Por: Pablo Suárez

 

Introducción

 

Una de las zonas de mayor conflictividad en Putumayo es el conocido corredor Puerto Vega-Teteyé. Se encuentra en Puerto Asís al sur del departamento, entre los ríos San Miguel y Putumayo, la inspección Teteyé colinda con Ecuador y ha sido fundamental en procesos de producción como la ganadería, agricultura y la industria petrolera. La acumulación de distintas actividades alrededor del corredor, legales e ilegales, han sido determinantes en los comportamientos de la población que allí habita, puesto que estos mismos realizan constante veeduría a las multinacionales petroleras como Vetra y Amerisur por las afectaciones medioambientales que éstas pudieran traer a la zona, pero igualmente se encuentran en medio de las disputas narcotraficantes.

 

De igual manera, Puerto Vega-Teteyé ha sido centro de obscuros episodios en la historia reciente del conflicto armado interno, debido a la presencia de grupos armados no estatales como las extintas FARC-EP y paramilitares que llegaron a esas tierras con el objetivo de consolidar los cultivos de hoja de coca que se dan con facilidad en esta zona de la geografía colombiana. De allí, se derivan también problemáticas de orden público que dificultan la convivencia a causa de la poca presencia estatal y los enfrentamientos de la Fuerza Pública con la comunidad por la erradicación forzada.

 

Con el arribo de los trabajos de exploración y producción petrolera en Puerto Asís que tuvo lugar en los 60 con la presencia de Texas Petroleum Company, el campesinado buscó un lugar dentro de la industria petrolera y los beneficios económicos que esta trae consigo, ya que precisaban mano de obra la cual capacitar para llevar a cabo las actividades requeridas dentro de los bloques y campos. Uno de los pros que la población vio en esta nueva etapa económica extractivista, fue que el salario que llegaba a ser hasta cuatro veces mayor a lo que se recibía en los jornales, donde normalmente el campesino recibe entre 20 000 y 25 000 pesos por día trabajado. Lo que iba dejando relegada la siembra y cosecha de maíz, arroz, plátano, chiro y yuca [1].

 

Ya hacia los 80, época en la que va aumentando la conflictividad del país, los grupos dedicados a la actividad del narcotráfico dirigieron su accionar delictivo en zona del Bajo Putumayo, donde a escasos minutos de Puerto Vega-Teteyé se encuentra ubicado el corregimiento de El Azul, que sería fundamental para Gonzalo Rodríguez Gacha. Desde allí se disputaría durante esa década el control de los cultivos de hoja de coca y las rutas de estupefacientes buscando salidas por Nariño, Ecuador y Perú. Situaciones que irían recrudeciendo los enfrentamientos armados en el territorio putumayense, donde en su momento se acusó a una parte de la población de colaborar con paramilitares y a otra de ser informantes de las extintas FARC [2].

 

En la actualidad, las dinámicas petroleras siguen siendo un factor determinante en el corredor, principalmente a manos de Ecopetrol y Vetra. Por otro lado, parece que los actores armados sólo han cambiado de nombre: las FARC pasaron a ser denominados como grupos residuales o disidencias, paramilitares ahora son Bacrim o carteles extranjeros que buscan infundir miedo en la población y hacerse con el control de las zonas que brindan facilidad para los cultivos ilícitos.

 

 

La presente investigación busca identificar las problemáticas alrededor de la industria petrolera y los reclamos tanto ambientales como por respeto al acceso a tierras que tiene la comunidad del corredor constantemente. Además, entender las dificultades sociales que se desarrollan dentro de Puerto Vega-Teteyé, donde otro punto álgido es la búsqueda en cuanto al fortalecimiento de los proyectos de sustitución de cultivos de coca donde se brinden mejores oportunidades legales al campesinado y grupos étnicos presentes [3].

 

Localización del corredor Puerto Vega-Teteyé

 

 

El gráfico 1 muestra el camino que conecta la inspección Teteyé con Puerto Vega, desde la zona fronteriza encontrándose al norte con el río Putumayo, mediante una vía de compleja transitabilidad la cual en reiteradas ocasiones la comunidad ha manifestado que esta se encuentra en estado de deterioro. El afluente mencionado, se muestra de gran importancia ya que en su recorrido desde Puerto Asís desemboca al río Amazonas, siendo una de sus fundamentales vertientes, igualmente hace de frontera natural entre Colombia y Ecuador; hacia el sur del corredor también se encuentra el río San Miguel, que alimenta y finaliza en su camino el afluente del primer cuerpo de agua mencionado.

 

Gráfico 1. Localización del corredor Puerto Vega-Teteyé

Fuente. Google Maps, edición propia [4].

 

Actualmente, el corredor se encuentra bajo la adjudicación de tres bloques petroleros, dos en estado de explotación y uno en exploración, como lo indica el gráfico 2. Los bloques son: Nororiente (0172); Suroriente (0157) y PUT 8 (0280). El primero de ellos operado por Ecopetrol S.A. aunque ya en jurisdicción de Puerto Caicedo; el segundo por Vetra Exploración y Producción Colombia y por último PUT 8 que es operado por Amerisur Exploración Colombia [5].

 

Gráfico 2. Bloques petroleros en el corredor Puerto Vega-Teteyé

Fuente. Mapa de áreas ANH [6].

 

Como se evidencia en el gráfico anterior, casi la mitad del territorio putumayense se encuentra adjudicado para trabajos de la industria petrolera. De acuerdo con la base de datos de producción fiscalizada de la ANH, la extracción en los campos que se encuentran dentro de los bloques Nororiente (0172) y Suroriente (0157), registró entre enero y junio de 2020 un total de 385 800 barriles de crudo, esto a pesar de la disminución en los precios ocasionada por dinámicas políticas y económicas en el escenario internacional y la pandemia del Covid-19. El GeoVisor de la Agencia también muestra un área donde se adelanta Sísmica 3D, esta misma se traslapa con la inspección Teteyé y un tramo del corredor vial.

 

Lo expuesto hasta este punto permite obtener una visión más amplia de la importancia en esta zona de Putumayo, no solo por la influencia, oportunidades, acuerdos y desacuerdos que las empresas petroleras traen consigo y los distintos trabajos que realizan allí, sino por los problemas que indirectamente se encuentran ligados a la industria, como por ejemplo el orden público, que se ve alterado por el accionar ilegal de grupos armados no estatales que atentan contra la infraestructura y en muchas ocasiones generan contaminación ambiental irreparable.

 

Contexto: Llegada de grupos armados, cultivos ilícitos y actividad petrolera al corredor Puerto Vega-Teteyé

 

Algunos estudios sobre la región, como el denominado La colonización y las prácticas productivas (…) en Puerto Asís, Putumayo, Corredor Puerto Vega-Teteyé, registran que la llegada de la industria petrolera y la actividad ganadera, se presentó de forma paralela en la década de los 60. Asimismo, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la actividad extractivista arribó hacia 1960, se asentó en Orito y posteriormente se irían expandiendo por todo el Bajo Putumayo incluyendo Puerto Asís. Ya para finales de los 70 y principios de los 80, se registra un incremento en cultivos de coca lo que posteriormente traería el primer Boom cocalero, que a su vez toma fuerza con el auge narcotraficante que atravesaba el país con los distintos carteles, en Putumayo al mando de Gacha [7][8].

 

A partir de ese momento se radican grupos armados no estatales que vieron el narcotráfico como su fuente de financiación, empezando con el M-19, EPL y el Frente 13 (más adelante, frente 32) de las FARC, que se sumarían y recrudecieron un cúmulo de problemáticas en los que quedaría de por medio la población civil. Adicionalmente, en Caquetá tomaba fuerza el Bloque Sur perteneciente también a las FARC y hacia los 90 esta misma organización crearía el Frente 48 ubicándolo en Putumayo con la finalidad de mantener un mayor control de la zona sur del país, especialmente las rutas ilegales disputadas con organizaciones paramilitares y carteles [9].

 

Con el fuerte crecimiento que tomaban las FARC en la región, en principio apoyada por la comunidad debido a su dialéctica en pro de los menos favorecidos, y los narcocultivos como fuente primaria de su financiamiento, los demás grupos armados, como el EPL, se vieron obligados a construir alianzas, posteriormente esta colectividad firmaría su desmovilización con el Gobierno colombiano de 1991. Simultáneamente, la producción agrícola empezaba a perder importancia para los pobladores de la zona debido a que el negocio con el que se nutría la comercialización ilegal de la hoja de coca, al parecer traía mejores dividendos que la siembra y cosecha de productos alimenticios. Previamente, desde 1983, tomaba cabida la coca en cercanías del corredor Puerto Vega-Teteyé, concretamente en la inspección Puerto Vega, donde se dejaron en abandono cultivos de maíz, plátano y también pastos bovinos [10][11].

 

Así, los habitantes de la zona empezaron a ver con cierta “normalidad” la presencia de estos grupos armados no estatales que ayudaban a generar ingresos con mayor facilidad por cosechar la hoja de coca (llamados raspachines). Podría considerarse que la causa de lo anterior fueron las condiciones económicas y sociales del campesinado y población en general, puesto que las actividades legales, como el trabajo con el Estado o compañías petroleras, generaban empleos limitados, como sigue ocurriendo actualmente.

 

Consecuentemente, la década de los 90 fue una constante lucha de poder territorial entre los grupos armados mencionados hasta este punto de la investigación. Con el auge cocalero, Puerto Asís se convirtió en uno de los escenarios principales para el negocio del narcotráfico, de esta manera lo data el ex candidato a la Cámara por Putumayo Franco Albán, pues señala que hacia el 94 Putumayo estaba en el top 3 de las zonas con mayor cantidad de cultivos ilícitos en el país con 15 281 hectáreas sembradas. Sin embargo, dentro de la página del Observatorio de Drogas de Colombia (O.D.C.), como lo muestra el gráfico 3, se facilita información únicamente desde 1999 donde se puede observar que el año que registró mayor cantidad de cultivos de hoja de coca fue el 2000 con 66 022 hec., época en la que se recrudecería la violencia en el territorio putumayense [12].

 

Gráfico 3. Hectáreas de hoja de coca sembradas en Putumayo 1999-2019

Fuente. Elaboración propia con datos del Observatorio de Drogas de Colombia [13].

 

La gráfica permite evidenciar que después de los 90, época marcada por la consolidación de las FARC en el territorio putumayense y el establecimiento del negocio de los cultivos de uso ilícito, el Gobierno colombiano, en cabeza del ex presidente Andrés Pastrana, implementaría una fuerte política de erradicación y fumigación (Plan Colombia) para contrarrestar el crecimiento en la siembra de hoja de coca. Decisión que funcionaría eficientemente hasta los primeros dos años de administración del exmandatario Álvaro Uribe. Con la coyuntura de la lucha antidrogas y el retorno de la actividad minero energética al departamento en el horizonte, las comunidades campesinas e indígenas del corredor deciden asociarse con la finalidad de proteger sus derechos.

 

A principios de 2020, el portal informativo ‘Hacemos Memoria’ compartió una nota concedida por el defensor de Derechos Humanos y entonces presidente de la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo (Acsomayo), Marcos Rivadeneira. En la misma, recordó que Acsomayo fue creada en 2003 con el objetivo de proteger los derechos de las comunidades campesinas, integradas en 48 juntas de acción comunal y 5 pueblos indígenas, quienes en su conjunto suman aproximadamente 20 000 habitantes dentro del corredor Puerto Vega-Teteyé. Dicha asociación busca hacer frente a las presuntas violaciones de acuerdos respecto a la sustitución de cultivos ilícitos y la contundente política antidrogas que se ejecuta en Putumayo, como también el respeto por la tierra y el medioambiente afectado por las petroleras [14].

 

En efecto, la lucha que parecía efectiva contra los grupos armados y las organizaciones afines al narcotráfico, traía consigo una preocupación adicional al corredor y era la presencia de la industria extractiva, que por razones de orden público, mencionadas con anterioridad, habían decidido pausar o ejecutar en menor medida sus trabajos en la zona baja de Putumayo. Si bien esto significaba un impulso económico para las arcas del país, a las comunidades les preocupaba el que se adjudicaran hectáreas de tierras que se traslaparan con territorios ancestrales y campesinos, situación que se vería favorecida indirectamente por los desplazamientos forzados que venían afectando a la población de Puerto Asís, especialmente dentro del corredor.

 

Paralelamente, con la reactivación de la actividad hidrocarburífera, vendrán más amenazas para los líderes sociales presentes en el territorio. Ya no sólo se les clasificaba entre ayudantes de las FARC o cooperar con los paramilitares, sino que se les señalaba de estar a favor de las multinacionales petroleras. En su testimonio para ‘Hacemos Memoria’, Rivadeneira hizo énfasis en los asesinatos de 80 dirigentes, sólo entre 2000 y 2006, de allí que surgiera la necesidad de organizarse como asociación con la finalidad de hacer efectivo su deber a levantar ante las injusticias que se cometían y por supuesto el derecho a ser escuchados [15].

 

Con el inicio del nuevo milenio y la mencionada dinamización en el sector minero energético, mediante el contrato N° 438 de producción incremental de hidrocarburos suscrito entre Ecopetrol y el Consorcio Colombia Energy (donde figura Vetra S.A.S.), estas empresas entrarían con labores de producción en los Bloques Suroriente y Nororiente, ubicados sobre Puerto Asís y la zona veredal del corredor Puerto Vega Teteyé, como se puede denotar en el gráfico 2. Actualmente, en lo que respecta al área de explotación Suroriente, esta consta de 3 campos: Quillacinga, con 9 pozos; Cohembí, 15 pozos (13 productores y 2 inyectores) y Quinde, 3 pozos (2 activos y uno inactivo) [16].

 

Con la sumatoria de preocupaciones que convive la población del corredor, se empezaron a ejecutar movilizaciones pacíficas con la finalidad de ser escuchados y el objetivo de que el Gobierno cumpliera con los diferentes programas de erradicación y sustitución de cultivos, situación que hoy se sigue manifestando en la zona. Además de ello, en 2011 llamaron la atención sobre la contaminación derivada de la existencia de los pozos petroleros que sufrían tres ríos cercanos (San Miguel [frontera con Ecuador], Caño El Diamante y Bajo Lorenzo).

 

No son menos importantes los reclamos de la comunidad hacia la protección que el Estado colombiano le ha brindado a las multinacionales, dejando así una intranquilidad por prácticamente centrar esfuerzos en asegurar los trabajos de exploración y producción, pero siendo muy laxos en la implementación de figuras de protección medio ambiental y de salud poblacional. Como aparece en el Informe final de la Comisión Minero Energética. Análisis del proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de exploración petrolera en el corredor Puerto Vega-Teteyé de 2014, ejemplo de ello fue la consolidación, en 2002, del Batallón Minero Energético N° 11 que aseguraría las labores que se ejecutaban en los pozos presentes dentro del corredor.

 

Por otro lado, dentro del portal web ‘Rutas del Conflicto’, se facilita información sobre tres (3) convenios entre la empresa Vetra Exploración y Producción S.A.S. y el Ministerio de Defensa, uno en 2016, otro en 2017 y uno más en 2018 por montos de 600 millones, los dos primeros y el último por 6 500 millones de pesos. Lo que permite evidenciar que si bien constitucionalmente no es posible que la Fuerza Pública establezca este tipo de contratos con empresas privadas, para ejecutar los mismos se amparan en la figura del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el Protocolo 2 Adicional de los Convenios de Ginebra y el artículo 217 de la Constitución Política colombiana, como muestra en su apartado B uno de estos documentos [17][18].

 

Actualidad del corredor Puerto Vega Teteyé

 

Curdo Transparente pudo conocer, de manera directa, una de las mesas de diálogo virtual entre líderes campesinos del corredor, la Defensoría del Pueblo, la gobernación de Putumayo y representantes del Gobierno Nacional. En la misma, se trató el tema puntual de la sustitución y desarrollo alternativo dentro del corredor, donde los representantes de la comunidad mostraron su inconformismo por la falta de cumplimiento del Estado en cuanto a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) o las iniciativas de proyectos agro rurales que se vienen impulsando dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

 

La comunidad también hizo referencia a los trabajos de empresas petroleras dentro del corredor ya que, según señalaron los líderes, el proceso de reclamantes de tierras no ha podido avanzar de manera fluida, puesto que una de las variables que retrasa estos procedimientos tiene que ver con la existencia de pozos petroleros. Los argumentos radican en que no debe haber predios habitables a una distancia de 5 kilómetros a la redonda de donde se está llevando a cabo la extracción. Situación que viene siendo de difícil trámite para el campesinado que ha pasado solicitudes con el fin de encontrar restitución y titulación de terrenos que fueron objeto de despojo a causa del conflicto armado.

 

Sin embargo, el punto álgido que rodea la problemática de las manifestaciones campesinas e indígenas en la zona del corredor Puerto Vega-Teteyé, son los incumplimientos por parte del Gobierno a las 20 000 familias cultivadoras de coca que se han acogido al PNIS y que han señalado la falta de apersonamiento estatal con la sustitución de cultivos ilícitos. En palabras de una lideresa presente en la mesa de diálogo, manifiesta que la comunidad siempre está presta a las propuestas y pronunciamientos estatales y agotar todos los medios pacíficos para que puedan ser escuchados, pero que resulta complejo ya que “entre más se dialoga, más militarizan el corredor”.

 

Asimismo, mostraron su preocupación por lo que llamaron una “guerra psicológica hacia el campesinado” por la cantidad de fuerza pública que entra a esta zona del departamento y los constantes sobrevuelos de helicópteros en la misma. Se mencionó, además, que pobladores de las veredas Piñuña Blanco y La Alea, decidieron entrar en manifestación pacífica desde el 6 de octubre debido a la erradicación forzada que lleva a cabo la Fuerza Pública, movilización que se extendió por varios días (al momento de la mesa de diálogo, cumplían 10 días de protesta).

 

En lo concerniente a los cumplimientos que se han dado desde el Estado colombiano, los mismos líderes señalaron su descontento por la contrariedad de estar ejecutando programas como la producción de Cachama (pez), pero encontrándose con dificultades para su distribución “no hay garantías de comercialización. Prácticamente queda para el autoconsumo”, aseveró uno de los voceros. Así las cosas, la problemática propende a la transversalidad, ya que son necesarios no sólo los proyectos de sustitución, sino mejoramientos viales que faciliten al campesinado el poder hacer conocer sus productos y contar con un sustento mucho más real. En este punto, la comunidad propuso la creación de un convenio Binacional (Colombia-Ecuador) con el que se puedan aprovechar los proyectos implementados en el ámbito rural.

 

Por su parte, la Consejería para la Estabilización para Putumayo, encabezada por la exgobernadora Sorrel Aroca, informó que para el departamento ya se encuentran aprobados aproximadamente 4 billones de pesos, para la vigencia 2021 que serán destinados a todos las iniciativas PDET y a los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda). De igual manera, la Consejería enseñó un balance de las iniciativas anteriormente mencionadas en Puerto Asís, que buscan fortalecer puntos críticos como la infraestructura y adecuación de tierras, el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo y la reactivación económica y producción agropecuaria.

 

En definitiva, de la mesa de diálogo quedó la disposición por parte del Gobierno en seguir haciendo los acompañamientos para que se de cumplimiento en materia de obras y proyectos para la sustitución y los trabajos complementarios que ayuden a dinamizar la economía campesina de la región; sin embargo, desde la institucionalidad se hizo un vehemente llamado a las organizaciones presentes para que la sustitución se lleve a cabo sin tantas objeciones por parte del campesinado. En consecuencia, los líderes reiteraron que es difícil cuando el campesino le pierde interés a las promesas gubernamentales, señalando que en más de 50 años estos cultivos son los que han brindado el sustento a sus familias, esto derivado de los incumplimientos ya mencionados.

 

Conclusiones

 

Los dilemas alrededor de los trabajos que ejerce la industria petrolera siguen estando presentes en el diario vivir de los pobladores campesinos e indígenas. Actualmente, se encuentran en producción dos bloques como son el caso de Suroriente y Nororiente, pertenecientes a Ecopetrol en trabajo conjunto con Vetra, donde los reclamos han ido desde el desconocimiento de poblaciones indígenas en la zona, hasta contaminación de fuentes hídricas; sin embargo, algunos voceros de la comunidad como en su momento Marcos Rivadeneira, entienden que en ocasiones la culpa no la tienen las empresas allí instaladas, sino el Estado, puesto que el contrato se hace con este.

 

Adicionalmente, las problemáticas sociales que se manejan dentro del corredor son tan antiguas como el mismo conflicto armado interno que por más de 50 años afectó y sigue afectando al Bajo Putumayo. Puerto Vega-teteyé no es la excepción de la conflictividad, las disputas por la tierra, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico por la que se enfrentan grupos armados no estatales y que continúa igual de vigente, donde los últimos cinco años la siembra de coca no ha descendido de las 20 000 hectáreas registradas para Putumayo con Puerto Asís como el municipio con más cultivos de este tipo, cerca del 28 % del total departamental sólo en 2019.

 

Por otro lado, la condición fronteriza con la que cuenta Putumayo y en especial el corredor Puerto Vega-Teteyé debería ser argumento suficiente para que no sea visto como un sitio en el que hay cultivos de coca y bandas criminales al cual consecuentemente hay que militarizar. Se ha demostrado que con el apoyo a los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, como es la pimienta putumayense, llevan al reconocimiento del departamento como buen ejecutante de estas iniciativas. Si bien son procesos que toman tiempo, también es cierto que dan excelentes resultados. De acuerdo a una nota de Semana Sostenible, hoy la pimienta de Putumayo se perfila como una de las mejores a nivel nacional e incluso internacional, abasteciendo restaurantes reconocidos en el país como Creppes & Waffles y siendo muy bien calificada por especialistas extranjeros.

 

Así las cosas, se hace urgente el llamado a las autoridades del orden nacional para que no solo se reconozcan los avances agrarios como el de la pimienta; en los criaderos de cachama o cerdo, las siembras de arazá, cocona, arroz o chilacuán, también hay una potencial dinamización de la economía local la cual debe seguir siendo impulsada por los programas Pdet, Pisda y financiados por los OCAD existentes, como los municipales, el departamental o el concerniente a fortalecer la Paz en los territorios más afectados por la violencia armada.

 

No menos importante debe ser la preocupación de la comunidad por los trabajos alrededor de la exploración y extracción de crudo y el conocer la existencia de documentos donde pareciera que se da protección exclusiva a la industria, mientras que la comunidad aledaña sigue en medio de los intereses del negocio ilícito de cultivos de coca. Pero también porque aumenta los riesgos de ataques por parte de los grupos no estatales violentos que buscan implantar un control en el territorio y terminan enfrentándose a la Fuerza Pública.

 

Resulta primordial que desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería Presidencial para Estabilización y Consolidación y demás entidades gubernamentales creadas para fortalecer la paz en los territorios, continúen firmes sus esfuerzos por lograr que los proyectos dirigidos a este fin sigan llegando a buen puerto con las garantías adecuadas para que el campesinado deje definitivamente la siembra ilegal. Aun así, es necesario que desde la centralidad se deje de estigmatizar y señalar a la población como auspiciadora de las economías ilícitas, siendo que al no encontrar cumplimientos en el Estado, optan por este erróneo camino.

 

Referencias

 

1. Centro Nacional de Memoria Histórica (2014). Conflicto armado y narcotráfico. Caso: El Placer-Putumayo. Recuperado de: http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/CatedraBY/presentaciones/Sesion-6/ConflictoArmadoNarcotrafico.pdf
2. José Ricardo Castro Hurtado (2014). La colonización y las prácticas productivas: una reconfiguración del territorio de los campesinos colonos en Puerto Asís Putumayo, Corredor Puerto Vega-Teteyé. Recuperado de: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/17162/CastroHurtadoJoseRicardo2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Fundación Paz & Reconciliación (PARES 2016). Resultados Electorales del Plebiscito por la Paz. Recuperado de: https://pares.com.co/2016/10/03/mapa-plebiscito/
4. Google Maps.
5. Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Mapa de Áreas (Mapa de Tierras). Recuperado de: https://www.anh.gov.co/hidrocarburos/oportunidades-disponibles/mapa-de-tierras
6.  Ibíd.
7. José Ricardo Castro Hurtado (2014). La colonización y las prácticas productivas: una reconfiguración del territorio de los campesinos colonos en Puerto Asís Putumayo, Corredor Puerto Vega-Teteyé. Recuperado de: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/17162/CastroHurtadoJoseRicardo2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8. Centro Nacional de Memoria Histórica (2014). Conflicto armado y narcotráfico. Caso: El Placer-Putumayo. Recuperado de: http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/CatedraBY/presentaciones/Sesion-6/ConflictoArmadoNarcotrafico.pdf
9. Fundación Ideas para la Paz (FIP). Conflicto armado en Caquetá y Putumayo y su Impacto Humanitario. Recuperado de: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5445281ad0a0f.pdf
10. Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Petróleo, coca, despojo territorial y organizaciones sociales en Putumayo. Recuperado de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2016/petroleo/petroleo-coca-despojo-territorial.pdf
11. José Ricardo Castro Hurtado (2014). La colonización y las prácticas productivas: una reconfiguración del territorio de los campesinos colonos en Puerto Asís Putumayo, Corredor Puerto Vega-Teteyé. Recuperado de: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/17162/CastroHurtadoJoseRicardo2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
12. Observatorio de Drogas de Colombia (O.D.C.). Cultivos Ilícitos (coca) 1999-2019. Recuperado de: http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio
13.  Ibíd.
14. Hacemos Memoria (2020). “En el país hablar de derechos humanos es delito”: Marco Rivadeneira. Recuperado de: http://hacemosmemoria.org/2020/03/23/en-el-pais-hablar-de-derechos-humanos-es-delito-marcos-rivadeneira/
15.  Ibíd.
16. Corte Constitucional (2018). Sentencia N° SU-123/18. Recuperado de: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/sent-su-123-18.pdf
17. Rutas del Conflicto. Convenios de Fuerza y Justicia. Recuperado de: http://rutasdelconflicto.com/convenios-fuerza-justicia/node/346#:~:text=Vetra%20Exploraci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20S.A.S.%20se%20dedica%20a%20explorar%20y,Gruber%20y%20Humberto%20Calder%C3%B3n%20Berti.
18. Rutas del Conflicto. Convenios de Fuerza y Justicia. Convenio 17-033. Recuperado de: http://rutasdelconflicto.com/convenios-fuerza-justicia/node/197