PANORAMA DE REGALÍAS Y LA CORRUPCIÓN EN META

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Investigación octubre 2019

Por: Diego López Diáz

Introducción

En los últimos quince años, Colombia ha experimentado uno de los cambios más importantes: el crecimiento de la producción de hidrocarburos. Solo en el periodo entre 2002 y 2012 (antes de la reforma al esquema de distribución de regalías) el país pasó de producir 500 mil barriles de petróleo a 950 mil por día. Esta expansión ha tenido un impacto significativo en las regalías que paga el sector petrolero al país, las cuales pasaron de representar el 0,6% del PIB en 2002 al 1,66% en 2012. En la medida en que la Constitución Política de 1991 establecía que estos fondos debían destinarse a los gobiernos subnacionales, las regalías se convirtieron en una importante fuente de financiación de proyectos en estos territorios. Para el caso de los municipios, estos fondos por lo general han sido el doble de lo recaudado por dos de los tributos municipales más importantes: el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Por su parte, las regalías son diez veces el recaudo departamental del impuesto a los licores [1].

De igual manera, la carta política contemplaba que las regalías debían asignarse principalmente a aquellos entes territoriales productores y/o afectados por el transporte del producto. Como resultado de esta destinación, la distribución de las regalías estaba altamente concentrada en pocos territorios: siete departamentos (Arauca, Casanare, Cesar, Guajira, Huila, Meta y Santander) concentraron el 70% de los recursos asignados en el periodo 2002 – 2011. Esta distribución era considerada más inequitativa si se estima que en estos territorios habitaban aproximadamente el 14% de la población del país. La situación puede verse más severa al observar que Casanare y Meta, donde reside el 2,7% de los colombianos, recibieron el 34% de las regalías [2].

Por esta y otras situaciones similares el gobierno colombiano reformó el esquema de distribución de regalías por medio de la aprobación del Acto Legislativo 05 de 2011 y la reglamentación de la Ley 1530 de 2012. Esta reforma cambió la estructura por medio de la cual son distribuidas las rentas derivadas de la explotación de recursos naturales no renovables (regalías directas y Fondo Nacional de Regalías – FNR) y la sustituyó con la creación del Sistema General de Regalías (SGR).

De otra parte, estudios como el de Botero, Hofman y Hernández [3], han mostrado que aunque el Nuevo Sistema General de Regalías (SGR) crea un mejor reparto de los recursos, dado que los proyectos están llegando de forma prioritaria a los municipios de categorías 5 y 6, estas entidades territoriales pertenecen a los departamentos centrales del país. De manera que se crea la ilusión de una mejor repartición en el territorio a nivel municipal, pero a nivel departamental continúa la inequidad y la concentración de los recursos. También demostraron que “las regalías están siendo usadas por las entidades territoriales como complemento de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) lo cual, aunque mejora los niveles de bienestar de la población, no crea bases infraestructurales, productivas y tecnológicas suficientes para impulsar el desarrollo y la competitividad de los municipios y departamentos, al menos de la forma que se esperaba al hacer los cambios estructurales en la arquitectura de este sistema de financiamiento territorial”[4].

A continuación se presentan de manera contextual algunas cifras globales e indicadores sociales de la estructura económica de Meta y Casanare, de acuerdo con los informes de la Contraloría General de la República (CGR) para el periodo 2012 – 2017. También se muestra información general de la distribución de regalías a partir de las asignaciones directas, los fondos de inversión y proyectos aprobados por sectores según los OCAD, con algunos datos interesantes sobre la eficiencia de la ejecución de los recursos a partir de las características de la contratación.

Además, de manera complementaria se presentará un análisis general de la corrupción en Meta y Casanare, de acuerdo con el sugerente estudio del politólogo Javier Duque [5] que muestra cómo la descentralización y la elección popular de los gobernadores departamentales se ha dado en un contexto económico que combina elementos de ilegalidad (narcotráfico, contrabando y empresarios ilegales), con otros legales basados en el extractivismo.

Meta

Datos económicos de contexto

De acuerdo con las cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el año 2017 el departamento del Meta produjo en promedio alrededor de 420 mil barriles diarios de petróleo, que corresponden al 49,9% del total de la producción de Colombia. Para el año 2016, la participación de la explotación petrolera en el PIB del departamento del Meta fue del 44,1%; un porcentaje similar al del año 2008, pero más bajo que el del período comprendido entre 2010 y 2015 cuando representó entre el 56% y el 70% [6].

Entre los años 2000 a 2016, el Meta se ubicó como el departamento con el promedio de crecimiento económico más alto del país con un 8,7%; muy superior al promedio nacional que fue del 4,1% y al de los demás departamentos productores en hidrocarburos y minería. Si bien el crecimiento económico del Meta se ha mantenido en el más alto nivel en el conjunto nacional gracias a cuarenta años de extracción petrolera, el departamento continúa manteniendo indicadores de pobreza superiores al 50% (IPM), cercano al promedio nacional. Los indicadores más críticos en este departamento corresponden a bajo logro educativo (64%), rezago escolar (27,8%), falta de aseguramiento en salud (27,5%) y especialmente falta de acceso a fuentes de agua potable, donde se presenta la brecha más grande, respecto del promedio nacional (22% vs 17%) [7].

Destino y manejo de las regalías (2012 – 2017)

Los recursos de regalías continúan constituyendo la más importante fuente de financiación del departamento; en el caso de la gobernación representaron el 35% ($361.193 millones) de los ingresos totales en 2017; aunque en 2011, antes de la modificación al sistema de regalías, su participación era del 53% ($705.131 millones). En los municipios del departamento esta tendencia decreciente también se refleja en el total de los ingresos: 23% en 2011 y 7% para el 2017. El resultado para el conjunto del departamento muestra que las regalías bajaron significativamente su participación en los ingresos totales al pasar del 49% al 15,7%, entre los mismos años [8].

Entre los años 2012 y 2017, el Meta obtuvo recursos de regalías por un valor de $4,4 billones, de los cuales $3,5 billones, el 79% se destinan a inversión; cerca de $941 mil millones, el 21%, al ahorro (FAE y Fonpet) y $11.736 millones, el 0,3%, al funcionamiento o fortalecimiento institucional.

En cabeza de la gobernación está la mayoría de los recursos: más de $2,7 billones que equivalen al 78,8% del total. Esto gracias a que la reforma a las regalías puso en cabeza de las gobernaciones los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, el de Desarrollo Regional y el 60% del Fondo de Compensación Regional, además de las asignaciones directas que les corresponden. Entre los municipios se distribuyen cerca de $743 mil millones, provenientes de las AD y del FCR 40%.

Cabe resaltar que los principales beneficiarios son Puerto Gaitán ($427 mil millones), con cerca del 57% de las regalías distribuidas entre todos los municipios, Acacías ($84 mil millones), Castilla La Nueva ($73 mil millones), Villavicencio ($34 mil millones) y Cabuyaro ($25 mil millones) (CGR, 2018a). De los cuales en los tres primeros se encuentran cinco de los campos petroleros más productivos del país: Rubiales, Castilla, Chichimene, Quifa y Castilla Norte, operados por Ecopetrol y, que entre todos aportan más del 40% de la producción nacional de hidrocarburos.

El valor de los proyectos aprobados a diciembre de 2017, ascendió a $4 billones para un total de 674 proyectos que incluyen las inflexibilidades, que son los compromisos adquiridos previos a 31 de diciembre de 2011 y que se siguen

<financiando con el SGR. Dicha cifra es mayor que la inversión asignada ($3,5 billones) debido a que se han aprobado vigencias futuras, las cuales son autorizaciones, otorgadas por la asamblea o concejo respectivo, en las que se faculta al gobernador o alcalde para que celebre compromisos que afectan presupuestos de anualidades subsiguientes, el los términos establecidos por la ley.

De manera que sobre la inversión aprobada, el 47% ($1,9 billones) se dirige a los sectores que inciden de manera directa sobre las necesidades más sentidas de la población: educación, agua potable y saneamiento básico, salud, vivienda e inclusión social. El restante 53% está concentrado en sectores como transporte (39,4%), ambiente y desarrollo sostenible (2,5%), cultura, deporte y recreación (2,4%); seguidos de minas y energía (1,8%) y ciencia y tecnología (1,5%), entre otros. Todo esto debería redundar en el bienestar general de la población del Meta, siempre y cuando los proyectos a ejecutar demuestren que las vigencias futuras son herramientas eficaces para el cumplimiento de los planes de desarrollo y no, por el contrario, que sean instrumentos que atenten contra la estabilidad fiscal del departamento y los municipios.

Como se puede observar en la Figura 2, la fuente de financiación es distinta dependiendo del tipo de OCAD. Para el caso del OCAD Departamental, los proyectos se financian en un 99,5% con las Asignaciones Directas y el 0,5% restante del FCR 40%. Por su parte, los OCAD Municipales financian el 87,7% con AD, 6,2% por el FCR 40% y el 6,1% restante con el incentivo a la producción, una partida que distribuye el Ministerio de Minas y Energía para financiar proyectos orientados a la restauración social, y económica de los territorios donde se desarrollan actividades extractivas. Finalmente en del OCAD Regional Llanos, el 53,9% de la financiación proviene del FCR 60%, el 45,5% del FDR y un 0,6% restante de las AD.

En la Figura 3 se muestra la distribución por sectores de los proyectos aprobados, según los tipos de OCAD, Regional, Departamental y Municipal.

A través del OCAD Regional Llanos, el departamento del Meta ha aprobado nueve proyectos por $156.458 millones; dos de ellos con un alcance entre 2 y 10 municipios; dos proyectos orientados hacia todo el departamento, un proyecto interdepartamental y uno con impacto unimunicipal. De otro lado, la mayor parte de los proyectos se aprueban a través del OCAD Departamental: un total de 387 por más de $2.7 billones. La inmensa mayoría se localizan en un municipio, 339 por una cuantía que sobrepasa los dos billones de pesos (el 74%). Mientras que tan solo seis proyectos por un valor de $82.636 millones abarcan todo el departamento, y 18 tienen un impacto entre 2 y 10 municipios.

En el caso del OCAD Departamental se han aprobado proyectos con impacto unimunicipal como es el caso el mejoramiento del parque central y vías urbanas en Granada por $11.252 millones, el mejoramiento de la Villa Olímpica en Guamal por $11.144 millones, la adecuación de la plaza central en el casco urbano de El Castillo por $10.543 millones, el mejoramiento y rehabilitación de la carrera décima de Vistahermosa por $9.367 millones y mejoramiento del parque central y la Villa Olímpica en Fuente de Oro por $7.287 millones, entre muchos otros [9].

Ejecución y Riesgos de proyectos inconclusos

Los altos saldos sin ejecutar constituyen el indicador de eficiencia más crítico del SGR. A nivel nacional estos saldos ascendieron a $13,6 billones a diciembre de 2017, de los cuales, la gran mayoría, cerca de $13 billones corresponden a inversión. Dicho valor representa alrededor del 40% de los recursos totales para inversión ($33,2 billones) del SGR, desde su entrada en vigencia. El Meta, por su parte, es el departamento con el menor porcentaje de saldos pendientes de ejecución (24,8%); el mayor porcentaje es el de Bogotá (78,1%).

La relación entre proyectos aprobados y el total de recursos disponibles para inversión en el Meta es superior al 100%, teniendo en cuenta, como ya se indicó, que se han comprometido recursos con vigencias futuras. Ahora bien, en lo que respecta a la ejecución, si bien ésta sigue siendo lenta, se registra un aumento en el porcentaje del valor de los proyectos terminados tanto a nivel nacional como en el departamento del Meta, que registró a diciembre de 2017 un porcentaje del 47%, ligeramente superior al total nacional que fue del 45%. Cabe resaltar que los municipios registran un porcentaje de proyectos terminados superior a la Gobernación: 52% frente a 46%. Mientras que el porcentaje de proyectos sin contratar es más alto en los municipios (18%) que en la Gobernación (11%) [10].

Por sectores, el valor de los proyectos terminados es especialmente bajo en el caso de los proyectos de vivienda (16,2%); el sector transporte está por debajo del promedio (42% de proyectos inconclusos), mientras que en el de agua potable y saneamiento básico se registra un porcentaje más alto (51%). En el sector de salud y protección social cerca del 100% de los proyectos están terminados.

Otro indicador ilustrativo de los riesgos en la ejecución es el porcentaje de contratos suspendidos, los cuales por razones de fuerza mayor, caso fortuito o interés general, impiden la ejecución de las obligaciones de las partes. La suspensión de un contrato estatal no le adiciona en su vigencia y plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional, que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sujetas a los términos [11].

A diciembre de 2017, el Meta tenía un total de 73 contratos suspendidos, que ascienden a $178.035 millones de pesos. Estos contratos hacen parte de 42 proyectos por valor de $215.103 millones de pesos. Teniendo en cuenta que los proyectos en ejecución, a la misma fecha ascendían a un poco más de un billón de pesos, alrededor del 20% de los mismos estaría en riesgo de culminar, por cuenta de la suspensión de contratos.

Por otra parte, de acuerdo con la Contraloría General de la Nación, sobre la ejecución de los recursos en el departamento del Meta, cuya responsabilidad compete enteramente a los gobernantes territoriales, prevalecen riesgos de corrupción, de acuerdo con el alto porcentaje de la contratación que se realiza sin pluralidad de oferentes. La mayor parte de la contratación, el 59%, se hace por concurso (licitaciones públicas, concurso de méritos, selección abreviada y mínima cuantía), sin embargo, un porcentaje significativamente alto se realiza por contratación directa (41%).

Además de que la contratación por concurso no es muy alta, si se compara con otros departamentos o con el promedio nacional, el 87% se realiza con un oferente, por lo cual para la CGR los riesgos de corrupción son muy altos (Cuadro 17). Este porcentaje es mayor en el conjunto de los municipios con el 91%, mientras que en la gobernación, el 83%. Al sumar la contratación directa, que como ya se anotó representa el 41% del total, la situación es aún más crítica, ya que el 93% de la contratación se estaría realizando sin pluralidad de oferentes.

Para la CGR, la falta de pluralidad de oferentes no radica en que hayan pocos de éstos, porque de hecho se comprobó que existen de acuerdo con los datos del RUP (Registro Único de Proponente). Dicha falta de pluralidad implica que el Estado no se beneficie de la competencia entre oferentes, lo que impide una garantía de elección de la mejor oferta posible entre precio y calidad. Además, según la CGR, parte de los riesgos asociados a la contratación sin pluralidad de oferentes, a los proyectos sin concluir por cuenta de contratos suspendidos y las debilidades de la fase de planeación y de las interventorías, dan lugar a hallazgos con presunta incidencia fiscal [12].

Los resultados de las auditorías adelantadas por la CGR, entre los años 2015 y 2017 arrojaron hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de $300 mil millones de pesos, siendo los sectores de agua potable y saneamiento básico; educación y vivienda, en donde se encuentran las mayores irregularidades. De ese valor, $208.018 millones de pesos corresponden a la Gobernación y $99.989 millones de pesos a los municipios.

Análisis general de la corrupción

El Meta hace parte de los departamentos con reiterados casos de corrupción, aunque en menor medida que Arauca y Casanare. Allí hubo un entramado de relaciones entre sectores de la clase política y organizaciones criminales paramilitares que incidieron de forma directa en la gestión pública y en el manejo de los recursos públicos, incluidos los procedentes de regalías. Asimismo, prácticas como el clientelismo y otras anómalas e ilegales alrededor de la contratación, se han entrecruzado con dichas relaciones de políticos y organizaciones criminales que han ocasionado un detrimento patrimonial del departamento y han conducido a sanciones de los gobernadores y otros funcionarios públicos [13].

Antes de hacer un recuento de los gobernadores sancionados en las tres últimas décadas, es preciso dar un contexto general de la situación socio-política del Meta de los últimos 30 años. Para empezar, este departamento ha pasado por tres momentos diferentes en los que personalidades políticas, actores armados ilegales e incidencia del narcotráfico, han marcado la dinámica económica y social del Meta [14]:

Desde la entrada de la Unión Patriótica en la competencia electoral de 1986, en el marco del proceso de paz iniciado entre las FARC (el cual ha tenido una fuerte implantación en el Meta) y el gobierno de Belisario Betancurt, hasta 1997 cuando comienza la segunda ola de expansión paramilitar en el departamento y empieza a disminuir también el alto predominio del Partido Liberal.
Desde 1997, con el inicio de la segunda ola paramilitar, hasta 2007 cuando culmina el periodo de gobierno y de mandato en las corporaciones públicas de quienes resultaron elegidos para el periodo 2004-2007, que corresponde al de mayor influencia política de los paramilitares y sus comprobados nexos con la clase política local.
Desde 2007 a 2017, periodo durante el cual se consolida de manera moderada un sistema pluralista de partidos políticos, en el que el Liberal y el Conservador son minoritarios, la mayoría de gobernadores no tiene partido ni estructuras organizativas consolidadas y cuyas candidaturas resultaron de auto postulaciones y de la agregación de apoyos políticos y económicos en su departamento.

Ahora bien, durante el periodo 1992-2016 se eligieron en el Meta a ocho gobernadores mediante voto popular y uno designado (2006) en reemplazo de otro que fue destituido. A continuación se mencionan dichos gobernadores, sus respectivos periodos y las situaciones anómalas por las que han sido sancionados o investigados:

Omar Armando Baquero (1992-1994): Sin sanciones.

Alfonso Ortiz Bautista (1995-1997): Sancionado disciplinariamente por la Procuraduría en 2002 por irregularidades en la construcción de la Escuela Superior de Bellas Artes. Según el Ministerio Público, la obra por valor de 200 millones de pesos fue fraccionada en varios contratos, además no se tuvo en cuenta el presupuesto anual del municipio [15].

Alan Edmundo Jara (1998-2000): Sin sanciones en este periodo.

Luis Carlos Torres (2001-2003): Destituido e inhabilitado durante 10 años por la Procuraduría General de la Nación (PGN), en abril de 2008, porque dejó que la dirección de los procesos licitatorios, así como la celebración de contratos y convenios del ente territorial, estuvieran en manos de terceros, con el fin de eludir responsabilidades penales y disciplinarias en los convenios con Edesa y Corpometa. Además es investigado por la Fiscalía por posibles vínculos con paramilitares.[16]

Edilberto Castro Rincón (2004-noviembre de 2005): Magistrados del Consejo de Estado ordenaron, en noviembre de 2005, anular su elección y destituirlo del cargo porque fue condenado por la muerte de un médico en un accidente de tránsito, hecho que lo inhabilitaba para inscribirse como candidato [17].

En octubre de 2017 la PGN lo destituyó e inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos por irregularidades contractuales (por valor cercano a $2 mil millones) en la compra de kits escolares para diferentes instituciones educativas. Además la Fiscalía lo vincula a un triple homicidio de dirigentes políticos regionales ocurridos en septiembre de 2004 [18].

Adán Enrique Ramírez (gobernador encargado febrero a julio de 2006): Sin sanciones.

Juan Manuel González Torres (junio 2006 – diciembre 2007): En mayo de 2009 la PGN formuló pliego de cargos en su contra por presuntas irregularidades alr invertir excedentes del erario departamental para financiar negocios particulares, hechos por los cuales fue sancionado en juicio fiscal por la CGR en 2013 [19]. De nuevo en 2013, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad por los delitos de peculado por apropiación y celebración de varios contratos sin cumplimiento de requisitos esenciales, durante el primer semestre de su administración con recursos provenientes de regalías y compensaciones [20].

Darío Vásquez Sánchez (2008 – 2011): En octubre de 2013 la CGR concluye que incurrió en una falta grave al no velar por la buena administración de los recursos públicos en un contrato de más de $1400 millones suscrito con FONADE, para la dotación de cinco colegios municipales. En este año también la CGR abrió un proceso de responsabilidad fiscal en su contra por las irregularidades en la ejecución del contrato entre el departamento y la Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, por valor de $41 mil millones [21].

Además, a los pocos meses de esta decisión fiscal, un diario de circulación nacional publicó un artículo [22] en el que se revelaba un informe de la Contraloría sobre la evaluación de 10 convenios firmados por la Gobernación y diversas organizaciones mediante la figura de uniones temporales, con la cual se realizan contratos interadministrativos de forma directa, es decir, sin el requerimiento de licitaciones para adelantar las obras.

También, en mayo de 2017, la CGR expide un Auto por el cual se abre un proceso de responsabilidad fiscal en su contra y de otros funcionarios públicos de aquel gobierno (Secretario Jurídico del Meta, Secretaría de Salud Deptal, Gerente del Instituto de Desarrollo, Representante legal de la Universidad de Cundinamarca, entre otros), por las irregularidades del contrato de obra para la construcción y mejoramiento de infraestructuras en los municipios de Uribe, Restrepo y Puerto Gaitán, por valor de $11.900 millones [23].

Alan Edmundo Jara (2012 – 2015): En mayo del año en curso, la PGN lo sancionó disciplinariamente al considerar como una ‘falta gravísima’ el pago de un crédito adquirido por Llanopetrol en 2015 (por más de $10 mil millones para la elaboración de los estudios y diseños de prefactibilidad para la refinería del departamento del Meta), sin que existiera un contrato entre la compañía petrolera y el ente territorial u otro soporte para dicho pago. En este proceso la Procuraduría absolvió al entonces secretario de Hacienda del departamento, Jairo Iván Frías Carreño y al ex gerente de Tesorería de la Gobernación, Óscar Arnulfo Lozano Ramos. [24]

También, la CGR hizo un hallazgo fiscal de $13 mil millones en un contrato para construir 517 viviendas rurales para población indígena del departamento, suscrito por la Secretaría de Vivienda en este periodo gubernamental. Para el ente de control fiscal, llama la atención que del valor inicial del contrato ($21 mil millones), y a un mes de terminar la administración, se giró el 50% de este valor a título de anticipo. La Contraloría realizó una visita técnica en marzo, abril y mayo de 2019, en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, La Uribe y Mesetas, en donde evidenció que las obras no fueron terminadas y que lo poco contruido no cumpe con los requerimientos técnicos además que fueron abandonadas por el contratista en 2018 [25].

Por otra parte, en septiembre de 2018, la Procuraduría formuló pliego de cargos para iniciar un juicio disciplinario en su contra (además de la ex-secretaria de Educacion Departamental, Ligia Saldaña) por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Según las investigaciones del Ministerio Público, habría un supuesto sobrecosto en los precios de los alimentos de un contrato por valor de $13 mil millones, en el que según la PGN “el exgobernador, al parecer, omitió sus deberes de vigilancia y control de las actividades delegadas a la Secretaría de Educación […] como máxima autoridad de Meta estaba llamado a velar por los intereses de la entidad que dirigía y tenía la obligación de realizar seguimiento a la actividad contractual” [26].

Por si fuera poco, otro de los procesos en su contra iniciado por la CGR en abril de 2017, tiene que ver con los recursos ejecutados en el convenio suscrito para la construcción del sistema de saneamiento básico de los centros poblados de Altos de Pompeya y Quenane, en Villavicencio, los cuales fueron aportados por la Gobernación y Ecopetrol y ejecutados por la Empresa de Servicios Públicos del Meta. “La Contraloría estimó la existencia de un daño patrimonial en cuantía superior a los $12 mil 293 millones de pesos, por la inversión ineficiente de los recursos, donde las obras ejecutadas no prestaron un servicio real a la comunidad” [27].

Conclusiones

Si se compara Meta con los otros departamentos de los llanos orientales, Arauca y Casanare, los niveles de corrupción no son tan elevados como en estos, ya que algunos gobernadores metenses no actuaron de forma ilegal ni manejaron de manera irregular los recursos públicos como otros. Durante los últimos tres mandatos se rompieron los vínculos entre los gobernadores con perfil de políticos de negocios y grupos armados ilegales, los cuales se basaban en reciprocidades e intercambios de apoyos políticos; a diferencia de otros que no se involucraron ni en la redes de criminalidad ni en las de transacciones ilegales. Sin embargo,cuando se publicó el estudio de Javier Duque no se habían hecho públicas las investigaciones sobre Alan Jara, las cuales empezaron a ventilarse desde el 2018.

Por último, cabe resaltar que si bien las últimas administraciones del Meta no han sido escandalosas por los casos de corrupción, hay varias denuncias e investigaciones en curso alrededor de la figura de los contratos interadministrativos a través de las uniones temporales. Mediante este mecanismo se suele triangular la contratación, se evitan las licitaciones y se contrata con una institución que luego subcontrata a otras para que realicen las obras. queda por tanto una zona difusa sobre el carácter de las organizaciones (ONG y otras “sin ánimo de lucro”) que finalmente ejecutan las obras, de quién son y cuál es la relación entre éstas y el gobernante. Según Duque, se pone de manifiesto una mutación del Estado al nivel subnacional departamental: del Estado que ejecuta e invierte en obras, a uno que las contrata con intermediarios.

Bibliografía

[1]. Bonet, Jaime & Urrego, Joaquín. (2014). El Sistema General de Regalías ¿mejoró, empeoró o quedó igual? Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, N° 198. Banco de la República (Tomado de URL: http://www.banrep.gov.co/es/dtser-198)

[2]. Ibíd.

[3]. Botero, María; Hofman, Juana & Hernández, Daniel. (2015). Inequidades territoriales en Colombia: un balance del Sistema General de Regalías (SGR) en el cierre de la brecha interregional. Revista Opera N° 17 pp. 27-66. (Tomado de URL: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/4420)

[4]. Ibíd. (Pág. 3).

[5]. Duque, Javier. (2015). Corrupción, organizaciones criminales y accountability: la apropiación de las regalías petroleras en los Llanos Orientales. Programa Editorial Universidad del Valle: Cali.

[6]. ANH, Cifras y Estadísticas. (Tomado de URL: http://www.anh.gov.co/ANH-en-Datos/Paginas/Cifras-y-Estad%C3%ADsticas.aspx)

[7]. Castillo, Angélica. (2014). La incidencia del nuevo sistema general de regalías en la descentralización fiscal en los departamentos de Cundinamarca y Meta. Tesis de Grado, Facultad de Ciencia Política y Gobierno, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario: Bogotá. (Tomado de URL: http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10151)

[8]. Contraloría General de la República (CGR). (2018a). Resultados del SGR. Informes Departamentales. 5. Meta 2012-2017. CGR: Bogotá. (Tomado de URL: https://www.contraloria.gov.co/resultados/publicaciones/publicaciones-regalias)

[9]. Ibíd.

[10]. Ibíd.

[11]. Consejo de Estado. (26 de abril de 2006). Sentencia, Sección Tercera, exp. 16041 (Tomado de URL: https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas…/353_CE-RAD-17434.doc)

[12]. CGR, 2018a. Op. Cit.

[13]. Duque, 2015. Op. Cit.

[14]. Ibíd.

[15]. Ibíd.

[16]. El Espectador, 22 de abril de 2008. (Tomado de URL: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-destituido-e-inhabilitado-10-anos-ex-gobernador-del-meta)

[17]. Duque, 2015. Op. Cit.

[18]. Llanera.com, 15 de marzo de 2013. (Tomado de URL: https://llanera.com/capturado-por-la-fiscalia-el-exgobernador-del-meta-edilberto-castro-rincon/2670)

[19]. El Tiempo, 1 de mayo de 2009. (Tomado de URL: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5114168)

[20]. Radio Santafé, 3 de enero de 2013. (Tomado de URL: http://www.radiosantafe.com/2013/01/03/medida-de-aseguramiento-a-exgobernador-del-meta/)

[21]. Duque, 2015. Op. Cit.

[22]. El Tiempo, diciembre 19 de 2013, (Tomado de URL: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13303376)

[23]. CGR, Auto N° 0814 del 4 de mayo de 2017. (Tomado de URL: https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/571301/20170504_Auto+No.+0814_por+el+cual+se+abre+el+Proceso+de+Responsabilidad+Fiscal+UCC-PRF+008-2017.PDF/40293832-eafa-4f4f-a8e4-7297db3ebec0)