Por: Danna Alejandra Rodríguez Lechuga

 

Introducción

 

La industria de hidrocarburos está relacionada con una permanente conflictividad social que involucra en los territorios a las empresas, comunidades e instituciones. Sin duda, dicha conflictividad genera impactos negativos sobre las actividades de producción de las compañías, sin embargo, en algunos casos se convierten en oportunidades para dar inicio a procesos de diálogo y concertación entre los actores mencionados. En este sentido, el relacionamiento es clave a la hora de establecer instancias de negociación en las zonas donde se opera la actividad petrolera.

 

En relación con eso, Córdoba por ser zona de producción y exploración gasífera no es ajeno a dicha realidad. Las condiciones socioeconómicas de este departamento, la precariedad en la calidad de vida, la baja vinculación laboral de personal propio de la región por parte de las compañías, desencadenaron una serie de inconformidades entre las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos. Es así, cómo se desarrollan acciones que buscan mejores condiciones de vida que emanen de tener actividades del sector minero energético en sus territorios.

 

En 2015 después de bloqueos y protestas sociales generados por las inconformidades de la comunidad ante las acciones de la empresa operadora Canacol Energy, se logra establecer un proceso de diálogo y negociación con la multinacional y que da como resultado los llamados Acuerdos Jobo.

 

En este orden de ideas, Crudo Transparente elabora este documento con el propósito de revisar el avance y el cumplimiento de los Acuerdos Jobo pactados entre la empresa Canacol Energy Ltd. y las comunidades de Córdoba y Sucre. Cabe aclarar que este informe enfocará su análisis en Sahagún, Córdoba, principalmente porque este se convierte en el primer municipio donde se implementa un punto clave de los acuerdos, como lo es el proyecto de masificación de gas; que se desarrolla específicamente en los siguientes corregimientos y veredas: El Crucero, La Corocita, Kilómetro 9, Las Bocas, Aguas Vivas, Los Chibolos y Rodania.

 

En razón de lo anterior, se realizará un breve contexto sobre la problemática percibida por la comunidad, el paro o cese de actividades por parte de los trabajadores y el surgimiento de los Acuerdos Jobo. Posteriormente, se procederá a realizar un análisis comparativo entre lo acordado y el cumplimiento de dichos puntos, desde la perspectiva de la empresa y la visión de la población.

Conflictividad social, paro laboral del 2015 y firma de los Acuerdos Jobo

 

A lo largo del 2015 la comunidad de Sahagún expresó su inconformidad respecto a Canacol, ya que percibían que no había una compensación adecuada para las actividades que esta multinacional desplegaba en su territorio. Así mismo,  manifestaban su descontento por algunas prácticas empresariales tales como: la contratación de personas foráneas; la compra de bienes y servicios de primera necesidad a empresas fuera de su entorno y una explotación irresponsable en relación al cuidado medio ambiental.

 

En este sentido, uno de los mayores inconvenientes señalados por la población se cimentaba en que, si bien en la región se estaba presentando una actividad industrial importante gracias a la explotación de un recurso natural propio (gas natural), los habitantes no percibían ningún tipo de rentabilidad por la misma. Es decir, el dinero generado por la operación de la multinacional no circulaba en el municipio, lo cual dejaba sin ningún tipo de beneficio a sus residentes.

 

Por otra parte, los empleados vinculados a la compañía, ya fuera de forma directa o por medio de alguna de las empresas contratistas, manifestaron la necesidad de mejora en sus condiciones de trabajo en aspectos tales como estandarización de los salarios, normalización de las jornadas laborales en términos de horarios estables y pagos de horas extras entre otros.

 

Por último, la comunidad reconocía la importancia de que los recursos generados por la multinacional se vieran reflejados en una mejora en la calidad de vida del municipio. Considerando que buena parte de los hogares rurales de la región cocinaban con estufas de leña o carbón, la comunidad solicitó a la compañía la puesta en marcha de un proyecto de gasificación masivo en las áreas de influencia de la misma. De esta forma, la propuesta de masificación fue incluida en el pliego de peticiones que fue presentado a la compañía en el marco de las protestas realizadas en 2015.

 

Precisamente, de acuerdo a uno de los líderes del corregimiento de Chibolos, ante esta situación decidieron investigar cuál era el panorama en otras regiones productoras de hidrocarburos, lo cual conllevó a que “estudiaramos otras partes del país en donde estuvieran estas empresas y muchos de nuestros líderes se dieron cuenta que allá el sueldo y las condiciones de los trabajadores eran unas y acá estábamos viviendo otras cosas diferentes.” [2] Esto ocasionó un aumento en el descontento de la comunidad frente a las prácticas empresariales y sociales de la multinacional Canacol Energy en la región.

 

Ante este panorama, los pobladores buscaron establecer canales de diálogo con la multinacional para así dar trámite a sus inquietudes. Sin embargo, la empresa no respondió a los llamados y la comunidad, encabezada por los trabajadores, tomó la decisión de empezar a realizar acercamientos con la USO (Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo) con el fin de informarse sobre los conductos necesarios para realizar un reclamo a la institución y hacer valer lo que consideraban sus derechos.

 

En septiembre del 2015, los trabajadores adscritos a Canacol Energy y sus filiales, en apoyo con la comunidad, deciden iniciar un cese de actividades acompañado de protestas pacíficas  en las veredas y corregimientos del área de influencia de la multinacional. Esto no sólo con el fin de dar a conocer su situación ante la empresa, sino también ante las autoridades regionales y nacionales, con el fin de lograr compromisos en beneficio de la región y la población.

 

Según un líder de la comunidad del Crucero “cuando eso se dio había aproximadamente mil personas o más de mil personas que estaban apoyando ese proceso” razón por la cual “Canacol se ve obligado a hacer un llamado a negociar” [3], estableciendo así una mesa de negociación con presencia de actores como:

 

La USO (Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo), los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del área de influencia de la actividad de la compañía, voceros de los trabajadores y, en calidad de garantes el Dr. Carlos Elías Alcalde Municipal del municipio de Sahagún, el Doctor Pedro Aguirre Racines Coordinador Nacional de Conflictividad para el sector de hidrocarburos del Ministerio del Interior, y Lormandy Martínez Enlace Territorial Córdoba – Sucre del mismo Ministerio. Como también el Ministerio del trabajo, Minas y Energía y la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos)” [4].

 

En este punto, cabe mencionar que tanto la personería municipal como la alcaldía de Sahagún fueron determinadas como los garantes institucionales de los diálogos entre la comunidad y la empresa. Lo anterior dentro de la dinámica del paro y las posteriores reuniones de seguimiento a los acuerdos.

 

Así, después de más de mes y medio de negociaciones, la comunidad y la empresa firmaron lo que hoy se conoce como los Acuerdos Jobo. En total, se pactaron 40 puntos distribuidos entre diecisiete puntos laborales; diecisiete en el ámbito social; cuatro ambientales; dos de bienes y servicios. Una vez firmados los Acuerdos, se concertaron reuniones de seguimiento entre las partes para dar continuidad al proceso y asegurarse de mantener informada a la comunidad sobre el avance de los mismos.

 

Es importante mencionar que para este proceso, el rol de las Juntas de Acción Comunal (JAC) ha sido más que relevante. Se estableció que estas funcionarían como una especie de puente entre la comunidad y la empresa en algunos de los pactos en torno a los aspectos de tipo social y laboral. Al respecto, un representante de Canacol señala que “uno de los compromisos consistía en la remisión del personal local para su contratación a través de las Juntas de Acción Comunal, práctica derogada y declarada como inconstitucional a partir de la expedición del Decreto 1668 de 2016” [5] Como se mostrará más adelante, dicho Decreto reglamentó las formas de contratación de todas empresas del sector de hidrocarburos.

 

En este orden de ideas, los Presidentes de las Juntas fueron invitados a todas la reuniones de seguimiento para así replicar la información del seguimiento de los Acuerdos en sus comunidades y mantener a todos informados de los procesos adelantados en el marco de los compromisos establecidos.

 

De la totalidad de los acuerdos firmados, los más importantes y de mayor preocupación para la comunidad fueron: 1. Proyecto de masificación de gas natural en el área de influencia de la empresa. 2. Mejoramiento de las condiciones laborales y establecimiento de tabla salarial. 3. Acuerdos de carácter social tales como la compra de bienes y servicios a empresas locales, y el mejoramiento de infraestructura en el territorio tales como algunos puestos de salud.

 

Por otra parte, es clave mencionar que en un acta firmada el 30 de noviembre de 2016, orientada hacia el establecimiento de una instancia de diálogo institucional, se estableció que las reuniones de continuidad para los Acuerdos se llevarían a cabo en el marco de la Estrategia territorial para la gestión equitativa y sostenible del sector de hidrocarburos (ETH) conformada por los Ministerios del Interior, Minas y Energía, Trabajo, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Superintendencia de Industria y Comercio la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. De esta manera, dicha instancia sería la encargada de convocar a las reuniones mensuales con todos los miembros de la población y las entidades a nivel local, departamental o nacional que estuvieran involucradas en los temas a tratar y con el fin de dar cuenta de sus avances en la implementación de los acuerdos, atender dudas, inconformidades y canalizar requerimientos de la comunidad.

 

Conforme a lo relatado por la población el acompañamiento institucional por parte de la Nación, al proceso de seguimiento a lo pactado, no ha sido el mejor. Según la lideresa Ruby Ricardo del corregimiento de Santiago Abajo, “estamos abandonados por el Estado. De pronto participa la Alcaldía, pero no viene la persona de la Gobernación o no viene la persona del Ministerio. Eso nosotros como comunidad y, como líder, nos deja como un sinsabor porque no tenemos ese ente representativo (…)” [6] Por lo anterior, se percibe que la falta de acompañamiento institucional por parte del nivel nacional genera vacíos en los términos de soporte técnico a los debates adelantados durante las reuniones de seguimiento.  

 

En lo referente al compromiso de la empresa en estas reuniones de seguimiento, Ruby Ricardo señala que “ellos en su totalidad tienen a todas las personas encargadas de cada área a responder por lo que les corresponde” comentando así que la multinacional ha estado comprometida en el seguimiento de los Acuerdos Jobo.

Acuerdos laborales, una relación entre el cumplimiento de lo pactado y la legislación colombiana

 

Durante algunas de las reuniones de seguimiento a los Acuerdos entre la comunidad de Sahagún y Canacol se presentaron algunos inconvenientes debido a que tanto la comunidad, como la USO afirmaron que la empresa no estaba cumpliendo con lo pactado. Ahora bien, es importante mencionar que para el momento en que se suscribieron los Acuerdos Jobo (año 2015) no estaba vigente ninguna normatividad que obligará a las empresas a priorizar la mano de obra local por sobre la foránea.

 

Tal y como se mencionó, en octubre de 2016 el gobierno nacional expide el Decreto 1668. Dicha norma establece lineamientos de contratación del personal para las empresas que ejecuten proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. En síntesis, se ordena que la contratación debe ser, en el caso de mano de obra no calificada, del 100% del área de influencia de los proyectos y del 30% en lo referente a la mano de obra calificada. Además, este tipo de contrataciones se deben realizar a través del Servicio Público de Empleo y las filiales autorizadas a nivel regional [7].

 

No obstante, y a pesar del establecimiento de la norma mencionada, uno de los puntos recurrentes de la reuniones de seguimiento fue precisamente lo referente a la contratación de mano de obra local. Ejemplo de lo anterior es lo manifestado por la USO en el encuentro desarrollado el primero de noviembre de 2017, en donde se resaltó que a las personas de la comunidad se les exige requisitos laborales y experiencia superiores y más estrictos que para las personas foráneas, priorizando entonces, al personal externo ante el local. Ante lo cual la personería municipal de Sahagún manifestó a la empresa la importancia de aumentar los empleos de personas de la región, dando así cumplimiento a los Acuerdos y a la legislación colombiana. Por su parte, la alcaldía solicitó que los procesos de contratación fueran adelantados a través de la caja de compensación familiar (COMFACOR) como un operador autorizado el Servicio Público de Empleo a nivel nacional [8].

 

Posteriormente, en una reunión efectuada el 21 de marzo del 2018, los líderes del municipio manifestaron, nuevamente, su descontento con relación al aspecto laboral. En esta oportunidad, la empresa responde que, para la mayoría de las vacantes publicadas, no se presentan personas de la comunidad. Al indagar sobre las posibles causas de esta situación, los ciudadanos informan que no todos tienen acceso a las plataformas virtuales donde se publican las ofertas de trabajo; además, estas se están compartiendo en plataformas como la del Sena y no a través de la caja de compensación familiar como se había establecido en el 2017 [9].

 

Dada la situación, la empresa propone poner a disposición un profesional de enlace encargado exclusivamente del tema laboral, para así dar trámite y seguimiento a cada una de las inquietudes y requerimientos de la comunidad. Por último, en concordancia con la cartilla de seguimiento de los Acuerdos Jobo expedida por  Canacol Energy en enero de 2019, se reconoce la importancia del Decreto 1668, ya que éste se relaciona directamente con el punto 18 de los compromisos adquiridos a nivel laboral. Además, se especifica que para ese momento la contratación de mano de obra se había realizado siguiendo los lineamientos establecidos por la Ley y por lo tanto, este asunto estaba cumplido y ejecutado a un 100%.

Adquisición de bienes y servicios ¿contratación local o externa?

 

Igualmente, los acuerdos relacionados con la compra de bienes y servicios fue un tema recurrente y de distintas controversias en las reuniones de seguimiento a lo pactado en 2015. Por ejemplo, según el acta levantada producto del encuentro desarrollado el 8 de septiembre del año 2016, en el compromiso número dos quedó consignado que “la empresa Canacol Energy solicita a las comunidades entregar el listado de las empresas que se encuentran en el territorio para así adelantar labores de contratación con las mismas” [10].

 

Sin embargo, en una junta realizada el 1 de noviembre del año 2017, el representante de la USO “manifiesta inconformidad que se estén contratando a la construcción de prefabricados con empresas foráneas” [11]; ante lo que Canacol manifestó que los prefabricados se han solicitado a empresas de la zona tales como Teitecol, Tecniductos y la mano de obra es 100% del territorio.

 

A su vez, la ciudadanía respondió que “TEITECOL sólo facilitó el taller para dichos prefabricados” [12] y que, por lo tanto, la multinacional no estaba cumpliendo con lo acordado. Debido a este conflicto, Canacol se mostró abierta a fortalecer el cumplimiento del punto 39 (en el cual se comprometió a realizar sus contrataciones bajo una premisa incluyente de empresas locales), perteneciente a la temática de bienes y servicios, ya que la población declaró que la participación de empresas locales es innegociable.

 

Ahora bien, en una reunión realizada el 18 de diciembre de 2017, la compañía expresó su compromiso por seguir avanzando en la contratación de empresas locales. No obstante, las comunidades señalaron que muchas de las firmas regionales no se pueden presentar a las convocatorias emitidas por Canacol, pues los requisitos son muy altos y éstas no tienen cómo cubrirlos.

 

Por esto, la ciudadanía afirma que “requieren que sus empresas sean capacitadas para poder participar en los procesos de contratación” con la multinacional, a lo que ésta respondió que para ellos no es posible bajar sus estándares para contratación, aunque sí apoyarían a la población en relación a la capacitación solicitada. [13]. Así, se acordó trabajar de la mano con las Juntas de Acción Comunal (JAC) del área de influencia, para conocer los listados de los negocios y emprendimientos locales que operan en el territorio y emprender acciones de capacitación de los mismos.

 

Sin embargo, conforme a la información presentada en las cartillas de Acuerdos de seguimiento del 2019 por Canacol, las JAC no presentaron el listado completo de los negocios dedicados al ofrecimiento de bienes y servicios en la región, razón por la cual la multinacional se vio obligada a contratar a la compañía PAR para realizar un censo de las mismas. De esta manera, así poder aumentar el registro de las empresas prestadoras de bienes y servicios que maneja la multinacional para sus contrataciones.

 

Por otra parte, la lideresa Ruby Ricardo afirmó que, en lo referente al manejo dado por la multinacional a los temas de bienes y servicios, en “un momento cumplieron (…) pero este año [2020] ninguna de nuestras empresas iba a entrar dentro de esa bolsa de contratación.” Finalmente, gracias a la presión ejercida por los líderes “nuevamente los vincularon, pero un proceso así como que todo raro, no nos convencen un 100%.” [14]

 

No obstante, según la cartilla elaborada por la compañía sobre seguimiento de los Acuerdos Jobo, durante “el periodo de enero a diciembre de 2018 la adquisición de bienes y servicios representa participación 70,7 % local y 29,3 % regional”. Las últimas cifras, son presentadas en el documento como prueba de un cumplimiento del 100% de los compromisos en la referencia a la contratación de bienes y servicios a empresas locales.

 

Es evidente que se presentan diferencias entre lo reportado por la cartilla de seguimiento a los Acuerdos y lo percibido por la comunidad. En razón de lo anterior, se indagó ante Canacol el panorama actual de la contratación de bienes y servicios. Ante esto, el representante de la firma aseguró que “en esta materia hemos desarrollado grandes programas para el fortalecimiento de proveedores locales y la priorización de contratación de bienes y servicios locales”. [15] De acuerdo a lo mencionado, se concluye que tanto la población como la compañía afirman que se han adelantado programas para el fortalecimiento de las empresas locales. Sin embargo, no queda claro si la contratación de bienes y servicios a los proveedores de la zona se ha efectuado según lo pactado en 2015. 

Masificación del gas en Sahagún: un proyecto resultado los Acuerdos Jobo

 

Una característica común de los territorios en los que se extrae el gas en Córdoba es que, a pesar de ser zonas de producción, presentan baja cobertura del servicio público de gas natural domiciliario, especialmente en las áreas rurales. La cobertura de red de gas natural para el 2018 fue de 45,6 %, el 79,6 % para las cabeceras municipales y tan solo el 4,1 % para la zona rural. El 32,3 % de los hogares en Córdoba cocinan con leña, de los cuales el 4,1 % corresponde al área urbana y el 66,3 % al rural. Así mismo, tan solo el 45,6 % de las familias en el departamento tienen acceso a gas natural, el 79,9 % en zona urbana y el 4,2 % en la rural; el gas propano es otro combustible utilizado, el 15,6 % en sectores urbanos y 27,5 % en rural [16].

 

Lo anterior explica porqué el tema de la masificación del gas en el área rural del municipio de Sahagún fue uno de los puntos principales de los Acuerdos Jobo formalizados en 2015. Aún así, en repetidas oportunidades la población manifestó que Canacol no tenía voluntad de cumplir con los Acuerdos pues el proyecto tardó cuatro años en materializarse (la primera fase fue entregada a finales de 2019).

 

Ante este panorama, en el año 2017 los líderes de la población propusieron un subsidio de una pipeta de gas para las familias residentes en las veredas y corregimientos que se beneficiarían de la masificación. Después de varios encuentros en los que participaron tanto la comunidad, como la empresa y las autoridades locales, se acordó un subsidio de 40.000 pesos mensuales por vivienda para la compra de una pipeta de gas. De igual manera, se estableció que las familias que consumieran esa pipeta en actividades diferentes a las relacionadas en el consumo doméstico, perderían el derecho al bono mensual entregado por la multinacional.

 

Frente a la situación, la población expresó su inconformidad con este aspecto, ya que no consideraban justo el establecimiento de un tiempo límite para la entrega de la ayuda económica. Lo anterior, reconociendo que la masificación de gas se llevaría a cabo en tres fases y, aunque la primera sería entregada en el año siguiente al establecimiento del subsidio, las otras fases se demorarían entre 2 a 3 años en completarse, por lo que las comunidades seguirán invirtiendo de sus propios recursos para la adquisición de cilindros de gas. Ante este punto, la compañía señala que la viabilidad del proyecto de masificación depende de unos presupuestos establecidos y que alterarlos implicaría una modificación completa del plan. De acuerdo al acta de seguimiento del 29 de noviembre de 2017, con este subsidio se verán beneficiados 1582 familias [17].

 

Aunque la comunidad no percibió avances en el asunto de la masificación de gas hasta finales del año 2017 e inicios de 2018, lo cierto es que Canacol estuvo realizando estudios técnicos y de prefactibilidad. Lo que quiere decir que si bien el proceso de masificación se demoró más de lo esperado, esto no significó que no se  realizarán las labores pertinentes para el avance del mismo. Esto entendiendo que los estudios previos y de prefactibilidad toman un tiempo determinado y no pueden acelerarse, ya que esto comprometería el desarrollo e implementación adecuada del proyecto.

 

Para la materialización de la masificación, Canacol estableció acuerdos con Surtigas como la comercializadora y distribuidora de gas natural a nivel domiciliario en Córdoba, y la fundación Entretejiendo para unir recursos con el fin de garantizar la viabilidad financiera del proyecto. Además, en el marco de este convenio se establecieron cuáles serían los aportes económicos de los aliados y cuáles serían las primeras veredas del municipio de Sahagún que resultarían beneficiadas con la inversión. Así, en el 2018, la fundación Entretejiendo, las Juntas de Acción Comunal de el Crucero, Chibolos, kilómetro 9, Aguas Vivas, las Bocas, la Corocita y Rodania, llevaron a cabo la firma del convenio para desarrollar la obra de infraestructura que permitiría llevarle gas natural a la población [18].

 

Otro punto importante dentro de la negociación y el avance del proyecto fue el referente al pago de las acometidas de gas en cada una de las viviendas. Lo anterior, reconociendo que en los estudios de prefactibilidad Canacol Energy afirma que el plan es viable siempre y cuando no sea la empresa quien pague esta instalación de las acometidas en cada una de las unidades habitacionales beneficiarias. También, en algunas de las reuniones de seguimiento se manifestó que este rubro tendría el valor de aproximadamente 1’700.000 pesos por domicilio y tendría que ser asumido por una entidad ya fuera del nivel local, nacional o por la comunidad.

 

Ante este panorama, la multinacional sugiere que sea Surtigas quien asuma este gasto. Sin embargo, la comercializadora de gas natural domiciliario afirmó que no debe asumir ese costo, pues Canacol cuenta con los recursos suficientes para el mismo. A su vez, en la reunión realizada con la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) el 12 de abril de 2018 se aclaró que “por principio de suficiencia financiera aplicable a los servicios públicos domiciliarios en la Ley 142 de 1944, Surtigas no estaría en la obligación de asumir la expansión de su red e incurrir en gastos de instalación de acometidas a no ser que haya en un recursos que apalanquen el proyecto debido a que la Ley establece que las empresas siempre deben recuperar los costos eficientes a la prestación del servicio” [19].

 

Posteriormente, en la reunión llevada cabo el 22 de junio de 2018, una de las comunidades propuso que el dinero de las acometidas sea el rubro que la compañía tiene destinado para proyectos de inversión social en cada uno de los territorios. De esta manera, se podría llevar a cabo tanto el proyecto de masificación como la inversión social para el año 2019 y las personas de la comunidad no tendrían que asumir este gasto.

 

De acuerdo a uno de los líderes de la comunidad de Chibolo, “el proyecto, se llegó un acuerdo con la empresa y con la fundación entretejiendo en el que las comunidades aportaron el valor de las inversiones sociales al proyecto de masificación del gas” y por lo tanto, el líder afirma que las personas “solamente recibieron su estufa y todo y empezaron a cocinar desde cero y el primer gasto en el que tuvieron que incurrir fue en el pago de su factura de consumo y nada más”. [20]. Finalmente, el líder resaltó que este convenio fue realizado con las comunidades y familias beneficiadas con la primera fase del proyecto y desconoce cuál ha sido el seguimiento para fases dos y tres, y si las demás familias han tenido que asumir el costo de la acometida del punto del gas.

 

Respecto al lo anterior, la lideresa Ruby Ricardo destacó que su comunidad hace parte de la segunda fase del proyecto de masificación que estaba programada para iniciar en el mes de abril de este año (2020), pero que por el momento no se han dado las reuniones informativas previstas al inicio de las obras debido a la crisis generada por el COVID-19. Sin embargo, esta persona también comentó que “las comunidades aceptaron que se usará el recurso de los aportes de inversión social para las acometidas, para que ninguna persona tuviera que pagar ese 1.600.000 de pesos” y que por lo tanto ese costo “es por parte de la empresa.” [21].

 

Finalmente, en octubre del año 2019, Canacol Energy entregó la primera fase del proyecto de masificación. Esta primera fase, de acuerdo a la directora de la fundación Entretejiendo, Olga Fernández de Soto, se beneficiaron 750 hogares y más de 3.500 personas, con una inversión que supera los 5.000 millones de pesos. Y en el curso de los próximos tres años, continuarán con las siguientes fases del proyecto, las cuales están llamadas a darle gas natural a más de 1.500 viviendas, superando los 7.500 beneficiarios [22].

 

Así mismo, Fernández señala que al terminar el presente año 2020 el número total de beneficiarios será de 1038 hogares, 5, 190 personas aproximadamente, de los municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo. En último lugar, el costo total del proyecto asciende a la suma de 6 653 202 855 millones de pesos, de los cuales el 78% proviene de aportes de la Fundación y Canaco Energy [23]. Este orden de ideas, las fases 2 y 3 del proyecto ya están en marcha, por lo tanto, se considera que este acuerdo ha sido cumplido en un 100 %.

 

Conclusiones

 

Según lo revisado a lo largo de este documento, es posible concluir que Canacol Energy ha cumplido con lo pactado en materia laboral y de masificación de gas. Por otro lado, no es claro cuál ha sido el grado de su cumplimiento en relación a la compra de bienes y servicios. Los avances  en materia de contratación laboral y la materialización del proyecto de masificación en el área rural del municipio de Sahagún, logrados gracias a los Acuerdos Jobo, representan una contribución importante al desarrollo del municipio.

 

También, es posible afirmar que desde la firma de los acuerdos, la situación de relacionamiento entre la población con la compañía han presentado mejoras significativas que han aportado a la disminución de la conflictividad en torno a la explotación de hidrocarburos en la zona. En palabras de la lideresa Ruby Ricar “cuando empezamos, empezamos muy mal en (…) pero de ahí para acá yo le puedo decir que tienen un equipo social que ha llegado a la gente, que sabe tratarnos (…)”. [23] Así mismo, el líder de la comunidad Chibolos resaltó que “si se han cumplido [los Acuerdos], se han revisado los temas, se han buscado de pronto soluciones a las cosas, a las inquietudes de cada tema la empresa ha buscado la solución y ha buscado mejorar ese aspecto que la comunidad siempre lleva a la mesa.” [24]

 

En síntesis, los testimonios de los representantes de la comunidad dan cuenta del mejoramiento de las relaciones entre la población y la empresa. Esto, gracias al establecimiento de las reuniones de seguimiento como una instancia de diálogo permanente que ha permitido la superación de estas quejas, evitando así nuevas conflictividades profundas como las que llevaron al surgimiento de las protestas del 2015.

 

También, se reconoce que las comunidades entienden la importancia de la inversión social de Canacol Energy en su territorio. En este sentido, un punto a destacar es el apoyo y capacitación que la multinacional le ha ofrecido a las empresas locales para su fortalecimiento en materia de competitividad. Por esta razón, se recomienda, cuando las condiciones lo permitan, aclarar la situación actual de cumplimiento respecto al acuerdo relacionado con la compra y adquisición de bienes y servicios.

 

Otro reto es el de mantener estas buenas prácticas a lo largo del tiempo más allá de lo referente a la implementación de los Acuerdos. En palabras de Ricardo, “los desafíos siempre van a ser los mismos, siempre nos vamos a encontrar con el mismo tema porque de pronto algunos funcionarios vienen con una mentalidad diferente y entonces de pronto como que se atrasan con los procesos. Lo que nos compete como comunidad, en bienes y servicios y en lo social siempre nos vamos a estar encontrando” [25] lo que significa que tanto comunidades como la empresa deben procurar hacer sostenible en el tiempo las prácticas de buen relacionamiento para la prevención y la resolución de conflictos.

 

Finalmente, se hace evidente que uno de los principales retos a mediano y corto plazo se relaciona con la actual emergencia sanitaria que vive el país y el mundo. Lo anterior considerando que buena parte de la población colombiana se ha visto afectada económicamente por las medidas de aislamiento y cuarentena, por lo que se prevé una posible recesión económica. Bajo este escenario, el papel de compañías como Canacol es fundamental para la reactivación económica e industrial del país y, particularmente, en las regiones donde opera.

 

Por lo anterior se espera que una vez superada la crisis se generen nuevas inversiones, proyectos y programas que no sólo contribuyan al resurgimiento económico, sino que también se configure como una oportunidad para comprometerse aún más con todas las políticas y prácticas de responsabilidad social empresarial.

 

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Bibliografía

 

[1] Agencia Nacional de Hidrocarburos “Mapa de Tierras” [en línea], disponible en: http://www.anh.gov.co/hidrocarburos/oportunidades-disponibles/mapa-de-tierras

[2] Entrevista líder corregimiento Chibolos, Sahagún – Córdoba

[3] Entrevista líder El Crucero, Sahagún – Córdoba

[4] Actas de Acuerdos Jobo Parciales, octubre 13, 15 y 19 de 2015

[5] Respuestas Acuerdos Jobo por parte de Canacol Energy a Crudo Transparente.

[6] Entrevista Ruby Ricardo, lideresa del corregimiento de Santiago Abajo, Sahagún – Córdoba

[7] Decreto 1668 de 2016 Disponible en: http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30027049

[8] Acta de Acuerdos del Primer seguimiento Acuerdos Jobo, noviembre 1 de 2017.

[9] Acta de Acuerdos a los Seguimientos de Acuerdos Jobo, marzo 21 de 2018.

[10] Acta de Acuerdos del Primer seguimiento Acuerdos Jobo, septiembre 8 de 2016.

[11] Acta de Acuerdos del Primer seguimiento Acuerdos Jobo, noviembre 1 de 2017.

[12] ibíd.

[13] Acta de Acuerdos a los Seguimientos de Acuerdos Jobo, diciembre 18 de 2017.

[14] Entrevista Ruby Ricardo, lideresa del corregimiento de Santiago Abajo, Sahagún – Córdoba

[15] Respuestas Acuerdos Jobo por parte de Canacol Energy a Crudo Transparente.

[16] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo “Córdoba Retos y desafíos para el Desarrollo Sostenible” [en línea], disponible en: https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/Gobernabilidad/Publicacionesproyectos/UNDP_CO_GO_PUBLICACIONES_FICHA_CORDOBA-RETOS_Y_DESAF%C3%8DOS_PARA_EL_DESARROLLO.pdf

[17] Acta de Acuerdos del Primer seguimiento Acuerdos Jobo,  noviembre 29 de 2017

[18] Canacol Energy “Cartilla Acuerdos Jobo: edición enero de 2019”

[19] ibíd.

[20] Entrevista líder corregimiento Chibolos, Sahagún – Córdoba

[21] Entrevista Ruby Ricardo, lideresa del corregimiento de Santiago Abajo, Sahagún – Córdoba

[22] Caracol  (2019) “ Canacol Energy y Surtigas gasifican 7 veredas de Sahagún, Córdoba” [en línea], disponible en: https://caracol.com.co/emisora/2019/11/29/monteria/1575054939_354398.html

[23] Entrevista Olga Fernández de Soto directora de la fundación Entretejiendo

[24] Entrevista Ruby Ricardo, lideresa del corregimiento de Santiago Abajo, Sahagún – Córdoba

[25] Entrevista líder corregimiento Chibolos, Sahagún – Córdoba

[26] Entrevista Ruby Ricardo, lideresa del corregimiento de Santiago Abajo, Sahagún – Córdoba