Investigación febrero – marzo 2018

 

 

INTRODUCCIÓN

 

En Colombia el Departamento del Chocó es la zona geográfica con mayor biodiversidad del mundo, se encuentra ubicado en la costa pacífica y tiene un pequeño apéndice en la costa atlántica, cuenta con una extensión de más de 46 mil kilómetros cuadrados y una población de 505.046 habitantes (2016), es el noveno más extenso del país y uno de los diez menos poblados. Su título de departamento tan sólo fue reconocido hasta el año 1947, año en donde se separa de la provincia del Cauca[1]. La mayoría de su población es afrodescendiente, 82,1% (2005)[2], y el restante se divide entre indígenas, blancos y mestizos. El 51% de sus habitantes se encuentran en zonas rurales[3].

 

Chocó es uno de las pocas regiones del país en las que la industria petrolera no está presente, pese a que en el 2014 la Agencia Nacional de Hidrocarburos realizó una ronda de oferta de bloques en la que se incluyeron zonas del departamento. Cuando se piensa que el petróleo puede representar una oportunidad para aumentar la calidad de vida en dicha región, se tiene que tener en cuenta variables económicas (el aumento del ingreso que registran las alcaldías por regalías), ambientales (las consecuencias de los impactos) y sociales (aumento del empleo, del ingreso, desacuerdos con la industria en diferentes temas, inmigración foránea al territorio, entre otros), cada una con sus propios matices y que se desarrolla de manera específica dependiendo de su población.  

 

En ese sentido, esta investigación presenta el tema desde una perspectiva multisectorial, mostrando los puntos de vista de los diferentes actores relacionados, siendo los más importantes, las comunidades (especialmente las que se encuentran en la zona de influencia del Bloque CHO1, el cual fue ofertado en las rondas regionales de 2014 y por el cual se recibieron propuestas pero no fue asignado en su momento por la ANH, la Gobernación del Chocó, las agencias gubernamentales de carácter nacional y en especial la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Así mismo, las perspectivas sobre desarrollo para municipios que tienen entidades relacionadas con el mundo de los hidrocarburos como la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), principalmente las publicadas en el informe de Agosto de 2017 denominado: “Desarrollo socio – económico de los municipios petroleros: una comparación frente a sus vecinos no petroleros”[4].

 

 

Foto: http://www.cric-colombia.org/

El petróleo: ¿una oportunidad?

 

Foto: www.elcampesino.co

 

El Chocó es uno de los pocos departamentos que no tiene ningún tipo de actividades petroleras en su territorio[5] y en las que han existido limitadas intenciones de explotar el recurso (sólo se presentó una oferta en el 2014); no obstante, su potencial minero ha sido aprovechado desde antes de la llegada de los españoles; situación que no ha mejorado las condiciones de vida de los chocoanos y que en los últimos años las ha deteriorado.

 

Cuando se piensa en una oportunidad para esta región, se debe tener en cuenta que el Chocó tiene una tradición extractiva especialmente en el área de minería de oro, plata y platino, que se ha desarrollado desde el inicio de su historia y que ha representado durante más de 400 años una de las bases más importantes de su economía. Sin embargo, durante este mismo tiempo el extractivismo se ha debatido entre la legalidad y la ilegalidad; entre la tradición y las nuevas técnicas; el conflicto armado, los problemas sociales, la pobreza, etc. Así mismo, ha formado una identidad comunitaria que tiene fuertes arraigos en tradiciones ancestrales y defensa del medio ambiente, de alguna manera ha moldeado la forma de ser chocoana.

 

Esta misma herencia extractiva del Chocó ha configurado los problemas subsecuentes de violencia y pobreza, y aunque no se puede afirmar que estos son dependientes el uno del otro, sí se pueden observar rasgos que permiten identificar como el extractivismo ha hecho del departamento un lugar especialmente vulnerable a diferentes dinámicas propias del conflicto armado colombiano.

 

En este sentido, surge el cuestionamiento acerca de la viabilidad y conveniencia de la exploración y explotación de petróleo dentro de la región, visto desde diferentes ópticas y especialmente tomando como ejemplos la experiencia vivida por regiones petroleras que manejan mejores márgenes en cifras relacionadas a calidad de vida,  a diferencia de vecinos que no han tenido recursos provenientes de la renta petrolera en lugares como Meta y Casanare, como se verá a continuación, y otras en donde el crudo ha sido parte del eje del conflicto como Arauca.

 

Ejemplos nacionales

 

El año pasado, la ACP emitió un informe titulado “Desarrollo socio – económico de los municipios petroleros: una comparación frente a sus vecinos no petroleros”[6], el cual hizo un análisis entre más de 41 municipios, entre productores de petróleos y sus vecinos que no lo son, con datos del Departamento Nacional de Planeación, en temas como los aspectos económicos e institucionales, la calidad de vida, el medio ambiente y la seguridad.

 

En cada uno de los temas estudiados por la organización, se encontró un balance positivo en los municipios que cuentan con la industria petrolera, en comparación de sus vecinos que no la tienen. Se halló que estos municipios reciben cinco veces más ingresos que los no petroleros, entre regalías, sistema general de participaciones y tributarios; lo anterior, sin contar que en torno a la industria hidrocarburífera crecen otras como el turismo y el comercio. Además, con el aumento de la producción de petróleo de 2005 a 2015 en un 48%, los ingresos de dichos entes territoriales crecieron en un 70%.

 

En cuanto a calidad de vida, se midieron los índices de pobreza multidimensional, encontrando un puntaje superior en el 70% de las variables, en comparación con los municipios no productores. Estos indicadores cobijan, entre otras, mejorías en “educación, salud, servicios públicos y condiciones de vivienda, condiciones de niñez y juventud, y empleo”[7]. Así mismo, mejoras en prestación de servicios públicos: mayor acceso al agua en un 35%, y un 30% mejores disposiciones sanitarias.

 

Respecto a salud, el estudio encontró que en los municipios petroleros existen un 50% menos de barreras para acceder a la salud, pero la prestación del servicio es un 2% de menor calidad que la de sus vecinos. En educación, cuentan con “mayor nivel de escolaridad, y menos hogares con analfabetismo, inasistencia escolar y trabajo infantil; con una diferencia cercana al 4%, 2%, 11% y 25% respectivamente”[8]. Para finalizar, en materia de medio ambiente, se resalta la inversión que hacen los municipios petroleros a diferencia de los no productores, ya que destinan un 49% más del presupuesto que sus pares[9].

 

Los ejemplos nacionales son altamente positivos en términos generales según los datos mostrados por las entidades nacionales y recopilados por el gremio petrolero; sin embargo, en estos ejemplos no se nombran los conflictos ambientales que puede conllevar la explotación de crudo, tampoco los sociales como el aumento de la violencia, de la prostitución, de la inmigración regional, etc.  De hecho, el año pasado en una investigación realizada por el equipo de Crudo Transparente (CT)[10] se encontró que en tres municipios en donde se desarrollan actividades petroleras, las percepciones generales de los presidentes de las juntas de acción comunal, eran negativas sobre la explotación de crudo, ya que en pocas ocasiones se habían tomado en cuenta a las comunidades para la toma de decisiones sobre lo relativo al territorio; por lo cual se mantuvieron opiniones en contra de la industria en más del 70% de los casos consultados[11]. En continuas ocasiones se denunciaron abusos, malos manejos de los recursos devenientes de la explotación, corrupción, problemas ambientales, entre otros. Es así que en Tauramena en 2013, un municipio con más de 30 años de actividades petroleras, se llevó a cabo una consulta popular que detuvo la explotación de crudo con un  95% de votos a favor.

Si se toma este diagnóstico en cuenta, encontramos que aunque en términos generales existen datos comparativos favorables a los proyectos petroleros, las comunidades en muchas ocasiones se resisten a estas; estas dos variables se deben tomar en cuenta

 

Potencial, ventajas y desventajas. Empresa, Gobierno y comunidades

 

 

Lo primero que es importante recordar es el potencial hidrocarburífero de la región que a la fecha se estima en “76 mil millones de barriles de petróleo según un estudio de la Universidad Nacional”[12] y de acuerdo a la exploración que ha realizado la Agencia Nacional de Hidrocarburos hay evidencia de crudo:

 

En la Subcuenca del Atrato se han perforado cinco pozos exploratorios: Buchadó-1, Pacurita-1, Nécora-1, Opogadó-1 y Urodó-1; en el pozo Buchadó-1, se encontraron manifestaciones de aceite y gas. Así mismo, en superficie se encuentran numerosos rezumaderos de aceite y gas, que atestiguan la existencia de un sistema petrolífero activo. Dado que el grado de conocimiento en la Subcuenca Atrato es en muchos aspectos insuficiente, los nuevos datos derivados de la aerogeofísica sugieren una alta probabilidad de que existan extensas zonas de cocina para la materia orgánica en aquellos sectores (alargados en la dirección norte-sur), donde las rocas generadoras han alcanzado profundidades superiores a 5000 m[13].

 

 

Bloque CHO1 Número 3361. Mapa de tierras ANH.

 

Lo anterior, podría significar una ganancia importante para el inversor; así mismo, si tomamos en cuenta la reforma tributaria de la ley 1819 de 2016 (que disminuyó el government take en plataformas continentales) y la puesta en marcha del CERT (Certificado de Reembolso Tributario), la prospectividad de la región se hace más apetecible para un inversionista debido a que el margen para la reducción de impuestos es mayor y el government take menor. También si le sumamos que el CERT, le permite a la empresa adelantar trabajo de carácter social y de cohesión social con las comunidades a la vez de reducir impuestos, encontramos una capacidad más amplia de maniobra para que la relación entre las comunidades y las empresas sea menos tensa y más directa.

 

El Gobierno Nacional apoya la implementación en el territorio; no obstante, la posición de las comunidades es incierta, ya que no se han hecho las socializaciones respectivas a la fecha por parte de la autoridad nacional encargada del tema[14] y es en el fondo la que más importa -basta con observar el fenómeno de las consultas populares que se dio el año pasado para tener claro que no es suficiente para una compañía las buenas intenciones y las promesas del Gobierno Nacional-.

 

En este sentido, CT investigó con algunas comunidades ubicadas en el bloque CHO1, ofertado en las rondas regionales de 2014 y por el cual se recibieron propuestas de compra por parte de la multinacional Clean Energy Resources, que fue rechazada en principio por la ANH por problemas con la póliza de seguros presentada por la compañía y que posteriormente la empresa declinó por las consultas realizadas por parte de las comunidades a través de un abogado[15]. Después de varios contactos telefónicos con representantes de las etnias Embera Katio, Chamí y Wounaan, se identificó que no hay conocimiento sobre una posible explotación de hidrocarburos en el territorio y tampoco de la diagramación de bloques realizada por la ANH.

 

Por otro lado, se consultó a la ANH como autoridad nacional en temas petroleros a través de derecho de petición RAD. 20186410028932 , para saber si conoce cuáles son las comunidades asentadas en el territorio, si ha hecho espacios de socialización con los habitantes de la zona y si hay a la fecha ofertas de bloques en el departamento. Se encontró que en el momento la Agencia no sabe cuáles son las comunidades y que al no saberlo, tampoco se han creado espacios de socialización sobre lo que implicaría llevar a cabo un proyecto de producción de hidrocarburos; por último, la Agencia expuso que en el momento “no hay bloques disponibles para ser ofertados bajo ninguna modalidad, es decir, ni en forma directa, ni por proceso competitivo, ni en las categorías Offshore u Onshore en este momento en el departamento del Chocó” [16] a la fecha, se encuentran únicamente “los polígonos demarcados no asignados”[17].

 

El bloque CHO1 tiene un área de 517.685 hectáreas, cubre seis municipios del Chocó: El Litoral de San Juan (Santa Genoveva de Docrodó), Sipí, Novita, Medio San Juan (Andagoya), Istmina y el Bajo Baudo (Pizarro), y parte de tres municipios del Valle del Cauca, entre los que se encuentran Dagua, Calima y Buenaventura en donde se encuentran asentadas cerca de 14 resguardos indígenas y seis comunidades afrocolombianas registradas ante el Ministerio del Interior. Entre las comunidades indígenas que se encuentran en este territorio, están las etnias Embera, Wouunan, Embera Katios, entre otros.

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de comunidades son indígenas, se decidió entrevistar a Felipe Rangel Uncacía – Consejero de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, indígena U’wa con experiencia en temas de consulta previa y organización indígena; sobre esta situación particular y la posición de la organización en materia de explotación de hidrocarburos en territorios ancestralmente indígenas. Lee nuestra investigación sobre consulta previa: “Alcances de la Consulta Previa en Colombia: derechos, desafíos y recomendaciones”.

 

Tras la pregunta a si existía alguna posibilidad de implementar un proyecto hidrocarburífero en territorios ancestralmente indígenas, el Consejero afirmó que:

 

[…] uno de los mandatos del 9° congreso de los pueblos indígenas afiliadas a la ONIC, manifestó dentro de los mandatos NO a la explotación de los recursos naturales, suspensión de las licencias ambientales y mineras y concesiones […] los pueblos indígenas tenemos más de 312 títulos mineros a nivel país eso es poquito, eso es un informe que me dieron a mi pero yo creo que hay más de 400 títulos mineros y más de 900 licencias para sísmica para exploración de hidrocarburos en el país. Y la mayor parte están en los territorios indígenas entonces cuando el Gobierno dice protejamos los recursos, protejamos los bosques y los bosques están en los territorios indígenas […]

 

Para Rangel Uncacía los indígenas han dicho NO rotundo a los proyectos extractivos en sus territorios, las experiencias previas han socavado la confianza de las comunidades y por ellos reclaman autonomía territorial; además sostiene:

 

[…] el subsuelo es del Estado no es del Gobierno, no del que está gobernando, por eso los U’wa hemos dado una pelea, el año 2009 o 2010, o inclusive en el año 2016, dimos una pelea [donde] el subsuelo es de los pueblos indígenas […] porque este territorio en América Latina era de los pueblos indígenas primero.

 

Teniendo en cuenta la Sentencia T-445 de 2016, que posibilita que los proyectos extractivos sean detenidos a través del uso de la consulta popular, el Consejero de la ONIC aseveró que está claro que a los pueblos indígenas se les debe aplicar la consulta previa que es un instrumento internacional y que para el caso de los pueblos campesino está la consulta popular.

 

Así mismo, realizó una denuncia frente a la posición del Gobierno en las consultas previas y la metodología que lleva a cabo en el momento de realizarlas, el cual en muchas ocasiones busca una división interna en las comunidades esperando que una parte de estas acepten la implementación de un proyecto:

 

[…] el gobierno ha hecho, cuando va a aplicar una consulta previa, lo que hace es dividir a la comunidad indígenas, […] desconoce las autoridades frente a esto y compran algunos líderes a través del presupuesto, a través de plata, entonces aquí se han hecho varias consultas, en el caso del pueblo U’wa duramos más de un año en una consulta previa que a lo último le dijimos al gobierno nacional no se puede por esto y esto.

 

Pero no fue para darle permiso a la compañía, sino para justificarle por qué no se podía meter a explorar los recursos en territorio indígena U’wa, pero fue una consulta totalmente bien hecha, con la claridad que tenemos. Es que una consulta previa no se hace de un día para otro, el gobierno la ha venido amenazando, diciéndonos que si no hacemos consulta pues se meten a la fuerza; entonces, a mí me parece que es importante recomendar y buscar unas herramientas propias, una metodología propia, una ruta propia, para este proceso.

 

En cierto sentido no existe una confianza plena en el mecanismo, no por la falta de vigencia del mismo o por la formulación de la ley. Sino porque los métodos de negociación del Gobierno, se contraponen a la voluntad indígena, causa divisiones y no respeta el debido proceso dentro de las comunidades.

 

Como se puede observar en las diferente opiniones el tema es complejo y necesita del diálogo articulado entre las partes, esto requiere equipos de trabajo dispuestos a conceder que puedan articular límites mínimos y máximos, para que el proceso de diálogo lleve a un fin específico que beneficie de la mejor manera a las comunidades.

 

Lo más importante es tener en cuenta los procesos de consulta previa y de consultas populares  que permiten o no que los proyectos se lleven a cabo, la vigilancia de los entes de control para el respeto de los derechos humanos y la articulación con las fuerzas de seguridad, para así evitar que actores ilegales tomen parte en los posibles conflictos que se puedan presentar. También es necesario tener en cuenta que si la comunidad decide decirle que no a la implementación de estos proyectos, se debe escuchar y aceptar; la imposición de la fuerza termina por generar el desplazamiento de las poblaciones históricamente asentadas en los territorios.

 

Pobreza, economía y corrupción

 

 

Según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE) para el 2015, cerca del 62,8% de la población[18] se encontraba por debajo de la línea de pobreza, muy por encima del promedio colombiano que se hallaba para ese mismo año en 27,8%; su PIB para 2010 el 79,9% de su PIB interno depende de la minería, para 2014 había descendido a cerca del 58%, con una economía sumamente dependiente de este rubro y con poca diversificación de actividades,[19] lo cual lo sitúa como el departamento más pobre de Colombia. También en el indicador de pobreza extrema sus números distan mucho del promedio nacional (7,9%), encontrándose con una población en el 37,1% en esta situación. En un estudio realizado por el Banco de la República se identificaron cinco elementos que serían la causa de la pobreza en el departamento:

 

1. El legado colonial que se refleja en unas instituciones débiles; 2. Las condiciones geográficas y climáticas que afectan la productividad de los factores, aumentan sus costos de transporte y aíslan el departamento del resto de país; 3. La baja dotación del recurso humano chocoano; 4. La estructura económica especializada en un sector, la minería del oro, que tiene muy poca participación en la generación del valor agregado colombiano; y 5. La desintegración del departamento de la actividad económica nacional[20].

 

Si bien es cierto que estos factores relacionados con la pobreza son de carácter económico, también podemos adicionar uno que hace que la situación del Chocó sea aún más preocupante: el conflicto armado colombiano en las últimas décadas ha convertido a esta región particularmente vulnerable en temas de derechos humanos, en 2014 la Defensoría del Pueblo catalogó el Chocó como región en “crisis humanitaria”, en su momento se tomaron en cuenta elementos como la incidencia del conflicto en el departamento en la vida diaria de las personas en asuntos como la extorsión, amenazas, desplazamientos, asesinatos a líderes sociales, desapariciones, etc.

 

Es así que entre 2011 y 2014 mientras se negociaba el acuerdo de paz con las FARC el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo identificó: “17 situaciones de riesgo, correspondientes a 9 Informes de Riesgo y 8 Notas de Seguimiento, que cubren población y territorio de 25 municipios del departamento.

 

Es decir, cerca del 80% de los municipios del departamento, han registrado algún tipo de riesgo para la población civil como consecuencia del conflicto armado”[21]. Lo que lo situaba en ese momento como uno de los departamentos con más alertas de este tipo y con mayor peligro de victimización de su población.

 

Para 2017 la situación del departamento no ha cambiado mucho, aunque es de resaltar que ya no existe presencia de las FARC, el defensor del pueblo Carlos Alfonso Negret pidió al Gobierno Nacional una “intervención urgente”:

 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades en materia de seguridad en las zonas rurales, se observa la expansión y disputa de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) por el control territorial y poblacional, el manejo de las economías ilícitas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión”.[22]

 

Es evidente que la situación de conflicto armado en la que se encuentra el departamento es delicada y que necesita de la intervención del Gobierno Nacional para ser resuelta, de esto dependerá también en parte el crecimiento económico y social de la región; desde esta perspectiva se realiza un paneo en términos generales.

 

¿Y cómo está la economía en el Chocó?

 

La situación económica de esta región del litoral pacífico es una de las más preocupantes del país, en un informe presentado por el Departamento Nacional de Planeación se mostró como entre 2002 – 2013 el crecimiento del PIB alcanzaba un pobre 8,9%, y “en 2014 la economía de Chocó se contrajo anualmente 2,1%, completando el tercer año consecutivo con tasas negativas”[23]. Así mismo, el tamaño de su PIB para el 2015 apenas alcanzaba a representar el 0,4% del total nacional, lo que lo convierte en la región con menor PIB per cápita del país (5’832.564)[24], y por ende la más pobre en términos de ingresos monetarios,  según el DANE esto se debe a:

 

El débil desempeño de extracción de minas y canteras, donde minerales metalíferos, su principal componente, marcó una importante reducción. Dicho comportamiento no alcanzó a ser compensado por los aumentos en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, construcción y comercio, reparación, restaurantes y hoteles[25].

 

Si a esto se le suma el desempleo del departamento nos encontramos ante un escenario perfecto para que se catalicen el descontento social; de hecho, entre 2012 y 2015 su variación en desempleo se encontraba entre 18% y 12%, que si lo tomamos hoy en día podría representar más del doble del promedio nacional que se encuentra en 8,4% para 2017[26]. La tasa de ocupación llegó al 48,1% para 2015, esto supone una de las más bajas del país. Por motivos como estos se puede encontrar que en 2016 se vieron demostraciones sociales como marchas en contra del Gobierno Chocoano y Nacional en lo que se denominó como “paro cívico nacional” convocado por el “Comité cívico por la dignidad y la salvación del Chocó”, el cual duró más de 10 días.

 

En Quibdó, la ciudad capital del departamento, la situación no es menos alarmante que en el resto de la región. El porcentaje en el valor agregado municipal por grandes ramas de la actividad económica (que es el que mide su productividad)  su mayor rubro es el que tiene que ver con “actividades de servicios sociales, comunales y personales (53,85%) y el segundo comercio, reparación, restaurante y hoteles (16,34%)[27]; esto quiere decir que las actividades de la ciudad no producen riqueza en su mayoría y dependen de recursos centrales del Gobierno Nacional.

 

Además en su población, se puede encontrar que el 52,2% de los ocupados se encuentran trabajando por cuenta propia, un 25,2% como empleado particular y el 9,5% como empleado del Gobierno[28]. Si se toma en cuenta que el presupuesto de la ciudad se tasó este año en cerca de 199 mil millones de pesos, de los cuales, cerca de 178 mil millones son provenientes de transferencias realizadas por el Gobierno Nacional y 19 mil millones de pesos de recaudación por parte del Gobierno Municipal[29]; esto evidencia que la administración municipal no tiene ingresos propios y que sin el dinero que se envía desde el orden central sería imposible mantener en funcionamiento a la alcaldía y parte de las instituciones presentes en el territorio.

 

Los recursos provenientes de regalías invertidos desde 2012 para el Chocó rozan a la fecha cerca de 773 mil millones de pesos, según la información suministrada en el mapa de regalías del DNP. En ellos se pueden encontrar inversiones en diferentes campos, principalmente en temas como transporte, vivienda ciudad y territorio, educación, inclusión social y programas de reconciliación; todos estos se encuentran priorizados en un marco de inversiones específicos en cada municipio, que normalmente están dentro del plan de desarrollo.

 

Tomado de Departamento Nacional de Planeación. Mapa de  Regalías.

 

El problema de la corrupción

 

 

Actualmente el Chocó se encuentra catalogado como uno de los departamentos más corruptos, según el índice de la organización Transparencia por Colombia, su gobernación se ubica como la más corrupta del país con un puntaje de 30.2 sobre 100, en donde el número más cercano a 100 implica mayores niveles de transparencia. Es por ello que en los subíndices de comportamiento ético y gestión de la planeación su puntaje es 0.0, y en el de políticas, medidas y estrategias anticorrupción alcanza un nada decoroso 11.1; estos tres ítems hacen parte del componente de institucionalidad que en ponderación alcanza apenas un 7.2 en donde se encuentran vacíos muy graves en la transparencia que tiene la entidad regional sobre su propia administración pública, y sobre sus procesos de publicación contractual.

 

Si a esto se le agregan las continuas denuncias por hechos de corrupción, sumado a elementos como el nepotismo (favores a familiares y amigos), clientelismo (un favor a cambio de otro) y patrimonialismo (todo el poder depende de una sola cabeza o una familia) que se pueden encontrar haciendo una simple revisión de prensa, se tiene el cóctel perfecto para un departamento que sin duda alguna puede seguir reproduciendo las condiciones de vida de pobreza y exclusión social que se han tenido desde su fundación hasta el momento, en donde el avance social ha sido mínimo y las gobernaciones y alcaldías han permanecido en manos de unas pocas familias que han ejercido el poder en el departamento.[30] Es así, que para 2016 la Procuraduría tenía abiertas 300 investigaciones por corrupción y la Contraloría General del Chocó 85 procesos en contra de funcionarios de diferentes municipios[31] y había sido declarado como el departamento con más procesos de este tipo dentro de Colombia.

 

En ese sentido, la institución de la Gobernación del Chocó desde su fundación, ha sido propensa a la corrupción, si se realizara este mismo paneo en Quibdó se encontraría con resultados similares, con una amplia tendencia a repetir los fenómenos de la gobernación lo que no permite que existe un sano desarrollo institucional. Por ende, no es de extrañar que en ciertas ocasiones se haya querido declarar al departamento como inviable financieramente[32], temiendo que su territorio se divida entre los departamentos adyacentes.

 

La minería en el Chocó: un asunto histórico

 

Durante la emancipación de la corona española, el Chocó se adhirió a la causa patriota y en 1813 declaró su independencia[33] no sin antes colaborar con la causa con “combatientes y muchos doblones de oro”[34], según lo escrito por el General Francisco de Paula Santander. Durante este proceso, el estado libre de Antioquia intentó anexionar a Chocó a su territorio, por lo cual se abrieron espacios de diálogo para poder llevarlo a cabo; sin embargo, considerando sus rasgos característicos, los dirigentes del Chocó decidieron poco a poco declinar la propuesta, la cual se desvaneció con la reconquista de Pablo Morillo[35].

 

Sus condiciones fueron diferentes a comienzos del siglo XX, ya que durante las primeras décadas el departamento vivió un período de prosperidad. El auge de las exportaciones de oro y platino, en esos años, resultó en un significativo dinamismo comercial e industrial que no se había visto antes. Por ejemplo, González (2003) señala que a partir de 1917, con la primera guerra mundial y la revolución rusa, los nuevos usos del platino dispararon sus precios y el Chocó se convirtió en el primer productor mundial de este mineral[36].

 

Además, su ingreso era igual en esa época al del Cauca, lo cual resulta significativo si se tiene en cuenta que esa región tenía tres veces más población que el Chocó, esa época de prosperidad se puede apreciar si se lee con detenimiento la historia del departamento y especial la de Quibdó, en donde se consolidaron actividades sociales como el cine, los clubes, la llegada de la aviación en 1923 y la importante navegación por el Río Atrato que permitió en su momento una mayor conexión con otras partes del país[37], entre muchas otras que registran que no siempre el Chocó fue un departamento pobre y excluido. En ese sentido, cabe preguntarse ¿qué fue lo que pasó? para lo cual el estudio realizado por el Banco de la República tiene varias hipótesis que se esbozan a continuación:

 

En ese momento el departamento era relativamente libre en términos económicos, la moneda de cambio no era exclusivamente el peso (también se intercambiaba moneda extranjero o plata entre los pequeños mineros, campesinos y comerciantes) en 1912 se prohíbe por parte del Gobierno Nacional y se obliga a convertir toda la plata o a toda moneda extranjera que circulaba en moneda nacional, esto deja sin piso o método de intercambio a muchos pequeños mineros o campesinos que veían en la plata su forma de intercambio. Lo que obligó a cambiar una cantidad determinada de plata a pesos y quebró sustancialmente a muchos de los pequeños mineros de la zona[38].

 

Otro de los asuntos que han preocupado históricamente a las comunidades de la región, ha sido la incapacidad del Estado por lograr las formalizaciones de los pequeños mineros que se encuentran en el territorio y lograr una sana transferencia de tecnología que permita mejorar los métodos y rapidez de extracción de los diferentes minerales[39]. En ese sentido apuntaba un informe de la contraloría de  1943:

 

“Al Chocó corresponde el segundo lugar en la República en la producción de oro, con un porcentaje del 11,3% y un valor total de cuatro millones de pesos, en números redondos. Pero hay que convenir en que, fuera de la contribución técnica en la minería de la Compañía Chocó-Pacífico, la industria en general se adelanta en el Chocó en una forma ciega y menos que empírica, casi primitiva; por lo cual ella demanda el más grande desgaste de energías humanas, con el más pequeño rendimiento efectivo en dinero. Un promedio de producción diario por persona, no da al Chocó más de un peso diario; es decir, que en la semana una persona alcanza a extraer un castellano oro u otro de platino; cuando podría perfectamente obtener ese castellano en el día, con una explotación técnica de la mina”[40].

 

En la década de los 80’s, se dispara la producción de cerca de 4.000 a más de 15.000 onzas de oro “en donde los pequeños y medianos productores generaron el 86,2% del producto, aumentando hasta el 91,4% en 1990”[41].  Dentro de los pequeños productores se incluyen los mineros artesanales; esto es importantes si se considera que esta producción de oro, representaba “el 8,4% del producto interno y ocupaba el 60% de la población económicamente activa para el momento”[42]. Lo que supone que la minería en el departamento no solo generaba empleo; sino que era también la base de la economía productiva.

 

Hasta este punto solo se ha hablado de la minería clasificada como legal, o la que de alguna manera tiene permisos del Gobierno para trabajar, por eso mismo las estimaciones de 15 mil onzas (425.5 kg) en el año 2000, son aproximaciones basadas en cálculos de producción individual de mineros artesanales junto con las de las empresas registradas; en ese sentido es importante aclarar que a la fecha no se sabe a ciencia cierta cuánta ha sido la extracción total de oro o incluso cuánto es, si se toma en cuenta que a la fecha, no existe ni siquiera un censo completo de la cantidad de personas dedicadas a estas actividades (que se estiman en 46%)[43], por lo cual hacer seguimiento a la cantidad de oro extraída o a la población empleada es de alguna manera imposible.

 

¿Y en la actualidad cuál es el panorama extractivo? 

 

La actualidad y el futuro en el departamento en cuanto a producción minera de oro y platino no es muy alentadora y es altamente incierta, debido entre otros a la ilegalidad y la incapacidad de fiscalizar gran parte de la producción del metal. De hecho, aunque la extracción de estos dos minerales ha crecido exponencialmente hasta llegar a un total de 8.446 kilos en 2016,  para 2012 había llegado a un total de 24.438 kilos 2012 [44](24,1% de la producción nacional)[45]; lo que demuestra que a nivel departamental esta producción se encuentra en franco declive. A nivel nacional para los mismos años la producción cayó de 66.177 a 32.577 kilos, por lo cual se puede inferir que esta caída en la extracción de oro se dio a nivel nacional y no a una situación particular del departamento.

 

El panorama actual es preocupante para el Chocó en cuanto a producción del metal, en efecto se puede encontrar que no solo es baja, sino que gran parte de la minería que se desarrolla o es ilegal (la cual no contribuye con regalías, impuestos o empleo formal al departamento) o es de pequeña escala; de hecho, el último censo minero que se desarrolló en los años 2010 y 2011, demostró que de los pequeños mineros el 100% se encontraban en la ilegalidad[46], además constato que no se podía encontrar información fiable acerca de la cantidad de minerales extraídos y que tampoco se tenían técnicas de explotación adecuadas para la mitigación de la contaminación que podían producir, especialmente los mineros que usan retroexcavadoras y elementos mecánicos.

 

Para 2017 la situación mejoró parcialmente, el Ministerio de Minas y Energía argumenta que existen cada vez más mineros legales que trabajan bajo los estándares mínimos impuestos por la autoridad ambiental,  “es claro que las 10.042 Unidades de Producción Minera (UPM) que desarrollan labores en 251 municipios de 19 departamentos”[47], han ayudado a que por ejemplo en el primer semestre de 2017 las exportaciones de oro hayan aumentado en cerca de un 90%, mientras que la producción haya bajado en un 30%[48]; según Santiago Ángel Urdinola presidente de la Asociación Colombiana de Minería la “formalización ayudó al aumento en el volumen de producción”.[49]

 

El proceso de legalización y formalización de las actividades mineras es lento, por lo cual debe ser constante y se debe buscar llevar a cabo de maneras que mantengan la producción tradicional, que reduzcan el impacto en el medio ambiente y que garantice el no aumento de los costos de producción, de ellos dependerá una formalización efectiva de los mineros artesanales.

 

Conclusiones

 

 

El Chocó es un departamento en el que gran parte de su presupuesto depende de las transferencias de recursos que le hace la nación; así mismo, no tiene una industria propia de carácter productiva y posee una de las peores redes de prestación de servicios educativos y de salud; lo que lo hace un departamento débil en casi todos los indicadores sociales y ambientales.

 

Una gran parte de su población trabaja en industrias informales de la minería y con pocas opciones de incluirse dentro de la formalidad; así mismo, no parece que en el futuro cercano se vaya a recibir inversión sustancial de ningún otro sector económico. Por ello, aunque el petróleo puede no ser la medicina a todos los males que aquejan al departamento, si es cierto que puede significar en el corto plazo una ayuda para mejorar los ingresos de la administración pública, márgenes de empleo,  y por ende, la calidad de vida de los pobladores de esta región.

 

Se puede hablar de una tradición extractivista de baja escala o artesanal, pero queda la pregunta abierta, de si la industria petrolera al ser de alto impacto será bien recibida por parte de las comunidades. Es entonces pertinente antes de hacer un balance basado solamente en lo que puede implicar para la macroeconomía, sino en lo que puede implicar para los pueblos indígenas y afrocolombianas quienes son los dueños ancestrales del territorio.

 

El petróleo puede llegar a ser una oportunidad si tomamos en cuenta las mejoras en indicadores que tienen los municipios petroleros frente a los que no lo son en asuntos como la pobreza multidimensional, que es mejor en un 70% de los casos, en acceso al agua y disposiciones sanitarias que son superiores en un 35% y 30%, en barreras de acceso a la salud que son en un 50% menores y en inversión en asuntos medioambientales la cual es un 49% mayor [50].

 

No obstante, esta oportunidad de mejorar los indicadores en el Chocó se tiene que tomar con cautela, ya que el departamento se encuentra calificado uno de los más corruptos del país, y la promesa de mejorar la vida de la población en poco tiempo, puede terminar convirtiéndose en una decepción que generará problemas aún mayores. Además, es importante tener en cuenta que la lectura sobre el desarrollo, la vida y la importancia del ambiente para las comunidades afrocolombianas e indígenas es muy diferente; por lo tanto de llevarse a cabo, se debe salvaguardar los derechos de las comunidades, tales como la consulta previa y la consulta popular, se debe respetar sus delimitaciones territoriales y también contar los más altos estándares de calidad que mitiguen los posibles impactos que se causen por la implementación de proyectos petroleros en el territorio.

 

Bibliografía

 

[1] Datos del Departamento del Chocó. Disponible en: http://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/choco.html

[2] Departamento Nacional de Estadística. DANE. La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos. Disponible en:  https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf

[3] Departamento Nacional de Planeación, Ficha de caracterización territorial. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Choc%C3%B3%2015-Ajustada.pdf

[4] Asociación colombiana del petróleo. Desarrollo socio – económico de los municipios petroleros: una comparación frente a sus vecinos no petroleros. Disponible en: https://acp.com.co/web2017/es/asustos/economicos.html

[5] Derecho de petición Agencia Nacional de Hidrocarburos. Rad. 246745. Disponible en Archivos de Crudo Transparente.

[6] Ibíd. (4).

[7] Ibíd. (4).

[8] Ibíd. (4).

[9] Ibíd. (4).

[10] Crudo Transparente. Segundo informe: percepción de líderes sociales sobre las regalías en Colombia. Disponible en: http://bit.ly/2qWsoKh

[11] Ibíd. (10).

[12]Diario Portafolio. 01 de Abril, 2015. Cuenca del Chocó se queda sin contrato para explorar. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/cuenca-choco-queda-contrato-explorar-crudo-24450

[13] Agencia Nacional de Hidrocarburos. Subcuenca del Atrato, open round Colombia 2010. http://www.anh.gov.co/Informacion-Geologica-y-Geofisica/Estudios-Integrados-y-Modelamientos/Presentaciones%20y%20Poster%20Tcnicos/Choc%C3%B3%20(pdf)-Ronda%20Colombia%202010.pdf

[14] Ibíd. (5).

[15] Ibíd. (12).

[16] Ibíd. (5).

[17] Ibíd. (5).

[18] Departamento Nacional de Estadística. Boletín Técnico Mayo de 2015. Chocó pobreza monetaria. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2015/Choco_Pobreza_2015.pdf

[19] Ibíd. (18).

[20] Banco de la República. Abril de 2007. Documentos de trabajo sobre Economía regional. ¿Por qué es pobre el Chocó? Disponible en:  http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-90.pdf. Pág. 1.

[21] Defensoría del Pueblo. Crisis humanitaria en Chocó. Informe de la Defensoría 2014, Pág 33. Disponible en: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/crisisHumanitariaChoco.pdf  

[22] Defensoría del Pueblo. Defensor del Pueblo pide plan especial de intervención para Chocó y Buenaventura. Disponible en:http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/6315/Defensor-del-Pueblo-pide-plan-especial-de-intervenci%C3%B3n-para-Choc%C3%B3-y-Buenaventura-%C2%B4Choc%C3%B3-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-Buenaventura-ELN-AGC-Conflicto-armado.htm

[23] Departamento Nacional de Estadística. Informe de coyuntura económica regional, Chocó 2015. Disponible: https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Choco2015.pdf  

[24] Ibíd. (23).

[25] Ibíd. (23).

[26] Página principal del Departamento Nacional de Estadística. https://www.dane.gov.co/

[27] https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles

[28] Ibíd. (23).  

[29] Alcaldía municipal Quibdó. Presupuesto General de Ingresos de 2017. Disponible en: https://www.quibdo-choco.gov.co/Proyectos/PresupuestoVigente/PRESUPUESTO%202017.pdf

[30] Duque, Javier. El Chocó: clanes familiares, paramilitarismo y corrupción desaforada (primera parte). Disponible en: https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/10295-el-choc%C3%B3-clanes-familiares,-paramilitarismo-y-corrupci%C3%B3n-desaforada-primera-parte.html

[31] Observatorio de transparencia y corrupción. 300 investigaciones por corrupción en Chocó, revela el Procurador Ordóñez.http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/300-investigaciones-por-corrupcion-choco.aspx

[32] Diario El Tiempo. 09 de Junio de 2007. Chocó podría ser declarado inviable económicamente y dejaría de ser departamento http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3590485

[33] Molina Norberto.  Historia de la independencia del Chocó. Vol. 23. N°1. 2016. http://revistas.utch.edu.co/ojs5/index.php/Educacion/article/view/675/589

[34] Mosquera, Ramón. Pasado, Presente y Futuro. Disponible en: https://www.sogeocol.edu.co/documentos/pres_y_futu_min.pdf

[35] Ibíd. (33).

[36] Ibíd. (20).

[37] Ibíd. (20).

[38] Ibíd. (20).

[39] Ibíd. (20).

[40] Ibíd. (20).

[41] Ibíd. (20).

[42] Ibíd. (20).

[43] Boletín Estadístico de Minas y Energía. 2012-2016, Unidad de Planeación Minero Energética. http://www1.upme.gov.co/simco/Documents/Boletin_Estadistico_2012_2016.pdf  Boletín pág. 18

[44] Ibíd. (42)

[45] Agencia Nacional de Minería. Radiografía del Departamento del Chocó. https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/bullets_choco_23-01-2017.pdf

[46] https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/35819/45320

[47] Diario de Portafolio. 09 de Octubre de 2017.  Producción de mineras creció 20% gracias a la formalización. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/produccion-minera-crecio-por-la-formalizacion-510484

[48] Ibíd. (46).  

[49] Ibíd. (46).  

[50] Ibíd. (4).