El Pulso Petrolero de Crudo Transparente, mide mes a mes la conflictividad social, armada y ambiental asociada a la industria petrolera en Colombia

 

 

 

En octubre los ministerios de Hacienda y Crédito Público y el de Minas y Energía, radicaron ante las comisiones económica del Congreso de la República, el presupuesto de regalías para el bienio 2021 y 2022. Este nuevo proyecto de ley estipula un monto total de 17.3 billones de pesos; cifra inferior a los 18,5 billones registrados para el periodo 2019 al 2020, pero superior a los 15,4 billones que inicialmente se habían estipulado.

 

De esta manera, la asignación para la inversión es la siguiente: a la región Caribe le corresponde 3,6 billones de pesos, a los Llanos 2,9 billones y para la región Centro Oriente se contempla 1,7 billones de pesos. Por su parte el Pacífico tiene un monto previsto de 1,4 billones de pesos; Centro Sur Amazonía 1,2 billones de pesos y para la región del Eje Cafetero se estipula 1,05 billones de pesos.

 

Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, este nuevo presupuesto ayudará a la reactivación económica de las regiones, golpeada por la pandemia COVID-19, ya que permitirá generar empleo y dará herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales, para controlar e invertir sus recursos en proyectos que favorezcan el desarrollo de la ciudadanía. 

 

Este nuevo presupuesto refleja unos de los cambios principales implementados en el Sistema General de Regalías (SGR) que sancionó el presidente Iván Duque en octubre. Vale la pena resaltar que ahora las zonas productoras recibirán el 25 % del total del presupuesto, que para este bienio asciende a 3,8 billones de pesos. Además, por primera vez se hará una asignación de 5 % de total de los ingresos del SGR para el medio ambiente y desarrollo sostenible.

 

Por otro lado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reveló la lista de las 16 empresas que participarán en el tercer ciclo de la subasta petrolera, que tiene como objetivo seguir incentivando la reactivación del sector. Entre las compañías que se destacan son: Ecopetrol, Frontera Energy, Geo Park, OXY, Gran Tierra, Parex Resources, Occidental Andina, entre otras.  

 

Los cuatro bloques a subastar son, VIM 43, VIM 44, VMM 47 y LLA 134 que están ubicados en las cuencas del Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena, y Llanos, y las inversiones para el desarrollo de los programas exploratorios, tienen un valor aproximado de US$ 40 millones. Con este nuevo proceso, la cartera minero energética y la ANH buscan incentivar la reactivación del sector petrolero y gasífero,  y a su vez incrementar nuevos hallazgos para la recuperación en los campos existentes.

 

Desde otro ámbito, el Ministerio de Minas y Energía informó en octubre acerca de los pilotos de fracking que se piensan desarrollar para el 2021 y reveló las empresas interesadas en entregar propuestas para realizar estos proyectos. Ecopetrol, ExxonMobil y la minera Drummond, son algunas de las compañías habilitadas para ejecutar este proceso.

 

Entre las condiciones para desarrollar estos pilotos, está la de destinar, como mínimo, el 1 % del valor total del programa de sus actividades para la investigación en beneficio de las comunidades aledañas. Según estudios, por medio del fracking en Colombia las reservas de gas podrían aumentar hasta 130 años.

 

Por otro lado, organizaciones como el Foro Nacional Ambiental, el Movimiento Ambientalista Colombiano y Foro Nacional por Colombia le pidieron al Gobierno mantener el compromiso de vincular el Acuerdo de Escazú en la legislación colombiana. En octubre los debates en las comisiones segundas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República fueron aplazados de manera sorpresiva, y hasta el momento no se tiene clara qué pasará con la ratificación del Acuerdo. Se debe recordar que Colombia es el segundo país con mayor conflictividad ambiental de América Latina y el primero en asesinatos de lideres ambientales del mundo.

 

 

Con relación a las categorías de análisis del pulso petrolero de Crudo Transparente, se notificaron los siguientes sucesos. Entre los hechos de conflictividad social se destacan: protestas, bloqueos de vías y marchas en los departamentos de Casanare, Bolívar, Putumayo, Boyacá y Huila.

 

Con respecto a medio ambiente, se advirtió un derrame de petróleo en Casanare y Boyacá.  Vale la pena resaltar que la contaminación de septiembre en Puerto Boyacá, por parte de Mansarovar, fue mucho más grave de lo reportado por la compañía. Según ambientalistas del sector, el derrame de hidrocarburos está afectando las reservas naturales de los animales dentro de estas zonas; además, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo informó que se presentaron perjuicios medioambientales en áreas que no se tenían previstas. Se hace un llamado a la empresa para implementar un plan de contingencia en estas zonas, para así proteger a la fauna y flora de la región.

  

Por último, con relación a orden público e ilegalidad se notificaron: instalación de válvulas ilícitas, daño a maquinaria petrolera, incautación de refinerías ilegales y contrabando de hidrocarburo. Para finalizar, en acciones contra el contrabando de hidrocarburos, se decomisaron 4 670 galones de combustible entre ACPM y gasolina en Arauca, Bolivar, Norte de Santander y Putumayo.

 

El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente. A continuación, se muestra en detalle los sucesos del mes.

 

Conflictividad Social

Marchas

 

En Puerto Boyacá, Boyacá, la Subdirectiva de la Unión Sindical Obrera (USO) Magdalena Medio, Sintramienergetica, Sintrapetrol, Sindicatos de la educación, sindicatos de la salud, asonal judicial, agremiaciones de pescadores, campesinos, desempleados, comerciantes, contratistas y líderes sociales, realizaron una marcha mancomunada en contra de todas las políticas que ha implementado el Gobierno Nacional durante la pandemia; denunciando los pocos beneficios frente a salud, educación y derechos labores.

 

Desde otro ámbito, en las poblaciones de La Dorada y La Hormiga, San Miguel Putumayo, organizaciones sindicales como la USO, organizaciones obreras, campesinas e indígenas, llevaron a cabo una marcha en contra de la aspersión con glifosato, la industria extractiva y la erradicación de cultivos de uso ilícito, manifestando la necesidad de implementar planes se sustitución voluntaria.

 

Así mismo, hubo marchas en los municipios de Orito, Mocoa, Valle de Sibundoy y Puerto Asís, expresándose con actos culturales y arengas para ser escuchados por el Gobierno Nacional y los principales entes de control del departamento.

 

Protestas

 

En el Morro, Yopal, Casanare, transportadores, operadoras y perforadoras, decidieron protestar en contra de Ecopetrol y las empresas petroleras manifestando que se sienten amenazados por la frontera invisible y los grupos armados no estatales. Además, exigieron que se les permita ejercer su actividad comercial y empresarial sin sentirse amenazados.

 

Así mismo, los trabajadores hacen un nuevo llamado al gobernador, al alcalde de Yopal, a Ecopetrol, la Fiscalía, la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que se solucione esta problemática, ya que, en días anteriores, se dirigió una denuncia escrita hacia la ANH y todos los entes de control, sin recibir ninguna respuesta.

 

Por otro lado, las comunidades de los corregimientos de en Ceballos, Policarpa, Albornoz, El Libertador, 20 de julio, Bernardo Jaramillo, Antonio José de Sucre, Bella Vista, Rio Elba, Villa Barraza, Villa Rosa, Henequén, Puerta de Hierro, Arroz Barato, Membrillal, en Cartagena, Bolívar, efectuaron diferentes protestas en contra de Ecopetrol, declarando su inconformidad por el incumplimiento de la licencia ambiental otorgada a ECOPETROL–REFICAR. Asimismo, denunciaron que la mano de obra local ha sido desplazada de forma masiva por foráneos.

 

Por ende, en un comunicado oficial, las comunidades escribieron un pliego de exigencias, donde exigen que se garantice el derecho al empleo para las comunidades en zona de interés priorizada por parte de la ANH.

 

Para finalizar, en Campo Mangos, Yaguará, Huila, los ciudadanos protestaron pacíficamente en contra de Ecopetrol, reclamando por la vinculación laboral de la mano de obra local, debido a que reclaman que la mayoría de contrataciones son por parte de ciudadanos de otras regiones.

 

Bloqueo de vías

 

En la vereda Guadualito, Valle del Guamuez, Putumayo, los campesinos mantuvieron bloqueada la vía que conecta el corredor Campo Alegre El Tigre, donde se efectúan actividades petroleras. También, la manifestación iba dirigida en contra de las autoridades, para exigir que se detengan las acciones de erradicación forzada de la planta de coca.

 

Los ciudadanos piden que se lleve a cabo la sustitución voluntaria de cultivos y haya mayor inversión social. Manifiestan que mantendrán paralizada la operación del transporte de hidrocarburo hacia Ecuador, sino se tiene un encuentro entre la comunidad y las autoridades locales para establecer acuerdos para el levantamiento del bloqueo.

 

Medio Ambiente

Derrame de crudo o gas

 

En Puerto Boyacá, Boyacá, luego del derrame de crudo presentado en septiembre, la administración local y los ambientalistas denunciaron que el derrame tuvo consecuencias mucho más graves de las expuestas, afectando no solo fuentes hídricas, sino también a los animales. En un vídeo difundido por un medio de comunicación, se ve a una pareja de chigüiros bañados en petróleo; el hecho generó indignación en la comunidad y se exige una respuesta por parte de la empresa operadora.

 

Desde otro ámbito, en la vereda Guachiría, en Pore, Casanare, se registró una emergencia ambiental en la planta de tratamiento de residuos petroleros operada por la empresa Cpcol Consulting SAS. La denuncia presentada por una habitante cercana a la zona, expone que los controles de residuos son ineficientes, no hay tratamiento de las aguas residuales de manera óptima y se están vertiendo aguas contaminadas y desechos tóxicos a afluentes de agua; lo cual estaría afectando la flora y fauna. Por su parte, la empresa no se ha manifestado frente a la situación y las entidades de control ambiental no han adelantado medidas.

 

Orden público e ilegalidad

Instalación de válvulas clandestinas

 

En los municipios de Barbacoas y Tumaco, Nariño, se notificó de la captura de una banda que se dedicaba al hurto de combustible a través del uso de una válvula ilícita ubicada en el Oleoducto Trasandino. Las autoridades lograron la aprehensión e incautación de hidrocarburos en el hecho, con un total de 14 allanamientos donde se almacenaban más de 70 galones de hidrocarburos, 2 plantas eléctricas, 2 motobombas y otros elementos utilizados para el apoderamiento ilegal de combustibles.

 

Según la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Criminal, la banda hacia uso del combustible para la producción de alcaloides en refinerías clandestinas, adjudicándosele los atentados al Oleoducto Trasandino que generó afectaciones medioambientales en el sector.

 

Por otro lado, en las veredas de Campo Giles y La Selva, en Tibú, Norte Santander, se registró la perforación e instalación de una válvula ilícita para la extracción de combustible en el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Tras el hecho, la empresa Cenit activó un plan de contingencia para las comunidades aledañas y un control preventivo sobre el río Nuevo Presidente, con el fin de evitar algún tipo de contaminación.

 

Por su parte, Cenit afirmó que no se presentan fugas, ni afectación a cuerpos de agua cercanos. Sin embargo, se espera que las labores de prevención y mitigación apoyen las medidas de bioseguridad y protejan a la flora y fauna. También, se hizo un llamado a las autoridades para que controlen estas acciones ilícitas y cesen los delitos en contra de la infraestructura petrolera.

 

Refinerías ilegales

 

En las veredas Caño Negro y Bocas de San Miguel, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, se desmantelaron cinco refinerías ilegales. Dentro de estas infraestructuras, fueron hallados 4 000 galones de gasolina, 440 galones de ACPM, 1.375 kilogramos de insumos sólidos y cerca de 80 kilos de pasta base de coca.

 

En concordancia con la Policía Nacional, estas estructuras pertenecían al ELN. Según las autoridades, estas refinerías estarían avaluadas en 392 millones de pesos; siendo este un duro golpe a la producción y comercialización de sustancias ilícitas.

 

Por otro lado, en las veredas de Los Cuervos y las Barracas, en el mismo municipio, la Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía y la Fuerza Aérea, desmantelaron un complejo donde se producía cocaína y se almacenaba combustible. En el lugar fueron confiscados 470 kilos de pasta base de coca, 200 de hoja de coca picada, 4 900 galones de acetona, 3 350 de gasolina y 470 de ácido sulfúrico. Las aprehensiones anteriores fueron avaluadas en $8 800 millones de pesos que pertenecerían a disidencias de las FARC.

 

Por su parte, el Ejército Nacional pidió a la comunidad denunciar este tipo de hechos delictivos, para así garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes.

 

Una situación similar ocurrió en las veredas Las Palmas, San Ramón, Jordán, Los Guamos, Jericó y La Pradera, en Sardinata, Norte se Santander, donde fueron desarticuladas siete refinerías clandestinas.

 

Asimismo, las autoridades lograron decomisar 580 galones de hoja de coca, 500 galones de ACPM, 390 galones de gasolina, 165 galones de crudo hurtado y 41 canecas vacías con capacidad para almacenar 55 galones de líquidos en cada una, los cuales pertenecían a grupos armados no estatales.

 

Daño o destrucción de maquinaria petrolera

 

En Tibú, Norte de Santander, se registró en el último mes el hurto de seis unidades de transporte que pertenecían a Ecopetrol. La denuncia realizada por parte de la petrolera aclaró el riesgo que corren los trabajadores y habitantes frente a su seguridad e integridad.

 

Así mismo, se aclaró que, en lo corrido del año, 29 vehículos ha sido robados y los conductores han sido víctimas de intimidaciones con diferentes tipos de armas. Se hace un llamado a las autoridades locales para reforzar la seguridad y garantizar tranquilidad en el desarrollo de las laborares de los trabajadores de Ecopetrol.

 

Amenaza o extorsión de líder social

 

En el corregimiento de Campo Capote, en Puerto Parra, Santander, defensores ambientales aseguran que las Águilas Negras los declararon objetivo militar por exigir sus derechos sociales, labores y ambientales frente a la presencia de los proyectos exploratorios que se piensan llevar a cabo.

 

Los defensores denuncian que se les dan 24 horas para abandonar el corregimiento a ellos y a sus familias, o de lo contario sufrirán represarías. Siendo así, se hizo un llamado a la Fiscalía General de Nación y a las autoridades de Santander y el Magdalena Medio para que investiguen esta situación y garanticen la protección de la comunidad que se encuentra preocupada por esta problemática.

 

Desde otro ámbito, en Puerto Wilches, Santander, los líderes ambientales manifiestan que son víctimas de amenazas a causa de su labor, sobre todo por sus denuncias a lo ocurrido en Ciénaga Paredes. Los ambientalistas piden por su protección y las pertinentes investigaciones para dar con los responsables de los hechos que aquejan a esta comunidad.

 

Contrabando de crudo

 

Con relación a las acciones en contra de esta actividad ilícita, se adelantaron las siguientes operaciones.

 

En la trocha Las Paredes ubicada en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander, la Policía Nacional con apoyo del GOES, lograron incautar 150 galones de combustible nacional, los cuales se comercializaban ilegalmente en Venezuela a través de dos vehículos.

 

Desde otro ámbito, en el corregimiento Buena Seña en Norosí, Bolívar, la Policía Nacional, con el Ejército de Colombia, decomisaron 1 200 galones de ACPM que eran transportado en 29 recipientes tipo tambores, sobre un camión, avaluados en más de 10 millones de pesos.

 

Por otro lado, en Saravena, Arauca, la Fiscalía Seccional condenó a 60 meses de prisión y el pago de una multa de 150 salarios mínimos legales mensuales a dos hombres por el favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, ya que los sujetos transportaban 150 galones de gasolina sin la documentación que demostrara su legalidad.

 

Por su parte, en Putumayo, la Armada Nacional logro confiscar 3 170 galones de combustible tipo gasolina y ACPM, los cuales se encontraban a bordo de una embarcación sin la documentación necesaria.