Columna de Opinión Nacional
La paz total y el Acuerdo de Escazú: el diálogo como estrategia
Sergio Córdoba, economista investigador de Crudo Transparente
El Gobierno liderado por Gustavo Petro tiene dentro de sus líneas de acción la conservación ambiental y el desescalamiento de la violencia en el país. Para tal fin se han comenzado a adoptar una serie de medidas enfocadas en generar un diálogo nacional tanto con los grupos armados ilegales como con las comunidades de las regiones más impactadas por la violencia con el propósito de construir acuerdos que permitan el desescalamiento del conflicto armado.
Durante su campaña, el presidente Petro había confirmado su voluntad de implementar de manera efectiva los Acuerdos de Paz con las FARC y ha propuesto una estrategia enfocada en construir una mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, en la que la Iglesia Católica se ha mostrado interesada en participar. Con las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y demás grupos armados creados con fines de narcotráfico se propone una estrategia de sometimiento a la justicia. Este planteamiento busca poner fin a las décadas de violencia que ha vivido el país a través de lo que se ha denominado un ‘Pacto por la Paz Total’.
Adicionalmente, la plenaria del Senado recién posesionado, liderado por la bancada de Gobierno, aprobó en segundo debate el Acuerdo de Escazú. Teniendo en cuenta que, de acuerdo al reporte de Global Witness, Colombia es el país con mayor cantidad de líderes ambientales asesinados, así como la cantidad de conflictos ambientales que surgen en el país, es necesario implementar nuevas estrategias que protejan a los líderes ambientales y fomenten la participación ciudadana en defensa de sus territorios.
El pasado 20 de agosto, fecha en la cual la actual administración decidió inaugurar el Puesto de Mando Unificado por la vida (PMU) en el departamento del Cauca, con el fin de proteger a la comunidad de la violencia, especialmente a líderes sociales, ambientales y firmantes de la paz. Esto se ha interpretado como uno de los primeros pasos que da el país hacia el desescalamiento del conflicto, la defensa de los Derechos Humanos y la implementación del Acuerdo de Escazú, pese a que éste aún no ha sido ratificado por el Congreso.
Este cambio de postura del Gobierno Petro ha despertado mucha esperanza en las regiones olvidadas históricamente, las cuales se sienten por primera vez tenidas en cuenta en la toma de decisiones del Estado. Iván Duque deja unos Acuerdos sin cumplir, con una tendencia creciente de masacres y asesinatos a líderes sociales, además de basarse en un enfoque militar y penal hacia el campesinado como política para la conservación ambiental. La operación Artemisa, estrategia militar que buscaba combatir la deforestación en los parques nacionales naturales, generó indignación entre los campesinos, quienes fueron tratados como criminales por el Estado, el cual hizo presencia con las fuerzas armadas mas no con soluciones para los campesinos que históricamente vivían en esos territorios.
La llegada de funcionarios del alto gobierno a una región olvidada y azotada por la violencia como el Cauca es una manifestación de un nuevo tratamiento al conflicto armado que vive el país, en el cual las comunidades tendrán un papel clave para la toma de decisiones en sus territorios. Darle el poder a las comunidades sobre sus tierras es comenzar a saldar esa deuda histórica que el Estado colombiano tiene con la Colombia Profunda.
NOTICIAS
La alternativa para mitigar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles
El martes 16 de agosto en el debate de control político de la Comisión Tercera del Senado, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se refirió sobre los precios del combustible y el manejo de Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC). Durante el discurso mencionó que una de las opciones para evitar que incremente la deuda sería subir el precio de la gasolina.
El FEPC fue creado en el 2007 con el fin de brindarle un precio estable a los combustibles. Este fondo le paga a los productores e importadores, las diferencias de valores cuando hay volatilidad en los precios internacionales del petróleo que los Colombianos no asuman los costos.
El fondo ha acumulado un déficit acelerado en estos últimos seis meses por el incremento en los precios, el cual ha sido asumido con presupuesto del Estado y de la Ecopetrol. La situación ha puesto en riesgo que siga en funcionamiento. Ocampo estima que para el cierre del 2022, el FEPC puede llegar a un déficit de 37 billones de pesos.
Con la reforma tributaria planteada, se espera que para el 2023 el Fondo reduciría su déficit a 28 billones. Vale mencionar que eliminar el FEPC sería contraproducente para los hogares colombianos, asegura el Ministro.
¿Cómo va el caso de corrupción de Reficar?
La Fiscalía General de la Nación logró demostrar la responsabilidad de los ex presidentes de la Refinería de Cartagena, Orlando José Cabrales y Felipe Castilla por el escándalo de corrupción conocido como el caso Reficar. Vale la pena mencionar que la modernización y ampliación de esta refinería superó los 95 millones de pesos.
La entidad de la rama judicial demostró en más de cuatro años la responsabilidad de los ex directivos en los millonarios hechos de corrupción que fueron advertidos por la Contraloría en un monto superior a lo que se estableció dentro de la investigación. Los implicados recibieron una condena de cinco años y cuatro meses de prisión.
El fallo en contra de los ex directivos se dio en mayo del 2022 y desde ese momento, los abogados defensores emprendieron en la defensa de Cabrales y Castillo. Sin embargo, el juez negó la solicitud realizada y finalmente presentó la orden de captura que los deshabilitó para ejercer cargos públicos.
A pesar de que la sentencia es la misma para los exfuncionarios de Reficar, Cabrales recibirá detención domiciliaria por razones de salud, mientras que Castilla cumplirá su sentencia en un centro de reclusión.
Fuente: Semana. ¿A cuántos años condenaron a los exdirectivos de Reficar por corrupción?. 18/08/2022
Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, analiza la reforma tributaria del gobierno Petro y sus implicaciones para el sector de hidrocarburos
Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP, expresó que numerosos proyectos de hidrocarburos se verían afectados por la reforma tributaria planteada por el gobierno de Gustavo Petro. En concordancia con los lineamientos internacionales, Petro busca reducir las emisiones de carbono y para esto gravaría la exportación de esos productos con un porcentaje mayor de impuestos, el cual equivale al 10 % del exceso sobre un precio base.
Si bien diversas figuras del sector de hidrocarburos están de acuerdo con la importancia que tiene una transición energética para el país, son diversos los argumentos que se han emitido y que tienen como objetivo velar por los 180 proyectos de hidrocarburos que actualmente abastecen al país en materia energética.
Por otro lado, Lloreda ha asegurado que frenar la exploración termina por desincentivar proyectos que hoy en día son importantes para la competitividad del país. Debido a la carga fiscal que la reforma tributaria impondría sobre los proyectos, estos dejarían de ser atractivos y serían abandonados, esto repercutiría directamente en los precios de diferentes productos y en las facturas del servicio de gas domiciliario.
A pesar de que la nueva ministra de minas y energía, Irene Vélez Torres, ha indicado que los proyectos previos a la elección de Gustavo Petro no serán suspendidos, el sector extractivo y sus dirigentes como Lloreda, siguen enfatizando en la relevancia de lo macroeconómico, lo fiscal y lo productivo en el marco de una reforma tributaria y una transición energética responsable.
Venezuela saldaría enorme deuda de gas con Colombia
La deuda, en términos de pies cúbicos de gas, que Venezuela tiene desde hace 7 años con Colombia podría ser finalmente saldada gracias al mejor ambiente diplomático que trajo consigo la elección de Gustavo Petro como presidente. La designación, por parte de Colombia, de una misión diplomática en el vecino país busca restablecer las buenas relaciones políticas y esto evidentemente contribuye a que deudas o proyectos del pasado se puedan saldar o completar.
Las tensas, y posteriormente inexistentes, relaciones entre los dos países no permitieron que Venezuela retornara el gas que durante 2008 y 2015 Colombia le había enviado mediante el gasoducto Antonio Ricaurte que conecta a Punta Ballenas en La Guajira colombiana con la costa oriental el Lago de Maracaibo en Venezuela.
Según analistas del sector gasífero en Colombia, la seguridad del abastecimiento de gas para uso comercial e industrial en el país se robustecerá cuando Venezuela finiquite su deuda.
Ante esta posibilidad, el presidente de la Fundación Xua Energy, Julio Vera, expresó que para restablecer vínculos entre los dos países en materia energética,se debe analizar el estado actual de la infraestructura y sus condiciones, y empezar a coordinar demás labores de transporte.
Fuente: El Colombiano. Venezuela le pagaría a Colombia el gas que le debe. 18/08/2022
*Se precisa que las columnas de opinión pertenecen a sus respectivos autores/autoras y por ende, no comprometen a Crudo Transparente, ni a sus financiadores
Sin comentarios aún