El Pulso Petrolero de Crudo Transparente, mide mes a mes la conflictividad social, armada y ambiental asociada a la industria petrolera en Colombia

 

 

 

Iniciando abril, el Departamento Nacional de Planeación, aprobó el Conpes de Transición Energética. El documento anterior establece los lineamientos, estrategias y acciones que le permitan al país mantener su seguridad y confiabilidad en materia energética; asimismo, el texto se centra en promover las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), el transporte sostenible, la eficiencia energética, el desarrollo de nuevas tecnologías y la diversificación de la canasta minera. 

 

 

Desde otro ámbito, el mes en mención, el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja, suspendió la licencia ambiental otorgada por la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) para realizar el primer piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander. La decisión se basó principalmente en la falta de consulta previa, con las comunidades afro que allí residen. 

 

 

Gracias a la puja de los grupos líderes ambientales, la Corporación AfroWilches, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Alianza Colombia Libre de Fracking, el despacho consideró que se les estaba vulnerando el derecho de consulta previa a las comunidades afro en Puerto Wilches. Igualmente, señaló que una vez adelantado el proceso de participación con los habitantes, las empresas petroleras y demás encargados deberán darle trámite a los proyectos avalados por la autoridad ambiental. 

 

 

Ante dicho fallo Ecopetrol manifestó que acudirá a las instancias legales para que se reconsidere la posibilidad de continuar con el proceso de licenciamiento ambiental de los dos proyectos: Kale y Platero. 

 

 

Otro hecho para destacar en abril, fue el primer debate en la Comisión Segunda del Senado, del proyecto de ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia. Con seis votos a favor, uno en contra y una constancia para no votar, el proyecto de ley fue aprobado en este primer debate. De tal manera, faltan tres debates para que se ratifique el tratado regional en la legislatura del país. 

 

 

Con respecto a las categorías del Pulso Petrolero en abril se registraron dos hechos de medio ambiente, en Putumayo y Antioquia. Vale la pena mencionar que, el derrame registrado en Villagarzón (Putumayo) ha sido denunciado reiterativamente por las comunidades indígenas del resguardo Nasa y, debido a la mancha de petróleo, se está contaminando el río Picudo e impactando las actividades culturales y espirituales de los habitantes.

 

 

Por otro lado, con relación a la conflictividad social se generaron  protestas, bloqueos de vías y plantones en los departamentos de: Arauca, Antioquia, Bogotá, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Risaralda y Santander. Es importante resaltar que la ciudadanía indígena de Puerto Gaitán (Meta) denunció un desalojo violento por parte de las autoridades locales del municipio, debido al desarrollo de un proyecto petrolero. 

 

 

Por último, con respecto al orden público e ilegalidad se registró un daño a maquinaria petrolera y la incautación de hidrocarburo de contrabando.  Para finalizar, en el mes anterior, se aprehendieron 38 822 galones entre gasolina y ACPM, en los departamentos de: Antioquia, Bolívar, Casanare, Cesar, Chocó, Guainía y Vichada.  

 

 

El análisis anterior se deriva del sistema de alerta de conflictividad social, ilegal y ambiental de Crudo Transparente.  A continuación, se muestra en detalle los sucesos del mes.

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Derrame de crudo 

 

En el resguardo Nasa Jerusalén San Luis Alto Picudito, Villagarzón, Putumayo, la comunidad continúa reclamando  por  el  derrame de petróleo en la cuenca del río Picudo. Según las versiones de los ciudadanos, la contaminación fue generada por la extracción ilegal de terceros, de la empresa Gran Tierra Energy.  

 

 En las siguientes imágenes  se ve en  detalle la contaminación:

Foto proporcionada por un habitante de Villagarzón 

 

 

 

Foto proporcionada por un habitante de Villagarzón 

 

Por otro lado, el deslizamiento de tierra en el sector de Puente Arquía, Caramanta, Antioquia,  generó un derrame de combustible al río Cauca. La fuerza de la tierra provocó el daño del poliducto Cartago – Medellín de Ecopetrol por el que se transporta ACPM a la Empresa Pública de Medellín (EPM)

 

 

Debido a esta  situación se le recomendó a la comunidad que suspendiera las actividades de pesca por la contaminación del hidrocarburo al ecosistema. De igual forma, los medios señalaron que los municipios más afectados por el derrame fueron Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Liborina, Sabanalarga, Peque y Olaya 

 

 

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

 

 

 

Protesta

 

 

En el marco del día de la tierra, el 22 de abril, la ciudadanía, organizaciones sociales, culturales y sindicales en conjunto con la Alianza Colombia Libre de Fracking, convocaron manifestaciones y protestas en contra de los proyectos de fracking. 

 

 

Las manifestaciones se materializaron en Agustín Codazzi, Bogotá, Barrancabermeja, Bucaramanga, Medellín, Pereira y Puerto Wilches. Protestaron con el propósito de defender el río Magdalena, el cual se vería afectado por la ruptura de la capa del subsuelo con la práctica de extracción hidráulica. 

 

Plantón 

 

 

En Puerto Wilches, Santander, la comunidad realizó un nuevo plantón en contra de la licencia ambiental aprobada para el proyecto de fracking Kalé. Las declaraciones de esta nueva manifestación señalan que el municipio no está en condiciones de desarrollar el piloto debido a que existen riesgos medioambientales como la emergencia climática por la que atraviesa el país en este momento. 

 

 

No obstante, el colectivo de AfroWilches ganó la tutela en la que reclaman la garantía de su derecho fundamental a la consulta previa. Por esta razón, la licencia se encuentra actualmente suspendida.

 

 

 

Bloqueo de vías 

 

 

En los campos Caño Limón y Caricare en Arauca, Arauca, la Unión Sindical Obrera (USO) protestó por ocho días  en  la salida de las instalaciones de Sierracol Energy. La petición principal de los trabajadores tuvo como propósito  que se respetara la convención colectiva del trabajo, para ello la USO creó un pliego de peticiones. 

 

 

Después de una semana de la manifestación, los trabajadores y la compañía llegaron a un acuerdo para firmar una nueva convención en la que se garanticen sus derechos como trabajadores y la deuda social y ambiental que tiene la empresa con el territorio. 

 

 

Por otro lado, en la entrada de la estación Sebastopol, Cimitarra, Santander,  se presentó un bloqueo.  La manifestación fue convocada  por la comunidad y contratistas de Cenit, filial de Ecopetrol, la cual exigía vinculación laboral local y mejores condiciones contractuales para los trabajadores activos. 

 

 

Cenit rechazó los bloqueos e invitó a las comunidades al diálogo constructivo, como la única forma para lograr acuerdos a las inquietudes planteadas por la comunidad. 

 

 

En el mismo departamento, en el Centro, Barrancabermeja, se registró otro bloqueo. La manifestación fue convocada  por la comunidad en el campo Cira Infantas y se debió por los altos precios del gas domiciliario. 

 

 

Vale la pena mencionar que, el bloqueo  generó una parálisis operativa en el campo durante 23 días; aunque, se  llegó a un acuerdo en el que se le reducirá la tarifa del gas para el estrato 1 en un 24,6 % .

 

 

Desde otro ámbito, en Tibú, Norte de Santander,  se presentó un bloqueo por parte de los campesinos del Catatumbo, estos impidieron la movilización del transporte de los campos de Ecopetrol que operan en la zona. A pesar de que las manifestaciones se dieron por diferentes razones, entre ellas se sostuvo que si “el campesinado no puede trabajar, Ecopetrol tampoco lo hará”. 

 

 

Finalmente, en Puerto Gaitán, Meta, se realizó una jornada de bloqueo en la vía que comunica el municipio con Puerto Carreño, Vichada y al complejo petrolero Rubiales. Esto debido al desalojo irregular  que se presentó por parte de las autoridades locales  a unas comunidades indígenas Sikuani. 

 

 

Uno de los voceros de las comunidades, Julio Cesar Chamarravi, argumentó que el desalojo se configuró por parte de las grandes empresas petroleras y agroindustriales de los territorios ancestralmente indígenas.  

 

 

ORDEN PÚBLICO E ILEGALIDAD

 

 

 

Daño a maquinaria petrolera  

 

 

En el campo Casabe, Yondó, Antioquia, desconocidos incendiaron un vehículo perteneciente a la contratista Kerui Petroleum, empresa china que brinda servicios y equipos de perforación y producción de crudo en Colombia.  El incidente no dejó heridos ni afectaciones al campo. 

 

 

Ecopetrol rechazó las acciones violentas que se presentaron y, las autoridades realizan investigaciones para determinar los responsables del atentado.  

 

Contrabando de crudo 

 

 

En Turbo, Antioquia, el Ejército Nacional realizó un cierre a la altura de Punta Caimán en el que incautó  97 galones de gasolina. Las investigaciones resaltan que la mercancía transportada era perteneciente a un grupo armado no estatal. 

 

 

En Chocó se realizaron dos operaciones de incautación de combustible. En primer lugar, en Cértegui la Policía y el Ejército Nacional,en una operación en contra de la minería ilegal, aprehendieron 290 galones de ACPM. Por otro lado, en El Carmen del Darién esta misma Fuerza Pública decomisó 880 galones de ACPM que tenían en su dominio un grupo armado no estatal. 

 

 

En Aguazul, Casanare, en una operación la Fuerza Aérea, la Policía, y la Fiscalía General de la Nación anunciaron la incautación de 10 800 galones de gasolina. El hidrocarburo provenía de una válvula ilícita instalada en la planta de Araguaney hasta la estación de Monterrey. 

 

 

Por otro lado, en Gamarra, Cesar, se realizó una operación fluvial a cargo de la Armada Nacional en la que se lograron incautar 11 709  galones de ACPM y 3 081 galones de gasolina. Los tripulantes de las embarcaciones no presentaron los papeles pertinentes para el transporte de hidrocarburos. 

 

 

En San José de Ocuné, Vichada, dentro de un operativo de la Policía Nacional se incautaron  1 600 galones de gasolina. 

 

 

Asimismo, en Santa Rosa del Sur, Bolívar, el Ejército encontró tres laboratorios que se dedicaban al procesamiento de alcaloides.   Durante el allanamiento se encontraron 415 galones de gasolina, los cuales fueron incautados. 

 

 

En este mismo departamento, en Río Viejo, las unidades adscritas al modelo de vigilancia comunitaria interceptaron una camioneta que transportaba 350 galones de ACPM. El combustible fue entregado a la Secretaria de Gobierno del municipio.

 

 

Finalmente, en Puerto Inírida, Guainía, la Armada Nacional con tropas del Ejército incautaron 5 100 galones de gasolina y 4 500 galones de ACPM que eran transportados en una embarcación en el río Guaviare sin la documentación pertinente.