Análisis del potencial energético y económico del gas natural y su pertinencia en la transición energética en Colombia
Por: Sergio Córdoba Rojas y Katherine Casas Pérez
1. INTRODUCCIÓN
El gas se ha convertido en unos de los energéticos más estratégicos en el nuevo tablero mundial. Según Enerdato, la producción mundial de gas se recuperó de manera considerable después de la pandemia de la Covid-19, con un aumento del 4 % en 2021 (con respecto al 2020) y el consumo mundial repuntó 4,6 % para ese mismo año. Su popularidad ha crecido de manera sistemática dadas sus ventajas ambientales (Naturgas,2021) con respecto a otras como el petróleo y el carbón y por ser un recurso que se puede utilizar desde lo doméstico hasta lo industrial. En países como Argentina, México, Trinidad y Tobago y Venezuela es la principal fuente de energía primaria consumida (Silvia, 2023)
En Colombia, el hidrocarburo se ha posicionado como un combustible estratégico debido a la demanda creciente, pasando de 1,9 millones de familias usuarias hace 20 años a tener en la actualidad más de 10 millones de familias. Teniendo en cuenta que las reservas probadas de gas que tiene Colombia son de 8 años, es fundamental para el autoabastecimiento del país aumentar las reservas de este energético y así evitar el incremento de la tarifa del gas por la importación del mismo.
En esa medida, y con el fin de realizar un análisis a profundidad sobre el tema, Crudo Transparente decidió realizar una investigación sobre el potencial energético del gas en el marco de la transición energética. El Caribe colombiano fue seleccionado como área de estudio debido a la cantidad de reservas que se encuentran allí, aproximadamente el 20 % del total del país. Los nuevos hallazgos costa afuera han despertado mayor interés en el área, por lo que se decidió priorizar la zona del Golfo de Morrosquillo para la presente investigación.
Esta región del Caribe colombiano posee una vasta biodiversidad tanto marina, como fluvial y terrestre, debido a los manglares y a las formaciones coralinas que constituyen una riqueza biológica importante para Colombia y una fuente de sustento de las comunidades asentadas en el territorio. La confluencia de intereses representada en la presencia de bloques gasíferos y de una alta biodiversidad, hacen de este lugar un escenario de disputa entre los diferentes actores que hacen presencia en la zona.
Se realizaron varios talleres y entrevistas tanto en Tolú (Sucre) como en Montería (Córdoba) a los que se invitaron a representantes de organizaciones sociales, ambientales, de pescadores artesanales, así como miembros de varias Juntas de Acción Comunal (JAC), representantes de la academia y funcionarios de la Gobernación de Córdoba con el fin de recoger las diferentes posturas sobre la importancia del gas natural a nivel económico y sus impactos sociales y ambientales en esta zona de la región Caribe.
La alta dependencia económica de la región a la actividad extractiva contrasta con los conflictos sociales y ambientales que ha generado en la región la exploración y explotación del hidrocarburo. La transición energética se ha convertido en un foco de conflictividad social en los territorios porque dicho discurso no responde a las necesidades de las comunidades allí asentadas. Por lo tanto, es fundamental territorializar el discurso, de manera que se promuevan mecanismos de participación más efectivos y permitan a las comunidades hacer parte de la toma de decisiones en sus territorios.
2. METODOLOGÍA
La presente investigación se dividió en cuatro etapas. En la primera, se realizó de manera preliminar una revisión bibliográfica con el fin de identificar la situación actual del gas natural en Colombia. Con la información recolectada se construyó un diagnóstico de las reservas probadas y el posible potencial del país en proyectos costa afuera, la relevancia económica y fiscal del hidrocarburo, así como los impactos ambientales y sociales identificados en la actividad gasífera onshore y offshore.
En la segunda etapa, se contrastaron los resultados obtenidos en la fase previa, por medio de un taller participativo realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Montería con el fin de obtener una retroalimentación de la información obtenida. A dicho espacio asistieron varios representantes de las JAC del área de influencia, miembros de la academia y varias organizaciones sociales que hacen presencia en la región.
Durante la sesión se abrió un espacio de discusión entre los asistentes para que expresaran sus percepciones y opiniones sobre la información compartida. Adicionalmente, se encuestó a los participantes con el fin de identificar el nivel de conocimiento relacionado con la explotación de gas offshore en la región y su influencia en la transición energética. Se adelantaron algunas entrevistas semiestructuradas con varios representantes de JAC que permitieron conocer a mayor profundidad la percepción de las comunidades sobre la actividad gasífera.
En la tercera etapa, se realizó un grupo focal con varias organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando temas relacionados con la transición energética con el propósito de discutir los resultados preliminares. Dicho diálogo sirvió de insumo para la elaboración de entrevistas semiestructuradas que se elaboraron, en una etapa posterior, a varios representantes de organizaciones de pescadores artesanales ubicados en el Caribe colombiano.
En una última etapa se llevaron a cabo talleres de socialización de los resultados preliminares tanto en Tolú, Sucre, a la cual asistieron representantes de varias organizaciones de pescadores artesanales, como en Montería, Córdoba, a representantes de varias organizaciones sociales y ambientales, JAC, miembros de la academia y funcionarios de la Gobernación de Córdoba. El propósito de estos espacios era generar una discusión alrededor de los hallazgos obtenidos con el fin de obtener una retroalimentación por parte de las comunidades que permitiera dar mayor rigurosidad a la presente investigación.
Con el fin de facilitar la presentación de los resultados, estos se agruparon con un criterio geográfico. Los resultados conseguidos en Montería, tanto en la segunda etapa como en la última, se reunieron en un apartado con el fin de darle facilidad a exposición de los hallazgos. Se procedió de la misma manera con los resultados en Tolú.
3. DISCUSIONES PRELIMINARES
Fuente: Crudo Transparente
Con el fin de abrir la discusión acerca del modelo de desarrollo en el que se enmarcan las propuestas de transición energética y el trasfondo epistemológico que hay detrás de cada postura, se presentan a continuación las diferentes concepciones sobre transición energética y sobre sostenibilidad.
3.1. Transición energética
Fuente: Crudo Transparente
La transición energética es entendida desde la visión institucional como la transformación de la matriz energética. A nivel mundial, ésta está sostenida en más del 80 % por combustibles fósiles (BP, 2022). Con la intención de reducir las emisiones de gases efecto invernadero y los efectos producidos por el cambio climático, se ha comenzado a promover la utilización de energías renovables y de esta manera, transformar la matriz energética (Fornillo, 2017). En el marco del Acuerdo de París, se definió un plan de acción en el cual los gobiernos establecieron mantener el límite del calentamiento global por debajo de los 2°C con respecto a los valores previos a la industrialización, conminando a los países a trabajar articuladamente para lograr un incremento de máximo 1,5°C (Terceiro, 2019).
Esta reconversión energética debe promover, además de una matriz energética limpia, estabilidad en términos fiscales para el país, velocidad en la adopción de tecnologías y aseguramiento en la provisión energética en un entorno con alta incertidumbre asociado a la variabilidad climática y a las fluctuaciones del mercado energético mundial (Benavides et al., 2022). La transición energética es un proceso de largo plazo que requiere de la acción coordinada internacional para lograr medidas concretas orientadas a la descarbonización de la economía (Linares, 2018). Sin embargo, según Egler (2021), es necesario que Suramérica, como región, tome acciones que le permitan desligarse de la dependencia energética actual a los combustibles fósiles.
No obstante, el nuevo paradigma de transición energética, propuesto igualmente por el Norte Global, implica la extracción de metales que no generan emisiones de gases efecto invernadero, fundamentales para el almacenamiento de la energía producida por fuentes renovables (Dietz, 2022). Esta nueva ola extractivista en América Latina, en el marco de la descarbonización de la economía, ha intensificado los conflictos socioambientales en los territorios debido a que el discurso institucional de la transición energética tiene unas motivaciones económicas y políticas enfocadas en la acumulación de riqueza y no responde a las necesidades de las comunidades en sus territorios (Ulloa, 2021).
Stirling (2014, citado en Ulloa 2021) afirma que las transformaciones deben realizarse de abajo hacia arriba, en lugar de arriba hacia abajo. Las miradas territoriales sostienen que la transición energética debe ser justa, es decir, no debe limitarse únicamente a la transformación de las fuentes de energía. Es necesario promover la participación activa de los diversos actores involucrados en la generación energética con el fin de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades por medio de la transformación de las condiciones estructurales del orden económico, político y cultural que han propiciado la crisis climática actual y la concentración de la riqueza a nivel global (Fornillo 2017). Es necesario, en el marco de la transición energética justa, que se garantice la justicia social y ambiental, teniendo en cuenta las particularidades territoriales, socioeconómicas y de género en un contexto de descarbonización (Cardoso, 2021; Bertinat, 2016; Rabí et al., 2021) .
Con el fin de profundizar en la disparidad de visiones sobre la transición energética, se precisa aclarar el discurso detrás del concepto de sostenibilidad y las contrapropuestas que surgen desde las visiones alternativas.
3.2. Sostenibilidad
Fuente: Crudo Transparente
El concepto de sostenibilidad se popularizó desde la publicación en 1987 del Informe Brundtland, en el que se define Desarrollo Sostenible como aquel que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Fernández, 2011). En la actualidad, la noción de sostenibilidad se utiliza en el marco del Desarrollo Sostenible en el ámbito político, empresarial e institucional, tanto a nivel nacional como internacional, para categorizar algunas conductas que no están debidamente certificadas como ambientalmente amigables (Hallama et al., 2011).
Por lo anterior, la sostenibilidad ha sido foco de cuestionamientos, debido a la sobreutilización del término como argumento para legitimar la importancia del crecimiento económico ilimitado en el marco del Desarrollo Sostenible, es decir, no se cuestiona la sobreexplotación ambiental generada por el modelo de desarrollo actual (López, 2015). Esto ha llevado a que muchos autores encuentren dicho discurso, planteado desde el Norte Global, como recurso retórico y altamente contradictorio que ha intensificado la crisis ambiental actual (Chamochumbi, 2020).
El desgaste ocasionado por el uso indiscriminado del término en los últimos 30 años reflejado en un bajo nivel de impacto, ha llevado a que se produzcan reflexiones sobre la efectividad del término y la necesidad de buscar otras alternativas. Desde esa perspectiva, las comunidades y centros académicos del Sur Global han venido construyendo el concepto de ‘sustentabilidad’ como propuesta contrahegemónica de desarrollo. Esta noción aborda de manera crítica el modelo de desarrollo actual, así como sus posibles consecuencias por medio del diálogo de saberes, promoviendo una visión más íntegra en la que se abordan los derechos de la naturaleza, promoviendo una racionalidad ambiental (Fernández, 2011; Gudynas, 2011; Vanhulst y Beling, 2013).
La sustentabilidad viene, por lo tanto, de la mano con otras propuestas que han surgido desde las comunidades indígenas como el buen vivir (sumak kawsay), en el cual se replantea la relación humano-naturaleza, basada en relaciones de producción, intercambio y cooperación basadas en la solidaridad (Acosta, 2010 citado en Rozo y Cardona, 2018). De acuerdo con Gudynas (2011), la sustentabilidad súper-fuerte es aquella que analiza de manera crítica la idea de progreso y promueve otros estilos de vida y desarrollo. El autor (2011) incorpora la valoración intrínseca de la naturaleza, la cual es inmanente de cualquier organismo o ecosistema, más allá de los beneficios humanos que puedan generar.
En síntesis, la sustentabilidad incorpora elementos relacionados con la finitud planetaria y de los recursos naturales, así como con los efectos ecológicos generados por las actividades antrópicas, debido a la rapidez de los procesos productivos vs. la regeneración del equilibrio ecosistémico, teniendo en cuenta las prácticas tradicionales de las comunidades (Zarta, 2018; Vanhulst y Beling, 2013).
4. DIAGNÓSTICO DE RESERVAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL GAS NATURAL EN COLOMBIA
4.1. Estado actual del gas natural en Colombia y el Caribe
Desde la década del 90, el sector gasífero ha venido presentando una dinámica de expansión que se ha visto reflejada en varios documentos elaborados por los gobiernos de César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010), dentro de los cuales se resaltan el Programa para la masificación del consumo de gas (DNP, 1991) y los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES 2933 (DNP, 1997), 3190 (DNP, 2002) y 3244 (DNP, 2003), orientados a la masificación y consolidación del gas natural en Colombia. La importancia del gas natural en el marco de la transición energética se materializa en la Política de Transición Energética, (DNP, 2022), impulsada por el Gobierno de Iván Duque (2018-2022). De las 21 líneas propuestas por el documento, ocho incorporan el gas natural como un energético para la transición.
Actualmente, según el último informe de reservas de la ANH de 2021, Colombia cuenta con reservas probadas por 8 años (El Colombiano 2023). En el Gráfico 1 se detalla el histórico de reservas desde el 2010 hasta el 2020. En 2011 se empieza a evidenciar la declinación de la extracción en los campos Chuchupa y Ballena, en el Caribe colombiano, que para el 2000 contribuían con el 95 % de la oferta total del gas y en la actualidad aportan menos del 60 % (Ospina, 2017). Para 2021 se revirtió la tendencia decreciente debido a nuevos descubrimientos de yacimientos gasíferos, principalmente en el caribe colombiano.
Gráfico 1. Histórico de reservas probadas de gas natural en Colombia y producción de gas (Gpc: Giga Pies cúbicos)
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ministerio de Minas y Energía.
La principal fuente de reservas probadas de gas natural se encuentra en Casanare, con un 52% del total de reservas, seguido por Guajira (18%), Córdoba (9%), Boyacá (5%), Sucre (4,6%) y Santander (4,2%) (La República, 2022a). El Caribe colombiano ha despertado el interés del Estado y de las compañías de hidrocarburos por su alto potencial para desarrollar proyectos costa afuera (offshore). Actualmente, hay diez contratos exploratorios offshore en la región y se han perforado cuatro pozos exploratorios de forma exitosa, confirmando la presencia de una provincia gasífera en la zona (Guía del gas, 2022). Naturgas afirma que sólo en el Caribe colombiano hay un potencial de más de 15 trillones de pies cúbicos de gas natural que permitirían garantizar la seguridad energética del país por más de 20 años (Espectador, 2023). Para el proceso de transición energética Colombia las reservas disponibles por medio de dicha técnica garantizarían la suficiencia necesaria para consolidar esta transformación y garantizar la soberanía energética (Guía del gas, 2022).
La explotación costa afuera se realiza por medio de plataformas de extracción de gas ubicadas mar adentro y conectadas con el lecho marino por medio de un tubo para llegar al yacimiento donde se encuentra el hidrocarburo y de esta manera obtener el combustible (Arteaga y Herrera, 2014). Para poder transportarlo, se construyen desde las plataformas oleoductos hasta la costa y de esta manera poder distribuirlo (García y Roca, s.f.).
En Colombia se ha impulsado la explotación de yacimientos no convencionales de gas natural, es decir, aquellos que se crean durante el proceso geológico de formación del carbón. El gas es retenido por la roca madre, en fracturas o poros muy pequeños con permeabilidad muy baja generando lo que se conoce como reservorios no convencionales (Mariño, 2015a; Estrada, 2013). La explotación del hidrocarburo por medio de esta técnica se impulsó en el Gobierno de César Gaviria (1990-1994), principalmente en la cuenca Cesar-Ranchería, ubicada en los departamentos de Cesar y Guajira (Mariño, 2015b), con un potencial importante en Boyacá (Mojica y Mariño, 2013). En 2008 se publicó el CONPES 3517, el cual establece los lineamientos para la asignación de derechos de exploración y explotación de gas metano en depósitos de carbón (DNP,2008). De acuerdo con Mariño (2015b), a pesar de que por las condiciones en que se encuentra el gas no es posible determinar un volumen aproximado, por las características y la cantidad del carbón colombiano, se puede afirmar que los yacimientos no convencionales de gas natural son considerables y podrían incrementar el volumen de reservas probadas de hidrocarburos en un mediano plazo.
Paralelamente, se ha planteado la posibilidad de obtener el hidrocarburo por medio de la explotación de yacimientos no convencionales de petróleo, donde se encuentran cantidades importantes de gas natural. Dichas actividades le garantizarían a Colombia reservas del combustible por más de 100 años (Portafolio, 2020). Durante la administración Duque se habían adjudicado a Ecopetrol, en asocio con ExxonMobil los proyectos piloto de fracking Platero y Kalé, en Puerto Wilches, Santander, con el fin de evaluar y determinar los impactos sociales y ambientales de dicha actividad. Este último proyecto ya contaba con la licencia ambiental expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA (La República, 2022b). No obstante, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, se suspendieron dichos contratos, tal como lo había afirmado durante la campaña presidencial por los impactos ambientales que puede ocasionar esta técnica.
El proceso de extracción y obtención de este tipo de gas implica la fracturación del suelo y subsuelo de manera vertical y horizontal con el fin de inyectar a presiones muy altas una mezcla de agua, arena y diferentes aditivos químicos que coadyuven al fracturamiento en la roca con el fin de permitir que el hidrocarburo fluya y salga a la superficie (Pérez et al., 2016). Un estudio del Departamento de Conservación Ambiental de Estados Unidos citado por Stagno (2015), identificó más de 200 químicos utilizados para la fracturación, entre los que se encuentran metales pesados, venenos antimicrobianos, entre otros. El volúmen de agua usado en el proceso de fracking es de aproximadamente 11,5 millones de litros de agua, de los cuales el 50% queda dentro del subsuelo, mientras que el restante aflora en la superficie sin que se tenga un control estricto sobre su paradero ni los efectos ambientales que pueda generar al dispersarse (Stagno, 2015).
4.2. Relevancia económica y fiscal
En un lapso de 20 años, Colombia pasó de tener 1,9 millones de familias usuarias de gas natural a más de 10,4 millones, aproximadamente 36 millones de colombianos (Acosta, 2022). En los últimos años, ha surgido la necesidad de importar este hidrocarburo y gas licuado de petróleo debido a que el consumo en el 2020 fue de 413 mil millones de pies cúbicos de gas seco, mientras que se extrajeron 399 mil millones de pies cúbicos (Roca, 2022) (Gráfico 2).
Gráfico 2 . Producción y consumo de gas natural seco en Colombia (2010-2020)
Fuente: EIA (2022)
La industria y la generación de energía termoeléctrica constituyen las principales actividades económicas con mayor consumo de gas. Por otro lado,el consumo residencial ocupa el tercer puesto con el 19,5 %, seguido de la refinación petrolera con un 14 % (Gráfico 3). Más del 75 % del consumo del combustible es realizado por las actividades industriales, termoeléctricas y de refinación petrolera, por lo que su extracción es fundamental para la estabilidad de dichas actividades económicas.
Gráfico 3. Consumo de gas natural por sector
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Portafolio (2022a)
Ante este panorama, ha surgido un creciente interés por el gas, lo que se ve reflejado en las cifras de inversión. La participación del hidrocarburo en total del presupuesto en exploración pasó del 45 % en 2021 al 52% en 2022 (ACP, 2022a), dando cuenta de la relevancia del gas en el sector energético del país. El Caribe colombiano es una de las que más recursos recibió de la inversión exploratoria en 2022, el 78 % de la exploración de gas natural se realizará en la región y el 100% de la exploración offshore se realizará en Córdoba (El Heraldo, 2022).
La importancia de este sector en la economía colombiana radica en que el autoabastecimiento del combustible permite la obtención de ingresos a través de impuestos y dividendos, así como tarifas energéticas asequibles. Sectores como la industria, el termoeléctrico y la refinación de petróleo se ven beneficiados por dichos precios, ya que su consumo permite el abaratamiento de los costos de producción. La explotación gasífera representa el 1 % del PIB nacional generando aproximadamente 100 mil empleos en el país (ACP, 2022b), mientras que el del petróleo asciende al 2,1 % del total (La República, 2021). Este hidrocarburo aporta el 8 % del total de las regalías obtenidas, lo que equivale a un billón de pesos aproximadamente (ACP, 2021).
En un eventual escenario de importación de gas natural, la Asociación Colombiana de Gas Natural – Naturgas, precisa que es posible que la tarifa del hidrocarburo se incremente cinco veces respecto a la tarifa actual, aumentando la brecha de pobreza y desigualdad, ya que los estratos más bajos concentran el 60 % de la cobertura (Sáenz, 2022). Esto podría llevar nuevamente a que los sectores más pobres de la sociedad vuelvan al consumo de alternativas más contaminantes como el carbón y la leña.
La preocupación sobre el suministro de gas natural ha impulsado al Gobierno colombiano a construir la primera terminal de importación de gas natural licuado en Colombia en 2016 con el fin de reducir la vulnerabilidad en el abastecimiento gasífero. El proyecto no prosperó durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010–2018), sin embargo, el gobierno Duque (2018-2022), a través de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, propuso la reactivación del proyecto de construcción de la regasificadora del Pacífico la cual se ubicaría en Buenaventura, con el fin de incrementar la oferta de gas en todo el territorio nacional.
Teniendo en cuenta la importancia del sector para algunos sectores productivos del país, las actividades offshore surgen como una fuente de abastecimiento importante para el futuro del país. Se eligió el área de influencia del golfo de Morrosquillo como zona de estudio, debido a la alta presencia de bloques gasíferos ubicados en el lugar, la riqueza biológica y la importancia económica para los habitantes costeros y fluviales de la región. La confluencia de diferentes intereses y actores en el territorio permiten un análisis profundo y diverso sobre el potencial energético y los conflictos socioambientales que puedan presentarse allí.
5. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Aspectos ecológicos y geográficos
El golfo de Morrosquillo está ubicado en el norte de Colombia, en la región Caribe, en los municipios de Moñitos, San Bernardo del Viento, Santa Cruz de Lorica y San Antero, en el departamento de Córdoba y Coveñas, Santiago de Tolú, San Onofre, Toluviejo y San Antonio de Palmito en Sucre (Mapa 1). Dichas características geográficas compartidas por Sucre y Córdoba han permitido el desarrollo en común de sociedades costeras que se distribuyen a lo largo del territorio. Esto ha generado que las prácticas agrícolas y pesqueras, las cuales tienen como eje transversal el mar sean muy similares más allá de los límites departamentales (Zambrano, 2006).
Mapa 1. Golfo de Morrosquillo
Fuente: Elaboración propia
El golfo de Morrosquillo y su área de influencia está conformado por ecosistemas costeros, continentales y marinos. Los hábitats continentales y costeros se caracterizan por la alta presencia de bosques de manglar asociada a los estuarios, deltas y lagunas costeras que se encuentran en el territorio (Invemar, 2002).
La presencia de manglares en las costas aledañas implica una gran variedad de especies de fauna y flora silvestre que representan refugio y alimento para numerosas especies de peces, crustáceos y moluscos (Invemar, 2002). Es un ecosistema altamente biodiverso que contribuye con la riqueza natural presente en esa región del Caribe colombiano (Díaz, 2011). Se han identificado una cantidad importante de aves, mamíferos y reptiles que contribuyen a mantener el equilibrio ecosistémico, a pesar de las diferentes perturbaciones asociadas a la actividad antrópica (Invemar, 2002).
El Santuario de Fauna y Flora (SFF) el Corchal Mono Hernández, ubicado entre los departamentos de Sucre y Bolívar, fue declarado como área protegida en agosto de 2002 con el fin de proteger los bosques de manglar y particularmente, de corchal, únicos en el hemisferio que dan cuenta de la importancia del ecosistema y explican su declaratoria como zona de protección (Pasquis, 2016). En el área del SFF se ha registrado una gran variedad de especies de fauna y flora, entre las que se destacan la zorra manglera, el mono aullador, varias clases de mangle, así como el corcho (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2018).
Dentro de los cuerpos de agua más representativos se encuentra la ciénaga La Caimanera. Su importancia radica en la presencia de algas rojas y verdes, las cuales están estrechamente relacionadas con los corales cercanos a la costa. Esto genera una alta diversidad de peces, dentro de los que se encuentra el mero, especie amenazada por la intervención humana actividades antrópicas (Invemar 2002).
El ecosistema marino en el área de influencia se caracteriza por una fuerte presencia de arrecifes de coral, los cuales desempeñan un papel determinante en el mantenimiento de la biodiversidad marina en la región. Debido a su sensibilidad a los cambios en el entorno, este ecosistema ha sido catalogado como un indicador de alteraciones ambientales (Vega-Sequeda et al., 2020).
Las formaciones coralinas han sido tan determinantes para la estabilidad ecosistémica del lugar que se han creado los parques nacionales naturales (PNN) Corales del Rosario y de San Bernardo y Corales de Profundidad (Mapa 2), ambos fundamentales para la conservación de la biodiversidad marina. Se estima que el PNN Corales de Profundidad alberga aproximadamente el 40 % del total de especias ubicadas en el borde de la plataforma continental del Caribe colombiano (Invemar, 2015).
Mapa 2. Áreas protegidas en la región
Fuente: Elaboración propia
Por las características ecológicas de la región, se declaró en 1995 la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal – ZEPA por medio del Acuerdo 0012 de 1995, expedido por el extinto Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura – INPA, en el que se delimita la zona de pesca artesanal en el litoral Atlántico colombiano en los departamentos de Córdoba y Sucre para el control de los recursos pesqueros y delimita la zona para la pesca artesanal (INPA, 1995). Dicho documento prohíbe prácticas de pesca industrial que menoscaben la estabilidad ecosistémica en el área delimitada, con el fin de garantizar el sustento de los pescadores artesanales y sus familias.
Aspectos socioeconómicos
El área de influencia del Golfo de Morrosquillo posee en los nueve municipios ubicados en el área de influencia de la región, un aproximado de 370.000 personas, lo que equivale al 13 % de la población total de Córdoba y Sucre (Terridata, 2023). Cerca del 41 % están ubicados en el casco urbano, mientras que el 59 % restante, se encuentra disperso en las áreas rurales (Terridata, 2023). La zona es bastante heterogénea, ya que municipios como Tolú (Córdoba) albergan en el casco urbano al 79,94 % de la población, mientras que Moñitos (Sucre) posee al 80,01 % de sus habitantes en la ruralidad (Gráfico 4). No obstante, salvo Tolú y Coveñas (Sucre), la población habita principalmente en las áreas rurales de la región.
Gráfico 4. Población urbana y rural por municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Terridata (2023)
El relacionamiento con el territorio ha estado mediado por los factores culturales propios de las comunidades ubicadas en la zona de estudio. Si se tiene en cuenta que cerca del 40 % de la población se identifica como afrodescendiente y el 17 % como indígena (Terridata, 2023), es posible entender que el componente étnico cumple un papel fundamental en el desenvolvimiento del Golfo de Morrosquillo. El Gráfico 5 muestra que municipios como Palmito tiene un porcentaje mayoritario de comunidades indígenas allí, mientras que en San Onofre y Moñitos la población afrodescendiente predomina en estos lugares.
Gráfico 5. Porcentaje de afrodescendientes e indígenas por municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Terridata (2023)
La pesca artesanal, junto con los cultivos de pancoger, han sido prácticas ancestrales en esta región del Caribe colombiano y se han convertido en unos de los principales pilares de la economía en el golfo de Morrosquillo. Históricamente, dichas actividades han garantizado la seguridad y la soberanía alimentaria de una cantidad importante de familias en el Caribe colombiano y se han constituido en elementos cohesionadores, culturales e identitarios en la región (D’Alarçao, et al., 1969).
De igual manera, el turismo se ha convertido en una actividad importante para la economía de la región. Según De la Ossa et al. (2018), el Golfo de Morrosquillo hace parte de uno de los 12 corredores turísticos de Colombia debido a su riqueza paisajística y arquitectónica que han hecho que varios municipios del territorio sean declarados patrimonio cultural. La presencia de ciénagas, bahías, manglares y corales han hecho del golfo un lugar adecuado para realizar turismo de naturaleza y cultural (Ministerio de Comercio, 2021). Ruiz (2017) afirma que en la región el turismo ha venido creciendo a un ritmo acelerado, contribuyendo de una manera cada vez más significativa a la economía de los departamentos.
El Terminal Marítimo de Coveñas es el puerto petrolero más importante de Colombia, ya que de allí se realizan las exportaciones de crudo a diferentes destinos a nivel mundial (Ecopetrol, 2021). Desde 2009 a 2021, el Terminal ha exportado 1.846 millones de toneladas de barriles, por un valor de 127.794 millones de dólares (Ecopetrol, 2021) El oleoducto Caño Limón – Coveñas, considerado el principal oleoducto del país, finaliza su recorrido en el puerto de Coveñas, después de recorrer 7 departamentos (Casas, 2020). De acuerdo con la nueva Ley de Regalías (Ley 2056 de 2020), municipios como Coveñas recibirán el 20 % de los recursos del Sistema General de Regalías debido a la presencia de un puerto petrolero en su jurisdicción. De igual manera, municipios como San Onofre, Tolúviejo, Tolú, Palmito y Coveñas, en Sucre, al igual que San Antero y Lorica, en Córdoba, serán beneficiarios del impuesto de transporte de hidrocarburos, ya que por allí pasan algunos gasoductos que transportan el hidrocarburo (Ley 2056 de 2020).
Al igual que en diferentes regiones extractivas del país, las economías locales dependen directamente del flujo de dinero que proviene de la explotación de hidrocarburos. Para el año 2022 se transfirieron más de $750 mil millones en regalías a los departamentos de Sucre y Córdoba (DNP, 2022). Sin embargo, en los municipios del Golfo de Morrosquillo, la media de pobreza superan el 53%, siendo la situación de San Onofre la más precaria con un índice de pobreza multidimensional del 69%, mientras que Lorica, cuenta con un índice del 41,10%, siendo éste el que presenta mejores indicadores (Gráfico 6)(DANE, 2018).
Gráfico 6. Índice de pobreza multidimensional municipal
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE (2018)
Teniendo en cuenta las relaciones sociales, culturales y económicas que se dan en el territorio, se definió como zona de estudio el área de influencia del golfo de Morrosquillo. Las dinámicas pesqueras y su interacción con el mar trascienden las fronteras administrativas establecidas por el Estado colombiano, por lo que en el análisis se incluyeron territorios que van más allá de los límites departamentales. La elevada presencia de bloques gasíferos en la región ha despertado el interés de varias empresas extractivas por explorar y explotar los yacimientos del subsuelo y de esta manera, obtener mayores recursos económicos en la región. Sin embargo, las comunidades han manifestado preocupación por los impactos que esta actividad podría generar en los territorios.
6. IMPACTOS TERRITORIALES DEL GAS NATURAL
6.1. Montería
Fuente: Crudo Transparente
La renta extractiva constituye actualmente un factor esencial para las comunidades ubicadas en la zona de estudio. Las miembros de las comunidades que asistieron a los talleres en Montería (Octubre 2022 y marzo 2023) resaltaron la importancia económica que tiene la renta gasífera para la región. Más del 60 % de los encuestados afirma que la actividad gasífera en la región es positiva (Gráfico 7), debido a la importancia que representa para estos departamentos los recursos provenientes de la actividad extractiva. Llama la atención el hecho de que, pese a los recursos generados, Sucre y Córdoba se ubican entre los 10 departamentos con mayor pobreza multidimensional para el 2021, con unos índices de 30,3 % y 26,9 % respectivamente (DANE, 2022). Lo anterior coincide con el Índice de Impacto de los Proyectos de Regalías, elaborado por Crudo Transparente (Castillo, 2021), en el que Sucre se ubica en la posición 15 a nivel nacional debido al impacto moderado de los proyectos aprobados en el departamento, mientras que Córdoba quedó rankeado en la posición 23, ya que los proyectos aprobados no han tenido impactos positivos.
Gráfico 7. Relevancia económica del gas natural (-5 altamente negativa; 5 altamente positiva)
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a los impactos ambientales, los participantes del taller manifestaron su preocupación sobre los efectos contaminantes que genera la exploración y explotación gasífera tanto en el territorio como a nivel global. Los asistentes al evento expresaron su preocupación sobre el deterioro ecosistémico asociado a la extracción del hidrocarburo, dentro de los que se puede destacar la pérdida de acuíferos, la desaparición de la fauna y flora nativa y la contaminación del aire y del suelo. Más del 60 % de los encuestados cree que la actividad gasífera tiene algún grado de impacto ambiental negativo (Gráfico 8).
Gráfico 8. Impacto ambiental de la exploración y explotación de gas natural (-5 altamente negativo; 5 altamente positivo)
Fuente: Elaboración propia
A pesar de que las comunidades conocen e identifican los impactos ambientales causados por la extracción de gas natural, las comunidades y organizaciones ubicadas en Montería y sus alrededores, ven la extracción del hidrocarburo como un “mal necesario” debido a los ingresos económicos y fiscales que genera la actividad gasífera en la región. La importancia del suministro domiciliario, en una región en la que el nivel de conectividad del servicio de gas es alto (Portafolio, 2022b), hace de este recurso un elemento fundamental para las familias del Caribe colombiano.
La mayor preocupación de la ciudadanía es el impacto económico que se puede generar tras el abandono de los combustibles fósiles en los territorios, más en las zonas de influencia gasífera. Por tal razón, consideran que el aprovechamiento del potencial energético del gas en el Caribe podría incentivar la generación de empleo y mejorar las finanzas de los municipios. La actividad gasífera puede generar beneficios sociales y superar problemas que históricamente han afectado a la región.
El potencial energético de la región, en el marco de la transición energética que se está llevando a cabo en Colombia, ubica al Caribe como un posible protagonista de la generación de energía limpia en el corto, mediano y largo plazo. Los participantes a los talleres realizados afirmaron que el gas, además de contar con yacimientos importantes en la región, sí es un puente para la transición energética debido a sus propiedades que generan menor emisión de gases efecto invernadero, posicionándolo a nivel mundial como combustible verde. El Gráfico 9 da cuenta del respaldo que tuvo el gas natural como combustible para la transición energética entre las organizaciones sociales y comunitarias asistentes a los talleres. Se sostuvo que los recursos extractivos deben aprovecharse con el fin de respaldar la transición energética.
Gráfico 9. Impacto ambiental de la exploración y explotación de gas natural
Fuente: Elaboración propia
Según Naturgas, este combustible contribuye a la reducción de emisiones entre un 30 % y 50% de las emisiones de dióxido de carbono, 70 % en la disminución de dióxidos de nitrógeno y un 99 % en el material particulado y los óxidos de azufre (La República, 2022c). Dichas características, sumadas a varios factores geopolíticos, motivaron a la Comisión Europea a declarar el gas natural como energía verde. Esto implica que a partir de 2023, dicho combustible servirá de puente para la transición energética en Europa. No obstante, los representantes de las organizaciones sociales y de pescadores entrevistados han manifestado que la generación de conflictos socioambientales y la emisión de metano, un gas con un poder de calentamiento 84 veces superior al del CO2 (World Energy Trade, 2022), impide que el hidrocarburo sea denominado como un recurso para la transición energética.
Ahora bien, a lo largo de toda la cadena de extracción, transporte y almacenamiento del gas natural se han registrado impactos negativos tanto en operaciones onshore como offshore. Los efectos reportados en la exploración marina se relacionan con la mortandad de peces y la afectación en la comunicación de varios mamíferos marinos, particularmente los cetáceos, generados por la actividad sísmica (Peña, 2021).
El proceso de transporte se realiza por medio de un gasoducto que permite la conducción de gas desde el yacimiento hasta la planta de almacenamiento. De acuerdo con un estudio de la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2021) los escapes, el mal estado en los sistemas de distribución del hidrocarburo, explosiones y emisiones intencionadas provocan la emisión de aproximadamente 72 millones de toneladas de metano al año. En una etapa subsiguiente del proceso de transporte, las estaciones compresoras, utilizadas para comprimir el gas por medio de calor para continuar su transporte, emiten sustancias nocivas y gases efecto invernadero (Acevedo et al., 2013).
Durante los talleres que se realizaron en Montería, la ciudadanía afirmó no estar documentada sobre los procesos de extracción de hidrocarburos por medio del fracking y de la operación offshore, así como de sus posibles impactos económicos, sociales y ambientales. Si se tiene en cuenta que la región Caribe es estratégica para la exploración gasífera como se mencionó anteriormente, surge la inquietud del porqué sus habitantes no están al tanto de los proyectos extractivos proyectados allí. Una de las posibles causas está relacionada con la falta de socialización de dichas actividades en la región, llevando a la toma de decisiones de manera no concertada (Censat, 2022).
6.2. Tolú
Fuente: Crudo Transparente
En el área de influencia del área protegida se han adelantado proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que han desembocado en conflictos socioambientales con las comunidades de pescadores ubicadas en la zona, quienes manifiestan haber detectado una disminución en el volumen y en el tamaño de los peces capturados debido a la actividad extractiva en la región. Varios miembros de organizaciones sociales y de pescadores artesanales afirman que las exportaciones de gas licuado de petróleo provenientes del puerto petrolero de Coveñas, así como los accidentes que se han presentado por derrames de petróleo (El Colombiano, 2014), han generado una elevada mortandad de peces debido al incremento de la temperatura generada por la presencia de buques petroleros asociada a la comercialización de hidrocarburos. Esta situación constituye un peligro para la seguridad y soberanía alimentaria de la población que habita las zonas costeras y ribereñas del Caribe colombiano, las cuales tienen su principal fuente de sustento en la pesca artesanal.
La conflictividad que se presenta en la región puede verse reflejada en el Mapa 3, el cual muestra la cantidad de bloques de gas que se encuentran en el mar Caribe y la cercanía que tienen con el área protegida. Los bloques Fuerte Sur y Fuerte Norte, los cuales tienen licencia de exploración otorgadas desde el 2012 (Zimmermann, s.f.), se encuentran aledaños a los PNN Corales del Rosario y San Bernardo y Corales de Profundidad, lo que constituye un riesgo muy alto para el equilibrio ecosistémico, si se tiene en cuenta la fragilidad de los corales ante cualquier perturbación de su entorno.
Mapa 3. Bloques gasíferos en el área protegida del Caribe colombiano
Fuente: Zimmerman, s.f.
De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental (2018), desde 1993 se han registrado seis derrames de petróleo en el Golfo de Morrosquillo afectando tanto a la comunidad en general como a los pescadores artesanales. Teniendo en cuenta que los escapes de gas muchas veces son imperceptibles por las características del hidrocarburo, sus efectos pueden generar mayores afectaciones, ya que es más difícil detectar posibles fugas. En 2021, varias organizaciones de pescadores reportaron restos de crudo flotando en el mar (El Heraldo, 2021), lo que representa una afectación considerable de los ecosistemas marinos. En la ciénaga La Caimanera se han detectado manchas de crudo que dan cuenta de varios derrames a lo largo de los años (El Universal, 2015), afectando la estabilidad de la zona.
Las organizaciones de pescadores artesanales asistentes al taller en marzo del 2023 afirman que ante los derrames generados por la extracción de hidrocarburos, la solución provista por las autoridades y empresas responsables de estos hechos es verter dispersantes químicos como el Corexit, sobre la capa de hidrocarburos que entra en contacto con el mar. Como consecuencia, las propiedades físico-químicas del petróleo cambian al punto de dividirse en minúsculas gotas que son arrastradas por gravedad al fondo marino (Schmidt, 2011).
No obstante, diversos estudios como el de Herazo (2020) dan cuenta de la toxicidad de esta sustancia para la vida marina, incluso, menciona el autor citando a Rico-Suárez, Snell y Shearer (2013), su toxicidad podría incrementarse al mezclarse con aceite. Schmidt (2011), menciona que se han realizado estudios con animales sobre el impacto del Corexit en el organismo y sus resultados han demostrado que dicha sustancia puede provocar destrucción de los glóbulos rojos, daño a los riñones o al hígado ante una elevada exposición. Finalmente, Sanchez (2013) afirma que el Corexit contiene sustancias cancerígenas y alteradoras del sistema endocrino.
La paulatina transformación de las dinámicas económicas en la región generada por los impactos ambientales asociados a la actividad extractiva en el mar Caribe ha ocasionado la destrucción de la economía familiar entre las comunidades de pescadores artesanales, quienes con frecuencia, y ante la reducción del volumen de peces causada por las afectaciones ambientales, no encuentran el sustento para sus familias. Esta situación ha propiciado el surgimiento de enfermedades psicológicas, principalmente en mujeres cabeza de hogar, al no poder alimentar a sus hijos. Adicionalmente, las comunidades han tenido que migrar a otras actividades como el turismo, el mototaxismo, la construcción y el trabajo en compañías extractivas con el fin de obtener los recursos necesarios para sus familias. Esto supone un deterioro progresivo del patrimonio cultural de la región basado en las técnicas ancestrales de pesca artesanal, las cuales se han transmitido de generación en generación por medio de la oralidad y han permitido la subsistencia de las comunidades costeras y ribereñas en la región.
Pese a que en Colombia está reglamentada la consulta previa como derecho fundamental de los grupos étnicos para poder decidir sobre obras o proyectos que se vayan a realizar dentro de sus territorios, los representantes de las organizaciones de pescadores artesanales niegan haber participado en algún proceso consultivo, a pesar de contar con comunidades indígenas y afrodescendientes en la región. Los representantes de las organizaciones sociales y de pescadores afirman que no ha habido socialización de proyectos en el territorio. Mencionan que las autoridades ambientales han sacado provecho del desconocimiento y la falta de acceso a la información de los territorios periféricos sobre este tipo de proyectos que se planifican desde las grandes ciudades sin contemplar las comunidades de pescadores artesanales.
Es importante enfatizar que cuando se habla de territorio se incorporan elementos y recursos que sostienen las economías locales, sus formas de vida y tradiciones que fortalecen la identidad cultural de los pueblos (OIT, 2014). Desde esta perspectiva, el mar hace parte constitutiva de las prácticas ancestrales de las comunidades de pescadores artesanales, ya que su desarrollo cultural e histórico está estrechamente ligado con las dinámicas marinas, por lo que es deber del Estado garantizar la realización efectiva y participativa de la consulta previa (Jaramillo, 2022).
Según los representantes de las organizaciones de pescadores, la visión tecnócrata y centralista que impera en la toma de decisiones en el país lleva a que se tomen en cuenta las percepciones y visiones de expertos con una elevada formación técnica y académica quienes, a pesar de no conocer el territorio, formulan soluciones que no responden a las necesidades y dinámicas de los habitantes del lugar. El discurso dominante de desarrollo impide la creación de mecanismos de participación real en los territorios, lo que se manifiesta en el desconocimiento y subvaloración de los saberes ancestrales de las comunidades, los cuales poseen un profundo conocimiento de su entorno.
Ante este panorama, los representantes de las organizaciones sociales y de pescadores manifiestan que, antes de contemplar la posibilidad de seguir profundizando el modelo de desarrollo basado en el extractivismo, debe contemplarse la necesidad de diversificar la economía en territorios gasíferos en los cuales la elevada dependencia al extractivismo se refleja en la parálisis de otros sectores productivos. Es preciso fortalecer las economías locales a partir del conocimiento tradicional de las comunidades con el fin de fortalecer las capacidades de los territorios ubicados en el área de influencia de las áreas protegidas.
La transición energética justa es entendida como aquella que plantea la transformación de la matriz energética a la utilización de fuentes renovables, teniendo en cuenta la mitigación de los efectos generados a diversos actores que se pueden ver afectados por la descarbonización de la economía, propendiendo por la equidad (Atteridge y Strambo, 2021). Este proceso en las regiones no debe ser homogéneo porque los territorios tienen dinámicas propias que deben atenderse de manera particular, siempre teniendo en cuenta la necesidad de superar la dependencia al extractivismo.
Por último, es importante resaltar que el abandono estatal en las regiones donde se realiza la extracción de hidrocarburos se traduce en altos niveles de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas, tal como se expuso anteriormente. Lo paradójico del asunto es que a pesar de la riqueza contenida en el subsuelo, estos territorios no cuentan con servicios públicos y saneamiento básico. Las comunidades se sienten excluidas de los beneficios generados por la explotación de hidrocarburos en sus territorios, generando mayor malestar en las regiones.
7. Consideraciones finales
Fuente: Crudo Transparente
El gas natural es un energético fundamental para las finanzas públicas y la autosuficiencia energética del país. Algunas organizaciones sociales y presidentes de las JAC desean continuar con las actividades gasíferas en sus territorios, principalmente por las regalías que genera la explotación del gas. Argumentan que ni el departamento ni el país está preparado para renunciar a la extracción del recurso, ya que las finanzas y la economía del municipio dependen directamente de su explotación. Consideran que el gas, por sus características, es un combustible que genera menor impacto ambiental y se adecúa perfectamente a la transición energética.
Por otro lado, la extracción de hidrocarburos ha sido una fuente importante de generación de conflictos socioambientales en los territorios donde se explotan los recursos, deteriorando de manera considerable las prácticas ancestrales del territorio y por consiguiente, poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades costeras. La elevada dependencia a un solo recurso ha menoscabado otras actividades económicas con un potencial importante en la región. Es fundamental que los recursos que se obtienen permitan diversificar la economía en dichos municipios, de manera que se reduzca la dependencia al extractivismo y se reduzcan los impactos ambientales asociados con los hidrocarburos.
Es importante en este punto reflexionar frente a la visión que hay desde el Estado central pero también desde las empresas y las comunidades sobre cuál es el discurso que hay detrás de las estrategias institucionales de la transición energética. Si lo que se busca es mudar a fuentes de energía renovables pero dejando la estructura económica y productiva, se están manteniendo las condiciones estructurales que ha generado la crisis climática actual y que han desembocado en una serie de conflictos sociales, económicos y ambientales tanto a nivel nacional como a nivel internacional, manteniendo una imagen verde que no se corresponde con la realidad.
El discurso dominante sobre la sostenibilidad y la transición energética se ha convertido históricamente en una “receta” homogénea que se aplica indistintamente en todas las regiones del mundo sin contemplar las dinámicas y particularidades propias de las comunidades. Por lo tanto, la participación de las comunidades en la toma de decisiones debe ir más allá de la socialización del proyecto. Ellas, como conocedoras de su territorio deben tomar un papel preponderante frente a los proyectos que se piensen realizar allí. El fortalecimiento de la gobernanza en las regiones costeras es fundamental para entablar un diálogo de saberes, participativo y constructivo que permita la construcción de consensos. Esto garantizaría que la transición energética responda a las necesidades de los territorios, los cuales están ávidos de soluciones a la problemática social, económica y ambiental que ha generado el modelo de desarrollo actual.
8. Conclusiones
En los últimos 20 años el consumo de gas natural en Colombia se ha incrementado de manera exponencial, llegando a más del 70 % de los hogares de Colombia. Esta tendencia alcista en el consumo ha generado la necesidad de importar gas del extranjero y a proyectar la construcción de terminal de importación de gas natural licuado con el fin de reducir la vulnerabilidad generada por las escasas reservas del hidrocarburo en el país. Un eventual escenario de desabastecimiento de este combustible implicaría un incremento cinco veces mayor del valor de la tarifa actual, afectando a las capas más pobres de la sociedad. Según cifras del gremio, con los nuevos hallazgos realizados en el Caribe colombiano, el potencial de reservas podría abastecer al país por los próximos 10 años.
No obstante, en la agenda del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no está contemplado firmar nuevos contratos relacionados con estas técnicas, ya que la visión del nuevo mandatario está enfocada en la conservación ambiental y cambiar el modelo extractivo actual. Estos procedimientos no cuentan con una licencia social de las comunidades y es poco probable que se logre implementar en los territorios donde se pretende desarrollar estos métodos.
Los impactos ambientales ocasionados por el gas natural no se limitan a la emisión de gases sino a una serie de conflictos sociales y ambientales generados en el proceso de exploración, explotación (onshore y offshore), transporte y almacenamiento que ponen en tela de juicio el etiquetado verde realizado por la Unión Europea. La solución situación económica de los municipios extractivos, provista desde la institucionalidad, ha consistido en imitar modelos de desarrollo que no reflejan las necesidades de su gente. Por lo tanto, es fundamental la realización de una caracterización ambiental y social de los territorios con potencial gasífero, con el fin de incorporar en las estrategias, las particularidades de las comunidades en el marco de una transición energética justa.
Por último, es indispensable fortalecer el papel de los trabajadores de esta industria, las comunidades involucradas y las organizaciones de la sociedad civil. La discusión del papel del gas natural en la transición energética debe tener una información oportuna y adecuada para fortalecer el debate público, la transparencia y la rendición de cuentas. Es necesario reconocer que el gas natural es un recurso no renovable, por tal razón el uso de este hidrocarburo no es sostenible en el tiempo y tampoco es sostenible ambientalmente. El debate sobre la transición energética debe ir más lejos y no dejarlo en un mero cambio de energías conservando los mismos errores del pasado y como toda transición, requiere tiempo y constancia.
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