el 16 de junio de 2020 se presentaron 10 homicidios. A su vez, se presentaron denuncias por parte de la sociedad civil a causa de los débiles mecanismos de protección para las familias que firmaron acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos; la existencia de políticas sin enfoque diferencial y la prevalencia de respuestas militares en lugar de soluciones estructurales.
Conforme con lo anterior, el Decreto 1534 de 2017, crea el OCAD Paz, como órgano colegiado de decisión del Sistema General de Regalías (SGR), encargado de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión, que contribuyen a la implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluyendo la financiación de proyectos destinados a la reparación de las víctimas [1].
Los proyectos aprobados por el órgano colegiado deben ir acorde con el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, los cuales son verificados por el Departamento Nacional de Planeación, DNP acorde con los requisitos establecidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.
Al mismo tiempo, las decisiones se adoptan con un mínimo de dos votos favorables por cada nivel de gobierno: nacional, un voto; departamental, un voto; y municipal, un voto. EL OCAD Paz aprobó desde el año 2017 hasta el 15 de junio del 2020 un total de 24 proyectos por un valor de $117 200 millones de pesos. Este es el quinto órgano colegiado con mayor cantidad de proyectos aprobados después del OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, FCTeI, donde se concentra el 11,26 % del total de los recursos del Sistema General de Regalías [3].
La Tabla No. 1 muestra la cantidad de proyectos aprobados desde el 2017 hasta el 15 de junio del 2020 , donde se destaca el 2018 por ser el primer año en que entró en vigencia el Decreto 1534. Por su parte, el 2020 posee la menor cantidad de proyectos aprobados debido a la caída abrupta de los precios del petróleo y la pandemia a causa del covid-19, donde el aislamiento preventivo generó la ausencia de las sesiones presenciales para evitar la propagación del virus. Los proyectos de inversión financiados con los recursos del Sistema General de Regalías destinados a la implementación del Acuerdo Final, han logrado llegar solo a tres sectores económicos: Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural y Minas y Energía.
Tabla No 1. Proyectos aprobados por sector
| SECTOR | SUBSECTOR | CANTIDAD | VALOR SGR |
| Agricultura y desarrollo rural | Proyectos de desarrollo rural | 1 | 762.468.156 |
| Minas | Energía eléctrica – generación zonas no interconectadas | 1 | 1.560.780.202 |
| Transporte | Red Urbana | 1 | 5.097.088.735 |
| Red Vial Secundaria | 1 | 16.226.282.060 | |
| Red Vial Terciaria | 20 | 93.573.886.521 | |
| Total | 24 | 117.220.505.674 |
Fuente. Elaboración propia con datos de Gesproy
El sector Transporte se posiciona como el principal receptor de recursos, con un total de 114 897 millones de pesos, que corresponden al 98 % del total departamental. Estas inversiones buscan mejorar la infraestructura de las redes secundarias, terciarias y urbanas, con el fin de contribuir en la conectividad inter-municipal, departamental y regional. Un ejemplo clave, es la Construcción del tramo vial Espriella – Río Mataje en el municipio de Tumaco por 16 226 millones de pesos.
Para este sector se aprobaron 22 iniciativas, de las cuales el 81,44 % de los recursos se enfocaron en la construcción y mejoramiento de las vías terciarias [4].
La inversión realizada en el sector de Agricultura y Desarrollo Rural, busca mejorar la situación actual del campo mediante el reconocimiento de la ruralidad e inclusión de los pequeños productores en los procesos de conservación y oferta de servicios ambientales, diversificación de oportunidades, competitividad, calidad de servicios sociales y acceso equitativo a la infraestructura. En este caso, se ejecutó un proyecto por 762 millones de pesos, que corresponden al 0,65 % del total departamental, pese a que el agro es el principal sustento económico de las familias nariñenses con una participación del 15 % en el PIB Departamental [5]. Esto demuestra que, en comparación con el sector transporte, su iniciativa tiene poca envergadura [6]; considerando la vocación y potencialidad del territorio nariñense hacia el agro y la necesidad de contribuir a la autonomía alimentaria del departamento.
Para el caso del sector Minas y Energía, el cual tiene como objetivo garantizar el acceso y abastecimiento de los servicios públicos domiciliarios de gas natural y energía eléctrica, así como, la ampliación de la cobertura y la calidad de este a nivel domiciliario, industrial y comercial y promover el fortalecimiento de los sectores de hidrocarburos y minería; se encontró un proyecto por 1 560 millones de pesos ( 1,3 % del total departamental), el cual está dirigido a generar y distribuir energía eléctrica en las zonas no interconectadas del litoral Pacífico, como son El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé, Mosquera, La Tola y Olaya Herrera.
El 87,5 % del total de los proyectos aprobados por el OCAD Paz han sido ejecutados por los municipios, con un costo de 92 065 millones de pesos, donde El Tambo (17,51 %) y Ricaurte (11,12 %) es hacia donde se concentran la mayor cantidad de recursos. Ambos cuentan con dos proyectos enfocados al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de las vías intermunicipales mediante el uso de placa huella (concreto reforzado). (Gráfico 1) [8].
Gráfico 1. Entidades ejecutoras de los proyectos aprobados por OCAD Paz
Fuente. Elaboración propia con datos de Gesproy
La Gobernación de Nariño, la Gestión Social y el Instituto Nacional de Vías, que son entidades estatales y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte cuentan con el 21,46 % de los recursos. El gráfico 1 también permite identificar que de los 67 municipios que comprende el departamento solo el 35,82 % ha sido beneficiado con proyectos del OCAD: Ancuya, Colón, Consacá, Cumbitara, El Peñol, El Tambo, La Florida, La Llanada, Los Andes, Magüí Payán, Barbacoas, Linares, San Andrés de Tumaco, El Tablón, Policarpa, Providencia, Puerres, Ricaurte, San Cruz y Tangua [9]; los cuales tiene en promedio un Índice de Incidencia de Conflicto Armado medio alto.
Al analizar el estado de los proyectos se identifica que el 25 % está contratado sin acta de inicio, uno de mejoramiento de red urbana y 13 de la red terciaria; el 58,33 % se encuentra en ejecución donde 13 son para el mejoramiento de la red terciaria y un proyecto de desarrollo rural; el 4,2 % en proceso de contratación, todos relacionadas con la red terciaria y el 12,5 % sin contratar, dos de red terciaria y uno de generación de energía eléctrica en las zonas no interconectadas [10].
Asociados a los proyectos se encuentran 11 contratos sin ejecución por 2 364 millones de pesos; ocho en ejecución por 28 583 millones de pesos y 13 suspendidos por 43 410 millones donde el 76,92 % se debe a la declaración de la emergencia sanitaria por la Covid-19 y el 23,07 % por calamidades públicas; condiciones climáticas y ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas [11].
A corte del 15 de junio de 2020 el 70,83 % de los proyectos tenía un avance tanto físico como financiero del 0 %, de los cuales el 33, 32 % fue aprobado entre 1 – 9 meses; el 22,22 % entre 9 – 12 meses y el 44, 44 % hace más de un año. El 29, 17 % restante cuenta con: dos proyectos con un avance general superior al 70 %; dos proyectos con un avance de aproximadamente el 3,1 % y un proyecto con avance físico del 19,1 % y financiero del 0,3 % [12].
Los retrasos en la ejecución de los proyectos se deben en gran medida a los eventos de alertas relacionadas con el reporte de información al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, SMSCE, por parte de entidades ejecutoras de los 24 proyectos aprobados: 28 por presentar información incompleta; 20 por información inconsistente y 3 por la ausencia de esta, donde el 2019 mostró la mayor cantidad de casos [13].
De igual manera, se identifica un proyecto crítico con insuficiencias técnicas graves, falta de sostenibilidad, funcionalidad y operatividad, que corresponde al Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la vía para la paz y la integración de la subregión Guambuyaco en el municipio de El Tambo por 15 432 millones de pesos. El cual cuenta con un avance financiero del 90,12 % y físico de 72, 9 %; así como, un plan de mejora en seguimiento [14].
El OCAD Paz participa en el proceso de transformación socioeconómica en las regiones azotadas por el conflicto armado, mediante el impulso de sectores que se encuentren en el núcleo del Acuerdo Final, como son: la agricultura; el desarrollo sostenible; la infraestructura de transporte; el ambiente; la reparación de las víctimas; la inclusión social y reconciliación; la justicia y el derecho. Esto con el ánimo de impulsar el desarrollo de las zonas rurales y con ello, incrementar los niveles de competitividad y productividad de la mano con el resarcimiento del tejido social [15].
Para dar cumplimiento a lo anterior, el artículo 3 del Decreto 1534 de 2017 establece los criterios de priorización para los proyectos que tengan por objeto la implementación del Acuerdo; los cuales se listan a continuación [16].
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Criterio 1. Beneficio a la población de las entidades territoriales con mayor grado de afectación por el conflicto
Las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, Zomac, establecidas mediante Decreto Presidencial 1650 de 9 de octubre de 2017 son incluidas de acuerdo con: el Índice de Pobreza Multidimensional, IPM; el Índice de Incidencia del Conflicto Armado, IICA; el Indicador de desempeño fiscal; la distancia a las capitales del departamento; las aglomeraciones de acuerdo con el sistema de ciudades; las categorías de ruralidad y la población [17].
El Zomac señala a los municipios de Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Peñol, El Rosario, Francisco Pizarro, Ipiales, La Llanada, La Tola, Leiva, Los Andes, Magüí Payán, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa, Puerres, Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara como Zomac, siendo solo la mitad de los territorios ejecutores de proyectos del OCAD Paz [18], desconociendo a más del 50 % de los municipios afectados por esta problemática.
Ahora bien, al analizar el Índice de Incidencia del Conflicto Armado, IICA [19] y el Índice de Concentración de Víctimas, ICV [20], se identificó que los 20 municipios donde se llevan a cabo estos proyectos (La Tabla No. 2), poseen en promedio un nivel medio-alto de incidencia de conflicto y una concentración de víctimas de aproximadamente el 16 % cada uno. Lo que demuestra que los 24 proyectos aprobados cumplen con este objetivo.
Tabla No 2. Índice Incidencia del Conflicto Armado e Índice de Concentración de Víctimas en los municipios ejecutores de proyectos en Nariño
| Índice Incidencia del Conflicto Armado e Índice de Concentración de Víctimas en los municipios ejecutores de proyectos en Nariño | ||||
| Municipio | Cantidad de proyectos | Nivel de Incidencia del Conflicto Armado | IICA | Índice de Concentración de Víctimas (ICV) |
| Ancuyá | 1 | Medio Bajo | 1,32 | 14,50 |
| Barbacoas | 1 | Muy Alto | 12,88 | 20,61 |
| Colón | 1 | Medio Bajo | 1,01 | 7,88 |
| Consacá | 1 | Bajo | 0,56 | 16,15 |
| Cumbitara | 1 | Muy Alto | 8,87 | 20,62 |
| El Peñol | 3 | Medio | 2,18 | 17,73 |
| El Tablón De Gómez | 1 | Medio Bajo | 1,30 | 35,59 |
| El Tambo | 2 | Medio Bajo | 0,80 | 14,27 |
| La Florida | 1 | Medio Bajo | 0,82 | 16,08 |
| La Llanada | 1 | Alto | 4,16 | 30,30 |
| Linares | 1 | Medio | 2,75 | 30,44 |
| Los Andes | 1 | Medio | 2,39 | 31,54 |
| Magüí | 1 | Muy Alto | 7,81 | 12,11 |
| Policarpa | 1 | Muy Alto | 11,52 | 50,06 |
| Providencia | 1 | Bajo | 0,56 | 8,09 |
| Puerres | 1 | Medio | 2,48 | 9,34 |
| Ricaurte | 2 | Muy Alto | 6,96 | 48,37 |
| Santacruz | 1 | Medio Bajo | 1,52 | 3,90 |
| Tangua | 1 | Bajo | 0,60 | 13,43 |
| San Andrés De Tumaco | 1 | Muy Alto | 13,26 | 42,85 |
Fuente. Elaboración propia con datos del Departamento Nacional de Planeación
A las regiones con niveles muy altos de IICA como San Andrés de Tumaco, Barbacoas, Policarpa, Magüí Payán y Cumbitara, no se le atribuyen la mayor cantidad de proyectos aprobados. Lo anterior se debe en gran medida a la presencia de grupos armados no estatales como los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, Ejército de Liberación Nacional, ELN, Rastrojos, Rocas del Sur y Urabeños, los cuales ejercen control sobre estas regiones e incrementan los casos de violencia en el departamento. De igual manera, en estas zonas existe una dependencia económica hacia actividades ilegales como la producción de cocaína, debido al alto margen de utilidades que genera; disminuyendo la posibilidad de incursionar en otros ámbitos, como la elaboración de productos con valor agregado.
Es importante resaltar que, según la información proporcionada por la Agencia de Renovación del Territorio, ART y Gesproy, de los 24 proyectos aprobados el 25 % hace parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, los cuales priorizan los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. El departamento comprende dos subregiones en el PDET: a) Pacífico y frontera nariñense, con los municipios de El Charco, La Tola, Magüí, Mosquera, Francisco, Pizarro, Ricaurte, Santa Bárbara, Barbacoas , Olaya Herrera, Roberto Payán y Tumaco y, b) Alto Patía y norte del Cauca, con Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes y Policarpa . Se pueden identificar los siguientes proyectos aprobados [21]:
En el Pacífico y frontera nariñense: 1) El mejoramiento en pavimento rígido de la vía Loma Peña vereda las Puntas – casco urbano de Magüí Payán, para la implementación del Acuerdo de paz en el municipio de Magüí Payán por 5 097 millones de pesos; 2) Mejoramiento del tramo vial cabecera municipal – vía San Pablo y ramal San Pablo – El Tablón mediante el uso de placa huella en la red vial terciaria del municipio de Ricaurte por 3 098 millones de pesos y, 3) El mejoramiento del tramo vial terciario municipal vereda San Isidro – El Rollo y San Isidro – Reserva Natural La Planada mediante el uso de placa huella del municipio de Ricaurte por 1 560 millones de pesos.
En Alto Patía y norte del Cauca: 1) El mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huella en la vía Puente Rojo – Tabiles municipio de Cumbitara por $ 4835 millones de pesos; 2) el mejoramiento de vías terciarias en placa huella de las Veredas el Arenal y la Planada en el municipio de los Andes por $ 3908 millones de pesos y, 3) la instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Policarpa por 1 560 millones de pesos.
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Criterio 2. Inversión destinada a la sustitución o erradicación de cultivos ilícitos
Nariño presenta una de las condiciones más críticas en cuanto al establecimiento de cultivos de coca de Colombia. Desde el 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, se sembraron un total de 124 601,19 hectáreas, donde el 62,10 % corresponden a 14 de los 20 municipios ejecutores de proyectos aprobados [22].
Con base en la información suministrada por la Tabla No. 3, se percibe una reducción de 8 770,36 hectáreas, desde la firma del Acuerdo Final hasta el 2019, gracias a lo estipulado en el Punto 4 del Acuerdo denominado “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, que tiene como objetivo promover una visión que logre un “tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género”, para así, mitigar el impacto generado por el desarrollo de esta actividad ilegal [23].
Tabla No. 3 Cultivos ilícitos en Nariño (cifras en hectáreas)
| Municipio | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ancuyá | 45,60 | 24,63 | 16,31 |
| Barbacoas | 4.590,50 | 3.516,29 | 3.138,09 |
| Cumbitara | 666,80 | 778,23 | 684,38 |
| El Peñol | 97,31 | 55,80 | 50,42 |
| El Tambo | 176,28 | 98,48 | 60,07 |
| La Florida | 83,95 | 39,87 | 22,73 |
| La Llanada | 146,45 | 142,47 | 103,92 |
| Linares | 558,06 | 504,71 | 419,55 |
| Los Andes (Sotomayor) | 364,39 | 294,95 | 261,89 |
| Magüí (Payán) | 1.716,95 | 2.023,63 | 2.148,19 |
| Policarpa | 960,41 | 936,40 | 794,31 |
| Ricaurte | 784,16 | 808,56 | 640,93 |
| Santa Cruz (Guachaves) | 803,08 | 809,55 | 626,34 |
| Tumaco | 19.516,93 | 16.046,85 | 11.830,26 |
| Total | 30510,87 | 26080,42 | 20797,39 |
| Total Nariño | 45.734,62 | 41.903,31 | 36.964,26 |
Fuente. Elaboración propia con datos del Observatorio de Drogas de Colombia, ODC
Los municipios más afectados por esta problemática son Barbacoas, Magüí Payán y San Andrés de Tumaco, los cuales concentran el 83,4 % del total departamental. En Tumaco, se observa una condición de vulnerabilidad muy alta con el 61,24 % del total de coca de Nariño; posesionado como el municipio que alberga la mayor cantidad de sembrados de todo el país y que cuenta con todos los eslabones de la cadena del narcotráfico: cultivo, procesamiento y distribución.
Sin embargo, no existe ningún proyecto destinado a la sustitución o erradicación de cultivos ilícitos en Nariño, pese a que el departamento es uno de los más afectados por la presencia de este factor. Por esta razón, es importante que el OCAD promueva alternativas de sustitución como son: las granjas integrales campesinas y los proyectos “Verdes”, considerando que el 61 % de los cultivos de coca se encuentran fuera de la frontera agrícola y requieren de recuperación forestal; a su vez, estos proyectos deben impulsar la soberanía alimentaria como una actividad fundamentalmente en manos de las mujeres y en el acceso de las mujeres a la tierra, crédito y la tecnología de producción; así como, estimular el proceso de formalización y acceso a la propiedad de la tierra.
Otras alternativas pueden estar enfocadas en el empleo de la hoja de coca para la medicina terapéutica y preventiva, cosmetología o como sustitutivo del azúcar para elaborar chocolate (el extracto de hoja de coca disminuye la amargura del cacao evitando el uso de endulzantes).
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Criterio 3. Inversión destinada a fortalecer el desarrollo económico y social en zonas rurales
Los municipios ejecutores presentan en promedio 25,60 % de personas en Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, donde las peores condiciones las tienen: Magüí Payán (82,50 %), Ricaurte (62,19 %) y Santacruz (40,80 %); las cuales giran en torno a deficiencias en la cobertura de los servicios públicos, hacinamiento crítico, dependencia económica e infraestructuras débiles de vivienda [24].
Por otra parte, el Índice Integral de Desempeño Municipal, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, mide y compara el desempeño municipal entendido como la gestión de las Entidades Territoriales y la consecución de resultados de desarrollo (el aumento de la calidad de vida de la población), demuestra que en promedio los municipios ejecutores de estos proyectos tienen un indicador del 79,2 %, donde los municipios con mejor desempeño son: El Tambo (86,85 %), Providencia (86,18 %), Puerres (85,52 %), Linares (84,69 %) y Ricaurte (84,14 %) [25].
El Plan Nacional de Vías Terciarias para la Paz, tiene como objetivo “lograr la integración regional y acceso a servicios sociales y mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población campesina; y de esta manera, optimizar la transitabilidad en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Conforme con lo anterior, el OCAD destinó el 81,44 % de los recursos para el mejoramiento y construcción de estas vías, siendo obligatoria la participación comunitaria de las personas residentes en zonas de conflicto armado durante la ejecución de las obras y su mantenimiento [26] [27] .
Los proyectos de infraestructura vial terciaria permiten la unión entre las cabeceras municipales y las poblaciones apartadas del departamento; como es el caso del proyecto de Mejoramiento del tramo vial, a través de la construcción de pavimento rígido en la vía que comunica el puente del río Juanambú con la cabecera urbana en el municipio El Tablón por $ 5 639 millones de pesos. Con ello se potencia el intercambio comercial ya que facilitan el transporte de las materias primas, pero sobre todo el transporte del producto final hacia los consumidores. De igual manera, se implementa la oferta de servicios públicos, de salud, seguridad y educación. Esto permite acelerar el crecimiento económico de la población rural [28].
Los principales proyectos de la red vial terciaria son: el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la vía para la paz y la integración de la subregión Guambuyaco, en el municipio El Tambo, por $ 15 432 millones de pesos; el mejoramiento del tramo vial terciario municipal vereda San Isidro – El Rollo y San Isidro – Reserva Natural La Planada mediante el uso de placa huella en el municipio de Ricaurte, con un costo de $ 9 239 millones de pesos y el mejoramiento de las vías terciarias en las veredas la Granja, Chuza y Chagraurco, mediante la construcción de placa huella en sitios críticos en el municipio El Tambo, por $ 5 089 millones de pesos [29].
En cuanto a la red vial secundaria que une las cabeceras municipales entre sí, con la red vial primaria y terciaria son vitales para el desarrollo regional y la disminución de la pobreza rural, incrementando la competitividad en los sectores agrícola y minero [30]. En este se encuentra la construcción del tramo vial Espriella – Río Mataje y el puente internacional Mataje, en el municipio de Tumaco, con un costo de $16 226 millones de pesos.
Finalmente, la instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica, en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Policarpa, al que le corresponden el 1,3 % de los incentivos, va acorde con el Plan Nacional de Electrificación Rural, que busca ampliar la cobertura de infraestructura eléctrica y la capacidad de generación de energía con Fuentes No Convencionales (FNCER), sostenibles o híbridos en Zonas No Interconectadas (ZNI)[31].
El 0,65 % de los recursos restante, fue empleado para el fortalecimiento de la actividad productiva de aves de postura, como estrategia generadora de ingresos para mujeres campesinas en el municipio de El Peñol, siendo el único proyecto que busca impulsar la agricultura familiar para la construcción de paz y el desarrollo de la economía rural.
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Criterio 4. Inversión destinada a la reparación de víctimas del conflicto
La reparación integral de víctimas del conflicto armado posee cinco medidas: 1) Satisfacción, para mitigar el dolor de las víctimas, reconstruir la verdad sobre los hechos ocurridos y divulgar la memoria histórica del conflicto, así como, dignificar a estas ; 2) Rehabilitación, para restablecer las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas mediante tratamientos médicos y/o acompañamiento psicológico ; 3) Restitución de los derechos y condiciones que tenían antes de los hechos; 4) Garantías de no repetición, acciones encaminadas por el Estado para garantizar a las víctimas y a la sociedad en general que los hechos ocurridos no volverán a repetirse y 5) Indemnización administrativa, compensación en dinero. Pese a que Nariño cuenta con un total de 81 474 víctimas directas del conflicto armado desde el 2017-2019, a la fecha no existen proyectos encaminados a dar cumplimiento a las medidas mencionadas anteriormente [32] [33].
En este sentido, el OCAD deben impulsar programas que permitan resarcir el daño causado por el conflicto mediante el desarrollo de programas integrales comunitarios de atención a la salud, incluyendo la reconstrucción de sistemas de apoyo comunitario; capacitación sobre derechos humanos y resolución de conflictos para las comunidades y sus líderes, creación de programas comunitarios de apoyo emocional.
Los recursos del OCAD Paz para Nariño, desde el segundo semestre del 2017 hasta el primer semestre del 2020, se han concentrado casi en tu totalidad en el sector transporte, especialmente en el mejoramiento de las vías terciarias, con el ánimo de impulsar la integración regional de la población campesina.
Pese a que las inversiones en el Sector Transporte son pertinentes, no debería presentarse una focalización de recursos, por el contrario, se deben promover todos los sectores que se encuentran en el núcleo del Acuerdo Final, como son: la agricultura, el desarrollo sostenible, ambiente, reparación de las víctimas, inclusión social y reconciliación, justicia y derecho.
De igual manera, se evidencia una lentitud en la ejecución de los proyectos por parte de las entidades territoriales del departamento, donde aproximadamente el 70,83 % no tiene avance físico ni financiero. Esta dilatación se encuentra asociada con las alertas por parte del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, debido a la información incompleta, inconsistente o ausencia de esta.
Al analizar el cumplimiento de los criterios de priorización de los proyectos se pudo identificar que solo la mitad de los municipios beneficiarios de Nariño pertenecen a las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, Zomac y en aquellas regiones donde se perciben niveles muy altos de incidencia del conflicto armado no se ha aprobado una cantidad considerable de proyectos mediante el OCAD Paz.
En cuanto a la sustitución o erradicación de cultivos ilícitos que es una de las principales problemáticas del departamento, se evidencia una reducción de 8 770,36 hectáreas cultivadas de coca después de la firma del Acuerdo de Paz. Sin embargo, ninguno de los proyectos promueve un tratamiento público y diferenciado a este fenómeno, que inicie con la implementación de acciones específicas enfocadas en el tránsito a la economía legal estipuladas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET; así como el desarrollo de alternativas que vayan más allá de la erradicación forzada o manual.
Por otra parte, los recursos invertidos hasta el momento no fortalecen considerablemente el desarrollo económico y social en las zonas rurales, ya que no impactan de manera directa las necesidades de la comunidad y tampoco presentan una correlación con los Planes de Desarrollo Municipales, PDM, que describen el futuro deseable y viable para cada región, mediante Planes Estratégicos de Desarrollo Zonal. Al mismo tiempo, la inversión no se ha encaminado a la reparación de las víctimas del conflicto, ya que no se ha generado una reconstrucción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición para los más afectados por esta dinámica.
En definitiva, aunque este órgano colegiado no lleva mucho tiempo en funcionamiento, su labor no ha sido la adecuada, ya que no ha impulsado proyectos que influyan directamente en la situación actual de las zonas golpeadas por el conflicto armado. De igual manera, debe garantizar que los proyectos sean sostenibles en el tiempo y promuevan la implementación del Acuerdo. También, se requiere que se articulen con los PDM, para así, identificar los sectores que garanticen mejoras a nivel rural y con ello, alcanzar los objetivos planteados.
Bibliografía
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[2] Ídem.
[3] Gesproy. (15 de Agosto de 2020). Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. Obtenido de Estado de las inversiones: https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/Estadodelasinversiones.aspx
[4] Ídem
[5] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (18 de junio de 2020). Cuentas Nacionales. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales
[6] Gesproy. (15 de Agosto de 2020). Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. Obtenido de Estado de las inversiones: https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/Estadodelasinversiones.aspx
[7] Ídem
[8] Ídem
[9] Ídem
[10] Ídem
[11] Gesproy. (15 de Junio de 2020). Estado de las inversiones. Obtenido de Relación de contratos: https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/Estadodelasinversiones.aspx
[12] Gesproy. (15 de Agosto de 2020). Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. Obtenido de Estado de las inversiones: https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/Estadodelasinversiones.aspx
[13] Gesproy. (15 de Junio de 2020). Control SGR. Obtenido de Reportes a órganos de control y FGN: https://www.sgr.gov.co/SMSCE/ControlSGR/Reportesa%C3%B3rganosdecontrolyFGN.aspx
[14] Gesproy. (15 de Agosto de 2020). Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. Obtenido de Estado de las inversiones: https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/Estadodelasinversiones.aspx
[15] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (18 de junio de 2020). OCAD Paz. Obtenido de http://www.irc.gov.co/webcenter/portal/SGR/pages_ocadpaz
[16] Gestor Normativo. (2020). Decreto 1534 de 2017. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83535
[17] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (09 de Octubre de 2017). Decreto 1650. Obtenido de http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201650%20DEL%2009%20DE%20OCTUBRE%20DE%202017.pdf
[18] Ídem
[19] Departamento Nacional de Planeación. (s.f.). Índice de Incidencia del Conflicto Armado 2002- 2013. Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica%20de%20Vctimas/Construcci%C3%B3n%20de%20Paz/IICA%20municipal.xls
[20] Departamento Nacional de Planeación. (s.f.). Índice de Concentración de Víctimas. Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica%20de%20Vctimas/ICV/ICV%20jun2016.xlsx?Web=1
[21] Agencia De Renovación Del Territorio (15 de junio de 2020). Programas de Desarrollo con Enfoque Diferencial. Obtenido de https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/
Gesproy. (15 de Agosto de 2020). Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. Obtenido de Estado de las inversiones: https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/Estadodelasinversiones.aspx
[22] Observatorio de Drogas de Colombia. (2020). Cultivos ilícitos. Obtenido de http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio
[23] Cancillería. (2016). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Obtenido de https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf
[24] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
[25] Departamento Nacional de Planeación. (2018). Desempeño Municipal. Obtenido de https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx
[26] Departamento Nacional de Planeación (2020). Vías terciarias para la paz y el posconflicto. Obtenido de https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-documentos-tipo/vias-terciarias-para-la-paz-y-el-postconflicto
[27] Gesproy. (15 de Junio de 2020). Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. Obtenido de Estado de las inversiones https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/Estadodelasinversiones.aspx
[28] Narvaez, L. (2017). Vías terciarias: motor del desarrollo económico rural. Obtenido de https://ojsrevistaing.uniandes.edu.co/ojs/index.php/revista/article/view/945
[29] Palomo, S. A., & Quintero Castiblanco, C. E. (2019). Análisis del estado de las vías secundarias en Colombia y la oportunidad de la ingeniería civil para su construcción y mantenimiento. Obtenido de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23927/1/TESIS%20V2%20SC%20FINAL%202.pdf
[30] Gesproy. (15 de Junio de 2020). Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. Obtenido de Estado de las inversiones https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/Estadodelasinversiones.aspx
[31] Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas. (2018). Informe de rendición de cuentas.
[32] Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2020). Medidas de Reparación Integral. Obtenido de https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion-integral-individual/286
[33] Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2020). Visor Geográfico de Víctimas. Obtenido de https://vgv.unidadvictimas.gov.co/#
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