Por: Alejandro López

Introducción

 

Dentro del conjunto de aspectos que caracterizan a Arauca como un territorio de importancia en el país, dadas sus múltiples complejidades en términos sociopolíticos y económicos, hay dos que son el eje central de este documento: petróleo y conflicto armado. Si bien cada uno de estos fenómenos llegó por un camino distinto al departamento, pronto se estableció una relación que generó efectos en sus dinámicas propias, de manera que el objetivo de este documento será exponer las condiciones y mecanismos de dicha relación, es decir, cómo surgió y cuáles han sido sus principales manifestaciones.

 

En el territorio araucano, como la mayoría de regiones donde ha existido un grave y prolongado conflicto armado y en donde se han hecho grandes inversiones en la industria extractiva, se han generado dinámicas de competencia por el control de las rentas petroleras las cuales han involucrado a grupos armado organizados (GAO) y redes de corrupción. Además, por las condiciones geográficas en donde se ubican los yacimientos petroleros en el departamento, en especial Caño Limón por estar en un ecosistema de estero muy cerca del límite binacional, ha hecho de este tipo de explotación económica un objetivo fácil para acciones de sabotaje que buscan entorpecer la continuidad de las operaciones, por lo cual los pagos extorsivos a los GAO a cambio de “seguridad” se implantan con relativa facilidad[1].

 

Diferentes investigaciones consultadas para este trabajo[2] coinciden en señalar que en varias regiones del país, incluida Arauca, la permanencia del conflicto armado y la violencia no se explican  totalmente por la disputa por el acceso a los recursos naturales y la captación de la renta petrolera. Es decir, el petróleo en este caso no representa para los GAO un fin en sí mismo ya que no es la motivación inicial ni principal de su presencia, sino un medio que les permite perpetuarse, prosperar y expandirse territorialmente, así como acumular recursos y ganar influencia y prestigio.

 

Antes de entrar en materia, es preciso delinear unos antecedentes históricos claves para ilustrar cómo surgieron los  vínculos entre las distintas formas de violencia y las luchas por el poder entre sectores sociales y partidistas, en relación con la industria petrolera y la captación de los recursos económicos que de allí se derivan. Este entramado, como se verá, pone en evidencia una estrecha conexión entre las ambiciones particulares de los diferentes actores en el territorio y los proyectos políticos y militares en curso, así como ciertos “pactos paradójicos” entre agentes ubicados en el dominio de la legalidad y a otros en el de la ilegalidad, con los que se busca asegurar la continuidad de la captura de rentas[3].

 

 

Los comienzos

 

La entonces Intendencia de Arauca fue, hasta mediados de los ochenta, un territorio de colonización campesina en el que la institucionalidad estatal apenas cumplía mínimas funciones de integración de los pobladores y de ejercicio de la soberanía respecto a los asuntos limítrofes con Venezuela. Sin embargo, el descubrimiento y posterior explotación de los yacimientos petrolíferos de Caño Limón por la compañía Occidental Petroleum-Oxy, marcaron un cambio significativo en la percepción de marginalidad económica y social que se tenía de esta región. En adelante, Arauca se convirtió en un escenario clave en la visión geopolítica de las relaciones centro-periferia y abrió un espectro de conflictos y violencias que fueron determinantes en su proceso de configuración espacial[4].

 

Ahora bien, los surgimientos del ELN y las extintas FARC en Arauca son anteriores al descubrimiento petrolero y se remontan a la colonización dirigida que promovió el Gobierno Nacional en la década del setenta. De acuerdo con el sociólogo y magíster en Ciencias Políticas Omar Gutiérrez, la temprana implantación de estos grupos armados fue “el resultado de un complejo juego político e institucional en el que participaron algunos funcionarios públicos radicalizados, las organizaciones campesinas, el discurso modernizante del estado en ese momento (reforma agraria) y las débiles estructuras bipartidistas del Departamento”[5].

 

Uno de los factores que más influyó en la consolidación, especialmente del ELN, fue el hecho de que el proceso colonizador institucional fracasara, puesto que dejó a la población en precarias condiciones de vida, que además fue víctima de frecuentes persecuciones por la fuerza pública debido a las manifestaciones sociales adelantadas con los paros cívicos de 1972 y 1975. Esto favoreció la organización comunitaria y la movilización social de los nuevos pobladores, al mismo tiempo que facilitó el arraigo de la naciente insurgencia armada que supo acomodar sus objetivos a las reivindicaciones de los colonos frente al estado central. En este contexto nació el Frente Domingo Laín del ELN, que si bien creció rápidamente en los primeros años ochenta debido al apoyo del campesinado, adquiere fortaleza militar y política a partir del descubrimiento de Caño Limón en 1983 y del comienzo de la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas en 1985. A partir de aquí, este grupo armado adopta una estrategia de captación de rentas por medio de extorsiones a las compañías petroleras, que le permite financiar el sostenimiento de sus proyectos armados en la región[6].

 

El caso más conocido por aquel entonces fue el de la empresa alemana Mannesmann, encargada junto con la italiana Sicim de construir el oleoducto, que pagó millonarias extorsiones entre 1983 y 1985 por el secuestro de cuatro ingenieros (según Semana[7], por el ingeniero Werner Schoodt debió pagar $ 2 millones de dólares). La compañía llegó incluso a contratar un agente encubierto para que negociara con el ELN uno de los rescates y la promesa de no seguir atacando más el proyecto petrolero; sin embargo ésta no la cumplieron y las cuantiosas sumas de dinero que le giró la empresa al grupo armado durante ese periodo sirvieron para que este se fortaleciera económica y militarmente, por el contrario la Mannesmann tuvo que abandonar el país por la intensificación de los atentados y el escándalo desatado por los pagos realizados[8].

 

De forma paralela, el ELN construyó su identidad revolucionaria en el territorio fundamentada en la denuncia de las políticas de extracción petrolera y en la soberanía nacional; además de proponer que la renta generada por los hidrocarburos se debía invertir en mejorar las condiciones socio-económicas de la población. Por tanto, sus atentados a la infraestructura petrolera estaban encaminados a cumplir dos objetivos principales: “demostrar su efectividad para presionar a las empresas al pago de extorsiones y mostrar que los atentados podían ser una forma para obligar a modificar la política petrolera nacional”[9].

 

Con los ataques al sector petrolero el ELN buscaba difundir la idea de que la extracción de hidrocarburos debía contribuir al desarrollo local y regional, de manera que este grupo armado tuvo una significativa influencia en las reivindicaciones de los movimientos sociales del departamento, los cuales asumieron como relevante la problemática petrolera y la ubicaron como una de las principales demandas ante el Estado[10]. Sin embargo, la estrategia “elenista” fue mucho más allá de la obtención de recursos por medio de secuestros y extorsiones a la industria de hidrocarburos ya que, como se describe a continuación, buscó usufructuarse de la renta petrolera incidiendo en la clase política local y en las instituciones públicas para el desvío de las regalías.

Violencia y Regalías

Clientelismo Armado 

Luego de la promulgación de la Constitución de 1991 con la que Arauca dejó de ser intendencia para convertirse en departamento, además del establecimiento de la elección popular de gobernadores y alcaldes, el ELN se convirtió en el real detentador del poder político en la región a través de la cooptación de las estructuras locales y regionales del partido liberal. De manera que se estableció el modelo político-electoral denominado “clientelismo armado”, a través del cual se dilapidaron los ingresos de las regalías petroleras para satisfacer proyectos particulares de acumulación de riqueza y poder basados en relaciones clientelistas[11]. La relación establecida entre el ELN y los políticos regionales fue de beneficio mutuo, en tanto que este GAO identificó las ventajas del entramado local de la política y, al mismo tiempo, los políticos se valieron de contar con un brazo armado y coercitivo para permanecer en el poder. Fue así como este grupo aprovechó la primera elección popular de alcaldes en 1998 para impulsar individuos afines a su organización, por ejemplo, mediante el respaldo a paros cívicos y amenazas de muerte a funcionarios del INCORA[12].

 

Acciones como la amenaza y la protección sobre los políticos locales le brindaron al Domingo Laín la posibilidad de volverse un efectivo intermediario entre las necesidades de la población y los recursos públicos, principalmente derivados de lo que se producía en Caño Limón, asignados para satisfacerlas[13]. Esta posición intermediadora le permitió al ELN afianzarse a lo largo de los años con gran parte de los pobladores locales. Así por ejemplo, este grupo armado exigía que en las obras del oleoducto “engancharan” a trabajadores y que las empresas brindasen ayudas comunitarias, para así garantizarles continuidad sin que los habitantes pusieran obstáculos para la realización de dichas obras. Por eso la población asumió que los “elenos” eran el medio más efectivo para obtener beneficios de los proyectos petroleros, de manera no tuvo reparo en seguir algunas de las instrucciones de este grupo[14].

 

Si bien la extorsión y el secuestro fueron actividades con las que el ELN se financiaba, siendo el sector extractivo el más afectado aunque no él único, las que más dividendos dejaron fue la captación de las regalías petroleras mediante la connivencia que este grupo construyó con los políticos liberales locales. Fue tal la magnitud de esta alianza expoliadora que en enero de 2003 la Procuraduría Nacional de la Nación-PGN intervino la administración del pago de las regalías en el departamento[15]. Esto derivó en la acusación e investigaciones de varios políticos en Arauca de estar relacionados con las redes clientelistas del ELN, entre ellos los exgobernadores de 1991 a 2003[16]. Sin embargo, esta respuesta del gobierno central solo fue el preámbulo de lo que sucedería en octubre de ese mismo año.

 

El golpe decisivo contra este contubernio lo dio la Fiscalía y el DAS mediante la Operación Dignidad, la cual hacía parte de la denominada “Política de Seguridad Democrática” en la que Arauca fue declarada como una prioridad [17]. No obstante, la investigación sobre todos estos hechos había nacido en 2001, cuando un grupo de fiscales viajó de Bogotá a Arauca para investigar los atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas, que durante ese año fueron 170 y dejaron millonarias pérdidas al Estado. Fue a raíz de las múltiples detenciones sobre estos hechos y los testimonios obtenidos que se destapó el arraigado pacto entre el ELN y políticos del departamento[18]. Durante las investigaciones realizadas por la Fiscalía y el DAS en el marco de ese operativo, se encontró que U$200 millones habrían ido directamente al ELN, de los U$ 1.200 que recibió Arauca en regalías entre 1993 y 2003, y que además el Domingo Laín ejercía un fuerte control sobre los otros U$ 1.000 de inversión departamental[19].

 

Los “paras” toman el control

Ahora bien, con la elección en 2002 de Álvaro Uribe Arauca experimentó un doble proceso de cambio en la política y en la gestión pública. De una parte, el Partido Liberal dejó de ser predominante para dar paso a un multipartidismo altamente fragmentado; de otra, la captura sub-nacional del Estado dejó de estar en manos del ELN para pasar al dominio de grupos paramilitares, que también se apoderaron temporalmente de la administración y de buena parte de los recursos públicos, quienes pactaron el manejo del departamento con el gobernador Julio Acosta Bernal (2003-2007)[20].

 

La llegada de los paramilitares al territorio araucano, principalmente del Bloque Vencedores de Arauca-BVA, y su intromisión en la política local coincide con el auge electoral de Cambio Radical, Convergencia Ciudadana, el Partido Social de la Unidad Nacional y Colombia Democrática, además con el primer gobierno Uribe y con la ruptura de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC. En medio de este contexto el departamento experimentó una escalada del conflicto que derivó en un incremento de denuncias sobre violaciones a los DDHH y de transgresiones del DIH en la que la población civil quedó en medio de los bandos enfrentados, tal como lo indicó la Misión de Observación Electoral-MOE en 2008[21].

 

En este contexto de violencia generalizada se dio el cambio de la máquina expoliadora que ahora era controlada por Cambio Radical y el BVA. De manera que la apropiación de recursos públicos también se llevó a cabo con designaciones específicas de funcionarios públicos, así  como con la coacción, la intimidación e incluso asesinatos a funcionarios que se negaban a firmar contratos o quienes eran reacios a dar porcentajes o transferir recursos a la organización. Es así como en 2008 la PGN levantó cargos contra Julio Acosta por extralimitación de funciones al crear una tasa del 4,5 % sobre cada contrato público; en 2012 fue suspendido por irregularidades en la firma de convenios con una ONG; y en 2013 fue condenado a 28 años de prisión por el homicidio del registrador de Arauca y por concierto para delinquir con los paramilitares (además fue acusado de los homicidios de dos periodistas de Meridiano 70, una emisora local que denunciaba actos de corrupción)[22]. 

 

Protección del sector y sus efectos colaterales

 

El comienzo de siglo

El final de los noventa y primer lustro del nuevo siglo fue la época de mayor intensidad del conflicto armado en Arauca en donde los intereses sobre el sector petrolero fueron determinantes para que se agudizara la confrontación. Caño Limón aportaba en promedio por aquella época 100 mil barriles de petróleo con cerca de 250 pozos activos, Arauca era el segundo departamento más productivo de Colombia en ese entonces y los intereses que estaban en juego eran de capital importancia, al tal punto que el gobierno de EEUU destinó cerca de U$ 100 millones de presupuesto para la seguridad  petrolera, como lo reveló la investigación de Amnistía Internacional en 2004[23].

 

En consecuencia, la militarización del departamento respondió en gran medida al despliegue de protocolos y procedimientos militares que nacieron con la política de Seguridad Democrática y el Plan Colombia, que apuntaban a recuperar el control territorial para generar confianza inversionista y así lograr crecimiento económico. En esta lógica por ejemplo, en 2003 se llevó a cabo el Plan Escudo, que con financiamiento estadounidense se entrenaron tropas, se dotó a la Fuerza Aérea con helicópteros y con equipos de inteligencia a la Brigada XVIII del Ejército, se construyó el Campo Aéreo del Ejército en el Batallón Reveiz Pizarro, en Saravena y se creó la Brigada Móvil N°5 (específicamente para la protección del oleoducto Caño Limón-Coveñas[24].        

             

Cabe resaltar que ya desde 1999 las empresas que conformaban la Asociación Cravo Norte en donde opera Caño Limón (Ecopetrol, Oxy, Repsol YPF), tenían un acuerdo suscrito con el Ejército Nacional para apoyar económicamente a la Brigada XVIII y desarrollar operaciones militares para realizar labores de vigilancia del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Este hecho coincide por un lado, con el disparado índice de extorsiones y sabotajes que realizaban ELN y extintas FARC quienes habían iniciado una disputa territorial en 1998 por el control de la renta que generaba estas acciones. Y por el otro, coincidió también con el aumento del pie de fuerza en el marco del Plan Colombia y con la incursión de grupos paramilitares que habían llegado para contrarrestar el dominio de los otros GAO[25].

 

No obstante, el incremento de pie de fuerza derivó también en graves violaciones de derechos humanos, especialmente de activista y sindicalistas; entre 2002 y 2005 cuando el dominio del BVA estuvo en su apogeo, se incrementaron de forma alarmante las detenciones arbitrarias y masivas, el registro de amenazas e intimidaciones y los homicidios selectivos. De estos últimos fueron víctimas tanto líderes y defensores ambientales, como como organizaciones sociales y comunidades indígenas, quienes denunciaron y se movilizaron por las afectaciones ambientales derivadas de la industria (especialmente en la Laguna de Lipa) y por los desplazamientos, intimidaciones y persecuciones de las comunidades en las áreas de influencia directa de los proyectos petroleros, según lo reportó en su momento Amnistía Internacional.

 

En medio de esta situación se vio comprometida la multinacional española Repsol-YPF. Esta compañía llegó al país en 1987 cuando le compró a Oxy el 5 % de la participación en la Asociación Cravo Norte[26], aunque empieza a expandirse en Arauca solo hasta 1999 cuando adquiere el bloque de exploración Capachos, en Tame, y se asocia con Ecopetrol y Oxy para seguir explorando otros bloques como Cosecha, San Miguel y Arpa a lo largo de la parte occidental del departamento. De acuerdo con el Observatorio de Multinacionales en América Latina-OMAL, la empresa se vio beneficiada por las actuaciones de los grupos paramilitares puesto que desplazamientos, persecuciones y asesinatos a líderes ambientales y sindicales, sirvieron para sus intereses en la operación de los proyectos que lideraba y en los que tenía participación[27].

 

En este sentido, según las investigaciones de INDEPAZ, Amnistía Internacional, y la Corporación Nueva Arco Iris[28], hay tres aspectos que señalan que el periodo de consolidación paramilitar entre 2003 y 2005, estuvo amparado por empresas petroleras y Fuerzas Militares como parte de la estrategia de salvaguardar los intereses energéticos de la nación: 1) las bases paramilitares se ubicaron muy cerca de puestos de la fuerza pública y operaban libremente, 2) la presencia y accionar violento del BVA se hizo más evidente en zonas aledañas al oleoducto, y 3) las acciones fueron dirigidas especialmente a líderes sociales y sindicatos energéticos.

 

Aunque su investigación se enfoca especialmente en las relaciones establecidas entre empresas de la Asociación Cravo Norte con fuerza pública y grupos “paras”, la situación es incluso más compleja a juzgar por la manera de actuar de los otros GAO; así lo referenció la OMAL en su trabajo:

 

…en otros casos, tal vez no tan visibles, aparece también la relación de las empresas petroleras con los grupos insurgentes. De acuerdo al Informe de Derechos Humanos del Consejo Nacional Indígena de Paz, “mientras las Fuerzas Militares custodian la maquinaria (de Occidental) vía aérea, efectivos de las FARC-EP lo hacen por tierra. Este acompañamiento es lógico porque Oxy debe pagar un impuesto para garantizar sus operaciones en la zona”. Por supuesto, todo esto hace la situación mucho más complicada y grave. Si esto se suma al asesinato por parte de las FARC de los tres indigenistas norteamericanos que acompañaban el proceso del pueblo u’wa en contra de la transnacional estadounidense, que contribuyó a debilitar la solidaridad internacional con los indígenas, se puede concluir que los intereses petroleros tienen una relación directa con la agudización del conflicto armado en Arauca.[29]

 

La década reciente

Después de la desmovilización paramilitar en 2005, Arauca siguió siendo escenario de confrontaciones entre las extintas FARC y ELN hasta 2010, cuando firman una tregua y dividen el territorio y cada uno siguió asegurándose una renta con el ataque doble al sector petrolero: extorsiones y ataques a los oleoductos. Los informes de Ariel Ávila en 2012, señalaron en su momento que para esos años la mayoría de las empresas sub-contratistas de compañías petroleras estaban pagando extorsiones a estos GAO, que las tenían como su principal fuente de financiación[30].

 

Ahora bien, el pago de las “vacunas”, como se les conoce en Arauca a las extorsiones, está muy ligado a la idea de seguridad/continuidad de las empresas, porque “las cuotas extorsivas, presionadas o relativamente voluntarias, transmiten un mensaje de garantía de seguridad frente a acciones violentas de otros grupos ilegales o de ellos mismos, en tanto se pague regularmente la cuota correspondiente al grupo armado ilegal” [31]. Por eso se entiende, en parte, que las grandes compañías de hidrocarburos reestructuren su forma de maniobrar, ahora no con grandes operaciones en el territorio, sino con la subcontratación de otras empresas que realizan una determinada labor (outsourcing). Esto ha derivado entonces, en una intensidad y amplitud de la extorsión a los contratistas y en que ahora las amenazas y “vacunas” se hayan tornado más discretas, según lo develó la Fundación Ideas para la Paz-FIP.

 

Sobre lo anterior puede citarse como ejemplo el caso de la multinacional italo-argentina SICIM, encargada de construir el oleoducto Bicentenario, la cual desembolsó millonarias sumas de dinero a diferentes estructuras de las FARC y el ELN entre 2012 y 2014. La investigación de la Fiscalía General de la Nación, difundida por los medios de comunicación en 2015 y analizada en profundidad por la FIP en febrero de ese año, mostró que lo más grave no había sido el pago de las extorsiones. Las pruebas encontradas revelaron que lo directivos de la compañía implicados en el caso, habían pagado también para que estos grupos hostigaran y extorsionaran a otras empresas competidoras con el objetivo de “sacarlas del camino”. Según las autoridades, los dineros que SICIM les giró durante este tiempo estaban destinados a “sobornar policías, militares fiscales y jueces en Arauca, con el objetivo de “frenar o archivar cualquier investigación judicial en contra de esta red extorsiva”[32].

 

Es interesante notar que este caso es similar al de la Mannesmann, que justamente fue socia de SICIM cuando se descubrió Caño Limón, aunque mucho más grave porque además de ceder a la extorsión, la empresa tuvo un papel de cómplice en la alteración del orden público e impulsor de redes de corrupción, en condiciones hasta entonces desconocidas en el país. Con casos como este y algún otro mencionado hasta aquí, se viene a constatar que también existe relaciones de colaboración y beneficio entre algunas empresas del sector de hidrocarburos y los GAO, en las cuales las primeras han visto posibilidades de negocio a partir de la presencia de los segundos, quienes se encargan de administrar la coerción en el territorio para proveer beneficios puntuales.

 

Los convenios de cooperación

Como ya se mencionó, en Arauca diferentes “Convenios de Protección Militar” han existido entre compañías y el Estado colombiano, varios de ellos realizados con cooperación económica internacional, los cuales han articulado y fortalecido la comunicación entre el sector privado y el de defensa nacional [33]. A pesar de que dichos convenios existen en Colombia desde 1996, solo fue regulado por el Ministerio de Defensa hasta 2014 mediante la Resolución 5342. Se determinó entonces, que cuando se hacen con la Fuerza Pública los aportes en dinero y especie a las instituciones son para que presten seguridad y vigilancia a las instalaciones de las empresas. De otra, cuando se hacen con la Fiscalía, ésta se compromete a priorizar casos y poner especial atención en reforzar su capacidad investigativa y de judicialización frente a delitos que afecten las operaciones de las empresas, que lo cumple mediante las Estructuras de Apoyo-EDA, divisiones encargadas exclusivamente de los delitos contra el sector de hidrocarburos. Como las EDA en Arauca ampliaron desde 2013 su campo de acción para investigar delitos de terrorismo, secuestro, extorsión, violación de la libertad de trabajo, concierto para delinquir y obstrucción a vías que afecten el orden público[34].

 

No obstante, una investigación de la red periodística Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio[35] puso en evidencia varias irregularidades e inconsistencias al revisar 200 de estos contratos de cooperación, de los cuales 13 se han ejecutado en Arauca. En primer lugar,  encontraron que hay convenios que rondan los $ 200  millones y otros por el orden de los $ 61 mil millones, situación por la que el senador Iván Cepeda convocó a un debate político en el congreso en 2015 sobre este asunto, quien cuestionó además hasta qué punto “las empresas puedan volverse de facto los jefes de unidades del Ejército y la Policía con estos convenios, algunos de los cuales involucran a batallones con los mayores índices de ejecuciones extrajudiciales”[36]. De otra parte, hallaron que en varios casos los recursos no cumplen con el propósito inicial o han servido para financiar otras prácticas (p.ej. paquetes turísticos a funcionarios o construcción de capillas), o se han ejecutado por fuera del área convenida, lo que pone en evidencia que los dineros no se invierten en actividades que directamente protegen el territorio o garantizan la seguridad nacional, como lo estipula la citada Resolución.

 

El punto que más ha causado polémica tiene que ver con la imparcialidad que se espera de las instituciones públicas, puesto que da lugar a “asimetrías jurídicas” al momento de defender, por ejemplo, a actores de la sociedad civil que han denunciado a empresas petroleras por diferentes motivos, lo que deriva a menudo en falsos positivos judiciales. Además, se ha cuestionado si el ingreso de capital privado al aparato judicial se clasifica como conflicto de intereses ya que las compañías financian a la fuerza pública y fiscalía, al mismo tiempo que fungen como víctimas en procesos judiciales en los que sus actividades se ven afectadas; “es como si estos convenios formalizaran un trato entre las empresas y las entidades del Estado[37].

 

Por último, se debe mencionar el vacío que existe en torno a las responsabilidades de reparación, mitigación e indemnización a causa de derrames producidos por los ataques de los GAO a los oleoductos. Los protocolos y estrategias del caso, se establecieron en el Decreto 321 de 1999 cuando se adoptó  el Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos-PNC[38] como marco rector para contrarrestar los impactos que se puedan sufrir tanto económica como social y ambientalmente. Sin embargo, no hay claridad sobre el grado de responsabilidad y las medidas a implementar  en caso de atentados con explosivos, puesto que las empresas transportadoras del crudo (Cenit y Ecopetrol) solo se limitan a la reconstrucción del tubo y la limpieza superficial del lugar. De modo que no hay reparación integral frente a los daños medioambientales y sociales causados por el derrame, en tanto son consecuencia del conflicto armado y no de las operaciones directas de las compañías[39].

 

 

La población y su inconformismo con el petróleo

 

Finalmente, es importante tener en cuenta la percepción que tienen los habitantes de Arauca con respecto al tema petrolero en su departamento. Varios estudios académicos consultados[40], muestran que en términos generales la población araucana identifica tres grandes inconformidades con respecto a la extracción de crudo en el territorio:

 

1. La imagen que la población tiene de las compañías petroleras, principalmente de la OXY, no es favorable por aspectos laborales y socio ambientales, Por un lado, las comunidades locales reclaman que las compañías las han excluido de fuentes de empleo estables y solo las contratan para labores temporales, debido a que se sienten estigmatizadas por las empresas que creen que hay vínculos entre los GAO y las poblaciones del área de influencia de los proyectos, en especial de los oleoductos.

 

• De otro lado, se percibe que la OXY tiene una deuda ambiental con el departamento por lo generado principalmente con Caño Limón y más recientemente por lo ocasionado por Chipirón, ya que se trató de un lugar altamente sensible en términos ecológicos como es el Estero del Lipa. Desde 2013 cuando inició el proyecto hasta el día de hoy, han sido constantes las denuncias y movilizaciones sociales por las afectaciones al recurso hídrico y en particular a los peces, que está desapareciendo como sustento económico para los habitantes locales [41].

 

2. En Arauca predomina la idea de que no hay compensación entre los recursos generados por el petróleo en el departamento y el nivel de inversión social alcanzado con las regalías obtenidas. Se señala que el Estado colombiano sigue teniendo en el olvido al sector rural de la región, el cual se ve aún más afectado por la poca inversión en las vías y el precario acceso a instituciones de salud y de educación. También, parte de la deuda ambiental se le achaca a la institucionalidad local por el papel que ha jugado Corporinoquia como autoridad ambiental y su laxitud en el control y seguimiento a los proyectos petroleros, sobre todo por su responsabilidad en la construcción y funcionamiento de Chipirón [42].

 

3. La tercera inconformidad recae sobre el rol de la fuerza pública, ya que ha sido percibido más como “cuidador” del sector petrolero,en detrimento de la seguridad de la población, además de los efectos que ha tenido la militarización del territorio en términos de vulneración de DDHH y represión de la movilización social. También se ha señalado que líderes y agrupaciones, incluidos quienes han denunciado afectaciones y arbitrariedades de la industria extractiva, han sido invisibilizados y estigmatizados por asociárseles con ideas subversivas y quedan como sospechosas de responder a “los intereses de la subversión”.

 

Conclusiones

 

Como se ha descrito hasta aquí, la industria extractiva del petróleo en Arauca ha incidido en el conflicto armado y el orden público del territorio tanto de manera directa (los tres casos citados por las compañías que aportaron dineros a los GAO son un ejemplo claro) como indirecta (p. ej. a partir de las regalías generadas se configuran “pactos paradójicos” y redes de corrupción). Si bien tal incidencia se presenta en el país de diferentes manera de acuerdo a las particularidades regionales, resulta sorprende sin embargo, las múltiples y sofisticadas formas en que se ha manifestado la relación conflicto/petróleo en el departamento desde el mismo momento en que se descubrió Caño Limón.

 

Se ha querido señalar claramente en este trabajo que el fenómeno de la violencia y el conflicto armado en Arauca no se originaron sobre el hallazgo y explotación de petróleo en el territorio. No obstante, el carácter estratégico de este recurso como motor económico nacional y como fuente de dinero para las administraciones locales, ha sido el blanco predilecto de los GAO que han sabido obtener constantes y considerables ingresos monetarios derivados del control coercitivo e intimidante de esta industria extractiva. Estos grupos han sabido desplegar un repertorio de estratagemas para obtener el mayor  provecho de la presencia de las compañías petroleras en el territorio, dadas las especificidades del sector: enormes rentas, economía de enclave, inmovilidad de sus capitales y vulnerabilidad al sabotaje de su infraestructura y de su cadena productiva.

 

Otro aspecto crucial en la relación entre petróleo y conflicto que se resaltó en esta investigación fue el cronológico. Se quiso mostrar cómo dichas estrategias de los GAO por el control de la renta y las dinámicas socio-políticas e institucionales por el manejo de las regalías fueron cambiantes en el tiempo. Puede decirse que ocurrió un cierto aprendizaje en múltiples niveles; por un lado, hay una adaptación y aprendizaje de estos grupos, fundamentalmente del ELN,  que luego de una derrota militar casi definitiva logra recuperarse con la financiación que obtienen de la extorsión a la Mannesmann. En este sentido, la forma en que el Domingo Laín penetra la clase política local y la base social del departamento, es diferente a la manera en que los paramilitares se aliaron con el gobernador de turno y la forma en que facilitaron ciertos proyectos petroleros estratégicos, como en el caso de Repsol.

 

A partir de allí, también la industria y los entes gubernamentales experimentaron un aprendizaje que se vio reflejado en el fortalecimiento de la protección militar (como se evidenció con los “convenios de cooperación”), así como en un aumento parcial en la vigilancia y control de las regalías. Si bien estas medidas lograron en evitar que el clientelismo armado del ELN continuara y se reprodujera en otras regiones, no se ha podido prevenir por completo el sistemático plan de ataques y extorsiones que tiene establecido este grupo y que actualmente también lo ejecutan a su manera las disidencias de las FARC.

 

Para finalizar, a manera de sugerencia puede decirse que en un contexto de violencia y corrupción prolongadas como la que se presenta en Arauca concretamente, y en Colombia en general, el sector petrolero debería incorporar estrategias, de mediano y largo plazo, que armonicen al máximo los intereses corporativos con la mitigación de impactos violentos, la transformación política de conflictos y las dinámicas de construcción de paz.

 

Notas Bibliográficas

 

[1]. Pérez, Bernardo. (2011). Historias de la captura de rentas públicas en los Llanos Orientales. En: La economía de los paramilitares Redes de corrupción, negocios y política. Mauricio Romero (Coord.), Pág. 75-147. Corporación Nuevo Arco Iris. Bogotá. [Tomado de URL: https://www.academia.edu/37960653/Historias_de_la_captura_de_rentas_p%C3%BAblicas_en_los_Llanos_Orientales].

[2]. – Fundación Ideas Para la Paz-FIP. (2015). El ELN y la industria petrolera: Ataques a la infraestructura en Arauca. [Tomado de URL: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1144]

     –  Pérez, Bernardo. (2011). Op.Cit.

– Rettberg, Angélika & Prieto, Juan. (2018). Conflicto crudo: Petróleo y conflicto armado en Colombia. En: Diferentes recursos, conflictos diferentes: La economía política del conflicto armado y la criminalidad en las regiones de Colombia. Angelika Rettberg, Carlo Nasi, Ralf Leiteritz & Juan Prieto (Investigadores), Págs. 135-191. Ediciones Uniandes. Bogotá. [Tomado de URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2739464]

[3]. Pérez, Bernardo. (2011). Op.Cit.

[4]. Gutiérrez, Omar. (2009). Arauca: un territorio de contrastes. Revista Controversia, (192), 42-79. [Tomado de URL: https://revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path[]=120]

[5].  Ibíd. (Pág. 9).

[6].  Plazas, Leidy. (2017). Los inicios del Frente Domingo Laín del ELN en Arauca, 1970-1978. Procesos Históricos. Revista de Historia y Ciencias Sociales, N°.31, pp. 4-16. [Tomado de URL: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20049680002]

[7]. Semana. (11 de mayo de 1998). El dilema del ELN. [Tomado de URL: https://www.semana.com/imprimir/35831].

[8]. Corporación Nuevo Arco Iris. (2012). El Domingo Laín tuvo su propia “locomotora” del petróleo y comete su peor crimen. [Tomado de URL:  https://www.arcoiris.com.co/2012/05/el-domingo-lain-tuvo-su-propia-locomotora-del-petroleo-y-comete-su-peor-crimen/].

[9]. Fundación Ideas Para la Paz-FIP. (2015). Pág. 14. Op. Cit.

[10]. Fayad, David. (2014). Petróleo y conflicto armado en Colombia: el caso de Arauca entre 1984 y 1992. Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. [Tomado de URL: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/15264].

[11]. Pérez, Bernardo. (2011). Op. Cit.

[12]. Peñate, Andrés (1998). El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado. Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. Documento de Trabajo No. 15. [Tomado de URL: https://docplayer.es/44307614-Documento-de-trabajo-no-15-el-sendero-estrategico-del-eln-del-idealismo-guevarista-al-clientelismo-armado-por-andres-penate.html#show_full_text]

[13]. FIP. (2015). Op. Cit.

[14]. Peñate, Andrés. (1998). Op. Cit.

[15]. Duque, Javier. (2017). Arauca: el saqueo de las regalías entre el ELN, los paramilitares y los políticos. Razón Pública. [Tomado de URL: https://razonpublica.com/arauca-el-saqueo-de-las-regalias-entre-el-eln-los-paramilitares-y-los-politicos/#_ftn16].

[16]. Entre estos se encuentran los exgobernadores Luis Alfredo Colmenares, (1991-1994), José Vicente Fernández (1995-1997), Gustavo Carmelo Castellanos (1998-2000); Federico Gallardo (2001); y el exalcalde de Arauca Jorge Cedeño (2000-2003). Ver: Corporación Nuevo Arco Iris (2012). Arauca: el eterno retorno de la insurgencia. [Tomado de URL: https://www.arcoiris.com.co/2012/05/arauca-el-eterno-retorno-de-la-insurgencia-3a-parte/2/].

[17]. Ibíd.

[18]. Semana. (27 de octubre de 2003). Gobierno tras las rejas. [Tomado de URL: https://www.semana.com/nacion/articulo/gobierno-tras-rejas/61509-3].

[19]. Ibíd.

[20]. Duque, Javier. (2017). Arauca: el saqueo de las regalías entre el ELN, los paramilitares y los políticos. Razón Pública. [Tomado de URL: https://razonpublica.com/arauca-el-saqueo-de-las-regalias-entre-el-eln-los-paramilitares-y-los-politicos/#_ftn16].

[21]. Misión de Observación Electoral-MOE. (sf). Monografía Politico Electoral del Deparatamento de Arauca, 1997 a 2007. Corporación Nuevo Arco Iris. MOE, Bogotá. [Tomado de URL: https://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/arauca.pdf].

[22]. Duque, Javier. (2017). Op. Cit.

[23]. Amnistía Internacional Colombia (2004). Un laboratorio de guerra: Represión y violencia en Arauca. Documento Público. [Tomado de URL: https://www.amnesty.org/download/Documents/92000/amr230042004es.pdf].

[24]. Ibíd.

[25]. FIP. (2015). Op. Cit.

[26]. Semana. (5 de febrero de 1988). El Nuevo Socio. [Tomado de URL: https://www.semana.com/economia/articulo/el-nuevo-socio/10165-3].

[27]. Observatorio de Multinacionales en América Latina-OMAL. (2007). Colombia en el pozo. Los impactos de Repsol en Arauca. Asociación Paz con Dignidad. [Tomado de URL: http://omal.info/spip.php?article738].

[28]. – INDEPAZ. (2011). Petróleo y Transformación de Conflictos. INDEPAZ, Bogotá. [Tomado de URL: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/08/Petro%CC%81leo-y-Transformacio%CC%81n-de-Conflictos.pdf].

    – Amnistía Internacional Colombia (2004). Op. Cit.

   – Ávila, Ariel Fernando. La frontera caliente entre Colombia y Venezuela.  Citado por FIP. (2015). Op. Cit.

[29]. OMAL. (2007). Pág. 56. Op. Cit.

[30]. Ávila, Ariel Fernando. Citado por FIP. (2015). Op. Cit

[31]. Massé, Frédéric y Camargo, Johanna (2013). Actores armados ilegales y sector petrolero del Meta. Citado por: FIP. (2015). Op. Cit.

[32].  Fundación Ideas para la Paz (4 de febrero de 2015). La petrolera que negociaba con el ELN. [Tomado de URL: http://www.ideaspaz.org/tools/download/73232].

[33]. INDEPAZ. (2011). Op. Cit.

[34]. Rutas del Conflicto. (24 de julio de 2019). Petroleras y mineras financian a la Fuerza Pública y a la Fiscalía. [Tomado de URL: http://rutasdelconflicto.com/convenios-fuerza-justicia/node/437].

[35]. Rutas del Conflicto. Herramienta Interactiva de los Convenios de Cooperación. [Tomado de URL: http://rutasdelconflicto.com/convenios-fuerza-justicia/home#herramienta].

[36]. El Espectador. (30 de noviembre de 2015). Iván Cepeda denuncia convenios entre empresas mineras y batallones militares. [Tomado de URL: https://www.elespectador.com/noticias/politica/ivan-cepeda-denuncia-convenios-entre-empresas-mineras-y-articulo-596735].

[37]. Rutas del Conflicto. (24 de julio de 2019). Op. Cit.

[38]. Ministerio del Interior. DECRETO 321 DE 1999. (febrero 17). [Tomado de URL: https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/25-dec_0321_1999.pdf].

[39]. Rutas del Conflicto. Op. Cit

[40]. Peña, Juan. (2018). Arauca: construcción de paz en contextos de ausencia estatal y violencia inminente. Tesis de pregrado. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Javeriana. Bogotá. [Tomado de URL: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/44452]

   – Torres, Nicolás. (2019). Una historia oral de los trabajadores petroleros del Arauca. Tesis de Pregrado, Facultad de Humanidades, Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. [Tomado de URL: http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/11628]

[41]. Federación Luterana Mundial. (2015). Caracterización de los conflictos socioambientales generados por la industria petrolera en la zona de influencia del ecosistema Esteros y Laguna del Lipa, departamento de Arauca. F.L.M. Bogotá. [Tomado de: https://colombia.lutheranworld.org/es/content/caracterizacion-de-los-conflictos-socioambientales-generados-por-la-industria-petrolera-en].

[42]. Crudo Transparente. (abril de 2019). Estero de Lipa, Arauca: ¿proteger o explotar?. [Tomado de URL: https://crudotransparente.com/2019/04/30/chipiron-y-de-como-se-logra-extraer-crudo-del-estero-de-lipa-arauca/].