El Pulso Petrolero de Crudo Transparente, mide mes a mes la conflictividad social, armada y ambiental asociada a la industria petrolera en Colombia
En septiembre continuó el debate sobre la nueva reforma tributaria del recién gobierno posicionado. Los principales acuerdos fueron el aumento a los impuestos saludables, al sistema financiero, al patrimonio, a los hidrocarburos, entre otros. Con respecto al último sector, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que se les amplió el precio con respecto a las importaciones y se mantendrá el beneficio de deducir a las regalías en el impuesto de renta.
Vale la pena mencionar que a finales de septiembre se aprobó en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el proyecto de ley sobre el Acuerdo de Escazú. Con 14 votos a favor y tres en contra, el proyecto se votará en plenaria en octubre, después se hará la conciliación del texto entre los dos proyectos de ley (Senado y Cámara), antes de pasar a sanción presidencial. El Acuerdo fue firmado por 25 naciones de la región durante los años 2018 y 2019 y en total, 13 países lo han ratificado; Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Panamá y Uruguay.
Con respecto a las categorías del Pulso Petrolero, en septiembre se presentaron los siguientes sucesos. En medio ambiente se notificó contaminación a fuentes hídricas en los departamentos de Santander y Valle del Cauca. Para el caso de Santander, en Barrancabermeja, al parecer Ecopetrol sería el responsable del taponamiento de dos humedales en el corregimiento El Llanito y se podría considerar un delito ambiental. El proceso de denuncia, por la Corporación San Silvestre Green, inició desde septiembre del 2020 y se ha solicitado intervención de la Corporación Autónoma Regional de Santander.
Cambiando de categoría en conflictividad social se notificaron dos protestas y una huelga en Bolívar, Cundinamarca y Santander. En septiembre La Unión Sindical Obrera, USO, se declaró en asamblea permanente tras el asesinato del líder y dirigente de la subdirectiva, Sibares Lamprea Vargas. Asimismo, para ese día los trabajadores realizaron una protesta a las afueras de refinería para pedir garantías para el libre ejercicio sindical.
Por último, con respecto a orden público e ilegalidad se registraron instalación de válvulas ilícitas, homicidio a un líder sindical y ambiental e incautación de contrabando de hidrocarburo y refinerías ilegales en los departamentos de Córdoba, Chocó, Norte de Santander, Nariño y Santander.
En el mes anterior, las autoridades de Santander informaron acerca de un panfleto que circuló en Puerto Wilches, amenazando a doce personas entre ellos a un líder ambiental, a un ex alcalde y a un periodista. En el último informe de Derechos Humanos de 2021 se pudo demostrar que en el departamento se ha ido acrecentando el miedo y la incertidumbre por parte de los líderes sociales y ambientales, más aquellos que se oponen a los proyectos de fracking y los licenciamientos a la explotación de carbón.
Para finalizar, en el mes en mención se decomisaron 2005 galones entre gasolina y ACPM en Chocó y Córdoba. El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente.
A continuación, se muestra en detalle los sucesos del mes.
MEDIO AMBIENTE
Contaminación de fuente hídricas
En el Llanito, Barrancabermeja, Santander, se denunció la contaminación de fuentes hídricas por el taponamiento de dos humedales que presuntamente habría sido provocado por Ecopetrol y sus operaciones en los pozos 79A y 80, los cuales no cuentan con los permisos ambientales requeridos por la ley.
Según Ecopetrol, la empresa si cuenta con los permisos ambientales para realizar las actividades de explotación en dicha zona; sin embargo, La Corporación Autónoma de Santander, autoridad ambiental competente, indicó que Ecopetrol ha taponado los humedales con material de arrastre de río con el fin de realizar explotación de hidrocarburos en una zona prohibida. La ley estipula que estas actividades se deben realizar a más de 200 metros de la ronda hídrica y la petrolera las estaba realizando a 18 metros.
Por otro lado, en Buenaventura, Valle del Cauca, un barco de pesca proveniente de Venezuela y cargado con unos 40 000 galones de combustible, se incendió y se hundió. Lo anterior, provocó que se esparcieran 5 % de los galones cargados de la embarcación.
El director de la Oficina Coordinadora para la Prevención y Atención de Desastres, Arbington López, informó que en un sobrevuelo realizado sobre la bahía de la ciudad, se identificó una estela de combustible de aproximadamente 30 metros de ancho por 20 kilómetros de largo. El incidente fue notificado a la comunidad con el fin de evitar nuevos incendios y la intoxicación de los habitantes.
CONFLICTIVIDAD SOCIAL
Protesta
En Ubalá, Cundinamarca, se presentó una protesta por parte de campesinos quienes exigían el arreglo de las vías que estarían siendo deterioradas gravemente por el continuo paso de vehículos pesados de las empresas Enel Colombia y Ecopetrol.
Los manifestantes buscaban llamar la atención sobre esta problemática ya que según ellos, las empresas no se preocupan por reparar los daños derivados de su actividad y son los dineros públicos los que finalmente se emplean para el arreglo de las vías.
Si bien los bloqueos se extendieron por varios días, cabe mencionar que los manifestantes llegaron a un acuerdo con el Gobierno Nacional lo cual permitió que la hidroeléctrica El Guavio recibiera el mantenimiento adecuado para su normal actividad.
Por su parte, en la zona del mamonal, Cartagena, Bolívar, diversos trabajadores y habitantes del sector se manifestaron exigiendo que la Refinería de Cartagena S.A.S. y demás compañías del sector cumplieran con los requisitos de contratación de mano de obra local. Los manifestantes expresaron que se sienten degradados y estigmatizados por parte de estas empresas que contratan a muchos habitantes de Barrancabermeja, Santander, por encima de trabajadores de Cartagena.
Finalmente el presidente de la Asociación de Trabajadores de Policarpa, Asotrapol, manifestó que los bloqueos fueron levantados debido a que se llegó a un acuerdo con la presidencia de Ecopetrol. De tal manera, el compromiso entre las partes fue crear una mesa de diálogo en la cual participarán la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Alcaldía menor, ministerio del Trabajo y Personería.
Huelga o cese de actividades
En Barrancabermeja, Santander, debido al asesinato de Sibares Lamprea, líder y secretario de Asuntos Administrativos de la Unión Sindical Obrera, USO, miembros del grupo sindical llevaron a cabo una huelga de 60 horas con el fin de exigir justicia y una investigación rigurosa en este caso. Adicionalmente, se declaró una semana de duelo.
ORDEN PÚBLICO E ILEGALIDAD
Instalación de válvulas ilícitas
En Tibú, Norte de Santander, el Ejército Nacional ubicó y desmanteló dos válvulas ilícitas mediante las cuales se hurtaba crudo del oleoducto Caño Limón Coveñas.
Además, se destruyó un complejo que incluía una piscina ilegal que era empleada para el procesamiento ilegal de hidrocarburos y que presuntamente pertenecería a las disidencias del Frente 33 de las extintas Farc.
Secuestro u homicidio de líder social
En Barrancabermeja, Santander, Sibares Lamprea López, líder y secretario de Asuntos Administrativos de la USO, fue asesinado el 12 de septiembre. Lamprea era contratista e integrante de la Asociación de Guardas de Seguridad de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.
Ecopetrol repudió el asesinato e hizo un llamado a las autoridades a esclarecer los hechos y judicializar a los responsables. Por su parte, la USO emitió un comunicado en el cual condenan los hechos y enmarcan el homicidio de Lamprea en medio un genocidio que ha padecido el sindicato y que le ha costado la vida a más de 100 dirigentes sindicales de la organización.
Pedro Bonilla, comandante Operativo y de Seguridad Ciudadana de la Policía del Magdalena Medio, indicó que para atender esta situación se conformó un grupo de investigadores especializados del cuerpo élite de la Seccional de Investigación Criminal, la Seccional de Inteligencia y un grupo de Derechos Humanos en coordinación con la Fiscalía General, quienes estarán encargados de adelantar todas las acciones correspondientes para esclarecer este hecho.
Amenaza a líder social
En Puerto Wilches, Santander, se denunció la circulación de un panfleto que declara como objetivo militar a nueve habitantes del municipio. Esta es la segunda amenaza colectiva que se registra en menos de veinte días en el municipio, ya que anteriormente circuló otro panfleto en el cual se realizaban amenazas en contra de líderes sindicales, ambientales, periodistas e incluso un ex alcalde del municipio.
Según medios de comunicación nacional y registro de la Policía en el 2022 se han notificado 19 asesinatos en el municipio de Puerto Wilches. Este aumento se ha ido acrecentando en los últimos tres años dado que en el 2020 se registraron 12 de estos homicidios y en el 2021 se presentaron 13.
Amenaza a empresas o personal
En Barrancabermeja, Santander, se registró un ataque en contra de Jhon Carlos Arias, trabajador de la empresa Braserv, filial de Ecopetrol, quien después de ser herido por un arma de fuego fue dirigido a una clínica de la ciudad.
Arias se desempeña en actividades de mantenimiento en el pozo 122 de Ecopetrol. La petrolera rechazó lo ocurrido y mostró su preocupación por las afectaciones hacía los derechos humanos de sus trabajadores.
Refinerías ilegales
En la vereda La Guayacana, Tumaco, Nariño, las fuerzas militares destruyeron una mega refinería ilegal que contaba con 60 piscinas para el almacenamiento de hidrocarburos. Igualmente, se incautaron 81 479 galones de combustible refinado y 1 686 580 galones de hidrocarburo tipo crudo.
En el lugar procesaban distintos tipos de materia prima, como el combustible, con el que abastecían máquinas que son utilizadas en la minería ilegal y como insumo para la producción de pasta base de coca.
Contrabando de crudo
En la vereda La Loma, Río Quito, Chocó, la fuerza aérea en coordinación con el Ejército, La Armada, la Policía Nacional y las autoridades ambientales, lograron incautar 2 000 galones de ACPM y destruir maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros.
Según información de la Fuerza Pública el combustible y la maquinaría están avaluados en $6 600000000.
Por otro lado, en zona rural de Ayapel, Córdoba, la policía nacional incautó 5 galones de ACPM y dos motobombas que estaban siendo utilizadas para la explotación ilegal de oro.
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