El Pulso Petrolero de Crudo Transparente, mide mes a mes la conflictividad social, armada y ambiental asociada a la industria petrolera en Colombia

 

 

En los primeros días de febrero la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, inauguró en Tolima tres plantas solares. Estas instalaciones solares son de 37MWP, que generará energía suficiente para dar suministros eléctricos a 4 000 hogares, con un ahorro de 26 0000 toneladas de CO2 al año. La empresa encargada de la construcción fue Grenergy, la cual es una productora independiente que tiene operación en España, Italia, Alemania, Estados Unidos, entre otros países. Según información de la compañía, estas tres plantadas hacen parte de un paquete de seis plantas en Tolima y se proyecta iniciar una inversión en Barranquilla y Cartagena. 

 

 

Dentro de las categorías del Pulso Petrolero, en medio ambiente se registró un afloramiento de crudo, en Barrancabermeja, Santander. Vale la pena mencionar que según denuncias e información de ambientalistas y líderes comunales, el proyecto a cargo de las empresas Cenil y Morelco (bajo la supervisión de Ecopetrol), no contaba con los parámetros para evitar esta clase de sucesos. La Corporación Ambiental Regional de Santander (CAS), solicitó suspender el proyecto por la gravedad de la contaminación. 

 

 

En la categoría de conflictividad social se presentaron protestas y bloqueos de vías en los departamentos de Casanare, Boyacá y Meta. Las jornadas de protestas en Meta en contra de las empresas Ecopetrol, Frontera Energy, Hocol, Tectrol y Cepsa, completaron ocho días en febrero, y los manifestantes denunciaron presuntos incumplimientos en la pavimentación de las vías de acceso a esta zona. Según señaló la estatal petrolera colombiana, tras los bloqueos se suspendieron 100 órdenes de trabajo de las empresas contratistas, lo que afectó 4 000 empleos. 

 

 

En las protestas relacionadas de Monterrey, Casanare, la Unión Sindical Obrera del Petróleo, USO, denunció que Ismocol contrató a trabajadores fuera del área de influencia del municipio. Según información del sindicato, la contratista en mención vinculó personal foráneo de Monterrey para las actividades de la estación Porvenir, la cual es operada por la empresa Oleoducto Central S.A. (Ocensa).  El sindicato aseguró que no se le brindó oportunidades laborales, como lo dicta la ley, a los soldadores y personal especializado que residen en la zona.

 

 

Para finalizar, dentro de la categoría de orden público e ilegalidad se notificaron, ataques a infraestructura petrolera, refinerías ilegales, amenazas a empresas petroleras, instalación de válvulas ilícitas y operaciones para la incautación de crudo de contrabando en los departamentos de Arauca, Nariño, Norte de Santander y Tolima. Los hostigamientos registrados en febrero fueron en el mismo oleoducto, Caño Limón Coveñas, y se presentaron en la misma zona rural de Saravena, El Consuelo. 

 

 

Con respecto a la válvula ilícita instalada en el oleoducto Trasandino en Ricaurte, Nariño, medios de comunicación nacional y local confirmaron que tras la instalación se generó un desastre ambiental, dado el derrame de crudo.  Ecopetrol atendió la emergencia por medio de un plan de contingencia ya que alrededor de 15 familias se han visto afectadas. 

 

 

Para finalizar, en el mes pasado se incautaron 500 galones de gasolina en Tumaco, Nariño. Sin embargo, según información emitida por el Ejército Nacional en febrero se desplegaron en el departamento 10 operaciones para buscar miles de barriles de crudo hurtado y que se ha procesado en refinerías ilegales. La Fuerza Pública ha detectado 170 000 galones de combustible, destinados para el procesamiento de pasta de base de coca, y 142 495 galones de petróleo de las disidencias de las FARC.  

 

 

El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente.

 

 

Medio ambiente

 

 

 

 

Afloramiento de crudo

 

 

En la vereda la Fortuna, Barrancabermeja, Santander, en inmediaciones del campo de producción Lisama de Ecopetrol se generó un afloramiento de crudo que se mezcló con agua en unas obras de construcción. Según denuncias de ambientalistas y líderes comunales de la vereda La Fortuna, la presunta indebida descontaminación en una excavación de la variante del poliducto en Galán-Chimita, ocasionó el accidente. 

 

 

Además, agregaron que el proyecto no contó con los parámetros suficientes para evitar esos tipos de sucesos. Por ese motivo la Corporación Ambiental Regional de Santander (CAS) solicitó suspender el proyecto por la grave contaminación. Las empresas involucradas en la obra y la contaminación son Cenil y Morelco. 

 

 

Conflictividad social 

 

 

 

Bloqueo de vías 

 

En la vereda Rubiales, Puerto Gaitán, Meta, la comunidad bloqueó la vía que conduce al municipio. A pesar de haberse levantado el bloqueo, las manifestaciones sociales fueron producto del inconformismo social y laboral por parte de las comunidades y trabajadores hacia las  compañías Ecopetrol, Frontera, Hocol, Tecpetrol y Cepsa.

 

 

Luego de ocho días de bloqueos, se logró un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las comunidades para terminar con las manifestaciones.  En el acuerdo se estableció que se otorgarán las garantías para la no judicialización y no estigmatización a los voceros y representantes de las comunidades que estaban participando en las protestas en esta región del país.

 

 

Vale la pena mencionar que las manifestaciones negaron el paso de víveres y alimentos dentro del municipio; además, por los bloqueos se restringió el paso de combustible necesario para el funcionamiento continuo de las operaciones de las empresas. Este suceso también afectó a las cargas  de las refinerías de Cartagena (Bolívar) y Barrancabermeja (Santander) que ponía en riesgo el suministro de combustibles líquidos en Colombia y otros países donde se exporta petróleo.

 

Protestas

 

 

En Monterrey, Casanare, se presentó una protesta en contra de Ismocol (compañía especializada en la Construcción de Oleoductos, Gasoductos, Montajes de Facilidades y Servicios Petroleros). Según información de la USO, los trabajadores se manifestaron porque la compañía contrató a una operadora de Ocensa para el montaje de una estructura de la estación.

 

 

El sindicato agregó que no se contrataron personal de Monterrey y por el contrario se vinculó personal por fuera del área de influencia. De tal manera, los soldadores de la zona entraron en una jornada de protesta, apoyado por  “paileros” (personal que se especializa en armar estructuras de almacenamiento como pueden ser tanques, ductos, silos, caldera o tubería),  empresarios y personal de actividades bienes y servicios.

 

Por último, en Cubará, Boyacá, se presentó una protesta por parte de la comunidad indigena de los U’wa en contra de Ecopetrol y por la supuesta ausencia del Gobierno en su territorio. Las comunidades denunciaron que la exploración y explotación de la petrolera por años ha sacado de su territorio hidrocarburos y metales preciosos del pozo profundo del bloque Gibraltar, del bloque Catleya y el bloque Sirirí. Según manifiestan los U’wa las actividades anteriores representan un riesgo inminente de extinción total de su cultura y patrimonio. 

 

 

Orden público e ilegalidad 

 

 

Hostigamiento o ataque a infraestructura petrolera

 

 

En Piedras, Tolima, la empresa Hocol evidenció que personas ajenas a sus operaciones manipularon y perforaron tuberías conectadas a un pozo productor de crudo en el Campo Toqui Toqui. Tras el suceso, la compañía activó el plan de contingencia para controlar la situación y evitar cualquier afectación a las personas y el medio ambiente. 

 

 

Por otro lado, durante febrero en Arauca se presentó tres ataques en contra del oleoducto Caño Limón Coveñas:

 

 

En los primeros días del mes en mención se registró el primer ataque en el tramo Banadía-Samoré en la vereda El Consuelo, Saravena. Cenit, filial de Ecopetrol, hizo un llamado a la comunidad para que se abstenga de acercarse al sitio. Vale la pena mencionar que este ataque sucede en medio de las amenazas del ELN a las multinacionales petroleras, Parex y SierraCol Energy.

 

 

Después, en la misma vereda, El Consuelo, grupos armados no estatales habrían atacado a militares que custodiaban el oleoducto Caño Limón Coveñas. En el incidente no salieron personas lesionadas; sin embargo, se generó una fuerte conflagración. 

 

 

Finalizando el mes, se presentó un nuevo atentado en la zona rural de Saravena que causó una caída súbita de presión. La compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Desastre de Saravena sobre esta situación para activar el plan de contingencia. El ataque fue en el mismo tramo: Banadía – Samoré. 

 

Refinerías ilegales

 

 

En Tibú, Norte de Santander, el Ejército Nacional desmanteló cinco refinerías ilegales, donde se procesaba un aproximado de 30 mil galones de crudo hurtado procedente del   oleoducto Caño Limón Coveñas. En la operación fueron halladas seis piscinas de almacenamiento de crudo, 36 recipientes en forma de cubo, siete motobombas, una planta eléctrica, 500 metros de manguera de cuatro pulgadas, 800 metros de manguera de dos pulgadas y diferentes materiales empleados para conectar las refinerías.

 

 

Por otro lado, en Arauquita, Arauca, se logró la ubicación y desmantelamiento por parte del Ejército Nacional, de una refinería clandestina del  ELN la cual operaba en la zona fronteriza con Venezuela. El complejo clandestino de hidrocarburos sería frente Domingo Laín Sáenz 

 

 

En el lugar se encontraron cinco piscinas de almacenamiento de crudo, cuatro estructuras para el refinamiento, un canal de almacenamiento, un canal de enfriamiento, 2 500 metros de manguera, 120 metros de tubo galvanizado de una pulgada, un tanque plástico con capacidad para 20000 galones, 28 canecas metálicas y 171 000 galones de crudo sin refinar.

 

 

Por último, en la  zona rural cercana a la vía Pasto-Tumaco, Nariño, la Policía de Carabineros, detectó  una estructura ilegal de las disidencias de las FARC. Según información de la Policía del Nariño, en las últimas semanas se han destruido 32 piscinas de refinamientos artesanales, 38 tanques elevados (“marcianos”), 10 válvulas ilícitas y se han incautado 38 000 galones de crudo.

Amenaza  a empresas o personal

 

 

En Arauca, tras las amenazas del  ELN en enero, a los empleados y contratistas de las empresa petroleras Parex  Resources Colombia AG Sucursal,  la Asociación Colombiana de GLP (Gasnova), lanzó una alerta, en febrero,  en la cual confirmó que se hicieron amenazas en contra de sus trabajadores por parte de este grupo armado no estatal. 

 

 

La compañía, que produce gas licuado del petróleo (Cilindros o gas GLP) en el campo Capachos, afirmó que estas amedrentaciones impactan las operaciones de la demanda de gas, dado que este campo abastece el 80 % de los hidrocarburos para Arauca.   También, confirmaron que al pararse estas operaciones, las distribuidoras tendrían que abastecerse en los campos Cusiana y Cupiagua (Casanare), con un correspondiente sobrecostos. 

 

 

Instalación de válvulas clandestinas

 

 

En Ricaurte, Nariño, se registró una emergencia por la ruptura y el derrame de crudo del oleoducto Trasandino. Al parecer, la ruptura del oleoducto ocurrió cuando las disidencias de las FARC, trataron de instalar una válvula con el fin de hurtar el hidrocarburo. 

 

 

Se estima que al menos una hectárea resultó contaminada con el hidrocarburo, dañando cultivos esenciales para la cotidianidad de las comunidades. También se afectó  las fuentes hídricas que alimentan al Río Güiza, afluente del Río Mira, que es la fuente de abastecimiento de los acueductos de los mucoso del Pacifico de Nariño.

 

 

En el último día del mes, en Tumaco, de nuevo se presentó una emergencia en el oleoducto Trasandino por la manipulación de una válvula ilegal. El incidente anterior, ocasionó un incendio que alcanzó  a quemar  dos viviendas de la zona. 

 

 

Contrabando de crudo y sus derivados

 

 

En Tumaco, Nariño, la Armada de Colombia incautó más de 500 galones de gasolina durante el desarrollo de una operación de control y seguridad fluvial adelantada en la bahía. Según información de la Armada, el material incautado era transportado a bordo de una embarcación sin los permisos respectivos y tratamiento adecuado para este producto.