Investigación por: Silvia Pabón

El 2020 es un año de cambios sustanciales para el país. La entrada de las nuevas  administraciones departamentales y municipales supondrá un cambio de políticas en los diferentes sectores económicos. La postura que tomen las regiones extractivas será fundamental para todo lo que se juega en la industria y que tendrá efectos sobre las zonas que dependen de la explotación de recursos naturales no renovables.

El 26 de diciembre de 2019 fue emitido el acto legislativo que modifica el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia por medio del cual se reforma el Sistema General de Regalías. Entre los principales cambios se destaca que las regiones que exploten recursos naturales no renovables pasarán de recibir un 11,2 % a un 20 % y se destinó, por primera vez, el 1 % para la conservación de áreas ambientales estratégicas [1].

Lo anterior implica que Cesar y Santander recibirán más ingresos por concepto de regalías debido a su importante participación en la industria de los no renovables, el primero por el carbón y el segundo por su potencial en los hidrocarburos, que se detallará más adelante. Esto requiere de una responsabilidad notable, especialmente para los nuevos gobiernos locales, porque lo que se ha observado al analizar la inversión con recursos de regalías a los diferentes sectores, es una mayor participación del transporte y sectores como desarrollo rural, salud, cultura y turismo tienen una mínima representación [2]; situación que se ha generalizado en toda la región nororiente.

Pero con la reforma, también saldrá beneficiado Norte de Santander, pues según Julio César Silva, líder del área de regalías de la actual administración departamental, la propuesta aprobada beneficiará a departamentos como el suyo que no tienen un alto potencial de producción de hidrocarburos:

“se incrementan los recursos para territorios productores sin afectar la distribución planteada actualmente de recursos, teniendo en cuenta que el incremento para las zonas productoras proviene de las asignaciones de ahorro y funcionamiento” [3].

Por otro lado, señaló que lo aprobado confiere una mayor grado de autonomía a las entidades territoriales del orden municipal.

El incremento de por sí, no va a garantizar que los recursos sean gestionados y destinados equitativamente; por ello, es importante que las administraciones municipales y departamentales prioricen los proyectos teniendo en cuenta las principales necesidades de la comunidad invirtiendo más en sectores que promuevan el bienestar social y el desarrollo local.

Otro comportamiento común en la región, con respecto a los recursos de regalías, es que el sector de ambiente y desarrollo sostenible ha tenido participaciones menores al 5 % [4]; situación que puede mejorar con la nueva asignación de recursos para la conservación de áreas ambientales, la lucha contra la deforestación y los proyectos investigativos relacionados con el ambiente.

De acuerdo con el Índice de Impactos de los Proyectos de Regalías (IIPR) planteado por Crudo Transparente, que pretende medir el impacto socioeconómico de los proyectos aprobados para ejecución con recursos del SGR, los resultados para los departamentos de la región son: Santander 4,02 (ocupando el primer puesto a nivel nacional), Norte de Santander 3,67 ( puesto 12) y Cesar 3,41 ( puesto 21) [5].

Por otra parte, el tema del fracking será una discusión constante durante el 2020 principalmente porque se espera que se inicien los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) sobre yacimientos no convencionales de hidrocarburos en Cesar y Santander por su importante potencial en este tipo de reservas. A través de su implementación se espera obtener información social, ambiental y del potencial de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales (YNC) con el fin de evaluar la viabilidad del uso de la técnica en el país.

El gobierno nacional ha sido enfático en aclarar que es de la mano de las comunidades que se van a establecer las condiciones para el desarrollo de los piloto, pues su participación y acceso a la información serán permanentes. Y si eso se garantiza. Lo importante aquí es que las decisiones que los habitantes tomen no sean influenciadas por intereses de otros actores sino que puedan estar fundamentadas en un beneficio colectivo.

Aunque no se han determinado los lineamientos, las tensiones respecto al fracturamiento hidráulico mediante perforación horizontal, fracking, se han incrementado como consecuencia del proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Minas y Energía el 26 de diciembre de 2019. La idea de la divulgación de este documento pretendía que los ciudadanos realizaran comentarios y sugerencias para generar uno más robusto que cuente con su aprobación.

Un análisis del primer borrador permite encontrar algunos desaciertos que pudieron dar paso a la inconformidad y el desacuerdo de la comunidad. Por eso, las correcciones establecidas hasta el momento se fundamentaron en una mayor rigurosidad para las empresas petroleras interesadas en los proyectos; pues la modificación consistió en que estas deben hacer los trámites y entregar una serie de estudios antes de obtener la licencia ambiental y no solo basta con tener contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), como se estipulaba inicialmente [6]

De igual forma, el gobierno contempló en un primer momento que los estudios locales, que incluyen el estado de las aguas superficiales y subterráneas, ocurrencia de temblores, problemas de salud y problemáticas sociales de las áreas de influencia, se realizaran durante la perforación de los pozos pero ahora serán solicitados como parte de la etapa previa [7].

Otra crítica al borrador inicial fue la posibilidad de que los pilotos fueran también de tipo exploratorios y no solo con fines investigativos; por ello, en la nueva versión se eliminó todo lo referente a la realización de actividades de búsqueda de petróleo y gas durante su ejecución y sólo al finalizar la etapa de evaluación se podrá determinar si son posibles las actividades de exploración con fines comerciales [8]. De igual forma, fue centro de críticas la baja participación que el gobierno le otorgaría a la academia, motivo por el cual permitirá ahora que las universidades elijan delegados para ser parte del Comité Evaluador que determinará el futuro del fracking en el país [9].

Es importante mencionar que al conjunto de modificaciones se sumó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y reiteró la medida cautelar del Consejo de Estado que mantiene suspendida la técnica en Colombia. Entre las consideraciones que propuso se encuentran aspectos como la protección de aguas subterráneas y superficiales, la realización de estudios detallados sobre la demanda y oferta de agua en las regiones donde se harán los piloto, el estudio de la distancia necesaria entre las viviendas y la demostración de que los químicos utilizados no afectarán la salud humana, especialmente de mujeres embarazadas y recién nacidos [10].

En ese sentido, desde las administraciones municipales y departamentales se debe hacer un seguimiento riguroso a los piloto que se adelanten en sus territorios, garantizando que, tal como lo establece el proyecto de decreto, los ciudadanos tengan una participación activa mediante mecanismos pertinentes que propicien el diálogo social entre los tres actores involucrados: la empresa, la autoridad local y la comunidad.

Además, este contexto representa una oportunidad para que líderes sociales realicen actividades de formación y capacitación con el fin de que la comunidad conozca los conceptos principales de la técnica del fracking y de esta manera, se apropien de su rol participativo en los procesos de socialización que se realizan junto con las empresas y las autoridades locales.

Por lo anterior, el presente documento pretende realizar un análisis de la industria de hidrocarburos en los departamentos que conforman la región nororiente del país: Santander, Norte de Santander y Cesar. Se mencionará el potencial y la participación de cada uno de ellos dentro del sector, las principales problemáticas que giran en torno al mismo y con base en ello, se determinarán los desafíos y oportunidades que enfrentarán estos territorios en el curso del año 2020.

CESAR

La industria extractiva que se desarrolla en el Cesar tiene una importante participación a nivel nacional. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), para 2018, esta actividad económica tuvo un aporte de $55 651 millones de pesos al PIB nacional, de los cuales el 15,5 % correspondía al departamento [11].

De hecho, una de las actividades más importantes dentro de la economía es la minería de carbón; no obstante, la explotación de petróleo y gas está cobrando relevancia por los depósitos de gas no convencionales cerca de los municipios de Aguachica y San Martín que harán que se convirtiera en una zona para la implementación de los programas piloto de fracking.

Lo anterior se explica por el potencial de gas que tiene la cuenca Cesar- Ranchería, pues las exploraciones han determinado la disponibilidad de más de 10 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas ; que representa más del doble de toda la reserva nacional que es de 4 TCF [12].

Con respecto a esto, los habitantes de San Martín han mostrado su rechazo ante la técnica desde 2016, cuando empezaron las manifestaciones y bloqueos frente a las operaciones de Conoco Phillips con un proyecto que pretendía determinar el potencial en los YNC. Fue desde entonces que organizaciones como la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec) se han encargado de que la comunidad conozca en qué consiste el fracking, cuáles pueden ser los efectos que puede ocasionar al municipio si se llega a implementar y a partir de allí han empezado a tomar posturas.

Pese a esto, algunos han tomado posturas a favor basándose en las obras y oportunidades laborales que pueden dejar las empresas que lleguen con la intención de llevar a cabo la técnica,como es el caso de los habitantes del corregimiento Pita Limón, mientras que otros, como los del corregimiento Cuatro Bocas, han mostrado su rechazo con base a las actividades pedagógicas que ha realizado la organización [13].

Frente a esto,el alcalde del municipio, Leusman Guerra, ha manifestado la importancia de entender y conocer las implicaciones y efectos que la técnica puede generar en su territorio; además, reconoce la importancia de la industria para su región y pretende, durante su gobierno, que los habitantes puedan ver los beneficios económicos de la misma. Así, más allá de tomar una postura, la administración municipal debe ser objetiva frente a las acciones que realice al respecto propiciando espacios de diálogo entre los actores involucrados y promoviendo actividades que permitan llegar a acuerdos de beneficio para todos.

En cuanto a los proyectos financiados con recursos de regalías se encuentra que en para el periodo 2012-2020 728 proyectos que suman $3.199.102.009.177.El sector de mayor inversión fue el transporte con 214 proyectos valorados en $1.181.934.506.050 [14] y aunque los sectores siguientes fueron deporte, vivienda y educación, que pueden incidir directamente en el bienestar social, la diferencia con el primero es considerablemente alta.

Dicha distribución irregular de recursos se aprecia en la gráfica donde sectores como la Ciencia, Tecnología e Innovación y salud tienen una participación inferior al 5 % del total de recursos invertidos en el departamento [15].

Gráfico 1. Porcentaje de inversión de regalías en Cesar por sectores 2012-2020

Con respecto al crudo, entre enero y octubre de 2019, el departamento produjo un promedio de 22 091 barriles por día, de los cuales cerca del 80 % fueron producidos en el municipio de San Martín por la empresa Gran Tierra Energy Colombia [16].

Las otras empresas del sector que tienen presencia son: Ecopetrol, Canacol Energy, Parex Resources y Emerald Energy. Adicionalmente, dentro del territorio se encuentra parte cuenca Cesar- Ranchería (CES RAN) con 2 áreas en producción y 5 en exploración; parte de la cuenca Valle Inferior del Magdalena (VIM) con una área en producción y una en exploración y una parte de la cuenca VMM con 11 áreas en producción y 7 en exploración.

Por otro lado, el contrabando de combustible es una dinámica que también tiene presencia en el departamento. De hecho, para el 2019 se decomisaron cerca de 27 891 galones de combustible [17] mientras que en el 2018 la cifra fue de 39 019 galones [18]. Esto es una buena noticia que se convierte en un reto para las autoridades locales en términos de dar continuidad a las acciones de incautación que permitan controlar el ingreso y comercialización del combustible ilegal.

SANTANDER

El primer descubrimiento de petróleo se realizó en Santander en 1918, a unos 23 kilómetros de donde hoy se encuentra el campo La Cira Infantas, en Barrancabermeja. Desde entonces esta industria ha sido un reglón importante para el departamento. De acuerdo con el Dane, de los $55 651 millones de pesos contribuidos por el sector extractivo al PIB nacional en 2018, el 5,3 % provino de esta actividad en el departamento [19].

Lo anterior se debe a que en Barrancabermeja se encuentra la refinería de petróleo, propiedad de Ecopetrol, más grande del país con una capacidad instalada de 250 000 barriles por día. De hecho, de los 59 769 barriles de crudo por día producidos entre enero y octubre de 2019, el 77 % se produjo en dicho municipio por la petrolera [20].

Empresas como Petrosantander, Gran Tierra Energy, Compañía Operadora Petrocolombia y Las Quinchas Resource, también tienen presencia en el territorio pero con una menor participación en términos de producción. Así mismo, las cuencas que hay en el departamento son la del Valle Medio del Magdalena (VMM) con 18 áreas en producción y 1 en exploración; y la de Cordillera Oriental (COR) con una área en producción y 12 contratos de Evaluación Técnica (TEA).

De acuerdo con la Estatal, Santander cuenta con un potencial de gas entre 4 a 13 TCF, convirtiéndolo en una de las regiones donde se pretenden ejecutar los piloto de fracking para el 2020. Se prevé la realización de los primeros proyectos de investigación en Barrancabermeja por parte de Ecopetrol y en el municipio de Puerto Wilches por parte de la empresa ExxonMobil.

Al respecto, el actual alcalde de Barrancabermeja, una vez elegido, afirmó que:

“por el momento no es claro si esa práctica afecta al medio ambiente y acuíferos, de ser así, me opongo rotundamente” [21].

Adicionalmente, su postura frente a la industria de hidrocarburos en su territorio es favorable en tanto que reconoce su importancia pero desea apostarle a una economía diversificada y generadora de empleos e ingresos.

Las comunidades tienen muchas dudas en torno al fracking y a la realización de los proyectos piloto; por ejemplo, temen que esto pueda causar temblores o sismos en las zonas donde se vayan a ejecutar, contaminación de acuíferos, afectación a ecosistemas y biodiversidad y les preocupa que los químicos y fluidos empleados en el fracturamiento alcancen las aguas superficiales causando enfermedades a los habitantes de la región.

Bajo este panorama nublado por la incertidumbre, algunos habitantes de Puerto Wilches manifestaron, en medio de la Conversación Nacional convocada por el Ministerio de Minas y Energía, que era importante que en las actividades de socialización se emplease un lenguaje menos técnico y más coloquial, con el cual pudieran entender lo que se está poniendo en juego. Además, afirmaron que no estaban tomando una postura a favor o en contra frente a un tema que les era desconocido.

Lo anterior resulta ser muy valioso porque demuestra la disposición de la comunidad para entablar diálogos con la empresa y la autoridad local; sin embargo, es tarea del gobierno nacional eliminar esa barrera de lenguaje que impide que se hable con claridad e incrementa la desconfianza.

Por otro lado, la emergencia ambiental que padeció Barrancabermeja como consecuencia del afloramiento de crudo en el pozo Lisama 158 en 2018 no ha sido abandonada. De hecho, dos años después del suceso,el 29 de enero de 2020,  la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) impuso una multa preliminar por $5 155 millones a Ecopetrol porque consideró que las acciones adelantadas por la compañía no fueron adecuadas.

Tras lo anterior la Estatal está en desacuerdo y afirmó que evaluará y presentará  argumentos que demuestren la pertinencia de sus acciones desde el momento en que se registró el evento [22]. Los habitantes afectados afirmaron que la multa no compensa el daño y la contaminación que persiste en la zona; además aseguran que la venta de pescado se ha visto afectada porque está contaminado [23].

Otro hecho de impacto ambiental se evidenció el 4 de febrero de 2020 en la refinería de Barrancabermeja por la salida temporal de aire, vapor y catalizador a la atmósfera en una de sus plantas. El evento alertó a la comunidad y a la administración municipal y puso en debate la necesidad de la modernización de la refinería; un proyecto que desde 2011, fecha en que fue presentado por parte de Ecopetrol, ha sido aplazado por el gobierno nacional.

Por eso, que el Proyecto de Modernización Refinería de Barrancabermeja (PMRB) empiece a ser discutido resulta oportuno debido a que se puede convertir en prioridad para el alcalde municipal en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo. Aunque durante su campaña no mencionó el tema como una de sus principales propuestas, se hace indispensable que desde la comunidad se ejerza la presión necesaria para que sea tenida en cuenta y pueda contar con financiación departamental y nacional teniendo en cuenta que es una iniciativa que le apuesta a la competitividad regional.

Con respecto a los recursos de regalías, se evidenció que se han financiado en el departamento 984 proyectos estimados en $1.701.757.122.715 durante 2012-2020, de los cuales cerca del 46 % se han invertido en el sector transporte (458 proyectos), el 16 % a la educación (128 proyectos) y tan solo el 8 % ha sido destinado para Ciencia, Tecnología e Innovación (17 proyectos) [24]. Sectores como la salud, la inclusión social, la cultura y el turismo tienen muy baja participación.

Gráfico 2. Porcentaje de inversión de regalías en Santander por sectores 2012-2020

En este aspecto, es importante resaltar que las vías terciarias son uno de los ejes principales que enmarcarán el “Plan de Desarrollo de Santander para el mundo”, que regirá en los próximos cuatro años de gobierno de Mauricio Aguilar. De hecho, anunció que para la construcción de estas vías habrá una inversión superior a los $100.000.000.000 argumentando que sin vías no hay progreso [25].

Aunque no se especificó el origen de los recursos que financiará este eje, si es importante que se prioricen necesidades a la hora de destinar los recursos provenientes de regalías. Con el mayor recaudo que recibirá el departamento por ser productor, se puede caer en el mismo problema de destinar un alto porcentaje al sector transporte y más aún cuando está dentro de las metas que pretende alcanzar el actual mandatario.

NORTE DE SANTANDER

El sector extractivo no es fuerte dentro de la economía nortesantandereana. Para 2018, según el Dane, de los $55 651 millones de pesos que aportó la industria al PIB nacional, sólo el 1 % provino de este departamento [26]. La producción de crudo es la más baja dentro de la región nororiente: entre enero y septiembre de 2019 se produjo en promedio 2 118 barriles por día, de los cuales Ecopetrol produce cerca del 70 % en Tibú [27]. El resto de la producción está a cargo de la empresa Iberoamericana de Hidrocarburos CQ Exploración y Producción S.A.S.

En esta zona se encuentra la cuenca Catatumbo (CAT), que cuenta con 314 971 hectáreas de las cuales cinco áreas están en producción y cinco en exploración; también está una parte de la cuenca COR con dos áreas de exploración, una de producción y un TEA y de la cuenca VMM existen dos áreas en producción y dos en exploración [28]

Pese a esto, históricamente el departamento ha sufrido problemáticas de conflictividad social e ilegalidad que han marcado la industria de hidrocarburos. Los ataques contra la infraestructura petrolera y la instalación de válvulas ilícitas se han convertido en acciones constantes, específicamente contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y el campo Tibú: en 2019 se presentaron 11 hostigamientos o ataques a la infraestructura, de acuerdo con Crudo Transparente y se instalaron 130 válvulas clandestinas, según Ecopetrol, dejando como consecuencia derrames de crudo, contaminación de fuentes hídricas y han puesto en riesgo a los habitantes y trabajadores del sector.

Es por medio de la instalación de pegas ilegales que los conocidos “pategrilleros” extraen crudo de manera ilícita para convertirlo, con métodos artesanales, en un combustible denominado “pategrillo” que se utiliza para reemplazar la gasolina en el procesamiento de la base de coca. Sus acciones, además de contaminar ecosistemas, han contribuido con la industria del narcotráfico que se desarrolla especialmente en el Catatumbo.

Esta zona ha estado inmersa en un conflicto donde operan grupos armados no estatales como el EPL, el ELN y las disidencias de las Farc; sin embargo, los dos primeros han intensificado la disputa por el control territorial gracias a la ubicación geográfica estratégica y los privilegios climáticos que ofrece la región para la producción y comercialización de la coca [29]

La presencia de estos grupos puede agudizar los riesgos a los que se exponen tanto la comunidad como el personal de la industria por medio de secuestros, extorsiones o cualquier otro mecanismo empleado como método de presión para alcanzar algún interés particular.

Otra problemática que gira en torno al sector es el contrabando de combustible que por años ha impactado a la economía departamental pero que ha sido la fuente de ingreso de muchos habitantes ante la falta de oportunidades. Para el 2018 se registró la incautación de 88 871 galones de combustible mientras que para el 2019 la cifra descendió considerablemente a sólo 14 246 galones incautados.

La necesidad de erradicar esta actividad ilícita se hace cada vez más necesaria y se convierte, año tras año, en un desafío porque sus consecuencias han originado impactos negativos en la economía y en la sociedad de la región. De hecho, dentro de la dinámica del contrabando en general, no solo de combustible, grupos armados no estatales como el ELN, los Rastrojos, los Pelusos y los Botacaucho controlan la actividad mediante el cobro de vacunas para permitir el ingreso de los productos para su posterior comercialización al interior del país [30].

Cuando se comercializan mayores cantidades de combustible ilegal en las calles, gracias a los pimpineros, ocurre lo siguiente: se reduce la demanda en las estaciones de servicio generando una reducción del recaudo del impuesto a la sobretasa de la gasolina y con ello, se disminuyen los recursos para financiar obras en la región que contribuyan al desarrollo de las comunidades.

Gráfico 3. Ingresos recibidos por sobretasa a la gasolina 2011-2019

Como se observa en el gráfico 4, durante el periodo 2011-2014 los ingresos recibidos por el departamento por concepto de la sobretasa a la gasolina no presentaron variaciones significativas posiblemente porque la zona fronteriza no presentó cierres inesperados. Sin embargo, se resalta que el recaudo por este concepto fue positivo para las finanzas públicas del departamento para 2015 y 2016 porque el cierre de la frontera permitió ejercer un mayor control sobre las actividades de contrabando de hidrocarburos, favoreciendo la venta de gasolina en las estaciones de servicio y atacando la venta ilegal del combustible.

La crisis en Venezuela por la escasez de combustible en 2019 cambió la dinámica en la zona fronteriza porque los habitantes de la región, al no encontrar el producto de contrabando, comercializado por los pimpineros a precios inferiores ($500 o $1000 menos) en las calles han tenido que recurrir a la compra legal en las estaciones de servicio del departamento ocasionando que ciudades como Cúcuta y su área metropolitana se vean colapsadas por las largas filas que circulan alrededor de los establecimientos como consecuencia del incremento de demanda.

Ante esto,  agremiaciones del sector como la Asociación de Estaciones de Servicio en Norte de Santander (Asesnort) y el gobierno local, han solicitado el incremento del cupo de combustible subsidiado, que actualmente es de 10.5 millones de galones, con el objetivo de evitar la compra del producto a precio nacional.

Bajo este contexto, se observa una oportunidad que podría beneficiar al departamento, especialmente a los pimpineros que han visto afectados sus ingresos por la situación actual. El papel de la autoridad local en estos momentos es indispensable para que, junto con el Sena y el sector empresarial, se establezcan programas de reconversión laboral que les permita formarse en otras actividades económicas con las que puedan vincularse en la formalidad. Además, las labores de incautación de combustible se pueden intensificar dadas las condiciones de escasez que dificultan el curso normal de la actividad ilegal.

Por otra parte, los recursos recibidos por el departamento, provenientes de regalías, han permitido financiar 486 proyectos que suman $1.33.691.047.715. El sector con mayor cantidad de proyectos fue el de transporte con 247 por $655.504.573.485; seguido de la educación con tan sólo 58 proyectos valorados en $289.089.442.304 y de la Ciencia, Tecnología e Innovación con tan solo 9 proyectos que suman $6128.678.131.636 [32].

Gráfico 4. Porcentaje de inversión de regalías en Norte de Santander por sectores 2012-2020

Conclusiones

Sin duda alguna, la industria de hidrocarburos será un sector que estará en el foco de atención a nivel nacional durante el 2020, especialmente por las discusiones que se están generando en torno a los lineamientos para los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) sobre fracking para ser adelantados en Cesar y Santander.

La postura de los ambientalistas, liderada por la Alianza Colombia libre de Fracking es clara a nivel nacional: el gobierno nacional no puede contemplar la idea de unos piloto porque implicaría poner en riesgo el agua, la salud y la vida de las comunidades; consideran que de realizarlos, se estaría dando vía libre a la técnica en el país.  Algunos miembros de la comunidad de San Martín, Cesar y Puerto Wilches, Santander ( municipios donde se llevarían a cabo los primeros piloto) han manifestado las dudas e incertidumbre que les genera y en consecuencia, los PPII; ante lo cual el Ministerio de Minas y Energía ha desarrollado actividades más bien expositivas y poco pedagógicas suponiendo que así se le brinda espacios de participación y conversación a la ciudadanía.

Dentro del análisis expuesto, se ha enfatizado el importante papel que deben jugar los nuevos gobiernos locales de la región nororiente dado el contexto en el que se desenvolverá el 2020. La reforma a las regalías supondrá un reto para que los recursos adicionales que recibirá la región sean gestionados y ejecutados de la manera más eficiente posible con espacios de veeduría ciudadana que permitan controlar y evitar la inversión en elefantes blancos.

Así mismo, la presencia de grupos armados no estatales en la región del Catatumbo y los conflictos sociales, de orden público e ilegalidad que rodean a la industria petrolera en Norte de Santander son cuestiones que obligatoriamente deben estar en la agenda de las administraciones departamentales y municipales. Sus consecuencias han impactado económica y socialmente la historia del departamento; por eso, las políticas públicas que se establezcan en los Planes de Desarrollo para controlar estas acciones serán determinantes para definir el rumbo del sector.

Bibliografía

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