Columna de Opinión Nacional
¿Otro “mico” que buscaba proteger la minería?
Katherine Casas Pérez
En días anteriores, en la Comisión Primera del Senado surgió un polémico debate entre los partidos afines al Gobierno y la oposición. Lo anterior se relacionaba con el proyecto de Acto de Ley Legislativo 22 de 2020, con el se buscaba adicionar un nuevo inciso de la Constitución Política de Colombia, para supuestamente prohibir expresamente las actividades extractivas en los ecosistemas de páramo; específicamente el de Santurbán.
La polémica se desató cuando uno de los fragmentos presentados decía explícitamente: “las actividades productivas, que a la fecha de entrada en vigencia del presente acto legislativo, se desarrollen legalmente en el área de referencia de la transición del bosque alto andino que no esté incluida dentro del área de páramo podrán seguirse realizando bajo el régimen legal vigente al momento del otorgamiento y hasta por el período que fueron concebidas”.
La ponente del proyecto, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, explicó que lo que se pretendía con el párrafo era proteger a los pequeños mineros y campesinos que tienen títulos y explotación cercanas a estas zonas que no estaban limitadas. Dicho de otra forma, Valencia, buscaba permitir estas labores extractivas que ya hubieran sido licitadas y concebidas en dichos ecosistemas.
De esta manera, el supuesto “mico”, denunciado por el alcalde de Bucaramanga, Juan Calos Cárdenas y por ambientalistas defensores del agua, era para abrirle la puerta a la explotación de la minería en el páramo de Santurbán y el bosque del Alto Andino; cuando ya el licenciamiento estaba archivado y existe un inconformismo total de estas actividades por parte de la ciudadanía.
Aquí lo realmente preocupante, es que este proyecto estaba lejos de proteger a estos ecosistemas y de nuevo en el Congreso se quieren introducir estos “micos” para aprobar las actividades minero energéticas en los páramos protegidos, y así garantizar los derechos de las mineras. Además, como lo resaltó el mandatario de Bucaramanga: “…se están burlando del mandato popular y el ciudadano”.
Es de resaltar que desde octubre de 2020, la Autoridad de Licencias Ambientales, Anla, tomó la decisión de archivar los proyectos mineros en las zonas aledañas al páramo de Santurbán, dado que el equipo técnico de la Autoridad estableció que no era posible emitir una decisión de fondo sobre este proyecto. Asimismo, una de las principales críticas por parte de la ciudadanía y ambientalistas, era que donde se pretendía hacer actividades son ecosistemas que abastecen cerca de 23 cabeceras municipales de Santander y Norte de Santander.
Finalmente, este proyecto de ley no pasó y de nuevo se derrotó un “mico” que ponía en riesgo a los páramos del país; no obstante, la reflexión de nuevo está en que la protección de estos ecosistemas aún está en vilo y no existen las garantías suficientes para evitar que las actividades extractivas entren a estas zonas. Por lo anterior, es importante seguir llamando la atención sobre este tema para evitar que senadoras como Valencia, aproveche las circunstancias para abrirle la puerta a las grandes minerías por medio de supuestos actos benevolentes.
NOTICIAS
Gran paso en energías renovables en la capital del Atlántico
El pasado 4 de abril, cuatro empresas se convirtieron en aliadas del Distrito de Barranquilla para iniciar la producción en media y gran escala de energías eólica y solar en esta capital.
Las empresas aliadas son: el consorcio Hecate Energy (Estados Unidos), Recap Solar (Suecia) que se encargaría de desarrollar los proyectos de gran escala. También están el consorcio Entoria Energy en (Singapur), y la Empresa de Energía de Pereira, que tendrán a cargo los proyectos de menor escala.
El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, expresó, “Con estos aliados, que diseñan, financian, construyen y operan proyectos de soluciones energéticas en todo el mundo, vamos a generar desarrollo económico y empleo”.
El proceso tiene tres etapas, en la primera, todo el consumo de la administración local, junto con sus colegios, hospitales y oficinas, se generará con luz solar. En la segunda, se construirá una granja solar que producirá la energía que consume el alumbrado público. Por último, se incrementará la generación de energía, para venderle al sistema eléctrico interconectado del país.
Con las primeras inversiones demandará más de 500 empleos calificados, con personal que se preparará en instituciones locales. La ciudad aprovechará las 6 o 7 horas del día para el beneficio de la eficiencia energética, asimismo los dividendos que produzca la empresa se utilizarán en inversión social.
Finalmente, el comunicado sostiene que el fin del proyecto sería la reducción de gases de efecto invernadero, la producción de energías limpias más económicas que le generen a la alcaldía un ahorro de hasta del 30% y la generación de 570 empleos calificados.
Vía El Heraldo: Distrito elige aliados para salto a energías renovables.4/4/21
Vía El Tiempo: Barranquilla comenzó el salto a las energías renovables. 6/4/21
Vía Twitter: Jaime Pumarejo. 4/4/21
El sindicato petrolero más grande de Colombia se une a la campaña anti-fracking
El pasado 6 de abril, el sindicato petrolero más grande de Colombia, La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), informó que se unió a la campaña anti-fracking para oponerse al desarrollo de yacimientos no convencionales y exigir una transición más rápida a la energía renovable.
La USO y la Alianza Colombia Libre de Fracking dijeron en un comunicado conjunto que están uniendo fuerzas para proteger la región del Magdalena Medio y el país en su conjunto de la exploración no convencional.
El presidente del sindicato, Edwin Palma, en una publicación en Twitter anunció que: “se unen esfuerzos con distintas organizaciones sociales y políticas del país para oponerse a esta técnica de explotación y aboga por una acelerada transición energética justa”.
Dicha alianza contra el ‘fracking’ ya cuenta con 120 organizaciones que se unieron a la causa, y ahora llega la USO que tiene alrededor de 30.000 afiliados.
Frente a este tipo de campañas, Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH), señaló que los grupos anti-fracking son internacionales, están bien organizados y financiados por quienes pueden salir perdiendo con el desarrollo de yacimientos no convencionales, sin ofrecer pruebas.
Por otro lado, de acuerdo con el Gobierno nacional, Colombia tiene un potencial de entre 3.000 millones y 9.000 millones de barriles de crudo equivalentes en yacimientos no convencionales, es decir entre 2 y 6 veces las reservas actuales que alcanzan para 6,3 años de consumo.
Vía Investing: Trabajadores petroleros de Colombia se unen a campaña anti-fracking. 7/4/21
Requisitos para empresas interesadas en ser parte de la Ronda Colombia para 2021
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) especificó que quienes estén interesados en ser parte de la Ronda para 2021,deberán contar con reservas de dos millones de barriles equivalentes y una producción de 1 000 barriles diarios. Es importante recalcar que podrían haber excepciones a las empresas que tengan inversiones de 500 millones de dólares en convencionales y 250 millones de dólares en no convencionales.
En cuanto a los requisitos para las organizaciones interesadas en la Ronda, respecto a la capacidad financiera, tendrán una medición por medio de puntos en donde se manejan rangos de 25 % respecto al rango de endeudamiento, el patrimonio neto residual de 50 % y el 25 % sobre el rango de cobertura restante. De igual forma, aquellas compañías que tengan activos superiores a mil millones de dólares, tendrán la posibilidad de ser parte de los requisitos solicitados.
Este proceso, es una de las tres modalidades que se establece en el reglamento de asignación de áreas de la ANH, para adjudicar contratos y asignar áreas a los contratistas que están interesados en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.
Carlos Mantilla, asesor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, recalcó que “hay algunas de las actividades que se ejecutan de manera constante durante el año, en cualquier día hábil, y que obligan a que la Agencia trámite esas solicitudes y concluya estas tareas en cualquier momento del año” Esto, respecto a porqué se realiza y se denomina el proceso de áreas de manera permanente.
En cuanto a la Ronda Colombia 2021, las sucursales podrán obtener un apoyo en los procesos de selección por parte de las casas matrices, eso quiere decir que si una organización quiere valer la condición o el atributo de su matriz, tendrá que tener como evidencia el cumplimiento de los requisitos de la misma.
Vía: Valor analitik: Estos son los requisitos para interesados en Ronda Colombia 2021 09/04/2021
ConocoPhillips desiste de prácticas no convencionales en el país
ConocoPhillips por medio de un comunicado de prensa, ha dado a conocer una importante decisión en cuanto a la exploración y explotación de pozos por medios no convencionales. Se trata del pozo Picoplata #1 que hace parte del bloque VMM-3 en el que ha tenido presencia desde 2015, cuando se le otorgó licencia para explotación por medios convencionales y a finales de 2017 solicitó licencia ambiental para ejecutar la explotación no convencional.
Esta decisión se toma en medio de la controversia que vive el país referente a la técnica de fracking. Por un lado, el Consejo de Estado desde el año 2018 ha ordenado suspender los proyectos que ejecuten la técnica (afectando los planes de ConocoPhillips) y por el otro, se encuentran los proyectos pilotos de fracking para evaluar el impacto que podría tener la explotación en el país por parte de Ecopetrol y ExxonMobil.
Estas decisiones en el ámbito judicial han hecho que el proyecto de la empresa mantuviera el pozo en un estado técnicamente abandonado al no poder avanzar en las fases que desde un inicio tenían establecido.
A esto, se le deben sumar las protestas que en 2016 los habitantes del municipio de San Martín llevaron a cabo para oponerse a la técnica fracking por las posibles consecuencias negativas que trae al medio ambiente.
Columna de Opinión Regional
Los pueblos indígenas frente a la política minero-energética
Invitada especial:
Rosario Carvajal, Abogada investigadora
El sector minero-energético se nos ha impuesto como de principal importancia dado que, en el marco del modelo económico internacional y su estrategia de ventajas comparativas, a Colombia le tocó el papel de productor de materias primas, mientras cede ventajas a países desarrollados en todos los frentes de la economía. De allí que la política minero-energética en Colombia no esté orientada en una lógica que priorice el abastecimiento de las necesidades internas (O la transición), sino que está sujeta a ritmos y exigencias externas del sector financiero internacional, cuyo interés por el bienestar de la población, en especial de quienes habitan en los lugares donde se encuentran las materias primas, es mínimo rayando a nulo. Tal falta de autonomía redunda en la inaplicación de medidas legislativas, jurisprudenciales y sociales pensadas noblemente en proteger el bienestar y los derechos de la población, pero empleadas como licencias para exonerar a las empresas de daños ambientales y sociales que ocasionan en el desarrollo de proyectos minero-energéticos.
A modo de ejemplo, podemos señalar el memorando de entendimiento firmado por el Gobierno Colombiano con Estado Unidos en noviembre de 2019 denominado “Marco para afianzar la cooperación en el fortalecimiento financiero y el mercado en materia de energía e infraestructura” que —aprovechando la hendija que el Consejo de Estado le abrió al principio de precaución en septiembre de ese mismo año al aclarar que la suspensión del Fracking no impedía la realización de los Proyectos Pilotos de Investigación Integral-PPII (Pilotos de fracking)— terminó por permitir que recientemente se otorgará uno de los contratos (CEPI) para ejecutar un Piloto a la petrolera ExxonMobil y, por otro lado, que otras empresas gringas del sector nos puedan invadir con gas licuado que les sobra y que no han podido vender desde 2015.
Lo anterior, evidentemente, no se traduce en beneficios para los colombianos, pero sí para enormes pulpos del sector financiero internacional como The Vanguard, BlackRock, State Street Corporation entre otras, propietarias de la multinacional petrolera ExxonMobil, que venía de perder un 67 % de su valor en bolsa. En cambio, notamos cómo el Principio de precaución, con base en el cual se pedía una moratoria para la protección de los derechos ambientales y sociales que se pueden ver gravemente lesionados como consecuencia de los pilotos del fracking pierde fuerza ante la flexibilización del Consejo de Estado.
Ahora bien, luego de la incertidumbre vivida en 2015 y 2016 en el municipio de San Martín-Cesar, por el inicio del primer piloto de fracking a cargo de la empresa Conoco Philips, cuyas actividades iniciaron sin contar con la Licencia Ambiental y generó daños a campesinos y población urbana ¿Qué se puede esperar para indígenas con estos nuevos proyectos?
De acuerdo con el último censo del DANE el 79 % de la población indígena se encuentra en las zonas rurales y en centros poblados lejanos del país y según la FILAC, en Colombia el 63 % de la población indígena se encuentra en la extrema pobreza, de los cuales el 47 % están por debajo de la línea de miseria extrema, es decir, los niveles de vulnerabilidad de esta población son preocupantes, incluso desde antes de la Pandemia, por lo que de llegarse a aprobar finalmente el fracking o ampliar el número de Pilotos en el país, encontraría a comunidades en una enorme desventaja frente a las empresas interesadas en intervenir sus territorios, su único patrimonio.
A corte de febrero de 2021, según los reportes de la Autoridad de Consulta Previa en Datos Abiertos, comunidades indígenas de departamentos como Meta, la Guajira, Putumayo, Antioquia, Caquetá, Bolívar, Casanare, Sucre, Córdoba, Tolima, Vichada y Chocó han participado en 530 procesos consultivos relacionados a proyectos de Sísmica y 11 procesos relacionados abiertamente a proyectos de hidrocarburo (Yacimientos convencionales). Si bien los ejercicios de la Consulta previa tienen carácter de derecho fundamental, es entendida por las empresas interesadas en los proyectos (POA) como un mero requisito para la obtención de la Licencia Ambiental, por lo que no se le da la trascendencia que tiene y terminan convirtiéndolas en una simples reuniones de socializaciones escuetas en las que al final se acuerda entregarles a los miembros de las comunidades elementos inútiles para hacerle frente a los daños que acarrean los proyectos que, incluso, superan el ámbito del medio ambiente si se entiende que para estos grupos minoritarios la vida y la pervivencia de la identidad individual y colectiva están basadas en el territorio, porque este (o esta madre), es dador de vida, de comida, guarda secretos para cazar, para pescar, para caminarla, para adorarla y orienta el rumbo de los pueblos, de allí que el daño que se causa a los territorios trascienda lo material e impacta las leyes naturales y espirituales que les rigen.
Frente a las graves circunstancias en las que los pueblos indígenas se encuentran, sin mencionar los daños causados por el conflicto armado que suele estar relacionado en ocasiones con proyectos extractivos, ni la consulta previa servirá como garantía de derechos de quienes son hoy los grupos más vulnerables del país, que están en riesgo de desaparecer si no se recupera la soberanía energética y se toman medidas urgentes para su protección. La política minero-energética ha generado al país y a las poblaciones minoritarias impactos negativos que no han sido resueltos de fondo, que persisten y amenazan el futuro, siendo beneficiarios únicamente las multinacionales y el sector financiero internacional.
*Se precisa que las columnas de opinión pertenecen a sus respectivos autores/autoras y por ende, no comprometen a Crudo Transparente, ni a sus financiadores.
Josue Sarmiento