El Pulso Petrolero de Crudo Transparente, mide mes a mes la conflictividad social, armada y ambiental asociada a la industria petrolera en Colombia
En junio el Ministerio de Minas y Energía publicó su reporte mensual de petróleo, el cual evidenció que en mayo de 2020 la producción de crudo tuvo una caída de 18,15 % frente al mismo mes de 2019. Lo anterior significa que la cifra alcanzó 732 120 barriles promedio día, un dato considerable si se compara con el año anterior que fue 894 519 barriles.
Es de resaltar que esta caída no se veía desde 2009, cuando la producción fue de 725 000 barriles promedio día. Según el Ministerio, las razones de las cifras actuales se deben al cierre temporal de pozos por los precios internacionales de crudo, a la emergencia sanitaria y a factores de orden público y conflictividad social.
Como siempre, este panorama deja incertidumbre en el contexto económico del país, ya que con estos precios bajos se prevé una disminución en la renta petrolera y un aumento en el déficit de cuenta corriente de Colombia, que depende en gran parte de la venta de petróleo.
Por otro lado, en este mes Ecopetrol notificó que se reactivaron 156 frentes de trabajo en los diferentes proyectos petroleros del país; con este incremento de actividades se generó la reincorporación de 2 810 empleados, según informó la petrolera.
Asimismo, la Estatal agregó que Meta y Santander fueron los departamentos que más registraron reintegros con 1 371 y 677 trabajadores en campo, respectivamente; no obstante, según lo recopilado por Crudo Transparente, estas mismas zonas del país fueron en las que más se notificaron hechos de conflictividad social y denuncias en contra de Ecopetrol y demás operadoras en mayo y junio de 2020. Lo anterior debido al aumento del desempleo, el incumplimiento de pagos salariales y la suspensión de contratos por la COVID-19 y la caída de los precios del petróleo.
Desde otro ámbito, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el primer debate del proyecto de Ley 283 de 2019, que crea 14 nuevos delitos ambientales y eliminó el artículo que establecía como delito la práctica del fracking. Además, para este mismo periodo el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Armando Zamora, anunció que en octubre se adjudicarían a través de una convocatoria los pilotos de esta técnica en el país.
La incertidumbre por la implementación de este procedimiento en Colombia sigue aumentando, más si se tiene en cuenta que frente a la oscilación de los precios actuales del petróleo no es factible una inversión por parte de las compañías interesadas, sin olvidar que aún existen cuestionamientos sobre el impacto sobre la salud humana y el ambiente. Asimismo, dado el confinamiento, la socialización en las áreas de influencia de estos pilotos se ha retrasado y sin estos acercamientos en las regiones queda un vacío importante para una posible puesta en marcha de esta técnica.
Por otro lado, las comunidades del corregimiento de El Morro, Yopal, Casanare, manifestaron su preocupación acerca del retraso de seis meses del proyecto de gasificación, por parte del consorcio Gas de Casanare y la administración departamental.
Ricardo Rodríguez, fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Libertad, (corregimiento El Morro, Yopal) señaló, a través de medios de comunicación, la incertidumbre que tienen actualmente las 480 familias que debían ser beneficiadas La empresa hasta el momento no ha proporcionado información al respecto, a pesar que la población la ha solicitado. Por tal razón, se hace un llamado a la compañía encargada y al gobierno local para entregar un informe actual sobre la situación y los avances de este proyecto.
Con relación a las categorías de análisis del pulso petrolero de Crudo Transparente, se notificaron los siguientes sucesos: respecto a conflictividad social se registraron seis protestas, dos huelgas, un bloqueo de vías y un plantón; siendo Bogotá, Santander y Meta los lugares donde se desarrollaron estas manifestaciones. Este último departamento es donde más se presentaron estas actividades en contra de Ecopetrol y sus filiales.
En relación a medio ambiente, se registraron la contaminación de tierras y de fuentes hídricas y derrames de crudo en Arauca, Norte de Santander y Santander. Para destacar, en el río Caquetá se presentó un derrame de crudo por la perforación ilícita de una tubería en los pozos de exploración de Gran Tierra, en Puerto Guzmán, Putumayo. Funcionarios de Corpoamazonía informaron que el crudo cayó a un brazo del río Mocoa y luego contaminó el río Caquetá.
Tras el suceso a los municipios de Curillo, Solita y Solano en el sur de Caquetá se les interrumpió el servicio de acueducto y se declararon en emergencia sanitaria. Hasta el momento, no se ha reportado la cifra concreta de las afectaciones tras la contaminación; sin embargo, estos derrames de crudo producen impactos ambientales y perjudican la cotidianidad de las comunidades aledañas a los cuerpos de agua.
Por último, con relación a la categoría de orden público e ilegalidad se registraron las instalaciones de válvulas ilícitas y las incautaciones de hidrocarburos de contrabando. En junio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), liberó en Arauca a los dos trabajadores de la empresa petrolera Borets, secuestrados en mayo. Los empleados fueron entregados a a una comisión humanitaria conformada por integrantes del Comité internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo.
Para finalizar, en acciones contra el contrabando de hidrocarburos se decomisaron 49 339 galones de combustible entre ACPM y gasolina y 400 cilindros de gas licuado de petróleo en Arauca, Casanare, Cesar, La Guajira y Norte de Santander. Es importante destacar que junio, hasta ahora, es el mes del año en el cual se ha incautado más gasolina de contrabando, como lo muestra el gráfico uno.
Gráfico 1
Como se puede observar en el gráfico uno, en los tres primeros meses de 2020 la aprehensión de gasolina y ACPM fue alta, especialmente en marzo cuando aumentó el triple en comparación a los periodos anteriores; sin embargo, después de la cuarentena decretada por el Gobierno, en abril y mayo las incautaciones se redujeron y la cifra no superó los 3 000 galones.
Después, se puede notar que en junio se presenta un incremento en estas incautaciones; siendo un periodo en el cual las restricciones de la cuarentena comenzaron a reducirse en el país y la ciudadanía retornó a la mayoría de sus actividades normales. Vale destacar que las zonas donde más se registran estas actividades son territorios fronterizos con Venezuela, es decir: Arauca, Norte de Santander y La Guajira.
El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente. A continuación, se muestran en detalle los sucesos del mes.
Conflictividad social
Protestas
En Sabana de Torres, Santander, se llevó a cabo una protesta por parte de la comunidad en contra de Ecopetrol y las empresas contratistas. El motivo fue exigir la contratación de la mano de obra local en el municipio, además, de solicitar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de las compañías petroleras para hacerle frente a la propagación de la COVID-19.
Tras estos hechos, los manifestantes hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo para buscar soluciones y solicitaron ante las autoridades que se visibilice la situación que están viviendo centenares de familias del municipio por la falta de oportunidades en la Estatal.
En el campo La Cira Infantas, ubicado en Barrancabermeja, Santander, Ecopetrol denunció acciones en contra de 31 pozos petroleros en medio de unas protestas. El motivo de la manifestación fue exigir la contratación de la mano de obra local.
Además de los actos de sabotaje, la Estatal informó sobre el cierre abrupto de válvulas en diferentes pozos del campo y amenazas en contra de los operadores por parte de terceros. Es de destacar que esta clase de actos representa un inminente peligro para los trabajadores que están dentro de estos complejos y también pueden generar posibles afectaciones al medio ambiente.
Tras los hechos anteriores, la Estatal hizo un llamado a los manifestantes para suspender las amenazas y reiteró su interés para sentarse a dialogar junto con la Alcaldía local y la Procuraduría.
Por último, en Castilla La Nueva y Acacias, Meta, se llevaron a cabo cuatro protestas en los clusters 59 y 3, y en las estaciones Castilla 2 y Acacias en contra de Ecopetrol y la contratista Concremack (empresa que ofrece soluciones en temas de concretos y morteros de alta calidad para la construcción, obras civiles y para el sector extractivo).
Según lo hablado con María Antonia Antjea, integrante de la USO y encargada de los temas de género dentro del sindicato, las protestas anteriores se dieron por parte de trabajadores y comunidades por inconformidades salariales en tiempos de pandemia. Asimismo, los trabajadores exigieron el pago de los salarios dejados de recibir, antes de que terminen sus contratos laborales y las empresas contratistas entreguen los proyectos pendientes a Ecopetrol.
Plantón
En Bogotá trabajadores de Ecopetrol realizaron un plantón en rechazo a la privatización de la petrolera y la posible venta de sus activos como Cenit, filial encarga de la logística y el transporte de hidrocarburos en el país.
Durante la protesta la USO manifestó su inconformismo sobre del Decreto 811 firmado el 4 de junio del 2020, acerca de las facultades que podría tener el Gobierno para la compra y venta de activos de la Nación, sin tener en cuenta el control y aprobación del Congreso de la República. Sectores políticos de oposición respaldaron la manifestación social.
Bloqueo de vías
En el corregimiento Campo Capote y seis veredas más de Puerto Parra, Santander, se presentó un bloqueo por parte de la comunidad en la vía de acceso al pozo Nafta- 1 de Ecopetrol. Durante la jornada los manifestantes no permitieron la entrada a ninguna persona de otro municipio, debido a que según informaron, la empresa petrolera ha incumplido los acuerdos de contratación de la mano de obra local.
Sumado a lo anterior, la ciudadanía asegura que la petrolera no ha implementado un protocolo de bioseguridad para el control de la COVID-19, ya que se evidencia la entrada de terceros sin ningún requisito.
Huelga o cese de actividades
En el campo Rubiales, Puerto Gaitán, Meta, se presentó un cese de actividades de manera pacífica en contra JE Jaimes Ingenieros, por parte de los trabajadores. Según lo informado por los manifestantes, dada la pandemia la empresa se ha justificado en no realizar pagos salariales ni horas extras.
La subdirectiva de la USO en Puerto Gaitán, en cabeza de su presidente Jhonatan Urbano, hizo un llamado a las empresas petroleras para llegar a un acuerdo con respecto a los salarios de los trabajadores, e insistió en buscar espacios de diálogo con las comunidades y la compañía para evitar que este cese de actividades se prolongue. Por estas mismas razones, en Acacias se presentó otro cese de actividades en contra de Ecopetrol y sus filiales contratistas.
Medio Ambiente
Derrame de crudo o gas
En la vereda Miramar, Saravena, Arauca, se presentó un vertimiento 240 barriles de hidrocarburo. Cenit informó que el hecho se presentó cuando terceros obligaron a los conductores de cuatro carrotanques a verter el crudo en la zona rural hasta el Campo petrolero Caño Limón.
El evento afectó aproximadamente 800 metros de vía y 300 metros de canal de aguas de lluvias. Hasta el momento no se tiene certeza de los autores materiales del hecho y aún son motivos de investigación.
Contaminación de tierras
En Puerto Wilches, Santander, se presentó una emergencia ambiental por el robo de crudo en una de las tuberías de Ecopetrol. Terceros cortaron 500 metros de tubería de manera ilegal desde la estación Cristalina hasta Isla seis. Tras lo anterior, se generó un escape de crudo a los terrenos y afluentes de la zona rural.
Ecopetrol activó un plan de contingencia con personal técnico para la limpieza de la zona afectada; igualmente, la Estatal hizo un llamado a la comunidad para denunciar este tipo de delitos que impactan el medio ambiente.
Contaminación de fuentes hídricas
En el sector El Tarrita, Ábrego, Norte de Santander, se presentó una emergencia ambiental cuando un tractocamión de la empresa Joalco se volcó en la zona. El hecho ocasionó un derrame de crudo en la quebrada Paramillo, que alimenta el río Tarra.
Ante este hecho, las autoridades ambientales activaron el plan de contingencia junto con la autoridad municipal y el concejo municipal de Gestión del Riesgo. También se instalaron barreras de contención para impedir el curso de crudo en el afluente.
Orden Público e ilegalidad
Instalación de válvulas clandestinas
En los ríos La Tajada, Ñambí, Nariño, se presentó un derrame de crudo tras la instalación de una válvula ilícita en el oleoducto Transandino (OTA). Por lo anterior, Cenit activó su plan de contingencia y suspendió el bombeo del hidrocarburo; también, instaló barreras de contención en los afluentes para controlar el derrame y trasladó personal técnico a la zona afectada.
Desde otro ámbito, en el oleoducto Caño Limón Coveñas, en la vereda Brisas del Río Nuevo, Tibú, Norte de Santander, se registró la instalación de una válvula ilícita, la cual ocasionó un derrame de crudo en la capa vegetal.
Técnicos de Ecopetrol, junto con Cenit, atendieron la emergencia y limpiaron la zona afectada. Asimismo, se activó un punto de control en el área conocida como La Batea del Río Nuevo Presidente y se notificó los hechos al Consejo departamental de Gestión de Riesgos de Desastres de Norte de Santander.
Por último, en la vereda Puerto Limón, Puerto Guzmán, Putumayo, se presentó un derrame de crudo producto de una válvula ilícita en una tubería de petróleo en los pozos de exploración de Gran Tierra. El hecho produjo una contaminación en el río Mocoa que llegó posteriormente al río Caquetá.
Inmediatamente, Corpoamazonía y la petrolera encargada activaron su plan de contingencia y trasladaron personal técnico para controlar la emergencia. Vale destacar, que los municipios de Curillo, Solita y Solano en Caquetá, se declararon en emergencia sanitaria debido a que no tenían suministro de agua potable. Asimismo, se sigue haciendo monitoreo en la zona afectada para la limpieza y protección del área.
Contrabando de crudo
Con relación a las acciones en contra del contrabando se adelantaron las siguientes labores.
En el corregimiento el Caracol, Arauca, Arauca, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en coordinación con el Ejército Nacional, incautaron 198 galones de combustible tipo ACPM. El combustible fue evaluado en 2 millones de pesos.
En la vereda Campo Seis, Tibú, Norte de Santander, el Ejército Nacional halló dos establecimientos para el procesamiento de crudo hurtado, las cuales contaban en su interior con 20 mil galones de crudo y 1 400 galones de gasolina tipo “pategrillo”. Paralelamente, en el mismo departamento, en la vereda Mesa Rica, Convención, la misma autoridad incautó 2 400 galones de gasolina.
Por otro lado, en sector El Mirador, Ábrego, Norte de Santander, confiscaron 5.000 galones de combustible transportados de manera ilegal en una camioneta. El hidrocarburo estaba avaluado en 34 millones de pesos.
En Aguazul, Casanare, La Fiscalía General de la Nación en compañía de la Policía Judicial del CTI y el Ejército Nacional desmantelaron cinco puntos de almacenamiento y comercialización de hidrocarburos que fueron hurtados. En el operativo fueron incautaron 641 galones de crudo.
Siguiendo con esta línea, la POLFA en el corregimiento El Juncal, Aguachica, Cesar, decomisó más de 8 000 galones de combustible tipo ACPM, el cual fue encontrado en un depósito artesanal subterráneo.
En operaciones alternas en Jamundí, Candelaria y Cali, Valle del Cauca y en Santander de Quilichao y Puerto Tejada, Cauca, en medio de varios operativos la Policía Nacional logró intervenir cinco depósitos ilegales, donde almacenaban y vendían gas licuado. En el suceso confiscaron 445 cilindros, 2 tanques de almacenamiento, motobombas entre otros elementos con fluido volátil.
Para finalizar, en Uribia, La Guajira, la POLFA logró la incautación de 10 mil galones de ACPM y 1 700 galones de gasolina que eran almacenados y comercializados de manera ilícita en cuatro inmuebles tipo lote.
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