El Pulso Petrolero de Crudo Transparente, mide mes a mes la conflictividad social, armada y ambiental asociada a la industria petrolera en Colombia.

Conoce nuestra infografía con los reportes por departamento, para septiembre de 2019. Clic acá.

Análisis

En septiembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la comunidad Siona del Resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco, en Puerto Asís Putumayo, al reconocer que hubo vulneración del derecho a la vida y a la consulta previa en las labores de exploración de la petrolera Amerisur Exploracion Colombia Limitada.

Según la versión de la comunidad indígena, esta compañía ya había empezado los trabajos de exploración sin consulta previa, bajo la premisa que el área en mención no era territorio ancestral. Además, en el fallo se reconoció que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) delimitaron de manera equivocada los límites reales del Resguardo Indígena, dejando por fuera gran parte del área ancestral.

La comunidad indígena Siona tomó con alegría esta decisión y hace un llamado a las entidades responsables para realizar una actualización cartográfica debida de estas áreas. También, resaltaron en su comunicado la importancia del derecho a las consultas previas libre, esto con el fin de proteger sus territorios. 

Con relación al fracking en septiembre en el Congreso de la República de nuevo se debatió sobre la implementación de esta técnica y el Consejo de Estado también discutió y decidió sobre este aspecto. La Alta Corte se pronunció sobre la medida instaurada por el Ministerio de Minas y Energía, a través de un recurso de súplica, para adelantar los proyectos piloto de investigación integral. 

El Consejo decidió mantener la suspensión, lo que significa que queda prohibido toda actividad relacionada con fracking en Yacimientos No Convencionales (YNC), aunque aclaró que los proyectos pilotos sí pueden ejecutarse. Esta noticia fue recibida de manera negativa por los ambientalistas, diferentes grupos sociales y para las comunidades en las regiones del Magdalena Medio y Cesar, ya que no hay certidumbre sobre cómo se llevarán a cabo estos últimos y cuáles serán sus alcances e impactos en la salud humana y los ecosistemas. Este aspecto sigue dando pie al debate y el Consejo de Estado seguirá estudiando y analizando el marco jurídico que regularía el uso de esta técnica; también, se está a la espera del documento de la nueva Comisión de Expertos por parte de la Universidad Nacional.

Con respecto a conflictividad social tras 42 días de la suspensión de las actividades en el Campo Tibú y la Planta de Gas Sardinata, en Norte de Santander, en el mes en mención se reiniciaron las labores de estos complejos. Cabe señalar, que este suceso se debió por los disturbios y protestas del grupo dedicado al hurto de crudo, los “pategrilleros”.

Según informó Ecopetrol, la suspensión se debió a las condiciones de seguridad en 76 pozos productores y 61 inyectores de crudo. La compañía agregó que el Campo Tibú dejó de producir 73 450 barriles de hidrocarburo, por un valor de pérdidas de 12 400 millones de pesos; y la Planta de Gas de Sardinata dejó de producir un millón de pies cúbicos diarios. Además, se cancelaron 34 contratos laborales, lo que afectó a 431 personas de las cuales 375 son de la región.

Sobre orden público e ilegalidad, en septiembre se registraron tres instalaciones de válvulas clandestinas en Norte de Santander y Santander. Para resaltar, debido a la conexión ilegal en Tibú (Norte de Santander) se suspendió de manera preventiva el suministro de agua por cuatro días; afectando alrededor de 30 000 personas de la zona. La mancha de crudo se extendió aproximadamente 40 kilómetros en el río Tibú y según afirmó Cesar Ortega, coordinador de hidrocarburos de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), la recuperación ambiental del afluente tomará de 10 a 20 años.

En cuanto a ataques a la infraestructura petrolera colombiana, se identificaron cuatro hostigamientos en los oleoductos Caño Limón-Coveñas, San Miguel de Orito (OSO) y Trasandino en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Putumayo. Vale la pena mencionar que este mes, la Estatal informó que en el 2019 se han registrado 55 ataques a las tuberías del todo el país; 34 han sido en el Caño Limón y 18 en el Trasandino, dos en el Mansoyá-Orito (OMO) y uno en contra del OSO. 

A la fecha, Crudo Transparente tiene registrado un total de 42 hostigamientos en las diferentes infraestructuras petroleras del país; 22 en Caño Limón Coveñas, 12 en el Trasandino, dos en el Campo Tibú, dos en OMO, uno en el oleoducto Costayaco, uno en el Bicentenario y uno en contra del OSO. Se hace un llamado a la Estatal para dar claridad sobre las cifras presentadas, con el fin de poder tener una información verídica, transparente y similar con miras a promover el desarrollo íntegro de la industria. 

Por último, en acciones contra el contrabando de hidrocarburos, se incautaron 7 820 de combustible ilícito entre ACPM y gasolina en los departamentos de Arauca, Guajira y Norte de Santander.  Es de resaltar que durante los nueve meses del año en curso se ha registrado un total de 96 604 galones de combustible confiscado; en comparación al 2018, que se decomisaron 250 433 galones de combustible. A continuación, se muestra en detalle:

Como se evidencia, el número de galones incautados de hidrocarburo de contrabando en estos nueve meses del 2019 ha disminuido un 55.4 %, en comparación al mismo periodo de enero a septiembre del 2018. La reducción de esta actividad ilícita puede estar estrechamente relacionada con la escasez de gasolina que está sufriendo Venezuela y los problemas fronterizos presentados en los departamentos de Arauca, La Guajira y Norte de Santander. 

El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente. A continuación, se mostrará en detalle los sucesos del mes.

 CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Protesta

Los representantes del gremio de operadores de maquinaria amarrilla de las obras de la Estación Castilla tres, operado por Ecopetrol, en la vereda Cacayal en Castilla La nueva, Meta, impidieron el ingreso de personal de las compañías que laboran en el área.

Los manifestantes reclaman el pago salarial de los días no laborados en julio, cuando apoyaron el cese de actividades realizado por los operadores de la empresa encargada del proyecto Parque Solar Castilla.  Debido a esta protesta, 1 100 trabajadores operativos y administrativos de compañía Otacc S.A. Ingeniería & Construcción y 240 del personal MTZ ingeniería no pudieron ingresar a sus labores.

La Estatal hizo un llamado a los manifestantes de levantar la protesta con el fin que los trabajadores retornen a la normalidad sus labores. De lo contrario, según informó la petrolera, se verá obligada a suspender los contratos comerciales de las compañías nombradas anteriormente, pudiendo afectar a más de 1 200 contratistas de Castilla La Nueva.

Desde otro ámbito, los contratistas de la empresa QMax Solutions Inc (compañía estadounidense encargada de proveer soluciones, servicios y equipos para todas las etapas de perforación en los proyectos extractivos) de Ecopetrol en los pozos petroleros de Llanito y Galán, en Barrancabermeja, Santander, realizaron una protesta debido a las condiciones salariales y contractuales de la compañía.

Al igual que el suceso presentado en Meta, Ecopetrol, hizo un llamado a los trabajadores a retornar sus labores, ya que este hecho afecta de manera directa a aproximadamente 150 obreros; además de perjudicar a la comunidad que ejerce diferentes labores alrededor del campo de producción.

Bloqueo de vías

Las comunidades aledañas a las operaciones petroleras de Occidental de Colombia, LLC (Oxy), en Arauca, bloquearon varias vías alrededor del sector impidiendo el normal desarrollo de las actividades en las instalaciones de la compañía.  El motivo de los manifestantes fue el de solicitar a la empresa la modificación del Plan Voluntario de Gestión Social (PVGS).

El PVGS fue un acuerdo para las vigencias 2018-2019 por parte de la compañía y las comunidades para concertar temas de construcción de viviendas, brigadas de salud, dotación laboral, suministro de materiales para el mejoramiento de vías y alcantarillados entre otras actividades en pro al desarrollo de los habitantes del municipio. De esta manera, los bloqueos se deben al retraso de 14 viviendas por parte de Oxy y la demora de otras obras planeadas y acordadas dentro del PVGS.

La empresa hizo un llamado a la ciudadanía para levantar estas vías de hecho y así retornar al normal desarrollo de las actividades petroleras en el municipio. Además, la compañía informó que está dispuesta a continuar con el diálogo para solucionar estas problemáticas e invitó a instalar mesas de trabajo con las comunidades vecinas para tratar temas ambientales, sociales, de empleo, entre otros. 

ORDEN PÚBLICO E ILEGALIDAD

Ataque a infraestructura petrolera

En el mes en mención se registraron cuatro ataques a la infraestructura petrolera de país: dos en el oleoducto Caño Limón-Coveñas (Arauca y Norte de Santander) los otros, se identificaron en el oleoducto San Miguel de Orito y Trasandino (Putumayo).

Para comenzar, en el centro poblado La Pesquera, jurisdicción de Arauquita, Arauca grupos armados no estatales dinamitaron el oleoducto Caño Limón – Coveñas, donde hubo derrame de crudo en la capa vegetal. Ahora bien, en la misma infraestructura en la vereda Cubogón entre los corregimientos de Gibraltar y Samoré, Toledo, Norte de Santander, se registró un hostigamiento que, al igual que el anterior, causó derrame de hidrocarburo.

Por otro lado, en La Hormiga, cabecera urbana de Valle de Guamuez, Putumayo, el Ejército Nacional y la Policía Nacional informaron acerca de una fuerte explosión en el oleoducto San Miguel de Orito (OSO), el cual no rompió la infraestructura. Por último, en la misma semana, en la vereda El Líbano, Orito, se presentó un ataque al Trasandino que generó la rotura de la tubería y un incendio.

Tras los sucesos, la Estatal activó sus planes de contingencias y notificó las situaciones a los Consejos Municipales de Riesgos y Desastres de los municipios. En el atentado presentado en Norte de Santander, Ecopetrol instaló una barrera de protección en el río Cubogón debido a que en este afluente las comunidades campesinas se abastecen para sus actividades diarias.

Igualmente, la petrolera reportó los eventos a las Gobernaciones de los departamentos, a las autoridades ambientales de la zona y solicitó el apoyo del Ejército Nacional para garantizar la seguridad del personal técnico y operativo que realizaron la limpieza en las aéreas afectadas.  Hasta el momento, la empresa y fuerza pública no han confirmado los responsables de estos ataques; no obstante, en las zonas ejerce presencia el ELN.

 Instalación de válvulas clandestina

En el campo La Cira Infantas, en inmediaciones de la vereda Campo Seis, Barrancabermeja, Santander, Ecopetrol informó la instalación de una válvula ilícita que causó derramamiento de crudo en la zona. Según el comunicado de la compañía, desconocidos realizaron un corte mecánico en una línea de seis pulgadas de la infraestructura para ubicar el artefacto ilegal.

La compañía activó el plan de contingencia con cuatro cuadrillas de trabajadores en el área afectada, la cual alcanzó los 725 metros cuadrados, para hacer recolección del producto. Cabe señalar que la petrolera denunció que en lo corrido del 2019 se han registrado 16 acciones de esta índole en el Magdalena Medio y ocho se han presentado en el campo La Cira Infantas.

Desde otro ámbito, en el kilómetro 364 del oleoducto Caño Limón-Coveñas en el sector de Caño cinco, en la vereda Campo Seis, Tibú, Norte de Santander, se registró una emergencia ambiental debido a una instalación ilegal de una válvula clandestina.  El evento ocasionó una mancha de crudo en el río Tibú y llegó aguas arriba de la bocatoma municipal.

Lo anterior obligó a las directivas de las Empresas Municipales de Tibú (Emtibú) suspender de manera preventiva el servicio de acueducto; dejando sin agua a al menos 30 mil habitantes de la zona. La Estatal activó su plan de contingencia para controlar que la mancha no llegará a otros cuerpos de aguas cercanos. Asimismo, la compañía informó que en el 2019 se ha registrado 37 válvulas ilícitas de las cuales 23 se identificaron en Tibú.

Finalizando el mes, en la zona del Catatumbo en Norte de Santander, se registró un derrame de hidrocarburo, debió a la instalación de la válvula ilícita de nuevo en el oleoducto Caño Limón-Coveñas. De inmediato, Ecopetrol, activó su plan de contingencia e instaló barras de contención, para evitar que el crudo afectará afluentes de agua en el sector.

Contrabando de crudo

Con relación a las acciones de contrabando, en los siguientes departamentos se adelantaron labores en contra de esta actividad ilícita en septiembre:

En Arauca, La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN), incautaron siete pimpinas con Acpm que contenían en total 100 galones de este combustible.

Por otro lado, la Polfa en el control aduanero en la vía  que de Cúcuta conduce al corregimiento San Faustino, Norte de Santander, decomisó 1 100 galones de gasolina los cuales eran transportado en un vehículo de placas extranjera.

Por último, en la Guajira se logró incautar un total de 6 620 galones de combustible en las siguientes operaciones: en un inmueble registrado por la Polfa en Uribia se aprehendieron 4 500 galones de gasolina; igualmente, esta autoridad logró el decomiso de 300 galones de hidrocarburo en un tractocamión. En Maicao la Polfa detuvo un bus interdepartamental que cargaba 1 700 galones de gasolina extranjera y en el kilómetro 5 de la vía Maicao-Riohacha, en un puesto de control aduanero, el Ejército Nacional y la Fiscalía decomisaron 120 galones de combustible ilegal. 

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