Columna de Opinión Nacional
Una reforma sin exenciones en el sector petrolero
Daniel Castillo Camacho
El tema que ha ocupado la primera plana de la discusión política y económica del país en las últimas semanas, es el proyecto de ley de “Solidaridad Sostenible” que en términos prácticos no es más sino la reforma tributaria más ambiciosa propuesta por el ministro Alberto Carrasquilla en este periodo de gobierno, la cual, busca recaudar 26 billones de pesos y así solventar el vacío fiscal que tiene en este momento la Nación, que es cercano al 9% del PIB.
Sin duda que gran parte de esta propuesta tiene un carácter regresivo, ya que ataca directamente a la clase media, imponiendo IVA a buena parte de los bienes de la canasta familiar y a los servicios públicos a partir del estrato 4; al mismo tiempo, disminuye la base sobre la cual la ciudadanía debe declarar renta y busca eliminar los intereses sobre cesantías. Además, se queda corta en temas fundamentales como impuesto al patrimonio, dividendos, zonas francas, “economía naranja”, ganancias ocasionales o rentas de capital, que son fuentes potenciales de alto recaudo, pero no están siendo aprovechadas como deberían.
Donde sí hay un avance es en los llamados impuestos verdes y algunos beneficios fiscales que se piensan eliminar (exenciones), pero que no son totalmente claros. Es en este caso donde el sector petrolero y energético puede jugar un papel fundamental, ya que el recaudo proveniente de esta actividad tendería a crecer si se implementa un esquema real de tributación a favor del medio ambiente, en contra de los recortes impositivos y con una enajenación de activos controlada y consensuada.
En cuanto a los impuestos ambientales se propone un nuevo plan que de manera gradual gravará al carbono, al gas natural, al gas licuado de petróleo, a todos los tipos de combustibles fósiles e incluye un nuevo impuesto nacional de vehículos. En cuanto a la venta de activos estatales, vender ISA es una opción que ya está en marcha y puede significar un ingreso importante, también, es fundamental evaluar si la venta del 8 % restante de la petrolera que permite la ley, es un buen paso hacia el recaudo, y si vender algún porcentaje de la transportadora estatal de hidrocarburos, no traerá implicaciones negativas.
Por su parte, es indispensable que tanto a las empresas petroleras como mineras se les aumente la base sobre la que pagan el impuesto de renta replanteando la existencia de los ingresos no constitutivos de renta, ya que como esta en la actualidad, hay un vacío que puede significar 10 billones de pesos anuales, además de las deducciones, que han disminuido progresivamente para el sector, deben desaparecer por completo, igualmente hay que revisar la pertinencia del pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) que debe perder dependecia del pago de regalías. Por otra parte, para aumentar el recaudo, sería importante eliminar los esquemas de obras por impuestos y obras por regalías, que tal como están planteados entregan proyectos que en varios casos no son pertinentes para los territorios y dejan de aportar a las arcas nacionales.
Sin duda, es evidente que una reforma tributaria en este momento es necesaria, pero la planteada por el Gobierno Nacional es totalmente impertinente y atenta contra el principio constitucional de progresividad, además, no tiene en cuenta las dificultades por las que atraviesa la sociedad después de un 2020 e inicio de 2021 tan difícil. Esto muestra una vez la desconexión ante la realidad de Iván Duque y su gabinete.
El proyecto cada día tiene menos adeptos, y existe la posibilidad de que no llegue a buen puerto dentro del Congreso. No obstante, la idea de aumentar recaudo eliminando exenciones en todos los sectores económicos, poniendo bases gravables justas a los grandes capitales, disminuyendo considerablemente el gasto público innecesario y atacando la elusión fiscal debe ser un tema central en la última legislatura de este cuatrienio.
De esta forma se le puede dar un respiro a las clases media y baja, pero sobre todo a las finanzas nacionales, que sin duda, están en su peor momento y si no hay una solución rápida, el déficit fiscal nacional llegará a un nivel sin precedentes.
NOTICIAS
Colombia tendrá subasta antes de noviembre para proyectos de generación de energía eléctrica
El Ministerio de Minas y Energía emitió una resolución “Por la cual se convoca a la subasta de contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica y se definen los parámetros de su aplicación”, con el objeto de recibir observaciones y comentarios hasta el próximo 4 de mayo.
La subasta es la tercera de contratación de largo plazo de energía eléctrica, que deberá tener lugar a más tardar el 31 de octubre de 2021, según el Artículo 2 de la Resolución. Igualmente, la subasta propone el otorgamiento de contratos de compra de energía (PPA) a 15 años para proyectos de 5 MW o más.
Asimismo, la fecha de inicio de las obligaciones de suministro de energía eléctrica contenida en los contratos que sean adjudicados en la subasta, será el 1 de diciembre del 2022.
De acuerdo con el reporte de solicitudes de conexión de la Unidad de Planeación Minero- Energética, UPME, con corte al 26 de marzo de 2021, se encuentran 153 proyectos nuevos (con capacidad mayor o igual a 5 MW) con concepto de conexión aprobado, para una capacidad total de 7.934 MW, con fechas de puesta en operación entre los años 2021 y 2023.
Vía: Ministerio de Minas y Energía. Resolución
Desarrollo de plantas solares, se verían afectadas por la Ley de Solidaridad Sostenible
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó el 15 de abril el proyecto de La Ley de Solidaridad Sostenible, que el Gobierno radicó ante el Congreso de la República y con el cual busca recaudar más de $23 billones para hacer frente a las nuevas necesidades económicas y sociales que tiene el país.
Las energías renovables no estuvieron exentas de la nueva reforma tributaria, ya que en el listado de impuestos que tocan directa o tangencialmente al sector minero, petrolero y eléctrico, las fuentes solares también deberán pagar un gravamen para su desarrollo.
De esta forma, se aplicará la tasa de IVA del 5 % a los bienes y servicios para el desarrollo de plantas solares (y un posible 19% para los parques eólicos). También la compraventa de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos que generen y certifiquen reducciones de Gases Efecto Invernadero.
De esta forma, según expertos, la propuesta del Gobierno en la reforma tributaria podría poner en riesgo la participación e incluso la oferta de precios en la subasta de contratos de largo plazo, con la cual, se busca incentivar y/o impulsar la generación con fuentes de energía renovable como lo es la solar.
Vía portafolio: Tributaria eliminaría incentivos a los proyectos de renovables. 20/4/21
Vía: ABC de lo que dice la reforma tributaria sobre ambiente y cambio climático. 20/4/21
Entró en vigor el primer pacto ambiental de Latinoamérica y Colombia se quedó atrás
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), pactado en Escazú, Costa Rica entró en vigor el pasado 22 de Abril, día de la Tierra.
El pacto fue impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La secretaria de la organización, Alicia Bárcena, sostiene que este acuerdo es: “importantísimo para la región y nació como un pacto con una sociedad que está pidiendo una nueva forma de organización económica y social”.
Se trata del primer acuerdo en introducir disposiciones específicas para proteger los derechos humanos de las y los defensores de la naturaleza en América Latina, en donde son asesinados el 60% de los ambientalistas del mundo. El convenio busca proteger el medioambiente y la salud de las personas, principalmente los pueblos indígenas, y también promueve la participación pública en asuntos ambientales.
Hasta el momento lo han ratificado doce países : Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, y más recientemente, Argentina y México. Sin embargo, faltan más de la mitad, incluida Colombia.
Según datos de Global Witness, para 2019 en el mundo asesinaron 219 personas, Colombia ocupó el primer puesto con 64 víctimas. Para algunos analistas, el pacto es un punto de partida muy importante para buscar más garantías a las y los líderes ambientales y las comunidades más vulnerables, pero sin los países más afectados por la violencia o las prácticas extractivas irresponsables, el pacto tardará aún más en mostrar resultados.
Vía El Espectador: Entra en vigor el Acuerdo de Escazú, una esperanza en medio del caos. 22/04/21
Vía El Espectador: El camino que abre el pacto de Escazú. 25/04/21
Canacol, otro candidato para hacer fracking en Colombia
Nuevamente el Valle Medio del Magdalena está en la mira, pues la petrolera canadiense, Canacol Energy, busca incursionar en el desarrollo de yacimientos no convencionales. Los bloques VMM-2 y VMM-3 han sido objeto exploratorio por una evaluación independiente de petróleo de esquisto realizada por la firma Boury Global Energy Counsultants Ltd. contratada por Canacol. La firma habría explorado las formaciones de La Luna y Tablazo, conocidas ahora por su potencial para hacer fracking.
Por su parte, el CEO de Canacol afirmó que, “La evaluación independiente de BGEC de los recursos prospectivos no convencionales reafirma la materialidad y el significativo potencial de los bloques de petróleo de esquisto no convencionales de la empresa.”
Canacol y su socio, ConocoPhillips, continúan evaluando los datos técnicos recolectados del pozo VMM-3, “para planificar los próximos pasos hacia la evaluación de La Luna en ambos bloques”. La canadiense de esta manera, ha asegurado además el respaldo de empresas como ExxonMobil y Shell.
A pesar de que Canacol dice utilizar el fracking “de manera ambientalmente segura durante décadas en todo el mundo”, en el Valle Medio del Magdalena, las protestas e inconformismo por parte de ambientalistas, líderes y lideresas sociales, no cesan.
Vía Portafolio: Canacol: en el radar para las tareas de ‘fracking’ en el país. 25/4/2021
Vía Valora analitik: Canacol Energy explora potencial para fracking en Colombia. 21/4/2021
Asamblea de Santander Sesiona en Puerto Wilches
La Asamblea de Santander realizó una sesión descentralizada y control político en Puerto Wilches, referente a los pilotos de fracking que se están empezando a desarrollar en el municipio y que ha generado un rechazo social en la comunidad. Esta iniciativa propuesta por el diputado Luis Ferley Suarez se desarrolló el 20 de abril a partir de las 9:00hrs., en la que se contó con la presencia entre otros de representantes de la Corporación Autónoma Regional de Santander, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de Ecopetrol. Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y ambientales.
El diputado Suarez abrió la sesión manifestando no estar de acuerdo con los proyectos pilotos y menos en la forma en que se ha llevado a cabo. Resaltando la falta de consulta previa en la comunidad y el hecho de que, durante la campaña, el presidente de la República prometió no llevar a cabo la técnica de fracking en el territorio nacional. De acuerdo a Camilo Arenas, secretario de interior del departamento de Santander, la posición desde esta es el no apoyo a la técnica en el territorio y el apoyo de por parte de la administración para proteger a los líderes y lideresas que se vean amenazados.
Por su parte, las diversas organizaciones sociales, ambientales y protectoras de derechos humanos que se hicieron presentes, manifestaron las diversas preocupaciones que aquejan a la región. Las afectaciones que esta técnica pueda traer a las ciénagas y el río Magdalena por el uso en gran cantidad de agua afectando el adecuado desarrollo de la pesca y agricultura en el municipio y recordando la poca inversión social que se ha tenido en el municipio por parte de las regalías que generan los hidrocarburos.
En este sentido, Gabriel Cambariza, vicepresidente de yacimientos no convencionales, manifestó que el proyecto Kale solo utilizará agua del río Magdalena en caso que captar agua profunda no utilizada no sea suficiente para el único pozo que se aplicará la técnica. Referente a este proyecto piloto, el representante de la comunidad en la comisión de evaluación de los PPII manifiesta que las líneas bases necesarias están atrasadas dejando dudas del verdadero objeto académico y más comercial.
Entre tanto, el líder ambiental y miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking, manifestó la preocupación por las intimidaciones y amenazas que han recibido varios lideres y lideresas sociales y ambientales en la región por sus posturas ante los proyectos pilotos y poniendo en duda el papel de la ANH cuando admite tener más de 4 000 pozos inactivos a los que no se pueden garantizar su seguimiento y monitoreo.
Por último, la Asamblea de Santander aprobó proposición para solicitar al presidente de la República, la suspensión de los proyectos piloto en Puerto Wilches, argumentando que en medio de la sesión lograron evidenciar que la comunidad del municipio está en desacuerdo con estos proyectos por las diferentes amenazas a líderes y lideresas sociales y afectaciones ambientales que puede derivar de esta actividad y afectar la economía de la región.
¿Es negativa o positiva la implementación de la Regasificadora del Pacífico?
El pasado 20 de abril, se abrió la Comisión V con el debido llamado a lista y el nombramiento del orden del día, liderado por el Presidente Guillermo García Realpe. Posteriormente, se realizó el anuncio sobre la citación de debate de control político sobre la conveniencia de la construcción de la planta Regasificadora del Pacifico en el cual intervinieron los Senadores Enrique Robledo y José David Name, cada uno sobre el impacto socio-económico que generaría la elaboración de esta planta.
El Senador José David Name, señaló en una exposición la cual denominó “Castillo de Mentiras” todas las falsas noticias y rumores que se han presentado alrededor de la Planta Regasificadora del Pacífico. Una de ellas indicando que la UPME ha hecho una “tormenta perfecta” para vender la idea al país que si no se hace dicho proyecto, se tendrá déficit de gas e incluso entraremos en recesión de energía, lo cual afirma Name, es mentira. De igual forma, el congresista por el partido de la U, informó que los gastos innecesarios que se harían, los terminarían costeando los Colombianos, como es la implementación de 800 carrotanques que serían los que se utilizarían en la apertura de la Regasificadora, para transportar el gas.
De igual manera, Name aseguró que según informes de la ANH, esta construcción afectaría los manglares. Adicionalmente, indicó que la ANH no quiere brindar la información del proyecto, ya que saben que si lo llega a conocer la opinión pública, se caería debido a la afectación que tendría en los recursos de los Colombianos, con la explotación de gas.
El Senador Enrique Robledo, en una exposición más breve, apoyó lo mencionado por el Senador Name y realizó una denuncia grave respecto a la audiencia pública que se había tenido el 23 de febrero del presente año. En el cual indicó que el Viceministro Miguel López fue quien asistió y además ocultó una información de “manera dolosa” ya que el Senador Robledo investigó sobre el tema de conversación que se tocó en esa mañana del día 23 de febrero.
“Hacía 15 días o más que había sacado dos resoluciones la 006 y 007 de este año que decía que no iba a entrar a operar sin gas CO2. Ojo con el dato que iba a entrar a operar transportando el gas de la costa de Buenaventura al interior del país en tractomulas camiones o sea, un cambio notable Un aumento importante de Los costos por la vida del transporte y por la vida de que hay que representar el gas que se trae sin embargo, los regasificar en Buenaventura lo tiene que transportar en otra forma y hay que volverlo a regar cuando llegué a sus puntos de consumo, o sea cambió el proyecto notable y el señor viceministro, Miguel Otero nos engañó”
De igual forma, fue citado el Presidente de la ANH, Luis Miguel Morelli Navia a esta sesión virtual del 20 de abril, el cual envió a Alejandro Niño y al señor Alonso Ocampo, quienes se encargaron de explicar las situaciones en las cuales se estaba presentando la creación e implementación de la Regasificadora del Pacífico.
Luego de que la ANH, la UPME y la CREG realizarán sus intervenciones, fueron respondiendo inquietudes que los Senadores les hicieron vía escrita antes de la sesión del 20 de abril. Posteriormente fueron explicando que la inversión y el interés de concretar el proyecto de la Regasificadora el Pacifico es algo positivo para la economía de los colombianos. Finalmente el Presidente de la Comisión V, Guillermo García culminó con una ronda de preguntas, en la cual el Senador Jorge Eduardo Londoño, le generó varias inquietudes a estas entidades, en donde se solicita un balance económico de este proyecto, Sin embargo, se dio por culminada la sesión y ninguna de las entidades respondió, por lo que el Senador Londoño, le solicitó al Presidente Garcia, que les hicieran saber las respuesta al menos por escrito.
Columna de Opinión Regional
Energía Renovable en La Guajira: Necesidad Global y Desafíos Locales
Invitado especial:
Sergio Bravo, Experto en Gestión de Riesgos del Entorno, Aseguramiento de Auditoría; 30 años de experiencia en relacionamiento con comunidades campesinas y étnicas en proyectos del sector extractivo e infraestructura
El fin de las energías fósiles es inevitable por sus efectos en el clima mundial, por su agotamiento o por su pérdida de rentabilidad. El mundo, ya desde hace algunos años, busca nuevas fuentes de energía. Colombia, por sus características geográficas, ha tenido una matriz de energía considerada como limpia, pues básicamente se fundamenta en energía hidroeléctrica. Sin embargo, las contingencias sociales y ambientales presentadas en Hidroituango generarán en adelante inevitablemente, dificultades para la obtención de la denominada ‘licencia social’ para este tipo de proyectos, lo cual ha hecho que a nivel nacional las energías renovables, tales como la eólica, sean fundamentales.
Guajira, por su localización geográfica es un sitio muy especial en el mundo: en su territorio, particularmente en la Media y Alta Guajira – donde se localiza el resguardo titulado colectivamente al pueblo Wayuu con más de 1 millón de has-, se presentan vientos de alta velocidad y gran constancia, factores claves para los proyectos de generación de energía eólica.
A pesar de los consensos generales sobre la conveniencia de las energías renovables – eólica y solar principalmente-, la situación local frente a la energía eólica ha comenzado a presentar una situación de conflictividad en torno al tema étnico que crece en espiral y de forma ascendente.
Más allá de lo avanzado de forma importante por las diferentes empresas propietarias de los proyectos, en los procesos de licenciamiento, incluyendo la realización de las consultas previas, principalmente con el pueblo Wayuu, recientemente se han comenzado a levantar voces cuestionando, no tanto la legalidad como la legitimidad de dichos procesos, argumentando de una forma genérica la ausencia de la buena fe con la cual los propietarios de los proyectos las han venido adelantando.
Sus argumentos principales se enfocan fundamentalmente en:
a) Ausencia de legitimidad de los representantes indígenas, pues en gran número de casos, las comunidades consultadas adelantaron su asentamiento en el territorio ‘recientemente’, pues a partir de la segunda década del siglo XX muchas de las comunidades tradicionales se desplazaron hacia Venezuela, país con el cual se comparte el territorio Wayuu, por motivos económicos y los terrenos fueron ocupados por ‘Achones’ (líneas Paterna) a falta de otros parientes (línea materna) que por tradición y cultura heredan los derechos de propiedad o usufructo de la tierra. Así las cosas, un número importante de consultas se ha venido adelantando bajo el liderazgo y la representación de la comunidad por parte de los ‘Achones’. Cabe la reflexión sobre si nosotros los blancos, los occidentales, los académicos disponemos de la capacidad para comprender que dichas comunidades, si bien ancestrales, no escapan también a dinámicas de reconfiguración cultural y territorial.
b) No vinculación de las comunidades en el Modelo de Negocio. Es muy posible que los acuerdos protocolizados no alcancen estándares como los de Alemania en cuanto a la vinculación en calidad de ‘socios’ de las comunidades vecinas. Sin embargo, revisadas múltiples actas de protocolización de Consulta Previa se observan compensaciones que pueden parecer desbordadas al compararlas con protocolizaciones de otros sectores de la economía. Se observan acuerdos en los cuales para el periodo de Pre-construcción, el de construcción y, más importante aún, para el período operativo, durante los cuales las comunidades reciben compensaciones de acuerdo con la generación o el número de aerogeneradores instalados y en funcionamiento, representando para una comunidad en el largo plazo – 25 o 30 años- ingresos que pueden aproximarse a los US$10 millones, los cuales podrán ser utilizados por dichas comunidades, bien para mejorar, bien para gastos inoficiosos. Esperemos que el Estado o las ONG’s que han sido tan diligentes en Guajira los apoyen para lo primero.
c) El Impacto Acumulativo. Es cierto que no existe un estudio integral que analice este tipo de impacto; en consecuencia, aseveraciones sobre su magnitud y trascendencia regional y cultural son solo especulaciones. Debe recordarse que estos proyectos eólicos no son el resultado de una serie de iniciativas particulares y aisladas, sino el despliegue de una estrategia energética liderada por la UPME para incorporar nuevas energías renovables a la matriz de generación de energía y para mantener la oferta suficiente que requiere el país. Con este contexto, bienvenidas las iniciativas para que se adelante un despliegue del aparato institucional orientado para que el pueblo Wayuu disfrute de un mejor futuro.
d) Falta de Acompañamiento del Ministerio Público. La ausencia del Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, Procuraduría Ambiental y Agraria). En caso alguno, la responsabilidad relacionada con este hecho, puede ser atribuida a los propietarios de los proyectos – a quienes no les corresponde la convocatoria y tampoco a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa – antes Dirección de Consulta Previa-, pues su función se limita a convocar dichas entidades las cuales, en el mayor número de casos – exceptuando a las personerías municipales- no asisten, bien por falta de voluntad, bien por falta de recursos.
Sin embargo, no se entiende como representantes de dichas instituciones, sin haber participado en los procesos, muy probablemente sin haber revisado las actas de las diferentes etapas de cada proceso, pueden objetar en forma general el desarrollo de ellos.
Desafortunadamente, el tema de las energías renovables, más que un motivo para generar una discusión educada y potenciales consensos, se está convirtiendo en un tema más de la ya apretada agenda de conflictividad étnica y social, que probablemente impactará en forma negativa el desarrollo de las nuevas energías limpias.
*Se precisa que las columnas de opinión pertenecen a sus respectivos autores/autoras y por ende, no comprometen a Crudo Transparente, ni a sus financiadores.
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